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Necesitamos que se ajusten los impuestos saludables en Colombia

Por: Juan Luis Castro Córdoba Senador Alianza Verde Los impuestos saludables están centrados en lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS) para desincentivar el consumo de bebidas azucaradas y del tabaco en exceso. Es decir, son dos proyectos de ley que buscan ajustar los impuestos para desestimular su consumo, apostando por estrategias de salud pública. Lo que pretendo como senador de la República es relajar la carga sobre el sistema de salud, por enfermedades totalmente prevenibles, que en muchos de los casos están asociados por el consumo de bebidas azucaradas o consumo excesivo de tabaco. El ajuste del impuesto al consumo de bebidas endulzadas se destinará a la implementación de medidas de política pública creadas para combatir la obesidad y la diabetes y demás enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) en el territorio nacional. Esta es una lucha que llevé al Congreso de la República en diferentes ocasiones. Por ejemplo, en la Ley de Financiamiento, le propuse al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, incluir los impuestos saludables, pues los recursos que se obtuvieran al implementar esta medida giraban alrededor de 1,2 billones de pesos que tendrían una destinación específica, el sector de la salud. Sin embargo, mi lucha no terminó ahí y este año, para el Plan Nacional de Desarrollo, propuse incluir ocho proposiciones relacionadas con los impuestos saludables y destinación específica para desincentivar el consumo y disminuir las enfermedades a causa de estos productos, proposiciones que hasta el día de hoy no han sido escuchadas; pareciera que al Gobierno Nacional le importa más la industria que la salud de los colombianos. “En Latinoamérica: Chile, Ecuador y México pusieron en marcha estas medidas y seguiré insistiendo para que Colombia sea ejemplo y sean implementados estos impuestos que tanto bien le harían al país”. Opino que desestimular el consumo es muy importante, pues las cifras de obesidad y sobrepeso en Colombia son alarmantes y tenemos que prevenir esta enfermedad. Según el estudio de la Encuesta Nacional de Situación Nutricional (Ensin), en 2015 se determinó que uno de cada tres adultos presentaban sobrepeso, mientras uno de cada cinco era obeso, cifras que correspondían al 37,7% y 18,7%, respectivamente. En términos de los impuestos a las bebidas azucaradas, además de combatir la obesidad y el sobrepeso, lo que pretendemos con este proyecto de ley, es disminuir la tasa de mortalidad y prevenir la diabetes, la hipertensión y las enfermedades vasculares, que están directamente relacionadas con el consumo de estas bebidas y en algunos casos con el consumo de tabaco y sus derivados. Para finalizar, quiero recordar el apoyo que recibimos a lo largo de esta lucha por parte de Blanca Llorente y Norman Maldonado de la Fundación Anaás y Educar Consumidores, atendiendo la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, del Banco Mundial, entre otros organismos internacionales. En Latinoamérica: Chile, Ecuador y México pusieron en marcha estas medidas y seguiré insistiendo para que Colombia sea ejemplo y sean implementados estos impuestos que tanto bien le harían al país. La otra opción es la que se propone aquí. Primero. Que el gobierno nacional promueva un acuerdo con los gobiernos de los países productores para instar a las naciones consumidoras y a las trasnacionales a acordar el aumento de los precios del café y de otros bienes tropicales. Segundo. Que sin dejar exportar, la política agraria vire hacia la sustitución de importaciones, para reemplazar por producción nacional los bienes agrarios que se están comprando en el exterior. Así se le daría un gran respaldo a la generación de riqueza en el campo y se aumentarían el empleo y los ingresos por salarios, estimulando el desarrollo industrial y toda la economía nacional. Es decir, se promovería el círculo virtuoso que opera en los países desarrollados, donde el Estado sí respalda en serio la producción agropecuaria e industrial. Entre las medidas para sustituir importaciones es principal una inspirada en lo que ocurre en Estados Unidos: que parte de los subsidios a la pobreza –Familias en Acción, Colombia Mayor…– se pague con comida producida en Colombia y que también con esos productos se alimente a las Fuerzas Armadas y a los niños de los programas oficiales. La sustitución de importaciones también debe ser política industrial, en defensa, para empezar, de zapateros y confeccionistas, a quienes Duque les puso conejo, como ya se sabe. Asalariados, campesinos, indígenas, artesanos y empresarios deben unirse en el propósito de reemplazar producción extranjera por producción y trabajo nacionales.

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El fetiche del precio de la gasolina

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Por: César Augusto Ortiz Zorro Representante a la Cámara por Casanare Alianza Verde El fetichismo es una forma de creencia de que ciertos objetos poseen poderes mágicos y esto parece acontecer con el precio de la gasolina en Colombia, pues el Ministerio de Minas le da unos poderes mágicos al mismo para fijar el valor del combustible, muy por encima del costo real de la producción de un galón de gasolina en la refinería de Barrancabermeja o de Cartagena, afectando el bienestar de los colombianos, la canasta familiar y la competitividad productiva. Atar o vincular el precio de la gasolina corriente y el ACPM producida en el país al valor de los combustibles de las refinerías de la costa del Golfo de México, en Estados Unidos, le está significando un descomunal incremento en Colombia donde no se soportará o aguantará más. Lamentablemente el Gobierno Nacional pretende en este año, hacer las alzas más altas al precio de la gasolina y el ACPM, con el argumento de rebajar el subsidio que aparentemente le está otorgando a todos los colombianos y así reducir el astronómico déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) que supera los 14 billones de pesos, es decir el valor de dos reformas tributarias o de financiamiento que se aprobó en diciembre pasado Mi propuesta, que pongo a consideración del país, es la de reconocer un valor diferencial para el ingreso al productor, que resulte de la diferencia entre el precio internacional y el costo real de producción del barril de crudo puesto en la refinería, que conllevará a mejorar la competitividad del sector transporte y productivo en general, muy especialmente, para el bienestar de todos los colombianos. Considero que llegó el momento para revaluar la fórmula que determina el precio de los combustibles y, para ello, propongo que solamente se altere una de las tantas variables que la componen, consistente en el valor al ingreso del productor, por ser esta la que más impacto negativo genera al bienestar de los ciudadanos y a la competitividad de los sectores productivos, por lo que implica el transporte en sus costos. El suministro de gasolina y ACPM es un servicio público de vital importancia económica y social en Colombia, que no puede estar sometido o subordinado al interés particular del productor y del refinador, sea quien fuere, como actualmente está sucediendo con la referida fórmula, al no reconocerle a ellos el valor real de los costos de producción y sus utilidades, sino por el contrario, un precio mágico, descomunal o excesivamente alto, como es el precio internacional del crudo y combustibles. Mi propuesta, que pongo a consideración del país, es la de reconocer un valor diferencial para el ingreso al productor, que resulte de la diferencia entre el precio internacional y el costo real de producción del barril de crudo puesto en la refinería, que conllevará a mejorar la competitividad del sector transporte y productivo en general, muy especialmente, para el bien – estar de todos los colombianos.

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Duque: Entre la guerra fría y un nacionalismo amañado

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Por: Antonio Sanguino Páez Senador Alianza Verde En asuntos de paz, el uribismo nos quiere hacer creer que vivimos en una aldea aislada, pretenden convencernos que la globalización no tiene nada que ver con la justicia y la paz. que los crímenes de guerra y de lesa humanidad ocurridos en el marco del conflicto armado, sobre todo los cometidos por paramilitares y agentes del Estado, pueden ser olvidados y perdonados sin nada a cambio. Que la verdad que tanto reclaman las víctimas y que constituye la principal garantía de no repetición, puede obviarse con tal de proteger a la cúpula del poder copartícipe de nuestro holocausto. Esa suerte de parroquialismo deliberado se combina con una mentalidad de guerra fría en materia de relaciones internacionales. Al querer devolvernos a la parroquia, se niegan a aceptar que los delitos de guerra o las violaciones graves a los derechos humanos son considerados por el derecho internacional como atentatorios contra la humanidad. No quieren reconocer que, cuando la justicia ordinaria o algún mecanismo de justicia transicional en contextos de negociaciones de paz no operan, el juzgamiento queda en manos de los tribunales internacionales, en especial de la Corte Penal Internacional (CPI). Ello explica la torpeza con la que el Presidente Duque y su canciller, Carlos Holmes Trujillo, han lidiado el compromiso del Estado en estas materias. Las objeciones presidenciales a la JEP, que por fortuna acaban de ser negadas en la Cámara de Representantes y que, seguramente, correrán la misma suerte en el Senado, revelan la ausencia de voluntad del Gobierno en el cumplimento de un compromiso de Estado con la antigua guerrilla de las FARC-EP. Pero lo más grave es la evidencia de la poca importancia que el Gobierno le da al incumplimiento de los compromisos del Estado ante instancias internacionales como el Consejo de Seguridad de la ONU, la Corte Penal Internacional o los países garantes y acompañantes del proceso de paz. No supo el canciller Trujillo explicarle al secretario General de la ONU ni a la Fiscalía de la CPI el galimatías de las objeciones y la incoherencia de los ataques irresponsables a la JEP por parte de su partido y su obligación constitucional de implementar los acuerdos de paz. Como tampoco supo explicar, en su momento, la negativa de aplicar los protocolos acordados entre las partes ante la comunidad internacional cuando se rompieron los diálogos de paz con el ELN. El Presidente, su canciller y su coalición de gobierno deben entender que, más allá de sus convicciones políticas, existen unas responsabilidades de Estado que están obligados a cumplir con todas las víctimas y con el derecho a la paz de los colombianos. Contrasta este nacionalismo mal entendido de Duque con la ideologizada intervención en la crisis venezolana. El Presidente y el núcleo duro del uribismo, plegado dócilmente a la agenda exterior norteamericana y pretendiendo resucitar la trasnochada teoría de la Guerra Fría, puso en marcha una fracasada estrategia denominada “cerco diplomático” que desconoce la institucionalidad internacional, abusa de las acciones humanitarias para utilizarlas indebidamente en favor de sus aliados ideológicos en Venezuela y ofrece descaradamente el territorio colombiano para acciones militares ilegales contra el vecino país o para la presencia de tropas extranjeras. El Presidente, su canciller y su coalición de gobierno deben entender que, más allá de sus convicciones políticas, existen unas responsabilidades de Estado que están obligados a cumplir con todas las víctimas y con el derecho a la paz de los colombianos. Y que las relaciones internacionales de Colombia, como ha sido tradición, deben acatar el derecho internacional y el principio fundamental del artículo 9 de la Constitución que establece que nuestra política exterior debe guiarse por el respeto a la soberanía nacional y la autodeterminación de los pueblos y reconocer que hoy vivimos en una aldea global.

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Una vejez digna

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Paloma Susana Valencia Laserna Senadora Centro Democrático Ocho millones de trabajadores colombianos no cotizan pensión. El país necesita una reforma pensional inclusiva para ese 74% informal. Si el sistema de ahorro no cambia, a 2050, el 60% de las personas en edad para pensionarse no recibirá ningún tipo de ingreso. La estructura pensional de Prima Media ofrecida por Colpensiones toma el recaudo de los jóvenes cotizantes y se los entrega a los adultos mayores. El problema de este sistema es la transición demográfica. En 1980, habían 10,1 trabajadores por cada adulto mayor, en 2020 serán 5,4 y en 2060, 1,6. Ya no hay suficientes jóvenes cotizando. El Estado colombiano destina 40 billones de pesos para subsanar el déficit del sistema pensional. Seis veces el recaudo de una reforma tributaria para menos de 1,3 millones de pensionados. Inequidad que debe ser corregida en la reforma. Otro problema del sistema actual es que las semanas para pensionarse no se alcanzan. El 86% de los afiliados a los fondos privados cotizan entre 1 y 2 salarios mínimos y solo llegan a las 500 semanas. Entre 2013 y 2017, más de 600 mil personas no tuvieron los requisitos suficientes para pensionarse. La diferencia entre el régimen público y el privado es que en el primero, si cumple con los requisitos, su pensión será equivalente al promedio de su salario de los últimos 10 años; en el segundo, su pensión será al ahorro y los rendimientos de los mismos durante su vida. En consecuencia, si una persona que no cumple con los requisitos para pensionarse y exige la devolución de sus ahorros, en el régimen privado recibe en promedio 35 millones de pesos y en el público esa misma persona recibiría 4,8 millones. En este régimen prácticamente el ahorro es nulo. Hay algunas propuestas que buscan subsanar los problemas y formalizar al 74% informal. Dentro del Plan Nacional de Desarrollo hay dos propuestas. Primero, se crean los Beneficios Económicos Periódicos Mejorados. Si una persona no alcanza las semanas suficientes para pensionarse, el Estado le propone tomar su capital ahorrado y subsidiarle un 20% adicional para que tenga un ingreso mensual de por vida. Un ingreso que deberá ser superior a la línea de pobreza. “El país necesita un sistema integral de pensión para la vejez. El 74% que no cotiza debe tener la oportunidad de hacerlo. El gobierno inició el proceso de formalización. Colombia deberá tener un Sistema General de Pensiones para aquellos que ahorraron toda su vida, un BEPS para aquellos que no pudieron pero que deben tener un ingreso vitalicio y una Colombia Mayor para que todos nuestros adultos mayores tengan una vejez digna”. Segundo, se creará un piso mínimo de protección social. Aquellas personas que devenguen menos de un salario mínimo mensual podrán afiliarse al régimen subsidiado de salud, al servicio social complementario de Beneficios Económicos Periódicos y a un seguro para riesgos laborales. El BEPS lo aportará totalmente el empleador. Con esta propuesta se estará empezando a formalizar el medio país estancado en la inobservancia. Otras dos propuestas complementarias las han elaborado algunos académicos. Una de ellas es cambiar el programa de Colombia Mayor. Se propone darle universalidad para todos los mayores de 65 años y subir el pago mensual de 75 mil pesos a 150 mil pesos mensuales. Este será financiado progresivamente con la eliminación de subsidios del régimen de Prima Media a pensiones altas. También se plantea la creación de un pilar solidario de pensiones para aquellos que no alcancen el capital para pensionarse pero que hayan cumplido 1.150 semanas de cotización -3 años menos del actual-. Estos podrán tener una pensión de salario mínimo financiada por el Fondo de Pensión Mínima mejorado. El país necesita un sistema integral de pensión para la vejez. El 74% que no cotiza debe tener la oportunidad de hacerlo. El gobierno inició el proceso de formalización. Colombia deberá tener un Sistema General de Pensiones para aquellos que ahorraron toda su vida, un BEPS para aquellos que no pudieron pero que deben tener un ingreso vitalicio y una Colombia Mayor para que todos nuestros adultos mayores tengan una vejez digna.

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‘De cero a siempre’ o de vuelta a cero

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Por: Germán Vargas Lleras Exvicepresidente de la República La niñez es el mayor capital social de un país. En el caso de Colombia, uno de cada cuatro ciudadanos es menor de 14 años, y 3,5 millones de niños y adolescentes pertenecen a hogares pobres. Una de las iniciativas que ha tenido mayor impacto en este país en el propósito de cerrar las brechas sociales en educación, salud, nutrición y acompañamiento –que no es otra cosa que brindarles afecto– ha sido el programa “De Cero a Siempre”, creado bajo la administración del Gobierno Santos y liderado desde la Presidencia de la República por la primera dama. Los logros de este programa son innumerables. Se consiguieron cobertura en atención integral para 1,3 millones de niños de cero a seis años, tasa de afiliación a salud superior al 70 %, aumento de la cobertura de los servicios de educación inicial a casi 1,9 millones de beneficiarios, construcción de 252.000 nuevas infraestructuras, 307 salas de lectura y más de 17 millones de libros distribuidos. Señores del Gobierno: les recomiendo que escojan bien sus adversarios. Las guarderías no son el campo de batalla para dirimir sus mezquinas controversias. Las diferencias políticas ventilémoslas en cualquier escenario, menos en este. Los logros de este programa son innumerables. Se consiguieron cobertura en atención integral para 1,3 millones de niños de cero a seis años, tasa de afiliación a salud superior al 70 %, aumento de la cobertura de los servicios de educación inicial a casi 1,9 millones de beneficiarios, construcción de 252.000 nuevas infraestructuras, 307 salas de lectura y más de 17 millones de libros distribuidos. Adicionalmente, la institucionalidad desarrollada a través de este programa permite enfrentar eficazmente problemas como el embarazo adolescente, la violencia intrafamiliar, el consumo de drogas, los problemas de salud mental, el acoso escolar, la mendicidad e, incluso, los riesgos asociados al uso de las tecnologías de la información. Los programas de atención a la primera infancia deben estar totalmente financiados y garantizados. ¿Cómo entender entonces que en el articulado del Plan de Desarrollo, la primera infancia y su atención prioritaria no estén explícitamente mencionadas? El plan debería tener como mínimo la meta de atender 2 millones de niños y niñas, pero solo contempla una meta de un millón y medio. Incomprensible. Como lo es también que los centros de desarrollo infantil ya terminados en 2018 –y cito los casos de El Paujil, Clemencia, Vélez, Yotoco, Policarpa, Tierra Alta y El Doncello– no hayan sido puestos en funcionamiento teniendo los recursos de cooperación internacional, 8 millones de dólares, donados por el Gobierno de Emiratos Árabes para las dotaciones respectivas. ¿Qué explica que Findeter y el ICBF tengan paralizado este proceso? No quiero pensar que se quiera dar una destinación diferente a estos recursos ni que otros como los destinados a infraestructura para primera infancia en zonas vulnerables puedan perderse por falta de ejecución. En el Gobierno anterior se invirtieron cerca de 25 billones de pesos en la atención de la primera infancia y se consiguió ampliar la cobertura en más de un millón de niños y niñas. El impacto de esta política puede ser mayor que el de los programas de infraestructura y de vivienda que lideré desde la Vicepresidencia, y me atrevería a decir que, en términos de equidad y cierre de brechas sociales y, por supuesto, de reconciliación entre los colombianos, pudiera tener hacia el futuro más impacto que el propio proceso de paz. No quiero pensar tampoco que lo que está ocurriendo con este exitoso programa y con los millones de niños beneficiados con él pueda sufrir menoscabo o parálisis o, incluso, indiferencia por llevar el sello del gobierno anterior. Si fuese así, sugiero que lo vuelvan a bautizar y le pongan el nombre que quieran o, incluso, al Instituto de Bienestar Familiar, tan cercano a mis afectos y lo adopten como propio bajo el eje de la equidad promovido por el actual gobierno. Con retornos de ocho veces sobre cada peso invertido, es para todos claro que no hay inversión más rentable y que lo que no hagamos por los niños en la primera etapa de su vida será irrecuperable en los años posteriores. Sería imperdonable que el programa se vaya marchitando y regresemos a la tradicional atención que antes brindaba el ICBF. Señores del Gobierno: les recomiendo que escojan bien sus adversarios. Las guarderías no son el campo de batalla para dirimir sus mezquinas controversias. Las diferencias políticas ventilémoslas en cualquier escenario, menos en este.

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Las mujeres en el Plan Nacional de Desarrollo

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Por: Jezmi Lizeth Barraza Arraut Representante a la Cámara por Atlántico Partido Liberal El Plan Nacional de Desarrollo que nos presenta el Gobierno Nacional como un gran pacto por la equidad, nos está dejando por fuera a las mujeres dentro del articulado, invisibilizando indicadores y presupuesto específico para financiar la oferta programática que se plantean en las bases inicialmente radicadas. Es preocupante que la hoja de ruta que guiará al país en los siguientes cuatro años no precise propuestas aterrizadas para las mujeres jóvenes, rurales, indígenas, afrodescendientes, entre muchas otras que deben tener representatividad en este importante documento. Reconozco que por primera vez exista un capítulo inclusivo para la Equidad de Género, sin embargo, el Gobierno Nacional debe garantizar la transversalidad del Enfoque de Género en su oferta programática, detallando metas y recursos destinados específicamente para las mujeres y niñas colombianas. Como mujer joven, ponente del Plan Nacional de Desarrollo y miembro de la Comisión por la Equidad de la Mujer, planteo a continuación una serie de medidas a contemplaren para contar con garantías que promuevan los derechos de la mujer. Estrategias diferenciales para las mujeres jóvenes La juventud debe tomar mayor protagonismo en este Plan de Desarrollo, particularmente la mujer joven que se ve afectada por desafíos como los prejuicios de género y la discriminación en contextos educacionales, culturales y políticos, así como en el mercado laboral. Es preocupante que la hoja de ruta que guiará al país en los siguientes cuatro años no precise propuestas aterrizadas para las mujeres jóvenes, las rurales, indígenas, afrodescendientes, entre muchas otras que deben tener representatividad en este importante documento. En ese sentido se necesita contemplar estrategias con enfoque diferencial para las juventudes colombianas. La estrategia “Sacúdete”, por ejemplo, presente en el Pacto por la Equidad, no tiene en cuenta la heterogeneidad de este colectivo. Se necesita abordar esta estrategia bajo un enfoque diferencial en donde quepamos todos los jóvenes: mujeres, pueblos indígenas, Rrom o gitanos, afrodescendientes, LGBTI, jóvenes en condición de discapacidad y víctimas del conflicto, en situación de pobreza, entre otros grupos. Presupuesto con enfoque de género Para que una política económica y social materialice la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres desde el presupuesto es necesario que todas las entidades públicas adopten una marca presupuestal de perspectiva de género con información desagregada que identifique y visibilice los montos de inversión destinados a garantizar los derechos de las mujeres y las niñas colombianas. En el panorama internacional se han venido adelantando significativos avances en este tema. Por ejemplo, países como México, Canadá y Australia, este último cuna de los presupuestos con este enfoque en 1984, ya han implementado metodologías clasificando el gasto y la inversión desde una perspectiva de género. Además, esta medida ya está siendo contemplada por países de la OCDE y es uno de los principales indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS 5: Igualdad de Género- y ODS 6: Paz y Justicia. Esto no solo se convierte en una herramienta para promover la igualdad de género sino también para optimizar el ejercicio de rendición de cuentas ante los derechos de las mujeres. Inclusión financiera de la Mujer La autonomía de las mujeres es un factor fundamental para garantizar el ejercicio de sus derechos humanos, sobre todo para desarrollar la autonomía económica que es la capacidad de generar ingresos y recursos propios. Para lograrlo, se debe conjugar un esfuerzo colectivo por construir un ecosistema que parta de una política pública de inclusión y educación financiera integral y efectiva. Según el Banco Mundial, sólo el 49% de las mujeres tienen una cuenta bancaria, el 11% ahorra y el 10% dispone de crédito, valores que para los hombres representan el 54%, 16% y 13% respectivamente, esto quiere decir que tenemos camino por recorrer para llegar a la igualdad sustantiva. En conclusión, Colombia está pasando por un momento clave para ajustar sus bases normativas desde una perspectiva más igualitaria en donde los derechos de las mujeres sean garantizados. El país debe reconocer con hechos los grandes aportes que las mujeres hacemos a la sociedad y es en el Plan de Desarrollo en donde se podrán materializar estos hechos, a través de estrategias que estén alineadas a indicadores y metas claras, con presupuestos para financiar estas iniciativas y en donde todas, con nuestra pluralidad de culturas y condiciones tengamos cabida.

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Emprendimiento: más allá de los discursos de moda

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Por: Mauricio Andrés Toro Orjuela Representante a la Cámara por Bogotá D.C. Alianza Verde El emprendimiento se ha vuelto un tema de moda, esa palabra que decora cualquier discurso y cualquier propuesta. Es la nueva carta de presentación de quienes quieren posar de amigos y benefactores de las nuevas generaciones de empresarios. Pero más allá de los discursos y las fotos, el emprendimiento es una necesidad urgente que tenemos en Colombia, para crecer y dinamizar nuestra economía y así generar empleo y riqueza. Las nuevas generaciones cada vez están más volcadas a ser “sus propios jefes”, pero detrás de esa fachada de independencia, están construyendo es un universo infinito de desarrollos empresariales, productos y servicios novedosos que conllevan a nuevas oportunidades económicas y de mercado en Colombia. Como legisladores tenemos un reto enorme de responder a ese llamado, es nuestro compromiso modernizar las normas para que sean acordes con las necesidades del emprendimiento; y además, eliminar y superar las barreras que hoy en día deben enfrentar miles de colombianos que tienen magníficas ideas de negocios, pero que deben enfrentarse a muchos obstáculos y talanqueras que hacen que ese sueño de emprender muchas veces se vuelva una pesadilla. Hay unas cifras que me aterran y que deberían escandalizarnos como sociedad: en 2017 se crearon en el país 323.265 unidades productivas y 70.022 sociedades (Confecámaras, 2018). “Es nuestro compromiso modernizar las normas para que sean acordes con las necesidades del emprendimiento; y además, eliminar y superar las barreras que hoy en día deben enfrentar miles de colombianos que tienen magníficas ideas de negocios” De esas, los estudios han concluido que seis de cada 10 empresas quiebran durante los primeros cinco años (Asobancaria, Semana Económica, 2018), lo que puede traducirse en que cada hora se extinguen en Colombia aproximadamente seis empresas. Si consideramos que además las Mipymes generan ocho de cada 10 empleos y aportan el 40% del PIB general de la nación, resulta que estas cifras son realmente escandalosas para nuestra economía. Proyecto de Ley 181#PagoAPlazosJustos Al revisar las razones por las cuales tantos emprendimientos quiebran en Colombia, encontramos que una de las principales razones es por motivos financieros en el 48% de los casos (Reporte GEM, 2016), y a su vez dentro de estos problemas, existen los exagerados plazos de pago de facturas, que no es exclusivo de Colombia, razón por la cual cada vez podemos encontrar más países que regulan este tema, tal como lo hizo Chile en diciembre de 2018 con el liderazgo de su Presidente Sebastián Piñera. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha indicado que Colombia es de los países miembros peor calificados en plazos de pago, con una cifra estimada en 85 días promedio, donde se han evidenciado casos graves que superan hasta los 180 días. (Reporte OCDE, 2018) Más allá de las cifras, la realidad de los emprendedores es dramática. Sin entrar a considerar la altísima tasa tributaria que tienen las empresas en Colombia, así como las altísimas tasas bancarias en comparación a la región (Banco Mundial, 2018), resulta que las Mipymes y emprendedores reciben el pago de los bienes que han entregado o de los servicios que han prestado, en plazos de más de 90 días, razón por la cual se ven forzados a buscar formas de sobrevivir, endeudarse para pagar los impuestos, salarios, insumos e intereses mientras espera el pago de sus bienes y servicios. Es claramente una situación gravosa e injusta, que conlleva a las altas tasas de mortandad empresarial que hemos señalado previamente. Por eso hemos presentado, con el apoyo de más de 20 congresistas de diversos partidos, el Proyecto de Ley No. 181 Cámara de #PagoAPlazosJustos, que busca equilibrar esta gravosa situación generada por el abuso de empresas en posición dominante, que obligan a sus proveedores a aceptar condiciones contractuales impuestas, incluyendo estos extensos plazos de pago que son injustificados. Es hora que demostremos como Congreso que realmente estamos comprometidos con el emprendimiento, que demostremos con acciones nuestra voluntad de garantizar a miles de colombianos emprendedores las condiciones propicias para que sus grandes ideas puedan convertirse en grandes empresas y que no se vuelvan grandes pesadillas. Haber creado la Comisión Accidental por el Emprendimiento en la Cámara de Representantes, con la participación de todos los partidos políticos, fue un primer mensaje contundente para todos los colombianos emprendedores. Ahora vamos por más, por eso los invito a apoyar todas las iniciativas legislativas a favor del emprendimiento, empezando con el Proyecto de Ley No. 181 de #PagoAPlazosJustos

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El boomerang de la polarización

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Por: Juan Manuel Galán Exsenador del Partido Liberal En la primera visita oficial del presidente Iván Duque a Estados Unidos hace unas semanas, se esperaba que se abordaran temas coyunturales como la política de drogas, comercio y la curiosa nota de John Bolton, Consejero de Seguridad Nacional. Lamentablemente ninguno de estos temas estuvo en la agenda. Únicamente conversaron sobre Venezuela y, en un acto que defraudó la confianza hacia nuestro mandatario, Donald Trump anunció que no descartaría una intervención militar en ese país. A pesar de esto, el Gobierno anunció que la reunión había sido exitosa y que las relaciones entre ambos países estaban en un buen momento. Desafortunadamente la realidad era otra. Al poco tiempo el presidente Trump, refiriéndose a Duque, afirmó: “es buena persona (…) dijo que iba a frenar el asunto de las drogas, pero ahora están saliendo más drogas de Colombia que antes de que fuera presidente. Es decir que no ha hecho nada por nosotros”. Los miembros del gabinete y del partido de gobierno culparon del señalamiento a las políticas “blandengues” del expresidente Santos, al proceso de paz y a la administración Obama. Pero no contaban con un nuevo llamado de atención de Trump, quien enfáticamente dijo que “el negocio de las drogas ha crecido un 50%” desde la posesión de Iván Duque y lo culpó de enviar criminales a su país. Las afirmaciones del presidente Trump desvirtúan los argumentos de quienes continúan mirando el espejo retrovisor y ponen en evidencia la falta de claridad de la política antidrogas del actual gobierno. La “guerra” contra las drogas bajo, el insalubre e ineficiente esquema de aspersión aérea con glifosato, está perdida. La millonaria inversión que demanda esa lucha no puede seguir destinándose a atacar los eslabones más débiles de la cadena del narcotráfico -campesinos y consumidores-. Pero no contaban con un nuevo llamado de atención de Trump, quien enfáticamente dijo que “el negocio de las drogas ha crecido un 50%” desde la posesión de Iván Duque y lo culpó de enviar criminales a su país. La nueva política de drogas requiere la regulación del consumo y la implementación de un enfoque de salud pública, derechos humanos y justicia social, con la garantía de sustitución de cultivos de manera voluntaria y de tratamiento para la adicción. Lo cierto es que, Duque decepcionó a Trump y, peor aún, el presidente estadounidense está convencido de que la crisis migratoria desde América Central hacia ese país es consecuencia de la cocaína colombiana y la guerra entre carteles emergentes de la región que genera violencia y desplazamiento. El gobierno debe fortalecer las relaciones diplomáticas y llamarle la atención a su bancada del Congreso para que no polarice el país con argumentos falaces e incendiarios. Presidente Duque, póngale orden a la casa!

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Agua potable para el Magdalena

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Por: Honorio Miguel Henríquez Pineda Senador del Centro Democrático Al referirnos al acueducto y alcantarillado de la ciudad de Santa Marta, describimos una problemática que los samarios viven día a día, ya que este no garantiza ni acceso ni calidad desde hace muchos años y las administraciones no han logrado darle una solución. Pero este tema no es reciente. Según una evaluación integral, realizada por la Superintendencia de Servicios en 2015, la ciudad enfrenta serias deficiencias debido a que “no se han realizado las inversiones necesarias para garantizar la demanda de agua por parte de la ciudadanía, a las altas pérdidas del sistema de acueducto, y a que la cobertura de este mismo servicio no cubre a toda la población samaria, (…)”. Actualmente, el panorama no ha mejorado, pues las fallas en el sistema son constantes, tal y como lo expresa la comunidad. Con el anuncio del acueducto regional, el cual se encuentra incluido en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, los magdalenenses por fin notamos una luz al final del camino, cuyo principal propósito es ponerle fin a un problema que aquejamos y arrastramos desde hace mucho tiempo. En 2017, el DNP sostuvo que la cobertura de acueducto en Santa Marta alcanzaba el 83%, el alcantarillado sanitario el 76% y el pluvial 19%. Sin embargo, un agravamiento de estas cifras es el porcentaje de aguas perdidas, que alcanzaron el 58%, lo que posiblemente se deba a que ni el acueducto ni el alcantarillado cumplen con los requisitos mínimos de optimización y salubridad establecidos en el Plan de Ordenamiento Territorial vigente (Acuerdo 005 de 2000). Por otro lado, el estudio “La pobreza en Santa Marta: Los Estragos del Bien”, realizado por Meisel y Ricciulli (2018), concluye que “las inundaciones y los malos olores terminan afectando la calidad de vida de la población, así como la actividad turística del sector”. Lo anterior, debe analizarse con cautela debido a que el turismo es uno de los principales motores de la economía distrital. La actividad de hotelería y restaurantes representa una importante fuente de empleo formal, lo que permite entrever que este problema necesita de soluciones estructurales debido a que hasta nuestra economía magdalenense podría encontrarse en riesgo. Ahora bien, este asunto no es solo local. El Magdalena es el departamento con la mayor población con acceso a agua inviable (101.871 personas). Además de ello, es el segundo departamento, después del Tolima, con el número más alto de municipios que poseen agua no apta para el consumo humano (5 y 3 respectivamente). Como si fuera poco, el municipio de Sitionuevo registró en 2016 el mayor IRCA (Índice de Riesgo de Calidad de Agua), colocándolo como la población con peor agua en Colombia. Actualmente persiste esta catalogación Con el anuncio del acueducto regional, el cual se encuentra incluido en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, los magdalenenses por fin notamos una luz al final del camino, cuyo principal propósito es ponerle fin a un problema que aquejamos y arrastramos desde hace mucho tiempo. Por el momento se ha definido que la modalidad de realización será una Alianza Público Privada (APP) para la construcción del Acueducto Regional, el cual llegará a Ciénaga, Pueblo Viejo y eventualmente a la Zona Bananera y Aracataca. La inversión será cercana a los $600 mil millones y permitirá obtener 1.500 litros de agua por segundo de los ríos Toribio y Córdoba para subsanar el déficit del vital elemento.

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La JEP y los menores

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Por: Margarita María Restrepo Arango Representante a la Cámara por Antioquia del Centro Democrático La credibilidad y confianza en la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) es cada vez menor. El principal enemigo de ese tribunal es él mismo. La corrupción y la politiquería se apropiaron de la justicia que el gobierno anterior diseñó a la medida de las exigencias elevadas por la banda terrorista de las FARC. Uno de los grandes crímenes atroces cometidos por las FARC es el del reclutamiento forzado y sistemático de menores de edad, conducta que afectó a miles de niños en todos los rincones del país. De acuerdo con las estadísticas oficiales, en solo un departamento de Colombia -San Andrés y Providencia- no hay registro de menores reclutados forzosamente. Desde que estaba en marcha la impopular mesa de conversaciones de La Habana, exigí reiteradamente que el asunto del reclutamiento forzado fuera tratado con especial cuidado y atención, debido a la gravedad de dicho crimen. El comisionado de Paz de entonces, el señor Sergio Jaramillo, con todo el cinismo y, desde mi punto de vista, complicidad, me respondió un derecho de petición en el que, palabras más, palabras menos, aseveró que como FARC y Gobierno habían decidido negociar “en medio del conflicto”, resultaba imposible e improcedente exigirle a esa organización delincuencial la desvinculación de los menores que se encontraban en condición de esclavos en los distintos campamentos terroristas. En Colombia se está presentando un caso exótico e inadmisible: personas responsables del reclutamiento de miles de niños y la esclavización sexual de niñas, están libres y algunos de ellos ocupando inmerecidas curules en el Congreso de la República Es deber irrenunciable del Estado el combatir, con todas las herramientas a su disposición, el reclutamiento de menores de edad. Así mismo, los tratados internacionales y las leyes internas indican que aquellos que ordenen o participen en la comisión de ese delito, deben recibir penas efectivas de cárcel. En Colombia se está presentando un caso exótico e inadmisible: personas responsables del reclutamiento de miles de niños y la esclavización sexual de niñas, están libres y algunos de ellos ocupando inmerecidas curules en el Congreso de la República. Ahora que la JEP está en medio de un nuevo escándalo de corrupción -el del corrupto fiscal Bermeo no es el primero ni será el último caso-, los directivos de ese tribunal, pensando en desviar la atención y no en los derechos de las víctimas, se acordaron de los menores reclutados y decidieron llamar a los jefes de las Farc para que empiecen -hasta ahora- a dar sus explicaciones. Se esperaba que la primera acción de la JEP fuera aquella. Pero ha pasado más de un año y medio de la puesta en marcha de dicha jurisdicción y hasta ahora han comenzado a analizar el asunto. El proceso, al que han llamado “caso 007”, quedó en manos de un magistrado de abierta tendencia izquierdista: Iván González. En un anuncio público, ese individuo aseguró que hasta ahora van a empezar a cruzar las bases de datos de las distintas entidades que conocen las denuncias de reclutamiento forzado. Igualmente, dijo que se convocará a toda suerte de organizaciones sociales y ONG. El anuncio, que a primera vista parece alentador, es efectivamente todo lo contrario: si se cumple a cabalidad con lo esbozado por el magistrado González, la investigación jamás culminará. El reclutamiento forzado es un delito de tracto sucesivo y la gran mayoría de niños que fueron llevados a las filas de las FARC, alcanzaron los 18 años en esa organización, hecho que pone la situación en un plano confuso, pues al llegar a la mayoría de edad, dejan de ser víctimas. Aquello no significa que el delito que se cometió con ellos haya prescrito pues, por tratarse de un crimen de lesa humanidad, estamos frente a una conducta imprescriptible. El país demanda resultados rápidos y no grandes foros, análisis y discusiones que no sirven para absolutamente nada distinto que mantener impunes a los salvajes que diseñaron, ordenaron y ejecutaron el peor de los delitos que se ha cometido en nuestra historia: el reclutamiento de miles de niños, a lo largo de más de 30 años.

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