junio 27, 2026

Columnistas

Justicia sin forma y sin reforma

Por: Santiago Valencia Senador de la República Centro Democrático Son muchas las cosas que nos han llevado a pensar que la justicia en nuestro país no tiene forma y ahora resulta, que no podemos hacerle una reforma. Constantemente se han presentado proyectos para modificarla y por una u otra razón se hunden en medio de debates que se tornan displicentes por parte de muchos que consideran que por venir del gobierno que no es de sus afectos, ni el país, ni su gente la merece. Esta justicia como la conocemos no aguanta más, es imperativo reformarla para que todos podamos creer y sentir que no estamos sumidos en la más profunda impunidad, que los grandes criminales de la historia no terminarán bailando sobre la sangre de sus víctimas mientras a ellos, los consume el dolor por solo tener la certeza de no haber encontrado nunca, verdad, justicia, reparación ni garantías de no repetición. Nuestra justicia necesita tener forma de justicia, y eso solo pasará cuando seamos capaces de entender que los crímenes atroces nunca podrán ser conexos a los delitos políticos, cuando no se premie a los victimarios con curules y a las víctimas con la indiferencia, cuando las cortes no tengan enormes mantos de duda sobre ellas y cuando las penas impuestas a los criminales no sean tan simbólicas que parezcan casi invisibles y hasta ridículas. Los colombianos merecemos una reforma de fondo que nos garantice la correcta aplicación de penas y la no impunidad y es nuestro deber hacer que pase. ​ ¿Será que la incapacidad institucional del Congreso para reformar la justicia y las obstinadas trabas para reformar la JEP en una justicia tradicional que nos represente a todos los colombianos, nos va a dejar la única opción de una Asamblea Nacional Constituyente? Los colombianos merecemos una reforma de fondo que nos garantice la correcta aplicación de penas y la no impunidad y es nuestro deber hacer que pase. No podemos pretender curar con paños de agua tibia un cáncer, el 21 de mayo dimos un gran paso al aprobar en segundo debate en plenaria del Senado un proyecto de acto legislativo, para que quienes cometan delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes sean juzgados por la justicia penal ordinaria. Pero sobre todo, para que nunca más pueda entenderse que delitos tan abominables como éstos, tienen algo que ver con la rebelión y el conflicto armado y sean beneficiados con tratamientos penales diferenciados. La justicia es un pilar fundamental y un eje definitorio dentro de la concepción del estado social de derecho que tiene nuestro país, y como congresistas es nuestro deber generar las reformas legislativas necesarias para una recta e imparcial administración de justicia.

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Reformar la justicia

Por: Paloma Susana Valencia Laserna Senadora de la República Centro Democrático Una necesidad, un imperativo, una obligación. La justicia es un pilar del Estado de Derecho, tal vez, el más significativo. Resolver los problemas de los ciudadanos por un tercero imparcial es la manera más efectiva de acabar con la justicia por la propia mano, que para tristeza de nuestro país tiende a aumentar. Sin embargo, nuestra justicia está desprestigiada por su ineficiencia, por su carencia de seguridad jurídica y sobre todo por la corrupción, que como a toda nuestra sociedad, la ronda y la mancha. Analizados los asuntos que explican sus fallas encuentro cuatro grandes temas, el proyecto de reforma a la justica que reúne el del gobierno, el de Cambio Radical y el nuestro -mío y de algunos congresistas del Centro Democrático (CD)- que da respuesta a estas inquietudes. Ese proyecto que no  tuvo éxito, requiere insistencia, que daremos en el siguiente periodo. Una justicia parecida a la tutela, ha sido mi consigna para pensar este asunto. Necesitamos simplificarla. Fortalecer la primera instancia, de manera que todos los casos tengan una sola puerta de acceso, y los jueces puedan avanzar en una carrera con ascensos y mantenerse como jueces. Así vamos consolidando la carrera judicial y capitalizando la formación y el conocimiento que los jueces adquieren. Una buena primera instancia cambiará el destino de la justicia y por eso también hemos propuesto que en el gasto de la rama el buen funcionamiento de aquella sea la prioridad. Una segunda instancia que resuelva las apelaciones, y ojalá una sola alta corte, de cierre, dedicada a unificar la jurisprudencia, con un recurso de amparo constitucional. Así le daremos prelación al derecho sustantivo y unicidad y coherencia a la jurisprudencia. Una justicia donde cada juez falla como le parece, y un resultado es tan factible como el otro, genera desconfianza y espacio para la corrupción. Esto es necesario para garantizar la seguridad jurídica, que es la capacidad de saber con certeza cómo o cuál va a ser la decisión de la jurisdicción necesitamos una jurisprudencia unívoca. Requerimos que por disposición de la ley, unifique las posiciones de la rama en una sola corte de cierre. Una justicia donde cada juez falla como le parece, y un resultado es tan factible como el otro, genera desconfianza y espacio para la corrupción. Debemos tener sentencias que unifican las posiciones y son obligatorias, de manera que todos los casos iguales son fallados en el mismo sentido. Una sola corte solucionaría el asunto de manera definitiva, pero no he encontrado, aún, suficientes aliados para mi propuesta. Por eso al menos debemos buscar unificar la jurisprudencia incluso entre las altas cortes y sus salas. Solo así lograremos tener un cuerpo de decisiones claras y precisas que permitan que todos los casos iguales sean juzgados de idéntica manera. La rama se queja de que su sistema de administración, el Consejo Superior de la Judicatura y el gerente no son capaces de ejecutar adecuadamente los recursos que reciben. Por eso, se ha planteado una separación total del tema disciplinario, del tema de carrera judicial y de la administración. Todo ello coordinado por una comisión donde estén representados todas las instancias de la rama, jueces, tribunales, altas cortes, Fiscalía y empleados que dispongan la línea de acción. En lo administrativo, con gerente coordinado por una junta directiva. Este diseño permite organización y eficacia. Necesitamos poder juzgar a todos los llamados “aforados”. Hubiera preferido eliminar todos los fueros, y que no existan justicias especiales para los de cuello blanco, pero tampoco encontré aliados para ello, por ahora. Entonces buscaremos un tribunal independiente que los juzgue a todos en dos instancias y que pertenezca a la rama judicial. Además necesitamos magistrados que no utilicen las cortes para catapultar su carrera profesional, sino que la terminen ahí. Por eso exigiremos edad mínima de ingreso de 50 años, 25 años de experiencia profesional y periodos de 12 años buscando que salgan pensionados con inhabilidades de litigio en su jurisdicción vitalicias y limitaciones al acceso a la política por cuatro años. Ojalá podamos sacarla adelante en la próxima legislatura. Colombia como estado de derecho, hoy con todas las decisiones polémicas de las Cortes, requiere confianza en sus instituciones.

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No más impunidad para nuestros niños

Por: María del Rosario Guerra Senadora Centro Democrático Colombia ha sido testigo de la crueldad y la sevicia a la que han sido sometidos nuestros niños, niñas y adolescentes. Los titulares de prensa sobre casos de maltrato, abuso y violencia se han vuelto una constante a la que el país no puede acostumbrarse. El caso más reciente fue el de María José Ortega, una niña de seis años de edad que encontraron sin vida en un caño del suroccidente de Barranquilla. El victimario, como en la mayoría de los casos, sería uno de sus familiares más cercanos. Tan solo una semana antes, otro crimen sacudió al país. Emely Suleine Rivera, de solo 11 años, fue raptada, torturada y asesinada. Su cuerpo desmembrado fue abandonado en la puerta de su vivienda en Santander de Quilichao, Cauca. Hacer un recuento de los actos violentos en contra de nuestra niñez no los traerá de vuelta, pero sí pone nuevamente sobre la mesa la urgencia de proteger a nuestros niños de toda forma de violencia física o sicológica. El panorama es preocupante. Según cifras de Medicina Legal, entre enero y abril de 2019 se registraron 213 homicidios de menores de edad en el país. El Valle del Cauca, con 54 casos, es el departamento que más muertes violentas reportó. En violencia intrafamiliar, el instituto forense registró 3.317 casos. De esos, las víctimas de 1.710 eran mujeres y 1.600, hombres; pero todos tenían menos de 17 años de edad. Por presunto delito sexual, el registro de denuncias fue de 7.141 casos; 1.103 ocurrieron en Bogotá; 828, en Antioquia, y 607 en Valle del Cauca. Entre enero y marzo del año en curso, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) abrió 1.406 procesos administrativos de restablecimiento de derechos en favor de niños, niñas y adolescentes; todos fueron víctimas de violencia física o psicológica. Eso significa que en el primer trimestre de 2019, el ICBF atendió 16 casos por día, y el maltrato fue la principal causa de denuncia. La consigna del Gobierno del Presidente Iván Duque frente a esta situación de violencia es clara: debe haber sanciones ejemplarizantes para quienes cometan  actos deleznables contra los niños. En ese orden, la Plenaria del Senado aprobó en segundo debate el Proyecto de Acto Legislativo 038 de 2019, iniciativa cuyo autor es el Gobierno, que busca que todos los delitos sexuales contra niños vayan obligatoriamente a la justicia ordinaria, sin ningún tipo de concesión, y NO a una especial como la JEP.  Se trata de una reforma normativa constitucional que modifica el artículo 44 de la Constitución Política: “Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión.  Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia”. Hay que reafirmar que los aberrantes delitos contra los niños no pueden ser conexos al delito político y tienen que ser investigados de manera prioritaria por la justicia ordinaria. Pero que no sea retroactivo el acto legislativo no significa que se olvide que más de 6.000 niñas sufrieron todo tipo de vejámenes por parte de cabecillas y militantes de las Farc según información de la Fiscalía General de la Nación. De ahí la importancia de que los victimarios reconozcan y resarzan el daño irreparable para la dignidad e integridad de la niñez. “Con el argumento de defender un acuerdo de paz no se puede excusar, olvidar ni dejar impune el sometimiento, maltratos y vejámenes de los que fueron víctimas nuestros niños. Que denuncien los afectados y actúe la justicia” Con el argumento de defender un acuerdo de paz no se puede excusar, olvidar ni dejar impune el sometimiento, maltratos y vejámenes de los que fueron víctimas nuestros niños. Que denuncien los afectados y actúe la justicia.

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Informalidad laboral e incertidumbre pensional, problemática por atender

Por: Ana Paola Agudelo García Senadora Partido Político MIRA Hay que trabajar para vivir y no vivir para trabajar. Esta premisa es fundamental para entender que un trabajo digno debe garantizarle al ciudadano el acceso al sistema contributivo de salud, cotizar pensión para una vejez digna, aportar a las cajas de compensación familiar y acceder a los servicios de recreación, educación y vivienda, entre otros. Esto es un mínimo para garantizar dignidad laboral.  Y es que las cifras preocupan. De acuerdo con el informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, sobre el mercado laboral publicado el pasa – do 28 de febrero, la informalidad en Ibagué en el trimestre móvil noviembre 2018-enero 2019, fue del 54,5%, dato superior en comparación con la proporción de las 23 capitales y áreas metropolitanas del país, en donde se situó en el 47,7 %. La relevancia de estas estadísticas radican en el impacto social que generan. Por ejemplo, de los 22 millones de colombianos ocupados, apenas 7,8 millones están aportando al sistema de seguridad pensional, ¿qué va a pasar con los otros 14 millones de colombianos cuando lleguen a la vejez? ¿Con qué presupuesto vamos a garantizar sus ingresos cuando estén en su edad de jubilación? Estas preguntas sustentan la urgencia de formalizar el mercado laboral, en un país cuya población se está envejeciendo más rápido, según los datos del último censo que fueron revelados en noviembre de 2018 por el director del DANE, Juan Daniel Oviedo.  De los 22 millones de colombianos ocupados, apenas 7,8 millones están aportando al sistema de seguridad pensional, ¿qué va a pasar con los otros 14 millones de colombianos cuando lleguen a la vejez? ¿Con qué presupuesto vamos a garantizar sus ingresos cuando estén en su edad de jubilación? Esta no es una tarea fácil, porque requiere de una estrategia sostenida en el tiempo donde diferentes factores se articulen. Dentro de ellos, se deben destacar los costos laborales del empleador para formalizar al empleado. Según Fedesarrollo, en su documento Informe Mensual del Mercado Laboral de 2018, entre 20 naciones de América Latina y el Caribe, Colombia ocupa el segundo lugar como el país en el que más cuesta formalizar a un trabajador que está en el mercado laboral. Otro factor es fortalecer la concertación para establecer el salario mínimo, porque este debe ser en consenso entre los gremios sindicales y el empresariado para salvaguardar el equilibrio de interés entre ambos.  Es aquí donde se hace necesaria la labor del Ministerio de Trabajo bajo el liderazgo de la jefe de la cartera, Alicia Arango, y su viceministro de Relaciones Laborales e Inspección, Carlos Alberto Baena, ya que en esta entidad descansa la estrategia de formalización laboral que logró, en diciembre de 2018, fijar por consenso el incremento del salario mínimo más alto en los últimos 25 años. También, cabe destacar que en la Ley de Financiamiento, aprobada en diciembre de la vigencia anterior, se busca reducir la presión fiscal para las empresas y de esta manera puedan asumir los costos de la formalización laboral.  Como senadora del Partido Político MIRA, presenté junto a mi bancada, un paquete de propuestas al Plan Nacional de Desarrollo, PND, direccionadas a mejorar las condiciones de los trabajadores colombianos que son: seguridad social de trabajadores dependientes que laboran por horas, ventanilla única de afiliación a seguridad social, creación de empresa en un día, conciliaciones para solucionar conflictos laborales entre empleado y empleador y cotización de extranjeros a seguridad social.  Como ibaguereña, propiciaré prontamente un foro donde el Ministerio del Trabajo se haga presente en la capital del Tolima y junto con sindicatos y empresarios podamos abordar esta problemática en nuestra ciudad y conjuntamente podamos revertir la situación de tantos miles de ibaguereños que están en la informalidad.

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Vías terciarias para la paz

Por: Criselda Lobo Silva (Sandra Ramírez) Senadora Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) Con el propósito de integrar y conectar a Colombia, desde los municipios más lejanos hasta la capital, hemos decidido radicar el Proyecto de Ley por el cual se crea la Subdirección Nacional de vías terciarias. El buen estado de las carreteras nos permitirá acercar el campo con la ciudad y los barrios con las veredas, así como nos garantizará la producción y comercialización de los productos que los campesinos cultivan. Empezamos a cerrar la brecha económica. El acuerdo de paz contiene en su primer punto la Reforma Rural Integral, que no es otra cosa que la tierra para el que la necesita o quiera trabajar en ella; son miles las familias campesinas que esperan la restitución y la titulación de sus tierras, o que no han tenido dónde sembrar porque no han podido acceder al territorio. Pero no es la tierra por la tierra, ésta debe ir acompañada de educación, salud, vías carreteables y asistencia técnica. Por eso firmamos la terminación del conflicto armado, por eso decidimos firmemente terminar con esta guerra que duró más de 53 años, para que los recursos que se perdían en la guerra ahora los podamos invertir en políticas sociales. Un país con vías carreteables en buen estado empieza a recorrer los caminos del desarrollo y de la paz. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI, las vías terciarias en Colombia sean trochas, caminos, lodazales sin cunetas, muchas de ellas sin puentes? muchos kilómetros no cuentan con mantenimiento ni con ninguna institución doliente. Un país con vías carreteables en buen estado es un país que empieza a recorrer los caminos del desarrollo y de la paz. El objeto de la Subdirección Nacional de Vías Terciarias es fortalecer la integración regional y el acceso a los servicios sociales y a los mercados, incidir favorablemente sobre el precio de los alimentos como garantía del derecho a la alimentación y mejorar el ingreso de la población campesina. Las vías regionales tienen la mayor extensión en el territorio nacional, pues representan el 69,4% del total de la malla vial nacional y en conjunto con las secundarias comprenden el 91,5%. Así, su funcionamiento, en óptimos niveles de servicio, constituye un elemento relevante para potenciar el crecimiento económico de la población rural del país. La Subdirección Nacional de Vías Terciarias hará parte de la dirección operativa del Instituto Nacional de Vías -INVIAS- y entre sus funciones estará la de ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos relacionados con la infraestructura de la red terciaria no concesionada y evaluar su ejecución. También, administrar los procesos de construcción, conservación, rehabilitación de la infraestructura de la red terciaria no concesionada a cargo del INVIAS, así como ejercer la supervisión a los contratos de interventoría de ejecución de obras de la infraestructura vial a cargo de la dependencia. Para el partido FARC, este proyecto es de gran importancia para desarrollar las vías rurales, generar empleo en el campo, reactivar las actividades económicas legales en zonas apartadas que se desliguen de los cultivos de uso ilícito e integrar el territorio. Y es que los proyectos de vías terciarias constituyen una herramienta fundamental para la construcción de paz en las regiones y la creación de lazos de confianza con las comunidades. Pedimos a los congresistas de todas las bancadas y a la ciudadanía general que apoye esta iniciativa y nos hagan llegar denuncias sobre el estado de las vías en sus regiones; este será el sustento para argumentar la necesidad de crear una entidad doliente y responsable del mantenimiento de las vías terciarias de nuestro país.

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El PND, el escenario donde comenzamos a mejorar la calidad de vida de los colombianos

Por: Irma Luz Herrera Rodríguez Representante a la Cámara por Bogotá D.C. del Partido MIRA Después de tres meses de trabajo, análisis y de participación activa, en las comisiones económicas, conformadas por 30% de los líderes que integran el Congreso de la República, logramos la aprobación de esta importante ley. Hoja de ruta por donde caminará el país desde ahora y no por solo cuatro años, sino con una visión proyectada hasta el 2030. Para el Partido MIRA este plan es el escenario perfecto para comenzar a mejorar la calidad de vida de los colombianos. Y es que a través de nuestros 19 años de vida política, hemos detectado realidades que queremos mejorar, como las de los vendedores informales, los empleados de las plataformas digitales, los campesinos, los trancones en todas las ciudades del país, el derecho a la libertad religiosa, la formalización y el empleo, la educación, las mujeres y por supuesto el derecho que tienen nuestros adultos mayores a una vejez digna. Con proyección al futuro nuestra bancada en el Congreso, conformada por las senadoras Aydee Lizarazo y Ana Paola Agudelo, por el senador Carlos Eduardo Guevara y en la Cámara de Representantes, con mi participación, materializamos varias de nuestras propuestas de campaña, y lo hicimos confirmándole al país que con el Partido MIRA la política es haciendo. Tras varias mesas de trabajo logramos avanzar para que los empleados de las plataformas digitales, que bajo el esquema de la economía colaborativa generan empleo en el país, garanticen seguridad social y riesgos laborales para sus colaboradores. Hoy les hablo por ejemplo de iniciativas que fueron incluidas como la política de espacio público que beneficiará a los vendedores informales, quienes además tendrán la opción de hacer aportes por medio de un ahorro, para su vejez y así lograr que el derecho al trabajo y al disfrute del espacio público convivan en armonía y de manera segura y organizada. Tras varias mesas de trabajo logramos avanzar para que los empleados de las plataformas digitales, que bajo el esquema de la economía colaborativa generan empleo en el país, garanticen seguridad social y riesgos laborales para sus colaboradores. Apoyamos los emprendimientos, pero buscamos dignificar el trabajo de quienes prestan su servicio a través de estas nuevas formas de empleo. Solo en Bogotá, los capitalinos duran metidos en los trancones el equivalente a 20 días en un año, y esto, en gran medida se debe al mal estado de las calles y así sucede en el resto de municipios y ciudades del país. Por eso, atendiendo este clamor ciudadano de ahora en adelante el dinero de las multas de tránsito, se destinarán en un gran porcentaje a obras de infraestructura vial. Y qué decir de la libertad religiosa, mayores garantías para los ciudadanos y por primera vez se reconocerá el aporte social que hacen las entidades religiosas al país. De esta forma y entre muchos otros temas, como la convalidación de títulos académicos para los colombianos que estudiaron en el exterior, la creación del banco de semillas para el agro colombiano, mejoras en la atención para los adultos mayores, la defensa de los derechos de los trabajadores y un ahorro para su vejez, así ganen menos de un salario mínimo, el transporte escolar en zonas de difícil acceso y energías limpias donde hoy no llega la luz, son acciones nuestras que confirman que el Partido MIRA le está cumpliendo a Colombia.

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Baja participación de mujeres en política, sí que es un problema

Por: Catalina Ortiz Lalinde Representante a la Cámara por el Valle del Cauca de Alianza Verde Nos encontramos en un momento tan prometedor como desafiante para Colombia: el próximo 27 de octubre, escogeremos a quienes nos van a representar desde las gobernaciones, alcaldías, asambleas departamentales, concejos municipales, juntas de acción comunal y demás cargos locales. Esas personas tomarán algunas de las decisiones más importantes de la sociedad durante los próximos cuatros años. Estamos ante, nada más ni menos, que la oportunidad de renovar a quienes gobernarán nuestras regiones y apostar por personas preparadas, trabajadoras, rigurosas, honestas y con profundo sentido de lo público. La posibilidad de transformar nuestro país no da espera. Y la decisión de contribuir, de manera contundente y definitiva, a tener más mujeres en los cargos de elección popular está en nuestras manos. De la mano de ese reto, tenemos la oportunidad de darnos mayor representación a las mujeres en la gobernanza de nuestros territorios.  Las cifras no mienten, en las elecciones del período 2016-2019 las mujeres no llegamos ni al 20% de representación en ninguna entidad o corporación. De acuerdo con el estudio “Las Mujeres en el poder política local (2016-2019)”, de la Mesa de Género de la Cooperación Internacional en Colombia, hoy las mujeres representamos el 15,63% de las gobernaciones, 16,75% de los miembros de asambleas, 12,17% de los alcaldes en todo el país y 16,63% en los concejos municipales. El problema, es que la bajísima participación de las mujeres en política no es considerada un obstáculo por la mayoría. Difícil que el pais se embarque en solucionar un “problema” sino se considera que lo sea. Primero es un derecho para nosotras las mujeres el acceder al poder en igualdad de condiciones y, claramente, los resultados demuestran que no se dan las condiciones para que las mujeres podamos acceder. Pero no sólo es el derecho de las mujeres no elegidas el que se vulnera, sino que la perspectiva femenina frente a los asuntos de política pública se priva de la mirada de más de la mitad de la población que entiende de primera mano lo que es sentirse menospreciada en lo laboral, acosada mientras camina por una calle o vestida de rosadito para que nos impongan los roles que la sociedad ha querido. Así las cosas, se nos vuelve una tarea inaplazable y definitiva visibilizar y poner en la agenda nacional la problemática de las brechas entre hombres y mujeres en materia de participación política. El primer paso es que estemos de acuerdo en que es un problema. Para aumentar la participación política de las mujeres hay que superar las barreras que persisten y que no podemos desconocer. La última Encuesta de Participación Política de ONU Mujeres revela que el 62% de los electores nunca ha votado por una mujer, incluso el 59% de ellas nunca lo ha hecho. Más grave aún, el 26% cree que la participación que tienen hoy las mujeres en cargos de elección popular es suficiente y al 18% le parece irrelevante discutir este tema. Otra barrera, no menos importante, es la falta de postulación de las mujeres a los cargos de elección popular. El plazo máximo para inscribir candidatos y listas de partidos vence el 27 de julio, necesitamos mujeres berracas que se atrevan a lanzarse, partidos decididos a apoyarlas y electores dispuestos a dar su voto a la mejor alternativa, independientemente de si es hombre o mujer. La posibilidad de transformar nuestro país no da espera. Y la decisión de contribuir, de manera contundente y definitiva, a tener más mujeres en los cargos de elección popular está en nuestras manos. Es hora de visibilizar el problema, trazar metas ambiciosas y enfocarnos en unos resultados que tengan en cuenta que hay un problema.

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Llegó nuestro momento

Por: Ruby Helena Chagüi Spath Senadora Centro Democrático Tras años de lucha ha llegado el momento de nosotras las mujeres, el momento de empoderarnos y reconocer nuestro valor en el mundo contemporáneo, el momento de contar con más y mejores oportunidades laborales, el momento de ocupar altos cargos públicos o privados, gracias a nuestras capacidades y formación, el momento de decir “no más” a quienes quieren intimidarnos, violentarnos o sobrevalorarnos. El siglo XXI es nuestro momento.  Para 2017, la tasa de desempleo de las mujeres fue de 12,3 por ciento frente al 7,2 por ciento de los hombres. Llegó el momento de generar y conseguir empleos formales y dignos que nos permitan mejorar la calidad de vida de nuestras familias, desarrollarnos profesionalmente y convertirnos en las mujeres que queremos y merecemos ser.  La participación laboral pasó del 46 por ciento al 54 por ciento entre 2008 y 2012. Sin embargo, para los últimos años (2014- 2017) esta se ha estancado en alrededor del 54 por ciento. Colombia está dos veces por debajo del promedio de América Latina que corresponde al 56 por ciento. Llegó el momento de acabar con la creencia de que los hombres tienen más capacidades en materia laboral que las mujeres, debemos generar condiciones equitativas que nos permitan construir país paritariamente.  Las colombianas todavía seguimos dedicando más del doble de tiempo que los hombres a las tareas del hogar y de cuidados no remunerados (7 horas y 14 minutos contra 3 horas y 25 minutos al día, respectivamente). Llegó el momento de dignificar el trabajo de todas las mujeres que día a día construyen sociedad desde sus hogares. Además, necesitamos entornos equitativos que contribuyan a que tanto hombres como mujeres, implementen cantidades de tiempo similares en la economía del cuidado, permitiéndole a la mujer que así lo desee dedicarse a otras actividades, y ¿por qué no?, que sean remuneradas.  Ahora bien, en términos de derecho a la educación, entre 2006 y 2017 casi se duplicó la participación, pasando de 32,8 por ciento a 58,5 por ciento. En 2016, seis de cada 10 mujeres entre los 17 y 21 años estuvieron matriculadas en una institución de educación superior. Si bien hemos avanzado en estos últimos 10 años, aún queda mucho por hacer. Llegó el momento de que no solo el 58 por ciento de las mujeres tenga la oportunidad de una educación superior sino el 100 por ciento, con programas fiscalizados desde el Gobierno y las entidades territoriales que permitan hacer partícipes a las mujeres.  Como senadora de la República he conocido de primera mano las dificultades que tenemos para llegar a los cargos de elección popular. Las mujeres colombianas estamos subrepresentadas en las instancias de decisión política: somos sólo 19,7% de congresistas y, a nivel local, ocupamos 17% en las asambleas departamentales, 18% en los concejos municipales, 12% en alcaldías y 15% en gobernaciones. Luego de 61 años, desde que pudimos ejercer por primera vez nuestro derecho al voto, llegó el momento de que perdamos el miedo, derrotemos los estigmas y con propuestas y convicción decidamos transformar nuestro país y que también más mujeres les apuesten a los cargos de elección popular.  Destacamos el compromiso del Gobierno del Presidente Iván Duque, quien promovió el primer gabinete paritario en la historia de Colombia, como también la elección de la primera mujer vicepresidenta en el país. Reconocemos el valor de grandes avances como este, que pasarán a la historia. Ojalá en la gobernaciones y alcaldías también haya gabinetes paritarios.  La igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas deben ser un elemento fundamental para el desarrollo, la democracia y la construcción de la paz en Colombia. La educación en los colegios es fundamental si queremos lograr mujeres líderes que no se subestimen frente a actividades, carreras o trabajos, que comúnmente son realizados por hombres o que eso nos ha hecho pensar la sociedad La igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas deben ser un elemento fundamental para el desarrollo, la democracia y la construcción de la paz en Colombi Nuestro empoderamiento tiene que empezar desde pequeñas, desde nuestra relación con el entorno, con nuestros familiares, profesores y con el proceso de aprendizaje. Es muy importante que impulsemos a las niñas desde temprana edad a alcanzar sus sueños y a que tengan la determinación de pensar que pueden desempeñarse en cualquier ámbito que decidan, ya sea desde ser abogadas hasta ingenieras o astronautas.  No podemos permitir que en pleno siglo XXI sigamos encaminando a nuestras niñas y jóvenes a cierto tipo de profesiones porque “esas son para mujeres”. Llegó el momento de romper paradigmas y de acabar con la brecha de inequidad, alzar nuestra voz, quitarnos el temor y escoger las carreras con las que más nos identifiquemos.  Por todo lo anterior, debemos hacer una pausa en el camino y preguntarnos, como mujeres: ¿qué estamos haciendo desde nuestro rol en la sociedad para ayudar a la igualdad de género?  Hago un llamado para que impulsemos medidas de carácter legislativo y políticas públicas e institucionales articuladas con fin de frenar la violencia contra la mujer, garantizando la investigación y la sanción de cada responsable, así como recursos suficientes para el desarrollo de políticas de prevención efectivas. Los casos de homicidio a mujeres, solo en enero de este año fueron 63, mientras los casos de violencia de pareja llegaron a los 2.600 y violencia intrafamiliar a más de 3.800. Los delitos sexuales a las mujeres, solo en el primer mes del año, fueron 1.577.  Estamos trabajando desde el Congreso, en la creación de un Plan de Atención integral para la Mujer, en el cual ellas reciban asesoría judicial y psicológica permanente, así como respaldo, protección y atención inmediata en caso de que hayan sido violentadas o sus vidas estén en riesgo, evitando que cuando la mujer realice una denuncia quede expuesta ante su agresor. Así, fomentaremos un sistema fuerte y eficaz de atención y apoyo integral a la mujer víctima

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Mujeres en el poder: una posibilidad de transformación

Por: Gloria Betty Zorro Africano Representante a la Cámara por Cundinamarca de Cambio Radical Era el 5 de octubre de 1789, en Francia, la Asamblea Nacional Constituyente se encontraba debatiendo los cambios más profundos al sistema político francés y la revolución estaba a punto de estallar. La Bastilla había sido tomada en julio, los franceses se encontraban debatiendo los destinos de su país y, a través de la difusión de sus ideas al resto del mundo occidental, se encontrarían forjando las bases de la democracia moderna. Versalles, la encargada de alojar en ese momento a los asambleístas, era una pequeña y cómoda ciudad, centro del poder francés desde Luis XIV, y su palacio podía acoger con grandes atenciones a estos, allí no se sentía el hambre ni las inclemencias de la escasez que se vivía en París; sí me lo preguntan, en Versalles, en ese momento, el mundo parecía un lugar feliz. Espero que esta lucha también se vea reflejada en las elecciones por el poder local que se avecinan en octubre, que tomemos la decisión de luchar por nuestros municipios y departamentos, que cada vez seamos más las mujeres que lideremos procesos de transformación social. Pero en París no había pan en las calles, no había víveres en general, el hambre, en contraste con los banquetes de Versalles, se sentía en el pueblo; fueron las mujeres las primeras en tomar acción, seguramente muchas de ellas llevadas por el instinto de maternidad que nos caracteriza a todas, otras por el ímpetu que es innato al cuidado y la manutención de nuestros hogares y de sus miembros, se decidieron marchar a Versalles. En juego había algo más valioso que sus vidas, en juego estaban las vidas de sus hijos, quizá de sus esposos y del resto de miembros de su hogar, esos lazos son más importantes que la vida misma. Pero en París no había pan en las calles, no había víveres en general, el hambre, en contraste con los banquetes de Versalles, se sentía en el pueblo; fueron las mujeres las primeras en tomar acción, seguramente muchas de ellas llevadas por el instinto de maternidad que nos caracteriza a todas, otras por el ímpetu que es innato al cuidado y la manutención de nuestros hogares y de sus miembros, se decidieron marchar a Versalles. En juego había algo más valioso que sus vidas, en juego estaban las vidas de sus hijos, quizá de sus esposos y del resto de miembros de su hogar, esos lazos son más importantes que la vida misma. Marcharon a Versalles, las mujeres del mercado, vacío de suministros, se unieron todas, se armaron de cuchillos, de instrumentos de cocina, era todo lo que las acompañaba, eran sus utensilios diarios en aquella época, pero tenían algo más poderoso que eso, la firme convicción de pelear por sus derechos, reprimidos por mucho tiempo, y obligando al Rey y a sus cortesanos a instalarse en París, ver la realidad con sus ojos y entender que el cambio de su situación debía llegar ahora. El papel de la mujer en la Revolución Francesa fue determinante, pero también lo ha sido en las grandes revoluciones mundiales y lo debiera ser en la política, su visión es diferente a la del hombre, quizá por su instinto maternal natural, o tal vez por su instinto de protección, las mujeres en muchas ocasiones somos más terrenas y aristotélicas que los hombres, tenemos los pies, en muchos casos, más asentados en la tierra que los hombres y por ende nuestro aporte a las grandes y también pequeñas transformaciones sociales es complementario al de estos. Tardaría mucho tiempo aún después de las transformaciones de la Revolución Francesa para que a la mujer siquiera se le reconociera su derecho al voto, habrían de pasar muchos años más para que se le reconociera su igualdad en términos de democracia y de participación en las decisiones de la sociedad, a pesar de la Declaración de los Derechos del Hombre y de que Olimpia de Gouges quiso también que fueran  los de la mujer, por allá por los años de la Revolución en el siglo XIX, sólo hasta el Gobierno interino del General Rojas Pinilla (a inicios del siglo XX) reconocimos en Colombia los derechos democráticos básicos a nuestras mujeres. Pero aún estamos en mora de hacer más para promocionarlos y permitirles participar activamente en las decisiones colectivas. Hasta hace poco, un informe de la Presidencia de la República nos mostraba cómo menos del 12% de los mandatarios locales son mujeres y según las cifras del Banco Mundial en Colombia, tan sólo un 18% de ellas son parlamentarias, un verdadero contraste con el promedio de América Latina que alcanza el 30%, el de la OCDE 29,71% o, inclusive el de México, que con las reformas de paridad de género en la representación política, lograron, por primera vez en su historia, un balance prácticamente equitativo del 48,2% de escaños ocupados por mujeres. En Colombia, seguimos aún pendientes de una reforma política que nos incluya con garantías de igualdad en la participación, lo intentamos en la presente legislatura, pero lamentablemente el poder de muchos se impuso y no se logró acuerdo sobre este punto ni sobre las listas cerradas que nos ayudarían a conseguir una verdadera equidad en la participación política; finalmente, a inicios del mes de mayo, el Gobierno Nacional anunció el retiro de la reforma política porque su esencia no había sido aprobada. Pero no hay que desfallecer en nuestra lucha, muchas mujeres a través de la historia han pagado, incluso con sus vidas, la reivindicación de muchos derechos de los que hoy gozamos, siempre he estado orgullosa de ésa capacidad de lucha que nos es común y que nos une, nuestra tenacidad es una de nuestras virtudes innatas y la esperanza siempre estará en el corazón de la mujer, por tal motivo la invitación es a que luchemos, aún no tenemos victoria completa, pero logros importantes han acontecido en nuestra lucha, en 1997, por ejemplo, los escaños ocupados

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Las apuestas por el Huila

Por: Flora Perdomo Andrade Representante a la Cámara por el Huila Partido Liberal En su más reciente visita al Huila, el ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo, reconoció los avances de nuestra región en temas de productividad y desarrollo empresarial, pero enfatizó en la necesidad de ser más competitivos a todos los niveles. Restrepo considera que durante los últimos años se ha presentado un esfuerzo gigante de la dirigencia del departamento por desarrollar las apuestas productivas, el sector piscicultor, las frutas, el café, la ganadería y la minería, además del componente turístico que ha crecido a pasos agigantados y que le está dejando a la zona importantes ingresos ante el aumento de la oferta y la llegada de visitantes procedentes de los más diversos lugares. Sin lugar a dudas, estos logros tienen un soporte importante en el papel que viene cumpliendo la Cámara de Comercio de Neiva que ha enfocado su trabajo en brindar herramientas a los productores, comerciantes y empresarios con asesoramiento y acompañamiento permanente para poder ubicar al Huila en un sitial de preponderancia en el contexto nacional e internacional. También han sido vitales las políticas que han puesto en marcha gobiernos departamentales anteriores que han entendido que, para hacerle frente a los problemas de generación de ingresos, además de procurar un mejor desarrollo regional, promover y dinamizar las apuestas productivas, se torna imperativo trabajar de manera coordinada con los gremios entendiendo las necesidades de cada sector comprometido. Aunque los avances son importantes, no es menos preocupante que, de acuerdo con un estudio revelado a finales del año pasado por la Universidad del Rosario, el Huila tiene una cuenta pendiente en materia de competitividad Pero, aunque los avances son importantes, no es menos preocupante que de acuerdo con un estudio revelado a finales del año pasado por la Universidad del Rosario, el departamento tiene una cuenta pendiente en materia de competitividad. Según el informe que mide a los departamentos en materia competitiva y sus avances en desarrollo económico, el Huila obtuvo una calificación de 4,35 sobre 10, con una disminución de 0,13 puntos respecto al puntaje obtenido en 2017 y una caída de dos lugares en la clasificación general, muy lejos de Bogotá, Antioquia, Caldas, Santander y Risaralda que están en los primeros lugares. El informe de la reconocida institución académica lo ubica en la posición número 18 entre 27 regiones, superando solamente a departamentos como Nariño, Caquetá y los antiguos territorios nacionales, lo que genera preocupación ante el evidente rezago que hace que las posibilidades de desarrollo se vean enormemente disminuidas. Según la explicación que presenta el documento, el índice de competitividad se obtiene a partir de la identificación y cálculo de 94 variables, agrupadas en tres factores (Condiciones Básicas, Eficiencia, Sofisticación e Innovación) y diez pilares de competitividad (Instituciones, Infraestructura, Tamaño de Mercado, Educación Básica y Media, Salud, Sostenibilidad Ambiental, Educación Superior y Capacitación, Eficiencia de los Mercados, Sofisticación y Diversificación, Innovación y Dinámica Empresarial), por lo que según los expertos, el Huila enfrenta enormes desafíos en Innovación y Dinámica Empresarial, donde tiene uno de los puntajes más bajos (1,22) ocupando la posición 23, pues presenta inversión insuficiente en actividades de ciencia, tecnología e investigación de alta calidad y revistas indexadas. También hay deficiencias relacionadas con puntajes muy bajos en indicadores como registros de propiedad industrial, densidad empresarial y tasa de natalidad empresarial neta.  Según el documento, presentamos dificultades en áreas como la sofisticación y diversificación donde el Huila está ubicado en el puesto 10, con un puntaje de 3,06; otra de las falencias se encuentra en el área de la capacitación y la educación superior, donde el departamento aparece en el puesto 18 con apenas 3,23 puntos evidenciando que hace falta mayor oferta educativa, nuevos programas académicos, además de pertinentes, más acceso a las especializaciones, maestrías y demás. Se reconocen adelantos en materia de sostenibilidad ambiental donde el departamento se ubica en el quinto lugar de las regiones con una calificación que promedia los siete puntos.  Avanzamos, pero aún estamos muy lejos de lo que pretendemos. Por eso no se puede dejar de insistir y de trabajar en procura de que las cifras mejoren y por ende nuestro querido departamento pueda estar más temprano que tarde a la vanguardia del desarrollo y la competitividad nacional. El Gobierno debe enfocar sus esfuerzos en desarrollar políticas que promuevan la generación de empresas, facilitar la capacitación, acceso al crédito, fomento de la asociatividad, incentivos, que por supuesto desde el Congreso de la República apoyaremos para que las apuestas por el Huila sean exitosas. 

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