junio 27, 2026

Columnistas

EL TOLIMA TENDRÁ MÁS OPORTUNIDADES CON LA LEY EMPANADA

Ana Paola Agudelo García Senadora de la República Partido Político MIRA Buenas noticias tenemos para los vendedores informales a nivel nacional, aquellos trabajadores que, en largas jornadas en las calles, sin ningún tipo de protección social, deben conseguir el sustento diario con el temor de ser desalojados por el uso del espacio público. Se trata de la llamada “Ley de la Empanada”, firmada recientemente por el Presidente Iván Duque Márquez y de autoría del Partido Político MIRA, la cual busca la implementación de una política pública que beneficie a los vendedores informales que quieren hacer tránsito de la informalidad a la formalidad y de esta manera, sean sujetos de derechos y de beneficios como: capacitaciones por parte del SENA en temas de emprendimiento, acceso a proyectos productivos, posibilidad de entrar al registro nacional de vendedores, seguridad social, un ahorro de vejez y pensión. Es el fruto de un trabajo de más de hace 12 años del Partido MIRA, en conjunto con estos trabajadores que beneficiará a más de 1.200.000 vendedores informales en el país. Para el caso de Ibagué el impacto puede llegar a ser de 123.000 personas beneficiadas quienes podrán tener acceso a educación, censo y carnetización, proyectos de formalización, reglamentación de uso del espacio público y vejez digna Es el fruto de un trabajo de más de hace 12 años del Partido MIRA, en conjunto con estos trabajadores que beneficiará a más de 1.200.000 vendedores informales en el país. El departamento del Tolima será uno de los más beneficiados con esta Ley, recordando que es a su vez el de mayor tasa de desempleo con más del 12,8%, lo que ha obligado a sus ciudadanos al empleo informal. Con esta medida buscamos dar cobertura y protección a los trabajadores que más lo requieren, brindándoles un espacio digno de trabajo y garantías para acceder a un ahorro para su vejez.

EL TOLIMA TENDRÁ MÁS OPORTUNIDADES CON LA LEY EMPANADA Read More »

AVANCES EN MATERIA DE VIVIENDA

Por: Honorio Miguel Henríquez Pinedo Senador de la República Centro Democrático Como es de amplio conocimiento, el Plan Nacional de Desarrollo es la hoja de ruta para el cuatrienio 2018-2022, pues allí quedaron plasmadas las principales metas del gobierno. Una de las más ambiciosas es la política de vivienda, que buscar reducir el déficit cuantitativo de 5,22% al 4% en zonas urbanas, al igual que el cualitativo del 9,75% al 8,5%. También bajarlos del 51,6% al 48,2% en el área rural. Para lograr lo anterior, se han diseñado estrategias y programas ambiciosos pero realizables. El primero de ellos es “Casa Digna Vida Digna”, iniciativa que promueve la tenencia formal de predios apoyando la titulación de estos; acceso a servicios públicos a través de conexiones intradomiciliarias, así como intervención por etapas mediante la transformación de viviendas y el mejoramiento del entorno. La meta son 600 mil mejoramientos habitacionales, de los cuales 225 mil corresponden al Ministerio de Vivienda y los restantes al DPS y al Ministerio de Agricultura. En este programa, se escogieron 12 ciudades participantes para el año 2019, siendo Santa Marta y Riohacha beneficiarias. En Santa Marta, el programa ha permitido iniciar la ejecución de un parque recreodeportivo que favorecerá a 1.310 familias de la urbanización parques de Bolívar, y que tiene una inversión de $968 millones por parte del Gobierno Nacional. En adición, se firmó un convenio para realizar mejoramientos en un total de 11 barrios de la ciudad. El 26 de septiembre, se inició la segunda convocatoria de beneficiarios que cuenta con 400 cupos en 21 sectores seleccionados. Serán más de 3.000 los beneficiados de estas obras entre octubre de 2019 y marzo de 2020. Por otro lado, en Riohacha se ha priorizado el mejoramiento de 400 viviendas, con una inversión de $2.000 millones por parte del Gobierno Nacional. Otras zonas de La Guajira también se han favorecido, pues se dio entrega de dos parques en los municipios de Barrancas y Maicao, que permitirá elevar la calidad de vida de 3.000 habitantes de las urbanizaciones Villa Rosa y Altos de Parrantial. Otra de las iniciativas es “Mi Casa Ya”, dirigida a los colombianos que deseen adquirir una vivienda urbana nueva y que no sean propietarios. Estos podrán ser beneficiarios de un subsidio de cuota inicial o de un subsidio a la tasa de interés. La meta nacional durante el cuatrienio es de 255 mil subsidios en total. En La Guajira hemos avanzado y es así como desde el inicio del Gobierno se han asignado 68, por un valor de 1.584 millones. También debo mencionar el programa “Semillero de Propietarios”, donde las familias podrán acceder a un arriendo subsidiado en una vivienda digna; a la vez que se promueve el ahorro social para ejercer una opción de tener un inmueble digno y propio. La meta para el cuatrienio es tener 200.000 hogares beneficiarios. En el Magdalena se han inscrito 1.123 hogares, mientras que en La Guajira 672. El Ministerio ha puesto todo su empeño y esfuerzo en alcanzar los objetivos propuestos, sin olvidarse de los graves atrasos que dejó el gobierno anterior. Uno de estos casos es el programa de vivienda gratuita fase II, que se recibió con una demora de 2 años en ejecución. Para contrarrestar esta externalidad, en el Magdalena se logró acelerar la terminación de 283 unidades y la certificación de 210, mientras que en La Guajira se consiguió finalizar 140 viviendas y la certificación de otras 200. Otro logro significativo es el inicio de la construcción de 518 casas (Proyecto Jietka Wayuú), en el municipio de Manaure y del proyecto Balcones de Palaá, donde están previstas 560. El gobierno, a pesar de la situación fiscal, ha priorizado la política de vivienda como uno de sus pilares, pues de esta manera, se lograr mejorar el bienestar de la población de forma directa Finalmente, pero no menos importante, son los avances en la zona rural. En el Magdalena, en el periodo comprendido entre agosto 2018 y agosto 2019, se entregaron $1.800 millones en subsidios para 68 viviendas rurales terminadas y para el último trimestre del año se espera entregar $4.400 millones para 131 unidades adicionales. En los próximos tres años, se proyecta una inversión cercana a los $30 mil millones, la cual permitirá entregar más de 1.000 inmuebles. En La Guajira, entre agosto 2018 y agosto 2019, se entregaron $578 millones en subsidios para 35 viviendas rurales terminadas y para el último trimestre del año se esperan desembolsar $4.700 millones para 114 unidades adicionales. En los próximos tres años, se proyecta una inversión cercana a los $18.000 millones, lo que permitirá entregar más de 650 viviendas. Con lo expuesto anteriormente, no cabe duda de que estamos avanzando. El gobierno, a pesar de la situación fiscal, ha priorizado la política de vivienda como uno de sus pilares, pues de esta manera, se lograr mejorar el bienestar de la población de forma directa.

AVANCES EN MATERIA DE VIVIENDA Read More »

Mujer y oposición en Colombia

Por: María José Pizarro Rodríguez Representante a la Cámara por Bogotá Coalición Decentes – MAIS El 20 de Julio de 2018 tomamos posesión en esta curul de la Cámara de Representantes por Bogotá a nombre de la Coalición Decentes, esto después de una intensa campaña, de miles de voluntades y corazones inspirados en el sueño de mi padre y el de miles de hombres y mujeres que durante décadas han trabajado por un país distinto, una curul que también llena de esperanza a las nuevas generaciones, una curul que ganamos en un momento determinante para el país; por una parte nos estrenamos en el Congreso después de la firma del Acuerdo de Paz con las FARC y por otra, estrenamos Estatuto de la Oposición después de unas elecciones presidenciales en donde por primera vez en la historia de Colombia las fuerzas alternativas y de oposición alcanzamos 8 millones de votos, síntoma de que algo está cambiando en el país.  Ha transcurrido ya un año de nuestro ejercicio de oposición, por ello quiero referirme a lo que esto ha significado, haciendo con ello también, un ejercicio de memoria. Encontrándome aquí, en el Salón Elíptico del Capitolio como mujer, pienso en el duro camino que hemos tenido que recorrer; apenas en 1945 el Congreso de la República formuló una reforma a la Constitución con lo cual se logró el reconocimiento de derechos ciudadanos e igualdad de las mujeres con los hombres mayores de 21 años y apenas en 1954 se consiguió el voto femenino gracias a otra reforma constitucional, pero solo hasta el 1 de diciembre de 1957 se logró efectivamente el voto femenino en Colombia, curiosamente el único plebiscito que se había realizado hasta el 2 de octubre de 2016, cuando se llevó a cabo el Plebiscito por la paz, en el marco del proceso que se adelantaba entonces entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC.  Durante más de medio siglo nos hemos abierto camino, hemos avanzado en espacios en la economía, la academia, la vida pública y la política; por ejemplo, compitiendo junto con nosotras por esta curul para la Cámara de Representantes habían 637 aspirantes mujeres, pero solo 31 candidatas logramos un escaño, el mismo número que en 2014 y 11 más que en 2010. Son muchos los aspectos en los que aún nos falta avanzar, aspectos como el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias en sus hogares, en el trabajo y en general en la ciudad, así como el derecho a una sociedad libre de machismo y equitativa para todas nosotras.  Pero también desde aquí como mujer, pero mujer de oposición pienso en todo el camino recorrido para lograr el reconocimiento y las garantías para el ejercicio de la oposición en Colombia. Algunos dicen que el concepto de Estatuto de Oposición apareció por primera vez en el marco del debate sobre el Frente Nacional, sectores demócratas liberales y de izquierda que se oponían a este Frente defendieron la idea del control político y derechos para la oposición, sin embargo fueron derrotados y se impuso la idea de la “alternancia” y con ello el  régimen de exclusión que se extendió por décadas en el país, y que en cambio de conjurar la guerra abrió camino a nuevas confrontaciones, las mismas que llevaron al surgimiento del Movimiento 19 de Abril, esto después del fraude en las elecciones de 1970, movimiento del cual haría parte mi padre hasta la firma del acuerdo de Paz en 1990 y que llevó el 8 de marzo de ese año a la entrega de armas en Santo Domingo – Cauca, liderados por su comandante máximo y posterior candidato a la Presidencia de Colombia, Carlos Pizarro León Gómez. Sin embargo, la candidatura duró apenas 18 días, mi padre fue asesinado el 26 de abril de 1990 luchando en democracia por un país distinto y por una apertura democrática en Colombia. “Hoy somos oposición, ejercemoseste derecho y desarrollamosla propuesta que variasgeneraciones buscaron concretar,pero no queremos ser unaoposición a secas, trabajamospara ser una oposición comoalternativa de poder” La cosecha de aquellos años, de todas esas décadas de confrontación, fue la Constitución Política de 1991, con lo cual pasamos del Estado de Sitio de la Constitución de 1886 al Estado Social de Derecho y la garantía de los derechos humanos en la Constitución del 91. Entre los logros de la Asamblea Nacional Constituyente tenemos la figura de la tutela, la creación de instituciones como la Fiscalía General de la Nación y la Corte Constitucional, y otros grandes cambios como la libertad de culto, los derechos fundamentales, la democracia participativa, la descentralización y la elección popular de alcaldes y gobernadores; la carta magna también otorgó a los partidos políticos que no participaran en el gobierno los derechos de acceso a la información, uso de los medios de comunicación social del Estado, réplica frente a tergiversaciones o ataques públicos de los altos funcionarios, y participación en los organismos electorales. Sin embargo, pasaron más de 25 años y 11 intentos fallidos para que se promulgara la normatividad para estos derechos de oposición y fue gracias al acuerdo con las FARC que finalmente se logró la aprobación en el Congreso de dicho estatuto, el cual reglamenta los derechos de los partidos con personería jurídica que se declaren en oposición.  Es así como en este periodo legislativo hemos estrenado dicho Estatuto, el cual contempla entre otras cosas, espacio en el Senado y la Cámara para la fuerza política que resulte segunda en la elección presidencial, la financiación para el ejercicio de la oposición, acceso a los medios de comunicación social del Estado o que hacen uso del espectro electromagnético, acceso a la información y a la documentación oficial, participación en mesas directivas de plenarias de las corporaciones públicas de elección popular, garantía del libre ejercicio de los derechos políticos y tal vez la más conocida por la opinión pública, el derecho de réplica. Ya son dos réplicas las que hemos ejercido, y aunque falta aún la aplicación

Mujer y oposición en Colombia Read More »

La niñez no da espera

Por: Luz Marina Gordillo Concejal de Bogotá Partido Liberal De acuerdo con cifras del ICBF, durante el 2018, de los 1.225 casos registrados en el país, 255 ocurrieron en Bogotá. Aunque el Instituto indica que el índice bajó 14 %, en comparación con 2017, la situación es repetitiva en la ciudad, sobre todo para niños entre los 0 y los 5 años. En lo que va corrido de 2019 se han presentado seis casos, en los que las autoridades han rescatado 10 menores. Para la Policía de Infancia y Adolescencia, la constante es que los padres tienen que salir a trabajar, lo que los obliga a dejar a los niños solos por varias horas. Sin embargo, en otras circunstancias se van de fiesta o sencillamente descuidan a los pequeños por su dependencia al alcohol y las drogas. Sean cuales fueran las razones, resulta inadmisible que se presenten estos casos contra nuestros niños. A pesar de los esfuerzos por proteger a los menores y garantizar el cumplimiento de sus derechos, los impactos negativos que trae esta situación para su desarrollo son muchos. “Es hora de activar los mecanismos que permitan detectar de manera temprana y oportuna a las familias o las madres que están en alto riesgo de abandono, es decir, aquellas que están pasando por momentos difíciles de su vida” Hace un par de meses en Bogotá, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) anunció que dos niños de 6 y 10 años de edad fueron abandonados por su mamá, luego de que esta nunca llegó a recogerlos al colegio. Lo más insólito del caso es que, según pudo establecer la institución, la madre de los pequeños se encontraba viajando a Villavicencio. Hasta donde se pudo conocer, los menores fueron trasladados al Centro Zonal Santa Fe donde un defensor de familia realizó la valoración de la situación y determinó si los niños tenían o no, todas las garantías para regresar a su hogar de origen. Hechos como este se repiten frecuentemente en la capital del país, convirtiéndose así en la primera ciudad donde más casos de abandono se presentan y de la peor manera, pues van desde dejarlos solos en las calles, hasta abandonarlos en los hospitales cuando las madres recién dan a luz Por ejemplo, les cuesta establecer relaciones afectivas positivas, tienden a presentar sentimientos de baja estima o muestran desconfianza hacia padres, familiares o cuidadores. Generalmente rechazan o demandan excesiva atención o amor y están más expuestos a desarrollar enfermedades. Es hora de activar los mecanismos que permitan detectar de manera temprana y oportuna a las familias o las madres que están en alto riesgo de abandono, es decir, aquellas que están pasando por momentos difíciles de su vida.

La niñez no da espera Read More »

Las mujeres y los hombres, iguales en la política

Por: Norma Hurtado Sánchez Representante a la Cámara Partido Social de Unidad Nacional La lucha incansable y el liderazgo de las mujeres a través de los años es invaluable. Sin el rol activo y participativo que ellas desempeñaron, es muy probable que en esta época la reivindicación de los derechos humanos no se hubiere dado o no hubiese tenido la preponderancia que la caracterizó. Así, se vuelve menester hacer una reflexión sobre los avances alcanzados por las mujeres – y de la sociedad en pro de ellas- y en llamar la atención sobre la necesidad de un verdadero cambio en las políticas de género en todos los países. Es increíble pensar que luego de 74 años de la firma de la Carta de las Naciones Unidas, -siendo este el primer acuerdo internacional que consagra el principio de igualdad de género-, las mujeres sigan luchando para alcanzar esa igualdad efectiva en todos los aspectos de su vida; la desigualdad salarial y el acceso a oportunidades, solo por citar algunos ejemplos. Es tan preocupante que el liderazgo y la participación política de las mujeres están en peligro a nivel local y mundial. De hecho, Colombia puede ser uno de los países del mundo más peligrosos para ser mujer. En 2016, de acuerdo con los datos de la Corporación SISMA Mujer, ellas representaron más del 59% de los casos de violencia intrafamiliar; el 85,32% de los casos de violencia sexual y se convirtieron en el mayor porcentaje de víctimas de homicidios perpetrados por la pareja o ex pareja. “Como sociedad y Estado, debemos cerrar todas las brechas de género. Colombia debe ser referente internacional en las próximas elecciones. Nosotras hemos sido, somos y seremos el cambio” Hoy las mujeres tienen muy poca representación no sólo como votantes sino en los puestos directivos, ya sea en cargos electos, en administración pública, sector privado o en el mundo académico.  Contrastando con su indiscutible e innegable capacidad como líderes y agentes de cambio, y su derecho a participar por igual en la gobernanza democrática. Aún cuando los esfuerzos legales, académicos y sociales han sido muy significativos, hago un llamado muy especial, para que atendamos de manera prioritaria la adopción de nuevas leyes y la introducción de reformas constitucionales que permitan y garanticen un real acceso equitativo de las mujeres a las esferas políticas, como votantes, candidatas, representantes electas y funcionarias públicas. Como sociedad y Estado, debemos cerrar todas las brechas de género. Colombia debe ser referente internacional en las próximas elecciones. Nosotras hemos sido, somos y seremos el cambio.

Las mujeres y los hombres, iguales en la política Read More »

Colombia, el potencial es el mismo, si lo miramos diferente.

COLOMBIA, EL POTENCIAL ES EL MISMO, SI LO MIRAMOS DIFERENTE Karen Cure Representante a la Cámara Bolívar Cambio Radical Desde hace años en Colombia solo miramos el desarrollo desde la extracción de nuestros recursos naturales: petróleo, gas, carbón, oro, níquel y cobre. Sin embargo, en una mirada un poco miope, hemos dejado de mirar lo que rodea esos recursos naturales: bosques, ríos, montañas, lagunas, páramos y selva. Observar el mismo potencial de los recursos naturales de otra manera es la posibilidad de contribuir con el desarrollo responsable. Ahora que me han elegido como vicepresidente de la Comisión Quinta, que trata asuntos medioambientales, agropecuarios, del mar y mineros, mi responsabilidad es hacer visible que nuestro potencial es el mismo si lo miramos diferente. Porque de nada nos servirá extraer los recursos, si nos quedamos con los huecos de la extracción, la pobreza y la violencia. En cada pozo petrolero, en cada mina de oro, en cada socavón de carbón, hay un recurso más valioso que los minerales: el paisaje con su gente. Los ecosistemas y las comunidades que habitan esos lugares ricos en minerales, terminan siendo más ricos en ambientes increíbles y comunidades sanas que cualquier otro lugar del mundo. No digo que no explotemos nuestros recursos naturales; digo que promovamos el potencial de su gente y la belleza de nuestros paisajes. Costa Rica tiene mucho, pero mucho menos que nuestro territorio; sin embargo, es el país del ecoturismo. ¿Se imaginan si Colombia fuera así? Yo propondría como primer departamento ecoturístico a Bolívar. Visitantes que van por el río desde Magangué hasta Barranco de Loba contemplando la increíble ciénaga y el imponente paisaje hasta llegar a la serranía de San Lucas. Potenciaríamos las visitas a los corales del rosario, con recorridos que nos llevarían desde Barú hasta Isla Fuerte, frente a Tolú. Todo el canal del Dique sería una remembranza de los amores en tiempos del cólera. “Es hora de activar los mecanismos que permitan detectar de manera temprana y oportuna a las familias o las madres que están en alto riesgo de abandono, es decir, aquellas que están pasando por momentos difíciles de su vida” Yo me imagino un Bolívar así, de otra manera no. Sobre todo, porque sería la mejor herencia que les podría dejar a Juan y Luciana, un territorio que aprecia la riqueza natural, evita la violencia y reconoce el valor de su gente. Si solo eso bastara para que nuestros niños de Bolívar no se enfrentaran a la terrible explotación del turismo sexual cartagenero, o de la cruenta realidad laboral de las minas, o del hambre y la sed del desplazamiento, valdría totalmente la pena el haber llegado hasta el Congreso. El desarrollo basado en la contemplación y aminoración de los recursos naturales en su estado natural no solo es cuestión de economía, es cuestión de humanidad. Yo lo veo desde la protección de nuestros niños y familias; algunos lo ven desde los rendimientos financieros. Si todos lo viéramos como la oportunidad de heredarles un mejor país a nuestros niños, ese potencial natural sería visto de manera diferente.

Colombia, el potencial es el mismo, si lo miramos diferente. Read More »

Objeciones presidenciales a la Ley Estatutaria de la JEP: la discusión inconclusa

Por: Roosvelt Rodríguez Rengifo Senador de la República Partido Social de Unidad Nacional En la reciente discusión de las objeciones presidenciales a la Ley Estatutaria de la JEP, tanto en el Congreso como en los medios, se echó de menos la sencillez argumentativa para darle claridad a cuestiones procedimentales y de competencia que resultan ser, por referirse al principio fundamental de la separación de poderes, mucho más fundamentales que el propio contenido de las objeciones y de si estas se hicieron por razones de inconveniencia o de inconstitucionalidad. Así, quedó sin una respuesta plausible el principal interrogante: ¿ES O NO COMPETENTE el Presidente de la República para objetar una ley estatutaria revisada previamente su exequibilidad por la Corte Constitucional?  Esta competencia se dio por sentada sin mayores críticas, tanto por los defensores de los reparos presidenciales como por los detractores, aduciéndose a favor de esta tesis tanto la existencia de normas constitucionales (165,166,167 y 200), como dos sentencias de la Corte y un antecedente de objeciones por inconveniencia a un proyecto de ley estatutaria en el año 2014.  En general los soportes normativos se extrapolaron de las normas ordinariasdonde no cabe ninguna duda sobre la competencia presidencial para objetar por inconveniencia y/o inconstitucionalidad de los textos legales que salen del Congreso, sobre el cual el Presidente ejerce, y solamente sobre él, el control político a las leyes estatutarias, que por el trámite especial ordenado en la carta (artículo 153) se someten a una revisión previa de constitucionalidad que abarca tanto los aspectos formales -procedimentales de la formación de la ley como un juicio de valor sobre si se ajustan o no las normas superiores, incluyéndose dentro estas aquellas que dictó el Congreso para implementar el Acuerdo de Paz, como el Acto Legislativo 1 de 2017 que creó el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación Y No Repetición (SIVJRNR), lo que trae como resultado último una sentencia, que no es otra cosa que una orden Judicial, contenida en un texto que, a pesar de sus similitudes, dista mucho de ser el que salió del Legislativo. Así, se asimiló, en una rara y desconocida alquimia jurídica, el texto legal que sale del Congreso, de las plenarias de las cámaras, con el texto de la sentencia del proyecto de ley estatutaria que revisó la Corte Constitucional. Revisado por el alto tribunal, el texto de la ley declarado exequible es otro; no es el mismo que el aprobado por el Legislativo y esto no solamente por las normas que fueron declaradas inconstitucionales o simplemente condicionadas en su exequibilidad, sino por la interpretación que la Corte hizo de todo el trámite del proyecto y de su contenido. El texto que llegó al Presidente fue una sentencia judicial, que goza el estatus de cosa juzgada, que debe cumplirse y acatarse por los particulares y las autoridades públicas y que finalmente, respetando este estatus, debía convertirse en Ley de la República mediante la sanción y promulgación. Consecuencia de esta distinción, es que el texto que llegó al Presidente fue una sentencia judicial, que goza el estatus de cosa juzgada, que debe cumplirse y acatarse por los particulares y las autoridades públicas y que finalmente, respetando este estatus, debía convertirse en Ley de la República mediante la sanción y promulgación, según lo ordenado perentoriamente en el punto quincuagésimo del proveído. Si se hubiera actuado de conformidad, largas jornadas de vacua discusión le hubiéramos ahorrado a los colombianos.

Objeciones presidenciales a la Ley Estatutaria de la JEP: la discusión inconclusa Read More »

¿Cuál es la reforma a la justicia que necesitamos?

Por: Carlos Germán Navas Talero Representante a la Cámara por Bogotá D.C. Polo Democrático Alternativo En Colombia se ha convertido en un lugar común señalar que la justicia se encuentra en crisis, tanto por las denuncias de corrupción que involucran a sus diferentes actores (magistrados, jueces, partes y apoderados), como por la congestión de los despachos judiciales y la demora en la decisión de los procesos.  Todos esos factores inciden sobre la legitimidad del sistema de justicia, entendida como la percepción de sus usuarios y actores sobre su capacidad para resolver cumplida e imparcialmente las disputas sometidas a su conocimiento, la cual depende para alcanzarla del proceder correcto de los órganos que la conforman con respecto a todos los procedimientos establecidos en el ordenamiento jurídico.  En esa medida, la construcción de esa legitimidad implica no solo el reconocimiento sino la efectividad del derecho fundamental de las personas a la tutela judicial efectiva, que abarca la garantía de acceso a la jurisdicción, la razonable duración de los procesos y el cumplimiento efectivo de las sentencias, que no se pueden satisfacer sin la independencia efectiva del funcionamiento del poder judicial.  De acuerdo con lo anterior, la ética y la eficiencia de los jueces y magistrados y los de su personal de apoyo son factores fundamentales para que la justicia alcance legitimidad y para lograrlos el diseño institucional influye, positiva y negativamente, para alcanzar ese cometido.  Así, un sistema de justicia tendrá legitimidad si sus usuarios y actores advierten que sus reglas de organización y funcionamiento atienden tanto al ejercicio independiente de la función como a la oportunidad y efectividad de sus pronunciamientos. Iniciativas fallidas Ahora bien, en los últimos años las iniciativas gubernamentales y congresionales, que han resultado fallidas en su trámite, y la única que ha sido aprobada tuvo un severo revés en la Corte Constitucional, han estado centradas en el diseño constitucional de la institucionalidad de la rama judicial, y si bien ello es muy importante para la garantía del principio de separación de poderes y por ende del equilibrio y el control del abuso en el ejercicio del poder público, son cuestiones ajenas a los problemas que aquejan al ciudadano del común.  Se requiere por tanto de una decisión política del más alto nivel que limite la cantidad de programas de derecho y reduzca la oferta en función de las necesidades reales de la sociedad. En esa medida, lo que se tendría que entrar a resolver son los asuntos que le dan contenido y aplicación a la tutela judicial efectiva. A pesar de que los problemas relativos a la congestión y a la mora judiciales no son novedosos y más bien han sido una constante, y en el pasado reciente trataron de ser resueltos con el cambio en el modelo de procesamiento mediante la adopción de un esquema mixto que incorpora la impulsión del trámite por audiencias concentradas y el uso de la oralidad, parecería ser que, con el paso del tiempo, la congestión y las demoras han ido tendiendo a las mismas cifras que se tenían con el sistema procesal anterior, por lo cual habría que indagar si la respuesta a estos problemas está en el diseño institucional, que es lo que ha concitado la atención de las propuestas normativas para resolverlos, o si la solución hay que buscarla en otra parte. Acceso a la administración de justicia En relación con el acceso a la administración de justicia se hace necesario incrementar el número de operadores del sistema de justicia, lo que incluye a jueces, comisarios y defensores de familia, fiscales, conciliadores, inspectores de policía etc., y distribuir esas plazas adecuadamente dentro del territorio nacional en función de la demanda efectiva y no satisfecha con el número actual.  Ello significa que se tiene que hacer realidad la tantas veces postergada asignación presupuestal apropiada para la justicia, pero no enfocada únicamente desde la destinación específica para la rama judicial, sino desde el entendimiento sistémico de la problemática, que también incluye entidades y servidores públicos situados en la rama ejecutiva, pero que hacen parte del sistema de justicia, como los defensores de familia o los inspectores de policía. De allí que sea necesario realizar un inventario de la demanda no satisfecha de justicia por falta o insuficiencia de operadores, estimar los costos directos e indirectos que requeriría su creación y puesta en marcha y asignar los recursos presupuestales requeridos para cubrir este faltante.  De manera complementaria, la garantía de la razonable duración del proceso está íntimamente relacionada con la suficiencia del sistema para evacuar oportunamente las decisiones en función de la carga por despacho. Parte del desbordamiento en la capacidad de respuesta se resolvería con un mayor número de oficinas y operadores, pero también se podría contribuir a la disminución del número de asuntos que el sistema debe soportar con medidas como la desjudicialización de ciertos conflictos, la renuncia a la recurrencia al derecho penal como solución para la conflictividad social, la utilización eficiente de los recursos tecnológicos que podrán aplicarse con mayor intensidad en los trámites ante los operadores del sistema.  Pero sin duda un elemento central lo constituye el replanteamiento de la formación de los abogados y la evaluación del número de profesionales del derecho que la sociedad requiere. Así como Colombia es el segundo país con mayor nivel de desigualdad en el continente, solamente superado por Haití, situación que, sin duda, contribuye a la conflictividad que luego se judicializa, también es el segundo país del área con el mayor número de abogados por cada cien mil habitantes.  Sin duda el exceso de profesionales en derecho termina presionando el aparato judicial por una elemental razón de subsistencia. A ello se añade la formación del abogado enfocada en el conflicto como eje de la solución a los problemas. Se requiere por tanto de una decisión política del más alto nivel que limite la cantidad de programas de derecho y reduzca la oferta en función de las necesidades reales de la sociedad; que los programas existentes sean materia de un riguroso

¿Cuál es la reforma a la justicia que necesitamos? Read More »

Sobre la reforma a la justicia en Colombia

Por: Luis Fernando Velasco Chaves Senador de la República Partido Liberal El 14 de Mayo del 2017 el periódico El Tiempo publicaba los principales resultados sobre la demanda de justicia de los ciudadanos en un muy interesante capítulo que incluyó Planeación Nacional en la Gran Encuesta Nacional de Calidad de Vida que esta entidad realiza cada año: “Uno de cada cuatro colombianos que en los últimos años tuvieron que acudir al sistema judicial o a otro mecanismo para reclamar por alguna afectación a sus derechos lo hizo por problemas con el sistema de salud.” En los próximos días volveremos a debatir una reforma a la justicia. Cómo me gustaría que nuestros esfuerzos se concentren en resolver los principales y cotidianos problemas de los 45 millones de colombianos que pueblan todo el territorio. Respondieron 52.000 personas la encuesta, un universo bien interesante, en especial si tenemos en cuenta que la misma se desarrolló en todo el país. De los encuestados, el 10 % habían acudido al sistema, lo que estadísticamente se traduce en que en dos años, algo así como 3.4 millones de colombianos enfrentaron alguna necesidad en materia de justicia. A su vez, seis de cada diez personas encuestadas dijo que su problema no se resolvió, las más afectadas fueron las mujeres que de diez, sienten siete que no se les atendieron sus reclamos en demandas por problemas familiares, y si esa mujer es pobre, vive en la zona rural y hace parte de una comunidad étnica, la posibilidad de que logre una respuesta positiva a su reclamo puede ser cinco veces menor que el promedio nacional, resaltaba el informe periodístico. Al desagregar estas cifras, el informe concluye que la mala atención en salud es la principal causa de los reclamos, les siguen los problemas familiares, en tercer lugar las denuncias por delitos como hurto, después están los problemas entre vecinos y finalmente, la deficiencia en los servicios públicos. Cuando el señor presidente de la Comisión Primera del Senado me pidió un artículo sobre la justicia, confieso que acudí a mis viejos textos para encontrar en lúcidos autores definiciones e interesantes tesis, pero en medio de esa búsqueda encontré el artículo de El Tiempo con el cual inicio este escrito y ello me sirvió para hacerme una pregunta muy clara: ¿Quiénes tomamos decisiones legislativas, estamos conectados con lo que los ciudadanos esperan del servicio de Justicia por parte de su Estado?, la respuesta con mucho de autocrítica es no. En los últimos años nos hemos desgastado mucho tratando de mejorar el control que deben tener los altos magistrados de la rama (tema no menor), pero no hemos respondido con éxito a cómo resolver la demanda de un ciudadano que quiere ser atendido por el sistema de salud, y por ello dirigimos al ciudadano indefectiblemente ante un juez que ve cómo una deficiencia  administrativa se le convierte en un problema litigioso. Una de cada cuatro veces que un ciudadano se acerca a un juez, se acerca con una tutela en temas de salud. Si nosotros pensáramos en una salida como en su momento lo fue la Ley 1266 de 2008 (Habeas Data) para resolver pequeños conflictos en la sociedad, no solo estos se resolverían más eficientemente, sino que los jueces podrían dedicar más tiempo a temas más complejos que llegan a sus manos. Cuando a un ciudadano se le habla de impunidad seguramente pensará en temas relacionados con la gran corrupción, pero también y en mayor escala se acordará del amigo que fue atracado y no pasó nada o del robo del celular o bicicleta cerca de su propia casa sin que se haya capturado a los responsables. Una sociedad que todo lo que no puede resolver lo convierte en delito, es una sociedad que vivirá esclava del concepto de justicia como venganza, y es una sociedad proclive a llegar a la “justicia privada” que terminará ineludiblemente en violencia. Mecanismos alternativos para solucionar conflictos en materia civil y de convivencia, hacerle ajustes al Código Nacional de Policía, convertir mucho de lo que hoy es delito en contravención con la posibilidad de sanciones restaurativas o servicios comunitarios, pensar en estos casos incluso en retirar de las calles al que rompe el orden social, debería ser estudiado en el marco de unas políticas de seguridad en donde los alcaldes cuenten con mayor protagonismo y se recuperen inspecciones de policía permanentes que actúen 24 horas y tomen decisiones en procesos administrativos, orales y abreviados, con controles excepcionales por parte de jueces. Todo esto podría hacer que el ciudadano sienta justicia en su entorno. En los próximos días volveremos a debatir una reforma a la justicia. Cómo me gustaría que nuestros esfuerzos se concentren en resolver los principales y cotidianos problemas de los 45 millones de colombianos que pueblan todo el territorio.  

Sobre la reforma a la justicia en Colombia Read More »

Por un sueño de justicia…

Por: Esperanza Andrade Serrano Senadora Partido Conservador Teniendo en cuenta el momento coyuntural por el que está pasando el país, mediado por las recientes decisiones judiciales sobre el señor “Jesús Santrich” y por el escándalo del “Cartel de la Toga”, entre otros desafortunados sucesos; una profunda reforma a la justicia es un clamor ciudadano y una necesidad sentida de la nación, la cual debe incluir fórmulas que aporten mayor celeridad en aquellos casos que lesionan gravemente la confianza pública y la legitimidad de las instituciones, pero sobre  todo que proporcionen un mensaje de claridad y seguridad jurídica a los demás actores del sistema, y en general a todos los colombianos. Por ello, es imperativo que una reforma a la justicia incluya lo siguiente: Probidad, transparencia e integridad en la administración de justicia, en el sentido de garantizar que los jueces, y en especial los magistrados de las altas cortes, sean el referente ético de nuestra sociedad. En consecuencia, es pertinente y necesario eliminar las facultades electorales de las altas cortes y fortalecer el marco de inhabilidades para magistrados y altos dignatarios. Así mismo, es necesario generar reglas para evitar bloqueos institucionales, aumentar las medidas de protección de la confianza pública en las altas cortes, e incrementar los requisitos de experiencia para el cargo de magistrado. También toca establecer audiencias de confirmación para la elección de magistrados y otros altos funcionarios,  y que los Comisionados de Disciplina Judicial sean elegidos por la Rama Judicial y no por el Congreso. Debe haber períodos institucionales en los altos cargos del Estado y la agilización de los procedimientos contra funcionarios aforados ante la Cámara de Representantes. Por último, se debe permitir la suspensión por parte de la Sala Plena de la misma Corporación, a aquellos magistrados que con sus actos de corrupción puedan minar la confianza en la administración de justicia. La eficiencia, eficacia y calidad de la administración de justicia, se concretaría con la sustitución del Consejo Superior de la Judicatura por una nueva institucionalidad, especializada y cualificada para las labores que exige  la Rama Judicial, de la siguiente manera: Una Dirección General de la Rama Judicial, conformada por un Consejo Directivo y un Gerente, realizará las labores de gobierno y administración. Una Comisión de Carrera Judicial, conformada por comisionados con las más altas calidades jurídicas, y con requisitos de experiencia en cargos de la carrera judicial, encargada de elaborar las listas para candidatos a magistrado y administrar la carrera judicial. Todo esto, bajo la coordinación y articulación de una Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, que hoy existe por mandato legal. Por último, es necesario adoptar medidas de autonomía presupuestal para la Rama Judicial y ajustes específicos al sistema penal acusatorio para volverlo más eficiente. La Seguridad jurídica sería efectiva teniendo en cuenta las siguientes estrategias: establecer la función en las altas cortes de unificar la jurisprudencia y la facultad de seleccionar procesos para cumplir dicha función, con el propósito de evitar los llamados “choque de trenes”; regular la acción de tutela para que esta siga siendo un mecanismo inmediato de protección de los derechos fundamentales y no una tercera instancia de los litigios, ni una herramienta para el abuso del derecho. Definir la competencia y especialización de los jueces de tutela, y comunicar por las altas cortes sus sentencias cuando sean firmadas y no mediante comunicados de prensa. Después de 17 proyectos de reforma a la justicia fallidas y en medio de una evidente crisis de la justicia, consideramos de la mayor importancia apoyar un nuevo proyecto de ley que incluya todos estos temas tan transcendentales, estructurales y necesarios para efectivizar el propósito de avanzar en la consolidación de una justicia transparente, eficiente y de calidad…  uno de los anhelos más sentidos de nuestro país.  

Por un sueño de justicia… Read More »