
Por: Esperanza Andrade Serrano
Senadora Partido Conservador
Teniendo en cuenta el momento coyuntural por el que está pasando el país, mediado por las recientes decisiones judiciales sobre el señor “Jesús Santrich” y por el escándalo del “Cartel de la Toga”, entre otros desafortunados sucesos; una profunda reforma a la justicia es un clamor ciudadano y una necesidad sentida de la nación, la cual debe incluir fórmulas que aporten mayor celeridad en aquellos casos que lesionan gravemente la confianza pública y la legitimidad de las instituciones, pero sobre todo que proporcionen un mensaje de claridad y seguridad jurídica a los demás actores del sistema, y en general a todos los colombianos. Por ello, es imperativo que una reforma a la justicia incluya lo siguiente:
Probidad, transparencia e integridad en la administración de justicia, en el sentido de garantizar que los jueces, y en especial los magistrados de las altas cortes, sean el referente ético de nuestra sociedad.
En consecuencia, es pertinente y necesario eliminar las facultades electorales de las altas cortes y fortalecer el marco de inhabilidades para magistrados y altos dignatarios. Así mismo, es necesario generar reglas para evitar bloqueos institucionales, aumentar las medidas de protección de la confianza pública en las altas cortes, e incrementar los requisitos de experiencia para el cargo de magistrado. También toca establecer audiencias de confirmación para la elección de magistrados y otros altos funcionarios, y que los Comisionados de Disciplina Judicial sean elegidos por la Rama Judicial y no por el Congreso. Debe haber períodos institucionales en los altos cargos del Estado y la agilización de los procedimientos contra funcionarios aforados ante la Cámara de Representantes. Por último, se debe permitir la suspensión por parte de la Sala Plena de la misma Corporación, a aquellos magistrados que con sus actos de corrupción puedan minar la confianza en la administración de justicia.
La eficiencia, eficacia y calidad de la administración de justicia, se concretaría con la sustitución del Consejo Superior de la Judicatura por una nueva institucionalidad, especializada y cualificada para las labores que exige la Rama Judicial, de la siguiente manera: Una Dirección General de la Rama Judicial, conformada por un Consejo Directivo y un Gerente, realizará las labores de gobierno y administración. Una Comisión de Carrera Judicial, conformada por comisionados con las más altas calidades jurídicas, y con requisitos de experiencia en cargos de la carrera judicial, encargada de elaborar las listas para candidatos a magistrado y administrar la carrera judicial. Todo esto, bajo la coordinación y articulación de una Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, que hoy existe por mandato legal. Por último, es necesario adoptar medidas de autonomía presupuestal para la Rama Judicial y ajustes específicos al sistema penal acusatorio para volverlo más eficiente.
La Seguridad jurídica sería efectiva teniendo en cuenta las siguientes estrategias: establecer la función en las altas cortes de unificar la jurisprudencia y la facultad de seleccionar procesos para cumplir dicha función, con el propósito de evitar los llamados “choque de trenes”; regular la acción de tutela para que esta siga siendo un mecanismo inmediato de protección de los derechos fundamentales y no una tercera instancia de los litigios, ni una herramienta para el abuso del derecho. Definir la competencia y especialización de los jueces de tutela, y comunicar por las altas cortes sus sentencias cuando sean firmadas y no mediante comunicados de prensa.
Después de 17 proyectos de reforma a la justicia fallidas y en medio de una evidente crisis de la justicia, consideramos de la mayor importancia apoyar un nuevo proyecto de ley que incluya todos estos temas tan transcendentales, estructurales y necesarios para efectivizar el propósito de avanzar en la consolidación de una justicia transparente, eficiente y de calidad… uno de los anhelos más sentidos de nuestro país.