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¡Un exabrupto! ¡No se puede pretender comer carne y seguir tomando leche de la misma vaca!

Amylkar D. Acosta M Miembro de Número de la ACCE El doctor Jorge Humberto Botero, ex ministro de Comercio y actual Presidente de FASECOLDA levantó una polvareda con el dislate de su propuesta de privatizar a ECOPETROL, la joya de la corona del Estado colombiano. Sus argumentos para proponer la venta del 88.5% de las acciones de la Nación son traídos de los cabellos y a los colombianos le quedó la sensación de que esa película ya la vimos. Recordemos que la venta de ISAGEN se dio por descarte, en concepto del Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas la rentabilidad sobre la inversión de ECOPETROL era de 6.7% mientras que la de ISAGEN era de 2.4%. Además, “la rentabilidad sobre patrimonio que en 2012 para ISAGEN fue de 13% y en ECOPETROL de 22%”. Para concluir, axiomáticamente, que era más rentable invertir el producido de la venta de ISAGEN en la modernización de la infraestructura de transporte. De esta manera estaríamos cambiando un activo energético por dobles calzadas. A contrario sensu de lo que dijo el exministro, ‘que la propuesta no puede ser más oportuna’, considero que no puede ser más impertinente” Después se supo que los $5.8 billones que recibió la Nación por la venta de ISAGEN no se invirtieron en el programa de modernización vial, como se había dicho, sino que sirvieron para capitalizar a la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN). Como lo manifestó su Presidente Clemente del Valle dicha capitalización permitió “ampliar la capacidad de financiación, tanto en número de proyectos a financiar, como en el monto individual que se puede comprometer por proyecto”. Es decir, que la Nación sale en auxilio de los concesionarios de las vías de cuarta generación (4G), apalancándolos para el cierre financiero de los proyectos. Como lo acotó en su momento la Contraloría General, dichos recursos “serían otorgados a los inversionistas privados (léase concesionarios) con unas condiciones de crédito flexible”, además de advertir el riesgo de cambiar “un activo productivo” por otro “que tiene una rentabilidad difícil de cuantificar”. El Presidente de FASECOLDA nos viene con una propuesta similar, dice él que “no se trata de cambiar los mecanismos de obra pública, sino de generar recursos de financiamiento y de capital en los proyectos que deben ser recuperados por la Financiera de Desarrollo Nacional en el mediano y largo plazo”. Más de lo mismo, apoyándose en el sofisma de que “es obvio que es mucho más interesante, por los impactos sociales y económicos que genera, tener los recursos en vías que tenerlos en ECOPETROL”. Su planteamiento sólo se diferencia en que propone constituir un Fondo en el exterior, el cual trasvasaría el 50% de los recursos a la FDN, para, digámoslo sin rodeos, financiar a los privados y con el “flujo de ingreso” generado por el rendimiento del otro 50%, según él, se supliría los ingresos que hoy recibe la Nación por concepto de dividendos. Ahora, con el socorrido argumento de que “la inversión en infraestructura tiene una buena rentabilidad social y económica, no sólo rentabilidad financiera, Botero nos invita a “dar un ‘salto de canguro’ para volver a las tasas de crecimiento de antes” con su propuesta, pasando por alto que las mayores tasas de crecimiento del PIB “de antes” respondieron al largo ciclo de precios altos del petróleo, el carbón el oro y el ferroníquel, que se prolongó hasta mediados de 2014. El hecho de que el crecimiento potencial de la economía haya pasado del 4.5% al 3.5% y de que lleva tres años creciendo por debajo del mismo, sólo demuestra su enorme dependencia de la actividad extractiva y nada más. Y no va a crecer más, como por arte de birlibirloque, vendiendo a ECOPETROL. Ello es una falacia, pues bien se sabe, como lo dice el refranero popular lo que por agua viene por agua se va, de allí la urgencia de la diversificación de la economía, esta es la verdadera tabla de salvación de un crecimiento mayor y sostenido. Según el ex ministro, “hay que seguir el ejemplo de Noruega que ha podido aprovechar sus recursos naturales y promover el desarrollo económico de largo plazo” y resulta que Noruega mantiene el control sobre su empresa petrolera Statoil y, hasta donde sabemos, no se les ha pasado por la cabeza venderla. A contrario sensu de lo que dijo el ex ministro, “que la propuesta no puede ser más oportuna”, considero que no pudo ser más impertinente y, para utilizar el lenguaje futbolístico en boga, fuera de lugar. Según FASECOLDA, el Gobierno debería seguir las prácticas internacionales y “dejar al sector privado la realización de la producción de bienes y servicios, salvo en aquellas circunstancias en las que existan fallas de mercado”. Pero con esta frase sólo se busca embaucar a los incautos y tratar de justificar semejante exabrupto, como lo es tratar de vender, a tontas y a locas, el principal activo con el que cuenta la Nación con el espejismo de cambiar un activo por otro activo.

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Colombia, con esperanza para todos

Columnistas, Opinión / revistacg

Esperanza Andrade Senadora, Partido Conservador Todos tenemos una esperanza guardada a pesar de la adversidad; una esperanza que nos impulsa a continuar; una esperanza que nos invita a decirle a nuestros hijos que sí es posible un futuro mejor, que sí se puede soñar e ilusionarnos con un mejor país. Por eso ingreso al Senado con el firme propósito de contribuir al cambio que reclama Colombia, en representación del Partido Conservador. Y es que el conservatismo tiene el histórico compromiso con la equidad social y la defensa de la moral; encarna la justicia social y la solidaridad; la estabilidad, el orden y la autoridad; la libertad y los derechos fundamentales; el desarrollo, el progreso y el crecimiento de la economía. En esos preceptos se fundamentará mi labor legislativa. Lo digo convencida de que puedo cumplir. Tengo una extensa trayectoria de muchos años en lo público, que inició en el Concejo de Neiva y se complementó con mi paso por la Secretaría de Gobierno del Huila y la Gobernación en calidad de encargada, mientras en lo privado he desempeñado cargos relacionados con mi profesión de abogada del Externado. En lo personal, mi objetivo será enfocarme en la construcción de políticas públicas para la promoción, desarrollo y protección de la mujer y la familia; basada en el respeto, la solidaridad, igualdad y la no discriminación. Hoy, infortunadamente, tenemos muchas normas que se quedan en el papel. Esto no puede ni debe seguir ocurriendo, por lo que estaré haciendo un seguimiento permanente a su aplicación. Buscaré que en realidad funcione la Ley que tipifica el feminicidio como un delito autónomo y castiga con hasta 41 años de cárcel el homicidio de una mujer por razones de género. Vamos a fortalecer los mecanismos para prevenir cualquier tipo de violencia en su contra y de nuestros niños. Y es firme nuestro compromiso de impulsar el referendo que castigue con prisión perpetua a los violadores. “Colombia requiere reconstruir la verdad y confianza en la justicia social y política” Pero también tengo previsto otras iniciativas para avanzar hacia la prosperidad, tomando distancia de la corrupción. Por ejemplo, juventud libre de drogas y alcohol, con oportunidades y liderazgo. Presentaré un proyecto de ley para que se construyan centros de prevención y rehabilitación en cada municipio del país. Igualmente, reformas de la Ley del Primer Empleo, con fortalecimiento del emprendimiento e innovación, así como políticas que permitan la transparencia y su dignificación: Sí al voto obligatorio; no reelección de congresistas por más de dos periodos; financiación de campañas por cuenta del Estado y elecciones en un día hábil de la semana. También trabajaré por abrirle ‘campo’ al crecimiento del sector agropecuario, sinónimo de desarrollo social y paz. Con la creación de un fondo para terciarias; menor valor en los insumos agrícolas; recursos para brindar asistencia técnica a los pequeños productores y freno y control a los cobros jurídicos. Desde el Congreso impulsaré, además, el fortalecimiento del empresariado colombiano, sin maltratar a los trabajadores. La base de nuestra economía son las empresas, pero la carga tributaria es exagerada y limita el crecimiento empresarial. Como abogada, lucharé por una justicia social firme y segura. Es necesario una reforma estructural para devolverle su legitimidad. No más politización y clientelismo. La corrupción debe erradicarse. Ante todo, legislaremos en defensa de los ecosistemas estratégicos y velaremos por normas que protejan el Macizo Colombiano; ejerceremos control político para garantizar que el Estado ponga en cintura la minería ilegal y para que se apliquen las normas existentes que cuidan los animales y su entorno. En ese sentido, impulsaré la implementación de una cátedra animalista. En resumen, Colombia requiere reconstruir la verdad y confianza en la justicia social y política, es la gestión que nos proponemos cumplir en el nuevo Senado apoyando el Gobierno Nacional de Iván Duque y Marta Lucía Ramírez.

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La relación recíproca de la palabra y los sueños para seguir Re-Existiendo

Columnistas, MinAmbiente: Ambiente, Opinión / revistacg

Por: Diana Jembuel Morales Periodista Pueblo Misak. Comunidad de Juristas Akubadaura Las mujeres somos las dadoras de vida, las luchadoras para la vida colectiva territorial. Somos las que mantenemos, direccionamos, ordenamos, guiamos desde el caminar espiritual, como nuestra organización propia. Lo importante de este gran ciclo de vida es saber hablar a la hora que el pueblo pide que nos paremos con fuerza para seguir fortaleciendo nuestro proceso. Para el pueblo Misak Misak, originarios del suroccidente del departamento del Cauca y actualmente en siete departamentos del gran territorio colombiano, la naturaleza es nuestra madre y espíritu de vida, los elementos vitales del mundo y del cosmos. Este es parte integral de la tierra en el tiempo y espacio, nos dota de alimentos, sabiduría y de dignidad identitaria. Por esas razones nos conocen en el mundo de afuera como hijos de la palabra y los sueños. Desde nuestro vestido, que simboliza los colores vivos y profundos de nuestra madre tierra, van en nuestros tejidos las enseñanzas de nuestras abuelas –shuras- y madres que comparten de generación en generación, el saber conocer, manejar e interpretar la relación recíproca de la palabra y los sueños, donde constantemente mantenemos la fuerza de la comunitariedad. Las mujeres somos las dadoras de vida, las luchadoras para la vida colectiva territorial. Anteriormente era el hombre quien estaba en el poder desde la parte organizativa propia del pueblo, pero desde el año 2005 se dio paso a nombrar a la primera vicegobernadora: Mama Barbaba Muelas. Hemos venido marcando la verdadera historia, no solo en el territorio de origen, sino también en otros espacios como es la academia; las mujeres están logrando ser las voceras y no únicamente del pueblo al que pertenecen. Ya la visión y las luchas son colectivas, de aprender y desaprender para que estas se den desde cada una de ellas por y para los pueblos originarios. Actualmente las mujeres tienen un papel muy importante porque se han formado desde el pensamiento colectivo de una lucha social, de exclusión, siendo actoras en la defensa de los derechos humanos, para una vida digna y libre de violencia. Uno de los grandes logros es que ya tenemos el poder de la palabra desde la memoria histórica, desde el proceso organizativo propio, desde el mayor proceso que es la espiritualidad, desde métodos académicos complementarios, y todo esto se une en un solo tejido colectivo que es la comunitariedad. En la sociedad actual no solo la mujer Misak Misak, sino todas las mujeres vamos caminando desde un gran tejido para la humanidad, porque sabemos y somos las dadoras y sembradoras de vida. Donde la memoria de las luchas nos duele, pero ese dolor se convierte en una fuerza interna que transforma a una colectividad histórica para seguir liderando y contando la realidad de nuestro país, que sembramos con dolor, pero parimos con fuerza de un cambio, que no será ahora, pero llegará.

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Hay que proteger a nuestros líderes sociales

Actualidad, Columnistas, Gobierno, Opinión, Paz, Posconflicto, Senado / revistacg

Por: Hernán Andrade Presidente del Partido Conservador Como presidente del Partido Conservador, hago un llamado urgente al Gobierno Nacional para que se protejan la vida, la integridad y los derechos de todos los líderes sociales, comunitarios, campesinos, y políticos del país, y que se ponga especial énfasis en la protección de aquellos que residen o trabajan en zonas de especial nivel de riesgo, y de aquellos que ya han sido víctimas de amenazas o intimidaciones. Colombia no puede seguir asistiendo a esta horrenda cadena de noticias de violencia. A toda persona se le debe garantizar su derecho fundamental a ejercer sus actividades de liderazgo social, comunitario y político, en toda parte del territorio nacional, y garantizar que pueda hacerlo sin riesgo para su integridad y su vida. Y esta garantía no debe conocer color político ni orientación ideológica: todos los líderes, de todas las tendencias y todas las ideas, deben gozar de iguales garantías para el ejercicio de su labor social y comunitaria. “Colombia no puede seguir asistiendo a esta horrenda cadena de noticias de violencia. A toda persona se le debe garantizar su derecho fundamental a ejercer sus actividades de liderazgo social, comunitario y político”. Personalmente apoyé la negociación de paz, como lo hicieron muchos otros miembros de este Partido. Hoy tenemos la convicción de que esta fue la decisión correcta. Pero mucho alertamos al Gobierno de la necesidad de copar con su autoridad legítima e institucional todo el territorio del país, para que se impidiera el surgimiento de nuevas formas de violencia organizada, alimentadas por la creciente actividad de narcotráfico, sobre la cual hemos advertido y seguiremos advirtiendo. El Partido Conservador Colombiano expresa su solidaridad y sus más sinceras condolencias a las familias de los líderes sociales asesinados, y pide al Gobierno Nacional que les brinde rápidamente la protección que requieran.

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La desatención a la política social en Barranquilla nos está pasando factura

Actualidad, Caribe, Columnistas, Gobierno, Opinión, Senado / revistacg

José David Name Cardozo Senador de la República Partido de la U En los últimos años, Barranquilla se ha posicionado como una ciudad líder en materia de crecimiento, no solo en el Caribe sino en toda Colombia, siendo ejemplo para muchos por sus importantes avances en infraestructura, uno de los sectores en los que más se ha destacado. Obras como la Avenida del Río, la recuperación de los parques, la canalización de los principales arroyos le han cambiado la cara a la ciudad. Sin embargo, la administración distrital durante años ha dejado un gran vacío en el tema de inversión social, que hoy nos está pasando una factura muy alta por la grave problemática de violencia juvenil que se vive en los distintos sectores de Barranquilla. Al comparar el destino de las inversiones entre 2008 y 2016, Fundesarrollo y Barranquilla Cómo Vamos encontraron que los sectores de educación y salud tuvieron mejoras significativas en capacidad instalada, pero con poca asignación en programas sociales, que son necesarios en una ciudad como la nuestra; con altos índices de pobreza y receptora de familias con necesidades. La falta de políticas sociales efectivas han multiplicado los problemas de violencia, microtráfico y hurto en la ciudad; las pandillas juveniles se han fortalecido creando terror en los barrios del suroccidente y suroriente, donde cada día hay más temor de salir a la calle por los homicidios, los atracos y los ataques al Transmetro que a diario provocan los jóvenes. Necesitamos una política pública de juventud que se haga con vigor y compromiso sobre la base de que no se trata del futuro sino de un presente en riesgo para la sociedad y los individuos, invertir en esta generación constituye uno de los pilares centrales para avanzar en un proceso de desarrollo que debe tener como horizonte la igualdad. La escasa participación democrática como característica actual de la gestión pública en el Distrito y las pretensiones de una juventud que si bien se margina de la actividad política tradicional y poco participa en los ámbitos de decisión en los temas claves, pero que sí se considera sensible a las demandas de equidad y justicia social, requieren de acciones que traduzcan al escenario positivo ese deseo de participación que quieren tener nuestros jóvenes en la sociedad. Necesitamos una política pública de juventud que se haga con vigor y compromiso sobre la base de que no se trata del futuro sino de un presente en riesgo para la sociedad y los individuos. En Barranquilla, no han operado los instrumentos para una ciudadanía joven, estamos atrasados en la difusión de la ley 1885, que tiene como objetivo el empoderamiento de la juventud con espacios que le hagan ser ciudadanos de primera y no marginales que recurran a actos de vandalismo u otras expresiones de ilegalidad. Los esfuerzos que realiza la Policía Metropolitana para combatir las pandillas deben ir acompañados de una política social orientada a la familia, los niños y la juventud; la apuesta de Barranquilla debe ser la de convertirse en una ciudad integral, que sea un ejemplo verdadero para todo el país. El cemento y la infraestructura no lo es todo, de nada nos sirve tener una ciudad llena de edificios, con arroyos canalizados o parques remodelados si lo que reina es la inseguridad y la violencia, en medio de una sociedad destruida. Nuestro llamado es que se tenga como prioridad la acción hacia esta población vulnerable como remedio, pero también como prevención. No le sigamos dando la espalda a los problemas sociales que por la desatención se nos están saliendo de las manos.

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La verdad sobre la ley de páramos

Columnistas, Gestión, Opinión, Senado / revistacg

Carlos Alberto Baena Presidente del Movimiento Político MIRA La reciente ley que garantiza la preservación, conservación y regeneración de los páramos en Colombia, fue aprobada por el Congreso de la República. La iniciativa que el Partido Político MIRA presentó en su momento contó con el respaldo de senadores y representantes de diferentes bancadas para salir adelante. Su propósito consiste en señalar los páramos como ecosistemas estratégicos. Fijar esta característica permite establecer directrices gubernamentales que protejan su integralidad, los preserven, restauren cuando sea necesario, se aprovechen como fuente para la generación de conocimiento y si se pretende establecer algún uso en ellos, se garantice que este sea sostenible. La nueva ley entiende los páramos en su calidad de territorios de protección especial, que integran componentes biológicos, geográficos, geológicos e hidrográficos, además de variados aspectos sociales y culturales. La nueva ley entiende los páramos en su calidad de territorios de protección especial, que integran componentes biológicos, geográficos, geológicos e hidrográficos, además de variados aspectos sociales y culturales. Por otra parte, se determina la generación de planes de manejo ambiental en las zonas de páramo, que están en el deber de incluir, como parte activa, a las poblaciones que habitan las regiones comprometidas. Otro punto clave es la delimitación geográfica de los páramos, una medida que sirve para minimizar las prácticas que atentan contra el ecosistema. De esta forma, las autoridades quedan en capacidad de ejercer mayor control, para garantizar su protección y la de los beneficios ambientales que de ellos se derivan. Sin embargo, la ley va aún más lejos porque reconoce que hay actividades legítimas que se desarrollaban en zonas de páramos, pero que, por estar al interior del ecosistema protegido, no se podrán practicar más adelante. ¿Quién tomó esta decisión? La Corte Constitucional en sentencias de años anteriores. ¿Qué hizo el Congreso al aprobar la ley de páramos? Crear alternativas de protección económica y laboral para las familias que puedan resultar afectadas. Entonces, ¿qué mecanismos previó la nueva ley de páramos? Ella señala que deben existir programas de sustitución y reconversión de las actividades, ahora prohibidas, por medio de los cuales los habitantes tradicionales de los páramos que las ejercen cuenten con oportunidades de trabajo claras y concretas que, en consecuencia, permitan conservar sus niveles de ingresos, para que no se ponga en riesgo la calidad de vida que ahora poseen. La verdad es que la ley sí es herramienta y solución para múltiples problemas ambientales, económicos y sociales, que están asociados a los páramos.

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¿Por qué no reconocer el liderazgo de las mujeres en Colombia?

Actualidad, Columnistas, Opinión / revistacg

Sandra Ortiz Senadora de la República Estoy convencida de que el problema de la equidad de género es la falta de educación y es claramente un inconveniente de antaño, que sigue afectando a las sociedades. Por ejemplo, mientras en las empresas aumentan las posiciones de liderazgo, la presencia de mujeres en esos campos disminuye de manera notable. La brecha salarial en Colombia entre hombres y mujeres hasta 2016 es del 11 %, sin embargo, las mujeres desempeñamos las mismas funciones. El segundo ranking de equidad de género en las organizaciones en Colombia, arrojó cifras que demuestran que estamos avanzando, sin duda, pero a pasos muy lentos. Esta información es recopilada entre 104 organizaciones públicas y privadas y muestran que sólo el 29,8 % de las empresas cuentan con políticas claras de equidad de género y diversidad, mientras el 58,7 % dijo contar con un protocolo de prevención y acompañamiento ante casos de acoso sexual o laboral. “mi lucha no es a favor de las mujeres, es a favor de la igualdad y la equidad” El dato más significativo, desde mi punto de vista, que nos deja esta encuesta es que el 46,3 % de los trabajadores de las organizaciones encuestadas son mujeres y solo el 34 % ocupan cargos de alta dirección, y es aquí donde nos debemos detener a discutir el por qué se les niega a las mujeres la posibilidad de llegar a estos importantes cargos, ¿es acaso que ser mujer, con todo lo que conlleva, es un limitante en nuestro desarrollo profesional? Según un informe de ONU Mujeres, “las mujeres en Colombia están más desempleadas que los hombres”, la tasa de desempleo nacional presenta una brecha superior a los 8 puntos porcentuales. Paradójicamente, 58 % de quienes se gradúan en educación superior son mujeres, lo que indica que estamos perfectamente preparadas para vincularnos al mercado nacional. Pero pareciera que la educación no es garante de futuro en las niñas y mujeres del país. Es por estas y muchas más cifras y razones que las políticas públicas y las leyes en este país deben ir cargadas de una alta dosis de equidad, para generar oportunidades y bienestar para todos los colombianos por igual. Por eso mi lucha no es a favor de las mujeres, es a favor de la igualdad y la equidad, lo que se traduce en visible progreso del país. Los países con mayor equidad mejoran potencialmente su calidad de vida y su economía. Las mujeres necesitan saber que no están solas y que pueden hacer lo que se propongan, y para esto el Estado debe garantizar que no existirán piedritas en el camino.

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¿Qué pasa con las especialidades médicas en Colombia?

Columnistas, Opinión, Salud / revistacg

Por: Rafael Eduardo Palau Salazar Representante a la Cámara por el Valle del Cauca, Partido de la U Tal como lo indica el Observatorio de Talento humano en salud: “No hay evidencia que sugiera exceso de oferta en alguna de las especialidades médicas en Colombia. Por el contrario, los estudios y la información disponible indican que la oferta de este talento humano no satisface la demanda de los servicios especializados y que los indicadores de disponibilidad están por debajo de países de similar o mayor desarrollo“. Pero, uno se queda sin entender dónde está el problema y quien da la solución, esto es: la pescadilla que se muerde la cola, pues, según el Ministerio de Salud: “Colombia no tiene totalmente cubiertas las necesidades de médicos en ninguna de las áreas de especialización. Esto se explica por el crecimiento de la demanda de servicios especializados, generados por aseguramiento universal, la actualización y unificación de los planes de beneficios, la baja capacidad resolutiva de los equipos de salud de los primeros niveles de atención, entre otros factores”. El panorama al que se enfrentan cada año los médicos generales del país cuando aspiran a especializarse es preocupante, pues, se encuentran con una realidad que nada tiene que ver con las otras profesiones diferentes a la medicina. Cualquier profesional de este país puede aspirar fácilmente a una especialización, en cualquier universidad, siempre y cuando sea admitido por la respectiva universidad que la oferta, independientemente de si tiene una beca o el dinero para pagar el costo de la misma, pero, esta suerte no la tiene el médico (vulnerándole los derechos constitucionales a desarrollar su profesión, arts. 16 y 26 CP). Cada año, pueden graduarse alrededor de 5.000 médicos, que no pueden “soñar” con tener una especialización como cualquier otro profesional en Colombia. En el país existen inscritas ante el Ministerio de Educación Nacional 496 especializaciones médicas ofrecidas por las facultades de medicina del país; sin embargo, de los cupos que ellas tienen inicialmente asignados y aprobados en las resoluciones del MEN, ofertan los cupos que a su criterio y “autonomía universitaria” quieren procurar cada año. En las facultades de medicina del país se ofrecieron en el primer periodo del 2017: 149 especialidades médicas, en las cuales observamos, por ejemplo: en ochenta y ocho (88) especializaciones recibieron solo de a un (1) estudiante y en quince (15) especializaciones fueron aceptados de a dos (2) estudiantes. “Cada año, pueden graduarse alrededor de 5.000 médicos, que no pueden “soñar” con tener una especialización…” En el año 2016 contábamos con 49.021.139 habitantes y solo 23.305 especialistas médicos, distribuidos así: Medicina interna: 3.280; Pediatría 3.141; Anestesiología 3.000; Ginecología y traumatología 2.094; Cirugía general 1.843; Ortopedia y traumatología 1.269; Oftalmología 1.117; Radiología e imágenes diagnósticas 1.069; Psiquiatría 938 y Otras 5.554. Ahora bien, estos datos son estimativos, cada ministerio tiene y maneja sus bases de datos que no están 100% actualizados por ellos, quedando demostrado que no existe en el país un censo real. Adicionalmente, las solicitudes de registro calificados para programas de especializaciones médico-quirúrgicas desde el año 2014 al 2017 va decreciendo; sin embargo, de las presentadas del 2014 al 2017, se aprobaron en el 2014 un 30% de las solicitudes, en el 2015 el 45,9%, en el 2015 un 72,8% y en el 2017 se encuentran en trámite el 95%. Revisado el trámite para solicitar la apertura de una especialidad médica, ante los Ministerios de Salud y de Educación Nacional, éste, no es difícil de cumplir y obtener por parte de las universidades; no siendo impedimento para que los médicos que se inscriben y ganan los exámenes de admisión, puedan ser aceptados, pues, no dependen de nuevas resoluciones el MEN, sino de decisiones de terceros, que, al parecer, tienen más poder que los mismos rectores, decanos, y hasta ministros. Tenemos conocimiento de que muchas facultades de medicina quieren abrir cupos para nuevos y diferentes especialistas, para lo cual, abren su pensum, citan a los profesores para enseñar en las diferentes especialidades, pero, una vez el profesor acepta dar sus clases, recibe presiones de “alguien”, siendo éstas las verdaderas talanqueras para que en Colombia no hayan más especialistas, pues, unos pocos médicos quieren hacerse con los excelentes honorarios que genera su especialidad, primando su ambición y corrupción antes que las necesidades y anhelos de los médicos por especializarse y del sistema de salud por tener más expertos. Consecuencias lógicas de esta realidad: alta emigración de profesionales para especializarse en otros países, a muy altos costos, algunos cayendo en tentación de hacer cursos cortos en el exterior que posteriormente no van a ser homologados o van a caer en redes de corrupción para lograr permisos que les permitan ejercer, o en el peor de los casos, desempeñarse como tales, sin permisos ni garantías para los pacientes, poniendo en riesgo los mismos, mención especial exige en la especialidad de cirugía estética o reconstructiva. Por todo lo anterior, se requieren acciones oportunas y eficientes de todas las instituciones que hacen parte del entramado de las especializaciones médicas, para derrotar los fantasmas que no dejan ejercer el derecho a desarrollar su profesión a los jóvenes médicos colombianos.

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La JEP, en el centro del debate político

Columnistas, Opinión / revistacg

Guillermo García Realpe Senador, Partido Liberal En los últimos días la ciudadanía de nuestro país y los medios de comunicación en particular han registrado la negativa de varios senadores y de senadoras que se han opuesto a la aprobación del proyecto de Ley por medio del cual se implementa la Justicia Especial para la Paz (JEP) . Es un pulso, así se ha manifestado, entre el actual Gobierno y los senadores afectos al nuevo Presidente, el doctor Iván Duque. Por supuesto, aquí también se han sumado antiguos miembros del Partido de la U, del Partido Conservador, Cambio Radical y algunos del Partido Liberal. Esta circunstancia agrava lo que hoy está demandando el país, claridad en los procedimientos de los tribunales de la Justicia Especial para la Paz, de sus magistrados. Ha habido mucha crítica de que el tema de Jesús Santrich, por ejemplo, no ha tenido la suficiente claridad y precisamente ese proyecto de Ley ayuda a dar claridad sobre las tareas de la JEP. Por eso, no se justifica lo que hoy están promoviendo algunos sectores en oponerse a la implementación del proceso de Paz. “…vivimos más de cinco décadas buscando la paz con la principal guerrilla colombiana y ahora que la tenemos no la valoramos” Tampoco se entiende la posición negativa o de ausentarse del debate de parlamentarios que apoyaron durante ocho años el proceso de paz, votaron por el Sí en el plebiscito, aprobaron los proyectos de ley o los proyectos de acto legislativo, por ejemplo, alrededor de participación política de los desmovilizados, del mismo proyecto o Ley Estatutaria de creación de la Justicia Especial para la Paz; siempre apoyaron y ahora no quieren hacerlo con la reglamentación que prácticamente es un acto complementario y procedimental. Lo central fue la creación mediante acto legislativo y Ley Estatutaria que creó la jurisdicción, que hoy existe; han sido nombrados sus magistrados, están administrando justicia, lo que hoy demanda reglas de juego para el procedimiento hacia adelante. Ellos están dictando su propio reglamento y tienen competencia para eso, pero el Congreso debe dar una ley, marco de esos procedimientos. Entonces, hoy ya existe lo central que es la Jurisdicción Especial para la Paz, lo marginal o lo complementario es esta ley de reglamentación, por lo tanto, tampoco se justifican las negativas. Por un lado, como se manifiesta de alguien que apoyó política y jurídicamente en el Congreso durante ocho años para después empezar a negar el complemento. En segundo lugar, no hay razones jurídicas estrictas porque lo central está aprobado y está funcionando. Lo que debemos hacer los ciudadanos colombianos es levantar nuestra voz para que el Senado de la República le dé vía libre a la reglamentación de la JEP, porque la Cámara ya lo aprobó, es más, ese es otro argumento adicional, que la Cámara ya superó ese escollo. Ahora, está el espacio en el terreno del Senado de la República, por lo tanto, esa es nuestra posición, que debemos seguir implementando el proceso de paz para superar la crisis que hoy tiene. En las últimas horas, el Presidente de la Corte Constitucional, Alejandro Linares, se pronunció de manera clara, manifestando que la reglamentación de la Ley Estatutaria puede hacerse de manera inmediata sin esperar que finalmente salga el análisis de constitucionalidad de la Ley Estatutaria de la Justicia Especial para la Paz, con esto no hay ningún pretexto de tramitar en los próximos días en el Senado de la República la aprobación de la reglamentación de la JEP. No podemos retroceder ni un centímetro en lo que a temas de paz se refiere, vivimos más de cinco décadas buscando la paz con la principal guerrilla colombiana y ahora que la tenemos no la valoramos, por eso el gran reto es mantenerla en el tiempo de una manera integral, efectiva y duradera.

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Colombia produce más abogados que carros ensamblados

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Por: Germán Navas Talero Representante a la Cámara por Bogotá, Polo Democrático Alternativo Nuestro país ocupa -según la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ)- el segundo lugar en el mundo con más abogados en relación con su población. Esto genera, entre otros problemas, desempleo, bajos salarios y una proliferación de egresados dudosamente capacitados para ejercer a cabalidad la profesión. Y si hay muchos abogados es porque también hay muchas facultades. Para el 2011, la misma CEJ calculaba que en Colombia había alrededor de 70 facultades de Derecho, la mayoría de ellas con registro calificado y solo una minoría con acreditación de alta calidad. Para este año, según un dato extraoficial del propio ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, la cifra podría llegar a las 140 facultades, aumentando considerablemente la oferta de profesionales en este campo. Hoy, como dice la canción, “no hay cama pa’ tanta gente”. Semestre a semestre están saliendo miles de abogados, algunos en busca de asesorar grandes compañías y otros con la intención de defender a uno que otro cliente. Pero la situación no es nada esperanzadora, cientos de esos egresados salen a cruzarse de brazos porque no hay empleo para tantos. Y si hablamos del aspecto salarial, el panorama tiende a oscurecerse. El salario de un abogado recién egresado es de los más bajos de la región, por debajo de Costa Rica, Argentina, Brasil y Chile, según un artículo publicado el año pasado en el diario El Espectador, titulado “Colombia, el segundo país con más abogados en el mundo”. Quizá por ello se vean hoy ‘abogados’ llevando procesos a cambio de una nevera o un horno microondas. Como si lo anterior fuera poco, se debe tener en cuenta la calidad de quienes están egresando de esas Facultades. Uno de los problemas más graves del país recae en la debilidad de su sistema judicial, derivado en buena medida por la pésima preparación por parte de quienes están egresando como abogados. Muchos de los errores en materia judicial en la actualidad son ocasionados por vacíos en la formación; y eso es mucho más preocupante que cualquier otro aspecto. “quien aspire a contar con la tarjeta profesional de abogado, deberá acreditar, además de los requisitos exigidos actualmente, la certificación de aprobación de este nuevo examen”. Precisamente, frente a este último punto, presentamos a consideración del Congreso el proyecto de ley 312 de 2017 Cámara – 095 de 2016 Senado “Por la cual se dictan disposiciones relacionadas con el ejercicio de la profesión de abogado”. Iniciativa parlamentaria que pretende implementar un examen de Estado para quienes aspiren a obtener la tarjeta profesional de abogado. Es que -como lo señalamos dentro de la argumentación del proyecto- la práctica de esta profesión entraña un riesgo social, teniendo en cuenta la relación que existe entre la justicia y su posible afectación a terceros, lo cual implica la responsabilidad del Estado con el fin de garantizar la idoneidad de quienes la ejercen. Así, es deber del Estado velar porque la calidad del abogado sea la mejor, y por ende propusimos un examen con el ánimo de fortalecer la profesión, el cual estaría a cargo del Consejo Superior de la Judicatura y sería requisito para la expedición de la tarjeta profesional. Para los congresistas autores de este proyecto, Germán Varón, Angélica Lozano, Carlos Abraham Jiménez, Eduardo Molina, Rodrigo Lara y quien escribe estas líneas, ese examen es necesario, puesto que con él, el Estado podría llegar a establecer un nivel de calidad para todo aquel que aspire a litigar, porque no es justo que el abogado venga a aprender con su cliente. El proyecto ya fue conciliado por las cámaras legislativas y, gracias a que cuenta con el beneplácito del ministro Gil Botero, tenemos la firme esperanza de que se convierta en Ley de la República. De ser así, quien aspire a contar con la tarjeta profesional de abogado, deberá acreditar, además de los requisitos exigidos actualmente, la certificación de aprobación de este nuevo examen. Pero dicha prueba solo aplicaría para quienes inicien la carrera de Derecho después de la promulgación de la norma. Este tipo de iniciativas quizá preocupe a las llamadas “universidades de garaje”. A las serias no debería preocuparles, pues esto es prueba de su buen nivel. Sabemos que ya existe un examen que mide la calidad de las instituciones, lo que se requiere es algo más específico, midiendo ahora la calidad del profesional.

Colombia produce más abogados que carros ensamblados Read More »