A sentencia “anticipada” litigio de Thomas Greg contra Cancillería por licitación de pasaportes
La demanda de la empresa Thomas Greg contra la Cancillería colombiana, tendrá a partir de ahora intervenciones de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, esta situación podría acortar los tiempos de emisión de sentencia. El anuncio fue hecho por la magistrada Bertha Ceballos de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, según la entidad luego de desestimar algunas pruebas solicitadas por la Cancillería, se podría llegar a una sentencia anticipada. Unión Temporal de Pasaportes Recordemos que todo inició con la demanda que la Unión Temporal Pasaportes 2023, conformada por la multinacional Thomas Greg & Sons, en su mayoría, interpuso una solicitud de anulación del acto administrativo con el que el Gobierno declaró desierto el proceso de licitación para asignar a una empresa la tarea de elaborar los pasaportes nacionales. Mientras la Cancillería se negaba a entregar el contrato para los documentos a la empresa Thomas Greg, que ya llevaba varios años como encargada. A comienzos del presente año José Antonio Salazar, quien para el momento era el secretario de la Cancillería, tumbó ambos documentos y echó a andar, de nuevo, la licitación. Ante este panorama ocurrió la intervención del Primer Mandatario Nacional Gustavo Petro Urrego quien pidió la renuncia del alto funcionario. Posteriormente en el mes de junio una resolución terminó revocando todo lo que el exfuncionario hizo en función de la polémica contratación. La demanda siguió adelante y el Tribunal Administrativo la admitió el pasado mes de abril. Testimonios inconducentes e inútiles Posteriormente el Tribunal determinó que los testimonios que el Ministerio de Exteriores solicitó excusar “son inconducentes e inútiles”. “Su objeto se refiere a los antecedentes de la licitación pública que ya obran en el expediente y a los aspectos técnicos de los pasaportes electrónicos”. Sentencia anticipada Finalmente, ante este panorama la sentencia podría condenar al Estado si se comprueba, como lo advirtió Thomas Greg & Sons, que el Gobierno habría esgrimido falsos motivos para abusar de su poder y anular ilegalmente el proceso de licitación. Entre otras cosas la empresa pide un restablecimiento del derecho de más de $115.000 millones.
