mayo 31, 2026

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AVANCES EN MATERIA DE VIVIENDA

Por: Honorio Miguel Henríquez Pinedo Senador de la República Centro Democrático Como es de amplio conocimiento, el Plan Nacional de Desarrollo es la hoja de ruta para el cuatrienio 2018-2022, pues allí quedaron plasmadas las principales metas del gobierno. Una de las más ambiciosas es la política de vivienda, que buscar reducir el déficit cuantitativo de 5,22% al 4% en zonas urbanas, al igual que el cualitativo del 9,75% al 8,5%. También bajarlos del 51,6% al 48,2% en el área rural. Para lograr lo anterior, se han diseñado estrategias y programas ambiciosos pero realizables. El primero de ellos es “Casa Digna Vida Digna”, iniciativa que promueve la tenencia formal de predios apoyando la titulación de estos; acceso a servicios públicos a través de conexiones intradomiciliarias, así como intervención por etapas mediante la transformación de viviendas y el mejoramiento del entorno. La meta son 600 mil mejoramientos habitacionales, de los cuales 225 mil corresponden al Ministerio de Vivienda y los restantes al DPS y al Ministerio de Agricultura. En este programa, se escogieron 12 ciudades participantes para el año 2019, siendo Santa Marta y Riohacha beneficiarias. En Santa Marta, el programa ha permitido iniciar la ejecución de un parque recreodeportivo que favorecerá a 1.310 familias de la urbanización parques de Bolívar, y que tiene una inversión de $968 millones por parte del Gobierno Nacional. En adición, se firmó un convenio para realizar mejoramientos en un total de 11 barrios de la ciudad. El 26 de septiembre, se inició la segunda convocatoria de beneficiarios que cuenta con 400 cupos en 21 sectores seleccionados. Serán más de 3.000 los beneficiados de estas obras entre octubre de 2019 y marzo de 2020. Por otro lado, en Riohacha se ha priorizado el mejoramiento de 400 viviendas, con una inversión de $2.000 millones por parte del Gobierno Nacional. Otras zonas de La Guajira también se han favorecido, pues se dio entrega de dos parques en los municipios de Barrancas y Maicao, que permitirá elevar la calidad de vida de 3.000 habitantes de las urbanizaciones Villa Rosa y Altos de Parrantial. Otra de las iniciativas es “Mi Casa Ya”, dirigida a los colombianos que deseen adquirir una vivienda urbana nueva y que no sean propietarios. Estos podrán ser beneficiarios de un subsidio de cuota inicial o de un subsidio a la tasa de interés. La meta nacional durante el cuatrienio es de 255 mil subsidios en total. En La Guajira hemos avanzado y es así como desde el inicio del Gobierno se han asignado 68, por un valor de 1.584 millones. También debo mencionar el programa “Semillero de Propietarios”, donde las familias podrán acceder a un arriendo subsidiado en una vivienda digna; a la vez que se promueve el ahorro social para ejercer una opción de tener un inmueble digno y propio. La meta para el cuatrienio es tener 200.000 hogares beneficiarios. En el Magdalena se han inscrito 1.123 hogares, mientras que en La Guajira 672. El Ministerio ha puesto todo su empeño y esfuerzo en alcanzar los objetivos propuestos, sin olvidarse de los graves atrasos que dejó el gobierno anterior. Uno de estos casos es el programa de vivienda gratuita fase II, que se recibió con una demora de 2 años en ejecución. Para contrarrestar esta externalidad, en el Magdalena se logró acelerar la terminación de 283 unidades y la certificación de 210, mientras que en La Guajira se consiguió finalizar 140 viviendas y la certificación de otras 200. Otro logro significativo es el inicio de la construcción de 518 casas (Proyecto Jietka Wayuú), en el municipio de Manaure y del proyecto Balcones de Palaá, donde están previstas 560. El gobierno, a pesar de la situación fiscal, ha priorizado la política de vivienda como uno de sus pilares, pues de esta manera, se lograr mejorar el bienestar de la población de forma directa Finalmente, pero no menos importante, son los avances en la zona rural. En el Magdalena, en el periodo comprendido entre agosto 2018 y agosto 2019, se entregaron $1.800 millones en subsidios para 68 viviendas rurales terminadas y para el último trimestre del año se espera entregar $4.400 millones para 131 unidades adicionales. En los próximos tres años, se proyecta una inversión cercana a los $30 mil millones, la cual permitirá entregar más de 1.000 inmuebles. En La Guajira, entre agosto 2018 y agosto 2019, se entregaron $578 millones en subsidios para 35 viviendas rurales terminadas y para el último trimestre del año se esperan desembolsar $4.700 millones para 114 unidades adicionales. En los próximos tres años, se proyecta una inversión cercana a los $18.000 millones, lo que permitirá entregar más de 650 viviendas. Con lo expuesto anteriormente, no cabe duda de que estamos avanzando. El gobierno, a pesar de la situación fiscal, ha priorizado la política de vivienda como uno de sus pilares, pues de esta manera, se lograr mejorar el bienestar de la población de forma directa.

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Los pirómanos

Germán Vargas LlerasExvicepresidente de la República La política pública de vivienda nada que arranca. Solo anuncios, como el lanzamiento del programa ‘Casa digna, vida digna’ esta semana en Soacha, y un ministerio totalmente ausente y desarticulado. Porque conozco a fondo este sector, advierto que si la construcción de vivienda no se privilegia con políticas oportunas e incentivos correctos que le inyecten dinamismo, se van a repetir las pesadillas del pasado. Recordemos que el sector llegó a tener más de 250 proyectos siniestrados que nunca se iniciaron o terminaron y que miles de familias perdieron sus pocos ahorros.  “La política pública de vivienda nada que arranca”. El país sabe muy bien que cuando existen unas reglas de juego claras, este sector responde de forma ágil y eficiente. El gobierno anterior creó una política integral e innovadora que en poco tiempo logró la entrega efectiva de viviendas, sin poner en riesgo los recursos públicos, al eliminar el desembolso de anticipos y pagar solo contra viviendas terminadas. Más de 130.000 hogares, los más pobres, se beneficiaron del programa de vivienda gratuita. Elemento clave de esa política también fue vincular el subsidio al crédito con la creación de programas novedosos como Mi Casa Ya, que permitieron a las familias pagar una cuota de crédito inferior al monto que venían pagando por un canon de arrendamiento. La transformación de la política pública se tradujo en muy corto tiempo en la generación de miles de empleos y en la reducción del déficit habitacional urbano en casi 7 puntos. Se alcanzó el récord histórico de construcción de vivienda, llegando a edificarse más de 1’700.000 unidades, con la ventaja adicional de que por primera vez se privilegiaron más las viviendas de interés social o VIS (54 % de lo construido), generando un avance significativo en los indicadores de lucha contra la pobreza. El impacto en el crecimiento y el empleo de este sector es único: La industria edificadora mueve cerca de treinta subsectores y casi 34 billones de pesos anuales en insumos. Y no hay industria, distinta de la construcción, que de manera inmediata esté en condiciones de vincular a centenares de miles de colombianos a un empleo. Lastimosamente, el sector se viene marchitando a pasos acelerados, como lo demuestran los principales indicadores. Por ejemplo, el PIB de edificaciones cayó a una tasa del 7,6 %, las ventas de vivienda nueva disminuyeron 8,5 %, las unidades habitacionales licenciadas se redujeron en 11,2 %, y se presentó una contracción de 6,5 % en la financiación de viviendas de interés social. En cuanto al anunciado programa ‘Casa digna, vida digna’, este se focaliza en mejoramientos de vivienda. Muy grave, porque olvida que lo primero es seguir atendiendo a las familias que carecen de un techo. Se acaba el programa de vivienda gratuita, único instrumento para los colombianos en situación de extrema pobreza para poder acceder a una casa. Marchitan las líneas de subsidio a las familias de 1 a 4 salarios mínimos que requerían este apoyo para lograr un cierre financiero, y cancelan el subsidio a las tasas de interés en los créditos de sectores de ingresos un poco mayores que también demandaban este apoyo. Y, como ya dije, del Gobierno, solo anuncios. A la fecha no han iniciado el proceso de contratación del esquema fiduciario que administrará los recursos del ‘Semillero de propietarios’. No es claro cómo se seleccionarán los beneficiarios ni cómo se verificarán las condiciones de las viviendas que harán parte del programa. Tampoco hay información sobre metas concretas, presupuestos asignados ni la forma como operará. Y, a todas estas, pasa de agache el ministro de Vivienda con la nueva reforma tributaria, que le dará la estocada final a la vivienda de interés social comoquiera que elimina todas las exenciones tributarias para estos programas y sin las cuales se hace inviable cualquier nuevo proyecto. Juegan con candela en un sector que es clave para el crecimiento económico del país, la generación de empleo y la superación de la pobreza.

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Con la meta de efectuar 600 mil mejoramientos de vivienda, Gobierno lanza programa ‘Casa Digna, Vida Digna’

Los beneficiarios accederán al subsidio familiar de vivienda de mejoramiento, de 14 millones de pesos por cada hogar beneficiario, recursos que se invertirán en el mejoramiento de sus casas. La nueva estrategia busca reducir el déficit cualitativo de vivienda y promover la legalidad y equidad en el país. El Presidente Iván Duque Márquez presentó este miércoles en Soacha (Cundinamarca) el nuevo programa ‘Casa Digna-Vida Digna’, iniciativa con la cual el Gobierno Nacional busca reducir el déficit cualitativo de vivienda y promover la legalidad y equidad, con el mejoramiento de 600 mil viviendas en zonas urbanas y rurales del país. La iniciativa permitirá que 600 mil familias del área urbana y rural del país puedan acceder al subsidio familiar de vivienda de mejoramiento, de hasta 18 salarios mínimos legales vigentes, es decir recursos por 14 millones de pesos por hogar, que se destinarán a mejorar la calidad de sus viviendas con la instalación de pisos, baños y cocinas, adecuación de espacios y reforzamiento estructural. El programa tiene cuatro componentes relacionados con titulación de predios, conexiones intradomiciliarias, acabados y estructura, y transformación de barrios. “Muchas familias tienen sus casas, pero las casas se han venido deteriorando con el tiempo: se han deteriorado en techos, en pisos, en baños, en cocinas, y eso obviamente termina repercutiendo en la pobreza de muchas familias colombianas”, explicó el Presidente Duque durante la presentación del programa, en la cual participaron los ministros de Vivienda, Jonathan Malagón, y de Agricultura, Andrés Valencia, así como la Directora del Departamento para la Prosperidad Social (DPS), Susana Correa, quienes serán los responsables de la ejecución. “Creo que esta será una de las herramientas más importantes para enfrentar la pobreza. Un mejoramiento integral de vivienda ayuda a que muchas familias salgan de ese atropello de la pobreza y a que sus condiciones de vida sean dignas. Esa es una apuesta que tenemos en este Gobierno”, agregó. Durante el evento, el Ministerio de Vivienda suscribió 16 convenios interadministrativos para la construcción de equipamientos sociales, como colegios, Centros de Desarrollo Infantil (CDI) y parques, que beneficiarán a los municipios de Soacha, Girardot, Fonseca, Pasto, San Juan del Cesar, Soledad, Barrancabermeja, Florencia, Buga, Valledupar, Ipiales, Fundación, Villas del Rosario, Palmira, Montería y Buenaventura. Además, el jefe de Estado entregó títulos de propiedad a familias del municipio de Arbeláez (Cundinamarca), como parte de la estrategia de titulación de predios urbanos y rurales que adelanta el Gobierno Nacional. Con información de la Presidencia de la República 

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Gobierno del presidente Duque radica nueva política nacional de vivienda

De ser aprobado el proyecto, el Gobierno Nacional facilitará el acceso de las familias a créditos para la financiación de vivienda a través de la simplificación de los parámetros e instrumentos bancarios. Con el propósito de profundizar el acceso de los hogares de menores ingresos a los subsidios y créditos de vivienda, el gobierno del presidente Duque presentó a consideración del Congreso de la República el proyecto de ley de Vivienda y Hábitat. La iniciativa fue registrada ante la secretaría de la Comisión Séptima del Senado de la República por el ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Jonathan Malagón. En Colombia la cartera hipotecaria, que refleja las posibilidades de acceso de los hogares a créditos de vivienda, es de las más bajas de América Latina, ubicándose en un 6,4% frente al 10% de los países vecinos. En ese sentido se ampliarán los plazos y montos máximos de dichos créditos y se crearán figuras como la hipoteca inversa. “Necesitamos simplificar los créditos, modificar los parámetros, plazos y montos que hoy en día tienen muchas restricciones desde el punto de vista normativo.  De esa forma se podrán desembolsar mas créditos hipotecarios”, dijo el Ministro Malagón. La iniciativa gubernamental también creará un entorno normativo favorable para la implementación de programas de subsidio al arrendamiento, como el programa Semillero de Propietarios lanzado por el Gobierno Nacional. En segundo lugar, el proyecto de ley propone simplificar los trámites y disminuir los tiempos para el otorgamiento de licencias de construcción y compra de vivienda. Según el informe Doing Business 2019 del Banco Mundial, el país cayó seis puestos en el índice de competitividad frente a 2018, pasando del puesto 59 al 65 entre 190 países. En particular, el indicador que más decreció fue el de los permisos de construcción, bajando ocho puestos (del puesto 81 al 89). Uno de los factores que más afecta esta situación es la demora en la solicitud de las licencias de construcción, pues se deben surtir hasta 20 requerimientos dependiendo de lo exigido por las entidades territoriales. Buscando mitigar esta situación, una de las medidas propuestas será la creación de un Sistema de Información Transaccional que estandarizará los contenidos y procesos de planificación territorial para destrabar uno de los principales cuellos de botella en la ejecución de las políticas de vivienda. “Si nosotros logramos digitalizar y simplificar todos los trámites del constructor, el costo de la vivienda en Colombia puede caer por lo menos un 10%. Tendríamos viviendas más competitivas y  más acceso”, agregó el Ministro de Vivienda. Además, el Gobierno Nacional acompañará a las alcaldías en la actualización de los Planes de Ordenamiento Territorial, con el fin de que sean instrumentos fáciles, útiles y transparentes. Para esto contarán con incentivos y asistencia técnica del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y tendrán un plazo máximo hasta diciembre de 2025 para su actualización. “Este país no se merece tener 870 municipios sin POT actualizado, esto hace que sea muy difícil habilitar suelo urbano, habilitar suelo para construir vivienda de interés social y prioritario. Si tuviéramos los POT actualizados, la oferta de vivienda sería mucho mayor y, por lo tanto, las posibilidades de acceso serían más”, puntualizó el jefe de la cartera. Por último, el proyecto de ley mejorará la coordinación interinstitucional de la política de vivienda y hábitat. Para lograr esto, facilitará la coordinación para la elaboración de un plan de construcción de infraestructura social en zonas de expansión urbana, puesto que la política no se agota con la entrega de una vivienda; tienen que garantizarse equipamientos complementarios y acompañamiento social. La norma busca que se enlacen las diferentes entidades del Gobierno en la generación de oferta institucional, incluyendo Centros de Desarrollo Infantil, colegios, parques, Centros de Salud, estaciones de policía, bibliotecas públicas, entre otros. Además, se define como competencia del MVCT garantizar la coordinación de todas las entidades del Gobierno Nacional que implementan la política de vivienda. “Esta ley busca tener ciudades mucho más amigables para los ciudadanos y crear mayores posibilidades de convertir a Colombia en un país de propietarios”, concluyó. Con información del Ministerio de Vivienda 

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Pelaya avanza hacia el crecimiento

Pelaya es un municipio del departamento del Cesar afectado por la violencia que ha vivido el país como consecuencia del conflicto armado interno. A pesar de las dificultades, sobre todo presupuestales, ha logrado progresar a pasos agigantados en materia de vivienda e infraestructura, gracias a la labor de su alcalde Edwer Pérez Acosta. En la zona norte de Colombia se encuentra Pelaya, un municipio que, en los años más crudos de la confrontación armada interna, fue víctima de la violencia causada por el accionar de grupos al margen de la ley, llámense guerrilla o paramilitares. A pesar de convertirse en una zona roja, este territorio, con alrededor de 22 mil habitantes en las zonas urbana y rural, avanza en su desarrollo económico y social. La ejecución de proyectos de vivienda A pesar de la falta de presupuesto, Pelaya ha progresado de manera significativa, gracias a los proyectos de vivienda gratuita que se han puesto en marcha, dos de los cuales debían ejecutarse en administraciones anteriores. “En campaña me comprometí a que iba a terminar esos dos proyectos. Con gran esfuerzo y persistencia, logré conseguir prórrogas de tiempo. Ya entregamos el 100% del correspondiente a José María Tortis Soriano”, lo cual significó que 73 familias tuvieran su hogar propio, sostiene el mandatario.  Del complejo urbanístico de las Marías II, otro proyecto inconcluso de los antecesores de Pérez, ya se ha entregado el 30% de las 182 unidades habitacionales dispuestas, gracias a un acuerdo que logró el alcalde con los contratistas. Así mismo, para los afectados por la ola invernal del 2010, el funcionario consiguió la ejecución de aproximadamente 40 viviendas que se están terminando en el corregimiento de San Bernardo y Costillas. “Estoy haciendo algo histórico en el tema de víctimas, por primera vez hay vivienda gratuita en la zona rural alta dispersa”, señala el gobernante local, quien le apostó a la construcción de 41 unidades en la vereda Seis de Mayo y 40 en San Bernardo para cerrar brechas sociales en la región. Adicionalmente, desde el inicio de su administración, Pérez consiguió la asignación de 200 casas gratuitas para su municipio, construcción que se encuentra frenada por problema de interventoría, aunque ya se viene avanzando en una solución junto al gobernador del Cesar, Francisco Ovalle, y el viceministro de Vivienda, Milton Mauricio Rosero. Pelaya, un municipio en crecimiento Actualmente, Pelaya ha logrado fortalecerse en temas de infraestructura. Su alcalde ha gestionado proyectos como la construcción de un centro recreacional que se encuentra en su 60% de ejecución, el cual se espera sea operado por Comfacesar; un escenario deportivo completo y la modernización del alumbrado público local. El municipio fue el único al que se le aprobaron dos programas de pavimentación por más de ocho mil millones de pesos, los cuales ya están siendo ejecutados en 56 calles de la población. “Estamos llevando las riendas y la administración del municipio de una manera muy organizada y responsable”, afirma el mandatario, quien también ha dado una dura batalla para la consecución de los recursos que permitan la recuperación de la infraestructura de un hospital de la región que se encuentra en alto riesgo. El alcalde da inicio a la construcción del sistema de acueducto y alcantarillado en el corregimiento de Costilla. Proyecto de pavimentación que beneficiará a más de 50 calles del casco urbano de Pelaya. Complejo deportivo que consta de cancha polifuncional y patinódromo.

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El renacer de la Empresa de Vivienda de Antioquia

A sus 36 años asumió la Gerencia de la Empresa de Vivienda de Antioquia (VIVA), convirtiéndose en la segunda mujer y la persona más joven que ha desempeñado este cargo, en los 16 años de esta entidad. Una juventud que se ve reflejada en la energía, pasión y devoción con la que Lina García Gañan trabaja, incansablemente, cada segundo, para “ayudar a transformar la sociedad”, como ella dice, no solamente haciendo casas, juntando cementos y ladrillos, sino humanizándolo. Y es que su vocación por el servicio público, esa que empezó a sentir desde que era una jovencita, no le permitió dudar en tomar las riendas de VIVA en 2017, cuando la empresa luchaba por no desaparecer. El gerente anterior a Lina García recibió la entidad con un déficit de más de 20 mil millones de pesos en 2016, situación financiera que heredó la funcionaria y que se convirtió en su primer reto. Hoy, un año después de iniciar su gestión, se puede decir que esta joven líder, y su equipo de trabajo, devolvieron la vida a la empresa de vivienda de los antioqueños: “La hemos llevado a ser sostenible financieramente y logramos utilidades en 2016 y 2017”, asegura. Esto es ratificado por la firma internacional calificadora de riesgo, FITCH Ratings, que otorgó una calificación AA+ a la entidad, que la posiciona como la empresa pública de vivienda o fondo de valorización más importante del país. “La capacidad de la gerente de recibirla en una situación maltrecha, es un poco como la resiliencia. En dos años logró revertir una situación que venía de capa caída a darle hoy un giro y permitirle ser la verdadera empresa de vivienda de los antioqueños”, asegura el diputado de Antioquia, Norman Correa. Más logros Un año de gestión en el sector público puede sonar muy poco para todo lo que se planea desarrollar, pero para Lina García Gañán ha sido suficiente en la suma de logros: a la sostenibilidad contable de la entidad le sigue la inclusión de nuevos servicios que puede prestar la Empresa de Vivienda de Antioquia (VIVA) como la ejecución de obras de infraestructura, equipamientos y consultorías. Servicios que se pueden suministrar al resto de municipios de Colombia y no solo a los de Antioquia, como contemplaban sus estatutos; esta variación se da gracias a una nueva ordenanza aprobada por la Asamblea del departamento, sin descuidar lo misional enfocado a la vivienda, que es su razón de ser, entendiendo que cada centavo de utilidad recibido será reinvertido en más casas para los antioqueños. Hernán Urrea, alcalde de Guatapé, ubicado en el oriente antioqueño, destaca la labor realizada por la gerente. “VIVA ha dado un paso de menos a más, venía de un déficit y ahora presenta un superávit bastante alto; una tarea que ha impactado a gran parte del departamento. Hay que hacer un reconocimiento por su gestión, por haber llegado a municipios que antes eran imposibles, sobre todo, un reconocimiento especial por el programa con las ciudadelas indígenas”, agrega. El burgomaestre dejó entrever que son muchos los proyectos que desarrolla VIVA bajo la batuta de Lina García y así lo corrobora Beatriz Elena Rivas, auxiliar de Archivo desde hace 15 años de esta empresa comercial y social del Estado: “Es la primera vez que me toca trabajar tanto, o sea que se están haciendo muchos proyectos y muy bonitos. Es un orgullo verla, tan joven, desarrollando tantas iniciativas y se convierte en un impulso para uno hacer bien las cosas”. Desde la gerencia de VIVA, Lina García se ha preocupado por mejorar las condiciones de vida de la población. Carismática, disciplinada y soñadora La joven gerente de VIVA se describe como una mujer soñadora, que apunta de tesón y disciplina ha trabajado para conseguir sus metas y sueños de estar más cerca de la comunidad. “Cuando estoy con la gente quiero que me vean como una igual porque, como en algún momento de mi vida sentí esas carencias que ellos tienen, quiero transmitirles que sí se puede cumplir lo que soñamos”, sostiene. Álvaro de J. Betancur, conductor de VIVA, quien en varias ocasiones ha viajado con la funcionaria, cuenta que ha estado en muchos pueblos con ella y su gestión ha sido muy bonita. “Tiene carisma, inspira un gran cariño y amor por las personas, y se le nota que le nace de corazón compartir con la gente”, expresa. Ella es la mujer que impulsó el renacer de la Empresa de Vivienda de Antioquia (VIVA); ahora la fortalece, la potencia y la visibiliza con el único objetivo de brindar más y mejores soluciones de vivienda a las familias pobres de Antioquia. Es abogada de la Universidad Autónoma Latinoamericana, egresada de la especialidad en Derecho Constitucional de la Universidad de Antioquia e inició una Maestría en Estudios Urbano Regionales de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia. Es la mayor de cuatro hermanos, creció en el barrio Robledo, Comuna 7 de Medellín, un sector de clase media, donde fue feliz, pero vivió de cerca las necesidades de sus vecinos cuando hacía parte de los grupos juveniles en los temas de participación comunitaria. Quizá esto es lo que hace que, cuando visita un municipio, vereda o corregimiento, se siente a hablar con la gente, como si fueran viejos conocidos, y ella entienda a cabalidad lo que las personas requieren para mejorar su calidad de vida. LINA GARCÍA GAÑAN

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El cambio que promovemos en Guachetá

Guachetá, Cundinamarca, en lengua chibcha significa “Labranza de nuestro cerro”. Está ubicado a dos horas y media de la capital colombiana en la provincia de Ubaté y es considerado uno de los municipios con mayor producción de carbón mineral del país. Cuenta con grandes fincas lecheras y gran actividad agropecuaria. Por esta razón, su alcalde Pablo Enrique Quicazan Ballesteros la considera la ciudad carbonífera, agrícola y lechera de Colombia. Gracias a la intensa labor en gestión de recursos, Guachetá ha experimentado un cambio hacia el progreso, con programas en educación, infraestructura, vivienda y salud, entre otros. Aunque el 82% de la economía del municipio se basa en la minería, el mandatario se ha preocupado por fortalecer el campo a través de proyectos productivos para posicionar a Guachetá como región lechera a nivel nacional y departamental. También en bajar los índices de pobreza extrema con mejores condiciones de vida para la población. Es así como la administración ha priorizado la construcción y adecuación de viviendas, la rehabilitación de vías en las áreas urbana y rural, la promoción del deporte y el turismo y una mayor cobertura en los servicios de salud y educación.Entre las obras se destacan 122 viviendas de interés prioritario, como parte de un programa que incluye el mejoramiento de inmuebles, cocinas y unidades sanitarias, así como la recuperación de la malla vial mediante el uso de placa huella en diferentes sectores de las veredas del municipio, la pavimentación urbana, el impulso a la troncal del carbón y la realización de brigadas permanentes de salud. Pablo Quicazan BallesterosAlcalde de Guachetá La Educación ha sido prioritaria para la alcaldía. Gráfica de recursos gestionados por el municipio Logros educativosEn el frente educativo, se dio vía libre a baños y salones de clase nuevos, se gestionaron aulas interactivas y tableros inteligentes, se dotaron los colegios de material en inglés para que los estudiantes tengan acceso a las TIC con el fin de que mejoren su rendimiento académico y se patrocinó el preicfes. Con la autonomía que le dio el gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, a algunos municipios, Guachetá manejó de manera exitosa el Programa de Alimentación Escolar (PAE).

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“Unidos avanzamos hacia el progreso”

Aunque la lucha del municipio de Lloró, Chocó, por fortalecerse en lo social y económico ha sido una constante a lo largo de los últimos años, su actual alcalde Heneil Correa Rentería le metió el acelerador desde que asumió el cargo en 2016 para entregar resultados a la comunidad en materia de salud, vivienda, educación e infraestructura vial. Las obras desarrolladas en sus más de dos años de gestión enrutan a la región hacia el progreso, con la unidad como su motor principal. Bajo los principios de eficiencia, calidad, responsabilidad y organización, la administración ha conseguido mejorar las condiciones socioeconómicas de la población. Es así como se priorizó el tema de vivienda para ofrecerle posibilidades a los sectores más vulnerables del municipio de acceder a un techo digno. “Hemos venido trabajando incansablemente para ayudar especialmente a las víctimas del conflicto armado en las áreas urbana y rural. Ya están 16 viviendas para entregar en la cabecera municipal y 36 más han sido sometidas a mejoramiento”, destaca el mandatario.Pero la idea es avanzar en otros proyectos de vivienda que ya fueron presentados al Gobierno Nacional y están a la espera de que sean aprobados para garantizar su financiamiento y proceder lo antes posible a su ejecución. El alcalde Heneil Correa entregando ayudas humanitarias al corregimiento de Boraudo. El alcalde Heneil Correa en reunión con representantes de la comunidad, en la Gobernación del Chocó. El peso del conflicto en Lloró El municipio de Lloró ha sido uno de los más afectados por el tema del conflicto armado que ha vivido el país a lo largo de cinco décadas. Se calcula que un 47% de su población ha sufrido las secuelas de la confrontación militar, la mayoría por el fenómeno de desplazamiento que se ha presentado desde los núcleos de combate hacia la cabecera municipal. Según cifras oficiales, un 30 o 35% de las víctimas han salido de los predios rurales hacia el casco urbano de la localidad en busca de protección estatal. A pesar de ser un territorio golpeado por la violencia, el alcalde considera que el apoyo del Gobierno Nacional ha sido poco para resarcir a quienes han padecido los rigores de la guerra. Un ejemplo de ello es la devolución en dos ocasiones de proyectos de vivienda presentados para su financiación. “Se ha hecho caso omiso en el tema de asignar recursos para estos proyectos sabiendo que son personas que hay que atender de inmediato, porque vienen de sus comunidades a la cabecera municipal sin empleo, que no pueden volver a su territorio y que el Estado debe atender inmediatamente”, subraya el funcionario. Lo que resta de administración La administración le apostará a la reactivación de la agricultura en lo que resta de gestión. El propósito es que la gente pueda fortalecer el sector y volverlo más competitivo creando un mercado propio con productos como la yuca, la piña y el borojó para generar muchos más ingresos a la economía del municipio de Lloró. “El 85% de los pobladores son agricultores. Hemos venido trabajando proyectos para aumentar la producción de plátano, gracias al apoyo del Banco Agrario que prestó unos recursos para otorgarle créditos a los cultivadores. También le estamos apuntando a la industria del cacao y el chontaduro”, señala el alcalde, quien espera consolidar cada una de estas iniciativas antes de terminar su mandato. Avances en infraestructura vial El mandatario considera que los avances en infraestructura vial son evidentes y traerán beneficios en materia de turismo para la región. Es el caso de la carretera que conecta directamente al municipio con Quibdó, la capital del departamento del Chocó, la cual está en un 70% pavimentada. “Esto hace que muchos turistas, tanto colombianos como extranjeros, nos visiten para gozar de nuestras playas hermosas, de nuestros artículos artesanales y de nuestra caña de azúcar”, afirma la máxima autoridad municipal. El alcalde es consciente de que, si se quiere potencializar el turismo en la región, se debe invertir en el mejoramiento de la red vial.   Por otro lado, también trabaja en la recuperación de la vía que conecta con el corregimiento La Vuelta, proyecto ya  radicado en Invías y del cual solo se está a la espera de la asignación de recursos. Según el mandatario, la recuperación de esta ruta es primordial para el transporte de productos de la canasta familiar como el plátano, la yuca, el borojó y el cacao; lo cual ayudará a desarrollar el comercio del municipio y permitirá nuevas inversiones para el beneficio de la comunidad. Una de estos grandes proyectos será la reactivación de la hidroeléctrica de La Vuelta, creada por norteamericanos en 1923, y con la cual el alcalde espera aprovechar la fuerza del río Andagueda para dotar de energía a gran parte del departamento del Chocó. Otros logros de la administración La educación también ha sido importante en su agenda de gobierno. Es así como se logró conseguir un motor fuera de borda dotado con salvavidas para transportar a los estudiantes de los corregimientos que tienen dificultad en su desplazamiento. “Con esto se logra disminuir la deserción escolar por la falta de transporte de los alumnos para llegar hasta su institución académica y garantizar los derechos de los niños a una buena educación”, sostiene el gobernante local. En esa línea de acción, se avanza además en la construcción de la biblioteca pública de Lloró, obra que ya supera el 90%. También, en la instalación de redes eléctricas para prestar un mejor servicio a la comunidad y en la construcción del Centro de Integración Ciudadana, para la cual ya se firmó un convenio con el Gobierno Nacional.

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El Peñón, un municipio con casas para todos

El municipio de El Peñón se destaca por su excelente rendimiento en la ejecución de los proyectos de vivienda, los cuales se han ido cumpliendo en casi un 100%. La meta fijada por el alcalde Arling Arias García en su plan de gobierno es la entrega de 300 unidades para disminuir el déficit habitacional, de las cuales 293 tienen su ejecución asegurada. El Peñón, ubicado al oriente del departamento de Bolívar, es un municipio con más de siete mil habitantes, el cual ha alcanzado cifras positivas en la implementación de proyectos de vivienda e infraestructura para promover la recreación y deporte entre la población. Bajo su gestión, el mandatario consiguió cumplir en su totalidad con un proyecto de vivienda que, sin mucho éxito, venía siendo trabajado desde el 2009 por administraciones anteriores. “En estos momentos puedo decir que hemos entregado 93 unidades a 93 familias de escasos recursos y está en marcha un proyecto de 200 más, a través del Ministerio de Vivienda”, afirma Arias. El propósito inicial es la entrega de 300 casas para disminuir el déficit habitacional en el municipio a menos del 5%. A casi dos años de finalizar su mandato, el gobernante local está próximo a cumplir la meta, gracias a las 293 viviendas que están en proceso de construcción o ya han sido entregadas. El 11, 12 y 13 de junio se realizará el IX Gran Festival Nacional de Tamboras y Danzas, en El Peñón. Foto por: Nano Muñoz. Proyectos de infraestructura De acuerdo con los proyectos que promueve el gobierno local, se prevé la entrega de 120 apartamentos para el mes de julio, los cuales beneficiarán especialmente a familias que han sido víctimas del conflicto armado en la zona o han resultado afectadas por la ola invernal. La administración también le apostó a la construcción de dos grandes obras para que los niños y jóvenes tengan un espacio digno para practicar las diferentes disciplinas como parte del proyecto de la Escuela de Formación Deportiva municipal. “Hemos logrado conseguir, a través de Coldeportes, dos proyectos importantes, uno para la construcción de un estadio en el corregimiento de Peñoncito, el cual será entregado en un mes, y otro en la cabecera municipal que arranca desde ya, con una entrega programada para enero o febrero del año 2019”, señala el mandatario. Se estima que estas obras beneficien a más de 3 mil habitantes del municipio, por lo que se destinaron cuantiosos recursos para su ejecución. La inversión realizada en el corregimiento de Peñoncito tuvo un costo de 200.200 millones de pesos, mientras que para la obra en la cabecera municipal de El Peñón se destinarán alrededor de 3.500 millones de pesos. La cereza que le falta al pastel Su deseo de mejorar las condiciones de vida de los habitantes de El Peñón llevó al mandatario a trabajar por la ampliación de la planta de tratamiento de la cabecera municipal, cuya inversión alcanzaría los 560.000 millones de pesos. Sin embargo, la cereza que le falta al pastel no se ha podido colocar debido a la falta de alcantarillado en la región. “Es por esto que hacemos un llamado a la Nación para que nos ayude a aprobar estos proyectos que ya están presentados en el Ministerio y que son de gran importancia para nuestra población”, sostiene el mandatario. El Peñón debe enfrentarse también a los estragos que genera la ola invernal en el país. “En estos momentos nos encontramos en el municipio con el crecimiento del caudal del río Magdalena. Ya tenemos zonas críticas que pueden colapsar”, advierte el alcalde. Pese a que se han presentado proyectos a la Unidad de Gestión de Riesgos, estos han sido rechazados por la falta de recursos por parte del Gobierno Nacional. Sin embargo, en medio de la falta de dinero, “hemos avanzado en este gobierno de fuerza, decisión y autonomía para poder llegar a los rincones de nuestro municipio”, concluye. Torres de viviendas El Peñón.

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“Mi vocación es servirle a la gente”

Rafael Romero es el único de los actuales representantes a la Cámara por Boyacá que no aspira a volver al ejercicio parlamentario. Este próximo 20 de julio entregará su curul, luego de impulsar innumerables proyectos y reformas a lo largo de sus dos períodos como congresista, para beneficio de la población colombiana. Como integrante de la Comisión Séptima, Rafael Romero desarrolló un importante control político en temas de gran trascendencia nacional como la salud, la ley del primer empleo y los programas de vivienda gratis. Su labor legislativa ha sido destacada desde los distintos sectores gubernamentales que ven en el dirigente político una gran fuerza autónoma para avanzar hacia el desarrollo social del país. Dada su formación como médico cirujano y experiencia en cargos públicos, el representante ha ejercido un trabajo más allá del simple control político para servir a la gente desde el Congreso. Es así como promovió la ley 1438, que habla de la composición, flujo de recursos y herramientas para la labor de inspección, vigilancia y control que realiza la Superintendencia Nacional de Salud. Una reforma que, según el congresista, “busca, en un sistema tan complejo, hacer que no sea tan difícil la atención a los pacientes” en Colombia. La cobertura en salud, su preocupación Como buen conocedor del tema, Romero insiste en que el problema de salud que existe hoy en día se debe en gran parte a que el acceso al sistema sigue siendo difícil. Pero también a “las trabas burocráticas, a la disponibilidad en los centros de atención y a la situación financiera del sector” que complica muchas veces la cobertura y perjudica en gran medida al usuario por las condiciones en que se presta el servicio. Es por eso que, desde la ley 1438 “abogamos como Partido Liberal por el control de precios ante la cantidad exorbitante de los mismos”, asegura Romero. Según el legislador colombiano, lo que el Gobierno Nacional ha hecho a través del Ministerio de Salud es regular los valores fijándose en los estándares para garantizar que estos puedan ser equitativos en beneficio del paciente. “Creemos que hay que conseguir nuevos recursos, educar a la gente en el cuidado de su salud sin golpear a las industrias”, enfatiza el parlamentario. Cero a Siempre Sus esfuerzos por volver política de Estado el programa de Cero a Siempre del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) han dado sus frutos. Con el fin de garantizar que sea acogido por los demás gobiernos y dada su importancia estratégica para el desarrollo y la sostenibilidad social, esta iniciativa ha logrado convertirse en una herramienta fundamental para la atención y formación integral de la primera infancia. “Eso hace que haya mejores resultados en cuanto a la educación de los niños por las condiciones que el Gobierno Nacional les está ofreciendo”, explica el congresista. Reunión con la comunidad en el municipio de Zetaquira. Vivienda El representante a la Cámara considera que la implementación de los programas que promueve el Ministerio de Vivienda les ha permitido a muchos colombianos contar con un techo propio. Es por eso que le da todo su respaldo a las políticas que se impulsan en ese frente para mejorar las condiciones de vida de la población de bajos recursos del país o de clase media. Es así como, desde la Comisión, ayudó a sacar adelante la ley 1537, a través de la cual se busca que los sectores más vulnerables obtengan subsidios, dependiendo de la capacidad económica y de pago de la familia que resulte beneficiada. Ley del primer empleo En un trabajo mancomunado con el Gobierno Nacional y su partido, se promovió la Ley del Primer Empleo que busca que a los empresarios se les dé un incentivo para vincular a la población joven al trabajo. “A medida que hicieran eso, se les daba descuentos tributarios, se les quitaba los costos parafiscales, los aportes a la salud, y funcionó. Si uno mira el histórico de la tasa de desocupación, ha venido bajando de dos dígitos a uno”, resalta el legislador. Su futuro político Siempre estuvo convencido de seguir el legado de su padre. “Los tiempos son distintos, mi padre también fue médico, pero para él pesaba más la política que la medicina porque creía que desde ahí también podía ayudar a la gente”, recuerda. De su progenitor heredó su ejemplo en la transparencia y la sensibilidad social. “Eso es más valioso a que me hubiera dejado millones”, confiesa Romero, quien cree que ya culminó su labor como parlamentario, “haciéndolo bien” desde un enfoque más profesional que político. Su decisión de retirarse del Congreso fue voluntaria. Ahora quiere regresar a Boyacá, su tierra natal, para aspirar, si es posible, a la Gobernación, y desde allí seguir sirviéndole a los colombianos. Reunión con la comunidad en el municipio de Miraflores.

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