junio 25, 2026

Proyecto de Ley

Colombia produce más abogados que carros ensamblados

Por: Germán Navas Talero Representante a la Cámara por Bogotá, Polo Democrático Alternativo Nuestro país ocupa -según la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ)- el segundo lugar en el mundo con más abogados en relación con su población. Esto genera, entre otros problemas, desempleo, bajos salarios y una proliferación de egresados dudosamente capacitados para ejercer a cabalidad la profesión. Y si hay muchos abogados es porque también hay muchas facultades. Para el 2011, la misma CEJ calculaba que en Colombia había alrededor de 70 facultades de Derecho, la mayoría de ellas con registro calificado y solo una minoría con acreditación de alta calidad. Para este año, según un dato extraoficial del propio ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, la cifra podría llegar a las 140 facultades, aumentando considerablemente la oferta de profesionales en este campo. Hoy, como dice la canción, “no hay cama pa’ tanta gente”. Semestre a semestre están saliendo miles de abogados, algunos en busca de asesorar grandes compañías y otros con la intención de defender a uno que otro cliente. Pero la situación no es nada esperanzadora, cientos de esos egresados salen a cruzarse de brazos porque no hay empleo para tantos. Y si hablamos del aspecto salarial, el panorama tiende a oscurecerse. El salario de un abogado recién egresado es de los más bajos de la región, por debajo de Costa Rica, Argentina, Brasil y Chile, según un artículo publicado el año pasado en el diario El Espectador, titulado “Colombia, el segundo país con más abogados en el mundo”. Quizá por ello se vean hoy ‘abogados’ llevando procesos a cambio de una nevera o un horno microondas. Como si lo anterior fuera poco, se debe tener en cuenta la calidad de quienes están egresando de esas Facultades. Uno de los problemas más graves del país recae en la debilidad de su sistema judicial, derivado en buena medida por la pésima preparación por parte de quienes están egresando como abogados. Muchos de los errores en materia judicial en la actualidad son ocasionados por vacíos en la formación; y eso es mucho más preocupante que cualquier otro aspecto. “quien aspire a contar con la tarjeta profesional de abogado, deberá acreditar, además de los requisitos exigidos actualmente, la certificación de aprobación de este nuevo examen”. Precisamente, frente a este último punto, presentamos a consideración del Congreso el proyecto de ley 312 de 2017 Cámara – 095 de 2016 Senado “Por la cual se dictan disposiciones relacionadas con el ejercicio de la profesión de abogado”. Iniciativa parlamentaria que pretende implementar un examen de Estado para quienes aspiren a obtener la tarjeta profesional de abogado. Es que -como lo señalamos dentro de la argumentación del proyecto- la práctica de esta profesión entraña un riesgo social, teniendo en cuenta la relación que existe entre la justicia y su posible afectación a terceros, lo cual implica la responsabilidad del Estado con el fin de garantizar la idoneidad de quienes la ejercen. Así, es deber del Estado velar porque la calidad del abogado sea la mejor, y por ende propusimos un examen con el ánimo de fortalecer la profesión, el cual estaría a cargo del Consejo Superior de la Judicatura y sería requisito para la expedición de la tarjeta profesional. Para los congresistas autores de este proyecto, Germán Varón, Angélica Lozano, Carlos Abraham Jiménez, Eduardo Molina, Rodrigo Lara y quien escribe estas líneas, ese examen es necesario, puesto que con él, el Estado podría llegar a establecer un nivel de calidad para todo aquel que aspire a litigar, porque no es justo que el abogado venga a aprender con su cliente. El proyecto ya fue conciliado por las cámaras legislativas y, gracias a que cuenta con el beneplácito del ministro Gil Botero, tenemos la firme esperanza de que se convierta en Ley de la República. De ser así, quien aspire a contar con la tarjeta profesional de abogado, deberá acreditar, además de los requisitos exigidos actualmente, la certificación de aprobación de este nuevo examen. Pero dicha prueba solo aplicaría para quienes inicien la carrera de Derecho después de la promulgación de la norma. Este tipo de iniciativas quizá preocupe a las llamadas “universidades de garaje”. A las serias no debería preocuparles, pues esto es prueba de su buen nivel. Sabemos que ya existe un examen que mide la calidad de las instituciones, lo que se requiere es algo más específico, midiendo ahora la calidad del profesional.

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Así serán priorizadas las mujeres en la adjudicación de tierras

Flora Perdomo Andrade Representante a la Cámara, Por un Huila Mejor El Gobierno Nacional está a punto de sancionar una muy importante ley que aprobamos en el Congreso de la República. Se trata de la norma que prioriza a las mujeres rurales y víctimas del conflicto en la adjudicación de lotes baldíos, vivienda rural y proyectos productivos. Esta iniciativa legislativa responde a la ingente necesidad de crear y conformar un marco regulatorio en el régimen de adjudicación de baldíos del país que favorezca a las mujeres rurales, quienes de forma sistemática y ancestral han sido víctimas de múltiples formas de discriminación y marginamiento. Igualmente, esta Ley no se limita a la esfera de los baldíos, también abarca condiciones de favorabilidad a las mujeres en toda la oferta institucional del Gobierno en el marco de la política productiva, agropecuaria y rural. Es importante indicar que esta ley, de la cual además fui coordinadora ponente en la Cámara de Representantes, hace obligatoria la adjudicación de mínimo el 40% de los terrenos baldíos adjudicados durante cada año, a familias en cabeza de mujeres rurales: el 60% de los terrenos restantes será adjudicado a familias encabezadas por hombres o mujeres que cumplan con los requisitos que la ley establece. “Esta iniciativa legislativa responde a la ingente necesidad de crear y conformar un marco regulatorio en el régimen de adjudicación de baldíos del país que favorezca a las mujeres rurales”. Dentro de este contexto es importante decir que podrán ser beneficiarias de la presente ley las mujeres rurales mayores de 16 años, salvo las excepciones legales, que no sean propietarias de tierras, que tengan tradición en labores rurales, que se hallen en condiciones de pobreza y marginalidad, y que deriven de la actividad rural por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de sus ingresos. Se priorizará a aquellas que ostenten condición de madres cabeza de familia. Las Unidades Agrícolas Familiares sobre tierras baldías se adjudicarán conjuntamente a los cónyuges o compañeros permanentes, siempre que hayan cumplido dieciséis años de edad, sean jefes de familia, compartan entre sí las responsabilidades sobre sus hijos menores, o con sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad si velaren por ellos. Los adjudicatarios podrán contraer las obligaciones inherentes sin necesidad de autorización judicial. Esta disposición se aplicará a todas las adjudicaciones o adquisiciones de tierras que llegaren a hacerse en favor de los campesinos, o para la admisión de estos como socios de las empresas comunitarias o cooperativas rurales. Es importante señalar que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, o quien haga sus veces, tendrá un año a partir de la entrada en vigencia de la presente ley para reglamentar los términos de pobreza y marginalidad que definan los criterios de elegibilidad de las mujeres beneficiarias de la adjudicación de baldíos de reforma agraria. Garantizar la igualdad de los derechos sobre la tierra para hombres y mujeres aumenta la creación y retención de valor, las oportunidades económicas, favorece las inversiones en la tierra, la producción de alimentos y aumenta la seguridad familiar durante las transiciones económicas y sociales, dando lugar a una mejor administración de los recursos económicos y sociales. Gracias a esta Ley, se abren nuevas oportunidades para las  mujeres del campo. Por eso debemos estar todas expectantes para adelantar el acompañamiento respectivo  que permita el acceso de la mayor cantidad de beneficiarias posibles, contribuyendo de esa manera a cerrar la brecha de la desigualdad y devolver algo de justicia a esas trabajadoras incansables, como a todas las que han sido víctimas de la violencia en nuestro país.

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A sanción presidencial proyecto de sometimiento colectivo de bandas criminales

La plenaria del Senado aprobó en último debate el proyecto de ley que fortalece la investigación y judicialización de organizaciones criminales y se adoptan medidas para su sujeción a la justicia. Según el senador Roy Barreras, ponente de la iniciativa, este proyecto tiene dos grandes virtudes y avances: el primero de ellos que permitiría el sometimiento colectivo a la justicia bajo las normas existentes.” Hoy cualquier persona que haya violado la ley y quiera someterse puede hacerlo con ventajas como disminución de penas aplicables a cualquier colombiano, no hay prebenda adicional, lo que permite es que el sometimiento sea colectivo para facilitar el actuar de la Justicia y la Fiscalía”, explicó. El segundo avance es que facilita muchos procesos que hoy la Fiscalía adelanta, pero que necesita afinar para poder combatir grupos organizados. “El proyecto tiene la virtud de que además de un sometimiento colectivo para tranquilidad de los colombianos, le permite a la sociedad aliviarse de ese mal. Para este fin se reduce de seis a dos las audiencias en el sometimiento colectivo: la audiencia de acusación y de acatamiento a la justicia y la del fallo”, señala. Aunque apoya el sentido de la iniciativa, el senador Alfredo Rangel, la considera insuficiente. “Ofrece unas vías para el sometimiento a la justicia, pero el principal atractivo de estas bandas criminales es el narcotráfico, que se ha multiplicado en los últimos años”, sostiene. Según el senador Luis Fernando Velasco,  “la idea de este proyecto es el sometimiento de la banda completa, no una parte. Pero si una parte quiere someterse y colaborar con el desmantelamiento de todo el grupo también pueda hacerlo”. Para los grupos pequeños no precede el sometimiento. Es sólo para los grupos mayores de 15 miembros, los otros podrán hacerlo de manera individual. El Fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, coincidió con los planteamientos del senador Alfredo Rangel, en el sentido de que “el centro de los problemas está asociado al crecimiento del narcotráfico en los últimos tiempos”. Esta iniciativa pasa a sanción presidencial para convertirse en ley de la república.   Con información del Senado de la República.

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“Páramos vivos”, un proyecto para proteger el agua

Desde el año 2016 venimos liderando, en la Cámara de Representantes, la propuesta de Ley 126, con el apoyo de colegas de diversos partidos. Con esta iniciativa buscamos “proteger los 37 complejos de páramos que abastecen de agua al 70 % de los colombianos” y convertir este proyecto en una alternativa efectiva a una realidad que se vive en diferentes zonas del mundo: la falta de agua potable. Expertos internacionales afirman que Ciudad del Cabo en Sudáfrica y sus habitantes están cruzando el límite, que amenaza con dejarlos sin agua. Ello, porque los niveles en las represas de la zona han caído en 1,4 %. Este desastre natural, provocado por la sequía y el cambio climático, ha despertado las alarmas en el mundo. En Colombia, estudios de organizaciones defensoras del medio ambiente y entidades oficiales como el Ideam han dejado en claro que el fenómeno también es preocupante. Nuestro país, a pesar de ser uno de los territorios con más riqueza hídrica en el planeta, podría quedarse sin agua suficiente para la atención de sus pobladores en el año 2050. Los motivos: la minería sin control, la deforestación, los incendios, la contaminación de los ríos y el crecimiento desmedido de la población en ciertos lugares donde se construyen viviendas sin un efectivo control urbanístico. Nuestro país, a pesar de ser uno de los territorios con más riqueza hídrica en el planeta, podría quedarse sin agua suficiente para la atención de sus pobladores en el año 2050 El proyecto de Ley 126, con su enfoque poblacional, busca que paulatinamente las actividades económicas que se realizan en páramos y que los deterioran puedan ser desescaladas, reemplazadas y se pueda incorporar una visión vital y sostenible a estos ecosistemas, generando acciones creativas para darle valor desde el ecoturismo, las denominaciones de origen en la agricultura o incluso la bioprospección. Con esta iniciativa pretendemos fijar los lineamientos técnicos y legales para delimitar estos ecosistemas que ocupan cerca de 3 millones de hectáreas, gestionarlos y reconocerlos como áreas estratégicas para el país. Generar oportunidades para los colombianos que habitan en los 400 municipios con zonas de páramo y conservar el agua que consumen la mayoría de los colombianos debe ser un compromiso para avanzar en un modelo de desarrollo más sostenible.

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Proyecto de ley para eliminar los tres ceros del peso pasa primer exámen

El proyecto de ley que busca eliminar los tres ceros del peso colombiano, pasó este miércoles el primer debate en la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes. Este es el primer paso para que la iniciativa promovida por Gobierno Nacional, llegue hasta el Senado y se convierta en una realidad. “Se  trata de simplificarle la vida a la gente, hacer la contabilidad más sencilla, más fácil el manejo de los precios a los comerciantes y compradores, y más comprensibles las cuentas del Gobierno”, explicó Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda. Agregó que los precios no se modificarán. Por ejemplo, “una botella de aceite de 2.950 pesos pasara a costar 2 pesos con 95 centavos. Todo tiene su conversión sin ninguna distorsión”, precisó. La implementación de esta ley, en caso de su aprobación, duraría tres años y le costará a la Nación 300 millones de pesos. Sería puesta en marcha a partir del 2020.

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