agosto 24, 2026

Política

La crisis de la justicia

La crisis de la justicia Senador Eduardo Enríquez Maya, Presidente Comisión Primera Constitucional del Senado Hace 28 años, el 4 de julio de 1991, la Asamblea Nacional Constituyente promulgaba una nueva Constitución. Con esta carta de navegación, como algunos la denominaron, se pensaba en grandes propósitos: paz, justicia, política, economía, descentralización. En relación con la justicia se crearon la Corte Constitucional, la Fiscalía General de la Nación, el Consejo Superior de la Judicatura, la Defensoría del Pueblo y los jueces de paz. Con el paso de los años, conviene preguntar, ¿cuál ha sido su resultado, cómo vamos? El 4 de julio de 1991, se promulgó la actual Constitución en la cual se sentaron las bases de un nuevo acuerdo político y social en el país. En la foto: Presidente de la República 1990-1994, César Gaviria Trujillo y su esposa Ana Milena Muñoz; presidentes de la Asamblea Nacional Constituyente, Antonio Navarro Wolff, Horacio Serpa y Álvaro Gómez Hurtado. Enseguida, planteo algunas respuestas: la Corte Constitucional fue creada para guardar la supremacía y la integridad de la Constitución, dentro de los límites previstos en el artículo 241, pero ha avanzado, de intérprete auténtico de la carta y de legislador negativo en términos kelsenianos, y se ha convertido en constituyente, fuente del derecho y autoridad administrativa.  Por supuesto, prevalecen el reconocimiento de los derechos fundamentales y la acción de tutela para defenderlos. A propósito, el ex magistrado de la Corte Constitucional Manuel José Cepeda Espinosa, dijo en una entrevista: “la tutela es un puente entre la realidad y la Constitución que va más allá de un mecanismo jurídico, para convertirse en una fuente material de goce efectivo de derechos. Bajo estas premisas, la tutela, de la mano de la Corte Constitucional, se ha consolidado durante todos estos años como una herramienta ciudadana de transformación pacífica de la sociedad.” (Revista Semana del 6 de septiembre de 2011). La Fiscalía General de la Nación, establecida por la Asamblea Nacional Constituyente a iniciativa del ideólogo conservador Álvaro Gómez Hurtado, es un actor protagónico en la vida pública y, aunque ha logrado resultados en algunos casos puntuales, no sale bien librada. Al carácter polémico de algunos fiscales generales, se suman los cuestionamientos por la persistencia de altos índices de impunidad, congestión y corrupción. El sistema penal acusatorio copiado de otras latitudes, ha sido bautizado de sistema penal aplazatorio, con sinnúmero de audiencias hasta para la lectura de providencias que podrían enviarse por correo electrónico a los sujetos procesales y desperdicio de instrumentos muy útiles, como las medidas de aseguramiento no privativas de la libertad y el principio de oportunidad, partes funcionales de la justicia premial. Pero no todo es negativo Corte Constitucional en audiencia pública. Dos hechos conocidos últimamente permiten reconocer el trabajo de la Fiscalía General de la Nación: la captura de Popeye por el asesinato de don Guillermo Cano y la reconstrucción del asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, ocurridos en los años 1986 y 1995, respectivamente. Vale la pena recordar que esta entidad tiene más de 25.000 funcionarios, cerca de cuatro billones de presupuesto y una universidad cerrada, lo cual impone una reforma urgente y a fondo.  El Consejo Superior de la Judicatura fue creado en 1991 con dos salas: administrativa y jurisdiccional disciplinaria, sin ninguna relación funcional. La administrativa, cuyos magistrados lucen la toga para ordenar la compra de alimentos, útiles de oficina, vehículos y materiales de construcción, inclusive algunos salvan el voto, ahora por sentencia C-285 de 2016 de la Corte Constitucional, convertida en una corporación poderosa, omnímoda y cláusula pétrea.  La Defensoría del Pueblo con el propósito de velar por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos, dentro del Estado social de derecho, así como la divulgación y promoción del Derecho Internacional Humanitario. Para cumplir su función cuenta con 4.000 defensores públicos vinculados a través de un complejo sistema de contratación. Ellos tienen a su cargo entre 400 y 500 procesos cada uno, lo cual hace difícil plantear una defensa técnica adecuada y cada vez que se vence el término de los contratos, los asuntos quedan sin defensor. Este es otro de los factores que coadyuva a la congestión de la administración de justicia.  Los jueces de paz son un mecanismo democrático y alternativo de solución de conflictos. La ley 497 de 1999 reglamenta los alcances de esta jurisdicción. A pesar de ser uno de los mecanismos que más han ayudado en otros países y comunidades con la finalidad de obtener justicia, no funcionó sino en algunas ciudades. Fuentes de la crisis La justicia colombiana afronta problemas que han generado crisis y restado legitimidad, los cuales demandan un tratamiento detenido, profundo y urgente. Pienso que, entre otros, se plantean los siguientes: Intervención de los medios de información y redes sociales en la administración de justicia, hasta el extremo de anunciar sentencias, condenatorias o absolutorias, anticipadas a la actuación judicial con menoscabo de la imparcialidad de los jueces y de una recta impartición de justicia. Incumplimiento de términos procesales Colombia presenta problemáticas sensibles en todos los frentes judiciales, una de ellas es el hacinamiento carcelario. A pesar de la legislación del 2012, por ejemplo, el Código General del Proceso contiene normas que imponen el cumplimiento de los términos procesales y agilizan el curso de los procesos, la congestión en los despachos continúa. Según indicadores internacionales, el tiempo de resolución de una disputa contractual en Colombia es de 1.288 días corrientes, mientras que en América Latina el tiempo promedio es de 768 y en los países de la OCDE de 582 días (Ámbito Jurídico No. 506, pág. 10).  Casos de disfuncionalidad judicial. En el llamado cartel de la toga presentado en la Corte Suprema de Justicia y en la Fiscalía General de la Nación que reveló la exigencia de dinero, por parte de algunos magistrados y fiscales, a cambio de demorar o desviar procesos en contra de las víctimas de sus delitos. El juez jamás debe olvidar la sabia enseñanza de Sócrates: “Escuchar cortésmente, responder sabiamente, ponderar prudentemente y decidir

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Baja participación de mujeres en política, sí que es un problema

Por: Catalina Ortiz Lalinde Representante a la Cámara por el Valle del Cauca de Alianza Verde Nos encontramos en un momento tan prometedor como desafiante para Colombia: el próximo 27 de octubre, escogeremos a quienes nos van a representar desde las gobernaciones, alcaldías, asambleas departamentales, concejos municipales, juntas de acción comunal y demás cargos locales. Esas personas tomarán algunas de las decisiones más importantes de la sociedad durante los próximos cuatros años. Estamos ante, nada más ni menos, que la oportunidad de renovar a quienes gobernarán nuestras regiones y apostar por personas preparadas, trabajadoras, rigurosas, honestas y con profundo sentido de lo público. La posibilidad de transformar nuestro país no da espera. Y la decisión de contribuir, de manera contundente y definitiva, a tener más mujeres en los cargos de elección popular está en nuestras manos. De la mano de ese reto, tenemos la oportunidad de darnos mayor representación a las mujeres en la gobernanza de nuestros territorios.  Las cifras no mienten, en las elecciones del período 2016-2019 las mujeres no llegamos ni al 20% de representación en ninguna entidad o corporación. De acuerdo con el estudio “Las Mujeres en el poder política local (2016-2019)”, de la Mesa de Género de la Cooperación Internacional en Colombia, hoy las mujeres representamos el 15,63% de las gobernaciones, 16,75% de los miembros de asambleas, 12,17% de los alcaldes en todo el país y 16,63% en los concejos municipales. El problema, es que la bajísima participación de las mujeres en política no es considerada un obstáculo por la mayoría. Difícil que el pais se embarque en solucionar un “problema” sino se considera que lo sea. Primero es un derecho para nosotras las mujeres el acceder al poder en igualdad de condiciones y, claramente, los resultados demuestran que no se dan las condiciones para que las mujeres podamos acceder. Pero no sólo es el derecho de las mujeres no elegidas el que se vulnera, sino que la perspectiva femenina frente a los asuntos de política pública se priva de la mirada de más de la mitad de la población que entiende de primera mano lo que es sentirse menospreciada en lo laboral, acosada mientras camina por una calle o vestida de rosadito para que nos impongan los roles que la sociedad ha querido. Así las cosas, se nos vuelve una tarea inaplazable y definitiva visibilizar y poner en la agenda nacional la problemática de las brechas entre hombres y mujeres en materia de participación política. El primer paso es que estemos de acuerdo en que es un problema. Para aumentar la participación política de las mujeres hay que superar las barreras que persisten y que no podemos desconocer. La última Encuesta de Participación Política de ONU Mujeres revela que el 62% de los electores nunca ha votado por una mujer, incluso el 59% de ellas nunca lo ha hecho. Más grave aún, el 26% cree que la participación que tienen hoy las mujeres en cargos de elección popular es suficiente y al 18% le parece irrelevante discutir este tema. Otra barrera, no menos importante, es la falta de postulación de las mujeres a los cargos de elección popular. El plazo máximo para inscribir candidatos y listas de partidos vence el 27 de julio, necesitamos mujeres berracas que se atrevan a lanzarse, partidos decididos a apoyarlas y electores dispuestos a dar su voto a la mejor alternativa, independientemente de si es hombre o mujer. La posibilidad de transformar nuestro país no da espera. Y la decisión de contribuir, de manera contundente y definitiva, a tener más mujeres en los cargos de elección popular está en nuestras manos. Es hora de visibilizar el problema, trazar metas ambiciosas y enfocarnos en unos resultados que tengan en cuenta que hay un problema.

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Más mujeres en la política, el reto

Más Mujeres En La Política, El Reto En una época en la que la discusión sobre equidad de género va haciéndose cada vez más amplia en el mundo, es necesario que Colombia avance mucho más para garantizar y promover la participación de las mujeres en la política y, lo más importante, asuman un rol determinante en la toma de decisiones que marcan el rumbo del país. Ya los primeros pasos se han dado con una bancada femenina en el Congreso que busca empoderlas y fortalecer su presencia en los cargos de poder. La baja participación de las mujeres en la política colombiana ha sido una constante en las tres últimas décadas, pues si bien gracias a la aplicación de la llamada “Ley de Cuotas”, han aumentado su presencia en corporaciones como el Congreso de la República, esta sigue sin superar el 30 %. Aunque se ha logrado un avance significativo en el ámbito político, el camino sigue siendo largo. Es primordial elevar la presencia femenina en cargos de decisión y poder a un 50 %, para generar un cambio cultural sobre la labor que puede ejercer en ese campo. Antes y después de las mujeres en el Congreso Según un informe de la ONU Mujeres, su participación en el Congreso ha aumentado de manera importante desde la entrada en vigencia de la Constitución de 1991, que les permitió abrirse campo en la política, al pasar del 7,7 % (en ese cuatrenio) al 20,8 %, tal como se vio reflejado en las elecciones legislativas de 2018. El aumento en la cuota parlamentaria se debe, primordialmente, a la aprobación de la ley 1475 de 2011, que establece que en las listas compuestas por cinco o más candidatos deben incluirse al menos el 30 % de mujeres. “El mayor esfuerzo que tiene que hacer hoy cualquier corporación es conseguir al menos ese 30 % de mujeres.  Se debe mostrar la importancia de que esta participe en política, porque los estudios han registrado que en la medida que la mujer tome posiciones de liderazgo, el entorno y la política pública mejoran”, expresa la senadora del Centro Democrático, María del Rosario Guerra. Esta situación ha hecho que Colombia esté en el puesto 22 en el ranking de participación política de las mujeres en el continente americano, cuyos primeros lugares son ocupados por Bolivia, Nicaragua, México, Argentina, Ecuador y Costa Rica, que cuentan con una legislación de paridad parlamentaria. Con el acceso de la mujer a cargos de poder y diplomáticos, se van derribando creencias culturales de que son espacios designados a los hombres. Propuestas para aumentar participación de mujeres Es claro que el trabajo debe empezarse en la legislación y continuarse con los esfuerzos de las agrupaciones políticas para crear confianza en sus capacidades. Como primera medida, tendría que aumentarse el porcentaje de participación del género femenino en las elecciones legislativas. “En la reforma política lo hemos intentado, pero fue imposible, hay resistencia absoluta a cerrar las listas y a llegar a la paridad” que se busca, afirma la senadora de la Alianza Verde, Angélica Lozano.  Para Ángela María Robledo, excandidata a la vicepresidencia de la República, el actual Congreso sigue siendo muy patriarcal y ortodoxo. Por ello considera que “una reforma política que no toque de manera contundente la apertura para las mujeres, no tiene mucho significado porque ellas son fundamentales en la democracia”, agrega. Cualquier avance en ese sentido, requiere la voluntad por parte de todos los actores, principalmente del Gobierno Nacional y el Congreso de la República para que sea posible un cambio en las reglas de juego.  El trabajo conjunto de instituciones como el Congreso y ONU Mujeres debe fortalecerse aún más. ¿Qué hace falta? Es necesario que la bancada de mujeres del Congreso impulse activamente proyectos que garanticen más participación del género en la política colombiana. Para conseguir la paridad representativa, es fundamental que los partidos también tengan voluntad política y se pongan en la tarea de atraer a las mujeres a la actividad proselitista, ya que ese es el principal obstáculo a la hora de fortalecer la presencia del género en los cargos de elección popular en Colombia. Según la senadora María del Rosario Guerra, su colectividad trabaja intensamente en preparar las mejores candidatas con talleres que las eduquen en el tema político. “Hay que tener ganas, capacidad de interlocución, dedicación y argumentación. Eso es lo que hay que promover para que las mujeres jóvenes se interesen”, subraya.  La senadora Ana Paola Agudelo, del Partido MIRA, asegura que las listas de su organización política para el Senado siempre han estado encabezadas por mujeres y han preservado el equilibrio de géneros. Según la parlamentaria, se cuenta con una escuela de gobierno que capacita las lideresas de base. “Se han ido dando pasos, pero hay que avanzar más”, agrega. Por su parte, aunque reconoce que faltan mujeres en el Legislativo, la congresista de la lista Decente, Aída Avella, considera que quienes aspiren a ser candidatas a corporaciones públicas, deben ser eficientes, porque no se trata de poner “rellenos”. La senadora va más allá, al afirmar que “deben dar ejemplo de cumplimiento, honradez, estar siempre muy preparadas, no solamente en los debates, sino para dar ejemplo de vida”.

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¿Llegó la hora de replantear relaciones?

¿Llegó La Hora De Replantear Relaciones? Aunque para el Gobierno esta legislatura fue positiva porque se logró sacar adelante el Plan Nacional de Desarrollo (PND), considerado la hoja de ruta del Presidente Iván Duque Márquez en estos cuatro años, algunos congresistas creen que el balance no es el esperado, porque en su concepto, el Ejecutivo no ha logrado construir la gobernabilidad que se requiere para garantizar el trámite de iniciativas importantes como las reformas política y judicial. La postura de los partidos Liberal, Cambio Radical y La U -con las mayorías en el Legislativo- de distanciarse del Gobierno le restaron capacidad de maniobra al mandatario, quien se resistió a darles participación a las fuerzas políticas en su administración, como parte de su nuevo estilo de gobernar, en el que priorizó el nombramiento de ministros y funcionarios técnicos durante sus primeros meses de gestión. Analistas consideran necesario un replanteamiento en las relaciones con el Congreso de la República, pensando en los proyectos que se vienen y en la campaña electoral que se cruza con la próxima legislatura, en la cual estará en juego el poder regional.  La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, encargada de impulsar y coordinar las iniciativas y acciones del Gobierno ante los congresistas, admite que el esquema que se planteó era distinto, pero muy positivo para la democracia colombiana. “Creo que eso es constructivo para el país y eso es una relación sana de respeto entre el Ejecutivo, el Legislativo y la Rama Judicial. Es la separación real de poderes”, afirma.  Y es que a pesar de las dificultades para conseguir el respaldo parlamentario, como se evidenció en la votación de las objeciones a la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el equipo gubernamental logró sacar avante el Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” en este periodo de sesiones. Según la jefe de la cartera de asuntos políticos, el PND era la gran apuesta oficial para este semestre y con su aprobación en el Senado y la Cámara de Representantes se legisló para los próximos cuatro años, luego de una concertación con las regiones y los sectores políticos, económicos y sociales del país.  La reforma política se quedó sin aire Ante el poco ambiente en el Congreso para salvar la reforma política, que había sido modificada en sus partes sustanciales, la ministra del Interior desistió de continuar con su trámite. Las pocas probabilidades que existían de revivir las listas cerradas para las elecciones a corporaciones públicas llevaron a la funcionaria a darle sepultura a la iniciativa en esta legislatura. “Ante la imposibilidad de continuar con el trámite de la lista cerrada y la equidad en la representación de las mujeres, el Gobierno no insistirá en adelantar la reforma política”, escribió Gutiérrez en su cuenta de Twitter.  Con el proyecto, se buscaba depurar el ejercicio de la política, eliminando el voto preferente con el cual obtienen una curul los candidatos que alcancen un mayor número de votos al interior de sus partidos, sin importar el orden en que aparezcan registrados en el tarjetón electoral. Ello ayudaría a evitar prácticas como el clientelismo o la compra de votos.  La reforma, una de las promesas del entonces candidato Iván Duque, hacía parte del paquete de medidas anticorrupción anunciadas por el Ejecutivo para fortalecer los partidos, reducir los costos de las campañas y garantizar transparencia en la forma de hacer política en Colombia. Pero el Gobierno no se da por vencido y desde ya buscará el apoyo de las distintas bancadas para impulsar un nuevo proyecto a partir del 20 de julio. Un cambio necesario La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, espera el apoyo de los partidos a la reforma política que se presentará en julio próximo. Para garantizar el trámite de los proyectos del Gobierno, incluida la reforma política que será presentada nuevamente en la próxima legislatura, es indispensable un replanteamiento de las relaciones entre el Ejecutivo y el Congreso de la República lo antes posible para poder avanzar en las iniciativas que aún están pendientes. Así lo considera el politólogo y académico, Fernando Rojas, quien ve poco probable que se mantenga el modelo con el que el Presidente Iván Duque Márquez ha querido gobernar por el costo político que le puede generar. “Le toca hacer un giro para lo que quiere, porque a pesar de las buenas intenciones, su estilo no le ha dado los resultados esperados”, señala. Aunque se logró la aprobación del PND, en el que se establecen los objetivos, programas e inversiones para el cuatrienio, el analista cree que el Gobierno “no logró encontrar el camino para sacar adelante los demás temas de la agenda legislativa (en este periodo de sesiones), ni tampoco generar confianza”. Por eso coincidió en que un acuerdo con las fuerzas políticas es el camino para destrabar los proyectos clave, como las reformas a la justicia y las pensiones o de lo contrario, habría dificultades para garantizar la gobernabilidad en lo que resta de gestión. Desde ya se rumora sobre una reestructuración de la relación con los partidos tradicionales que podría derivar en una crisis ministerial, así como en su participación en la administración, ad portas de cumplirse un año del ascenso del entonces candidato del Centro Democrático al poder. La gran pregunta que surge frente al nuevo panorama que se plantea, es si el partido oficialista estaría dispuesto a aceptar que otras organizaciones políticas tengan representación en el Gobierno, para contar con nuevos aliados en el Congreso. A pesar de las dificultades para conseguir el respaldo parlamentario, como se evidenció en la votación de las objeciones a la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el equipo gubernamental logró sacar avante el Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”. Lo que si se descarta es un revolcón. En caso de presentarse los cambios en el gabinete, estos se darían de manera gradual. La reestructuración habría comenzado con la salida de Gloria María Borrero

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Omar Yepes Alzate, nuevo presidente del Partido Conservador

Tras la renuncia el lunes pasado del exsenador Hernán Andrade a la dirección del Partido Conservador, ya se conoce quien será su reemplazo: el también excongresista Omar Yepes Alzate, quien tendrá el reto de fortalecer la colectividad a nivel regional y consolidar su unidad de cara a las elecciones del 27 de octubre próximo, en las que se renovarán alcaldías, gobernaciones, concejos y asambleas departamentales. Yepes Alzate fue concejal de Manizales entre 1986 y 1990, así como miembro de las juntas directivas de Fomento y Turismo de la capital caldense, del Fondo de Promoción del Teatro, y de las Empresas Públicas de la misma ciudad. Por más de 25 años ha pertenecido al directorio nacional conservador y ha sido en dos oportunidades vicepresidente de la colectividad, como también su presidente en tres ocasiones. Dentro de las tareas que dejó pendiente Hernán Andrade, esta la celebración de los 170 años del partido, formalmente constituido el 4 de octubre de 1849. Por unanimidad fue elegido como nuevo presidente del Partido Conservador el Doctor Omar Yepes Alzate. #FuerzaConservadora pic.twitter.com/Xe18fMWvdu — Partido Conservador (@soyconservador) 6 de marzo de 2019

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Maduro está dispuesto a adelantar elecciones legislativas

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, está dispuesto a iniciar un diálogo con la oposición para salir de la crisis política y económica que vive la vecina nación e incluso podría adelantar las elecciones legislativas en su país, como una de las alternativas. En una entrevista con la agencia de noticias rusa RIA Novosti, el mandatario dijo estar preparado para conversar también con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. “Estoy dispuesto a acudir a la mesa de negociaciones con la oposición, para hablar por el bien de Venezuela, por la paz y el futuro”, expresó. Con respecto a las elecciones, aclaró que sería bueno adelantar las legislativas, ya que sería una buena forma de abrirle espacios a la discusión política. Sin embargo, Maduro no piensa lo mismo de las presidenciales. “No aceptamos ultimátum de nadie en el mundo, no aceptamos el chantaje. Las elecciones presidenciales tuvieron lugar en Venezuela y si los imperialistas quieren nuevas elecciones que esperen hasta 2025”, advirtió. La tensión en Venezuela, donde la Asamblea Nacional proclamó como presidente encargado de ese país a Juan Guaidó, con un amplio respaldo internacional, crece a diario. Las protestas ya dejan al menos 35 muertos y más de 800 detenidos en una semana.

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Pedro Pablo Jurado, nuevo director ejecutivo de Cormagdalena

Por 16 votos, la Junta Directiva eligió por unanimidad este martes al barranquillero Pedro Pablo Jurado como nuevo Director Ejecutivo de la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena, Cormagdalena. Jurado es profesional en Derecho de la Universidad Externado de Colombia y cuenta con más de 15 años de trayectoria laboral en importantes compañías nacionales tanto públicas como privadas. Hasta la fecha venía desempeñándose como delegado del Presidente de la República en la Junta Directiva de Cormagdalena y, así mismo, como asesor del Despacho de la Ministra de Transporte, Ángela María Orozco. Entre los principales retos que deberá asumir el nuevo director de la corporación, está la adjudicación del nuevo Proyecto de Asociación Público Privada para la recuperación del Río Magdalena (APP) y el emprendimiento de iniciativas estratégicas en el cumplimiento de la agenda de competitividad del país, como el fortalecimiento portuario y el desarrollo del transporte multimodal. Jurado dijo tener claro todo lo que representa el río para los pobladores, industriales, empresarios, navieros y portuarios. “He concurrido con un enorme interés de aporte y servicio a todas las entidades que hoy están trabajando para que Barranquilla tenga un canal de acceso libre de cualquier tipo de condicionamiento que garantice niveles de navegación, que tenga 10 metros de profundidad durante los 365 días del año”. Durante la sesión No 144 de la Junta Directiva realizada este martes en las instalaciones del Ministerio de Transporte, los miembros de la misma destacaron la valiosa labor del director saliente, Lucas Ariza, quien estuvo como encargado al frente de la Corporación en estos últimos meses. Jurado Durán tomará posesión de su cargo mañana miércoles ante la Ministra Ángela María Orozco. La junta directiva de Cormagdalena está integrada por 17 miembros. Quien la preside es jefe de Estado, Iván Duque, y su suplente es Pedro Pablo Jurado (escogido como nuevo director de la entidad). También hacen parte los ministros de Transporte, Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Agricultura y Desarrollo Rural, Minas y Energía, Comercio Industria y Turismo y el presidente de Ecopetrol. En representación del Alto Magdalena está el gobernador de Cundinamarca, el alcalde del Gigante (Huila) y el alcalde de Ambalema (Tolima). Por el Magdalena Medio está el gobernador de Santander, el alcalde municipal de Yondó (Antioquia) y el alcalde de Río Viejo (Cesar). Por el bajo Magdalena está la gobernadora del Magdalena, el alcalde de Córdoba (Bolívar) y el alcalde de Salamina (Magdalena). Adicionalmente hay un representante de los gremios.

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La política, los politicos y la prensa en Colombia

Datos y hechos de las relaciones entre prensa y política a propósito de los 25 años de la Revista El Congreso Siglo XXI. Presidentes vinculados con medios de comunicación (Desde 1886)* Rafael NúñezCarlos HolguínMiguel Antonio CaroCarlos E. RestrepoJosé Vicente ConchaMarco Fidel SuárezPedro Nel OspinaMiguel Abadía MéndezEnrique Olaya HerreraEduardo SantosMariano Ospina PérezLaureano GómezRoberto Urdaneta ArbeláezAlberto Lleras CamargoGuillermo León ValenciaGustavo Rojas PinillaCarlos Lleras RestrepoMisael Pastrana BorreroAlfonso López MichelsenBelisario BetancurCésar Gaviria Fuente: La industria de los medios masivos de comunicación en Colombia. María Teresa Herrán. 1991. Fescol. Página 57 En la década de los años 30 del siglo XX, la prensa colombiana era, según lo expresaba Alberto Lleras Camargo, “la más segura, la más consolidada y la más perdurable de nuestras instituciones políticas y sociales”. (El Liberal, diciembre 10 de 1939). Y sí. Hay partes de la vida republicana en las que la altura intelectual, la contribución a la democracia, la construcción de una opinión pública que alienta el debate responsable y serio de los grandes temas nacionales y el servicio informativo a la ciudadanía han sido características del ejercicio periodístico en la Nación. Debe agregarse que también ha existido una relación directa entre las labores periodísticas y la política o entre políticos y periodistas, más todavía, un complejo y útil periodismo político que ha perdurado como actividad en medio de las más duras circunstancias de un territorio en el que los conflictos, la guerra interna y las desigualdades han marcado una agitada historia. El devenir de las publicaciones que generan opinión y que hacen circular contenidos sobre la política ha conectado siempre acontecimientos y personajes con públicos también ávidos de conocer lo que ocurre en la vida nacional, como es el caso de la Revista El Congreso Siglo XXI, publicación que ha sido promotora de un periodismo útil en lo informativo, firme en la divulgación de las ideas y persistente en sus objetivos de emprendimiento. La Revista es heredera de casi dos siglos de desarrollo de los medios de comunicación que, como lo señala el historiador Antonio Cacua Prada, han mantenido esa relación entre instituciones democráticas, prensa y dirigencia política. “La gran mayoría de mandatarios colombianos, desde el Jefe del Estado Soberano de Cundinamarca, don Jorge Tadeo Lozano y Peralta, en 1811, han sido periodistas”. Así lo reseña Cacua Prada en una de sus obras al presentar una larga lista de periódicos que desde las luchas independentistas de 1810 fueron conformando el panorama de los medios en la República. Se incluye la Gaceta Colombiana, un medio oficial editado en Cúcuta durante los debates sobre el naciente estado colombiano. También El Insurgente, atribuido a la inquieta y creativa mente del prócer Antonio Nariño y cuya función era controvertir las ideas de sus opositores que se expresaban en el Correo de Bogotá. Nariño con su famosa Bagatela es considerado el primer periodista político de la historia republicana. Simón Bolívar también usó como arma ideológica a las imprentas y Francisco de Paula Santander tuvo a su servicio El Patriota (1823). Medios como El Granadino, El Constitucional de Cundinamarca, La Gaceta de la Nueva Granada, El Cachaco, El Conservador, La Noche, El Nacional, El Neogranadino, El Siglo, El Conservador, La Verdad y la Razón, El Catolicismo, El Porvenir, El Bogotano, La Paz, La Fe, El Obrero, El Tradicionista, El Espectador o El Tiempo, se imprimieron durante agitadas décadas desde el siglo XIX, en las que fue abriéndose paso una institucionalidad que ha reconocido a la prensa como otro de sus pilares. En estos periódicos escribieron y afilaron su pluma política personajes centrales de la vida pública y quienes alcanzaron los más altos cargos de la Nación. Florentino González, Manuel Murillo Toro, Lorenzo Lleras, Mariano Ospina Rodríguez, Julio Arboleda, José María Samper, Salvador Camacho Roldán, José María Vergara y Vergara, Miguel Antonio Caro, Rafael Núñez y José Manuel Marroquín, entre otros. Para el siglo XX los historiadores destacan períodos en los que política, Estado y prensa conformaron el carácter de la nacionalidad como elementos centrales. Para Jorge Orlando Melo, entre 1930 y 1946 todos los presidentes habían sido directores de periódicos. Enrique Olaya Herrera, fundador del Diario Nacional, Eduardo Santos, director de El Tiempo y luego llegarían los López y los Lleras. Melo añade que, Alberto Lleras, el político más importante del siglo XX, fue director de La Tarde y El Liberal y fundador de Semana. Además, fue director de El Espectador. Más recientemente, Carlos Lleras Restrepo quien dirigió El Tiempo, López Michelsen, orientó El Liberal y Belisario Betancur, que pasó por La Defensa, El Siglo y dirigió La Unidad. Se fortaleció, además, una prensa regional y bogotana que igualmente ha tenido nexos importantes con la política y los políticos. Los periódicos, cada vez en mayor convivencia con múltiples medios de comunicación como la radio, la televisión, la Internet y los demás espacios de tecnologías y redes sociales, se han sumado a un entramado global de canales y flujos de mensajes en los que también se juega mucho de la política y del mismo manejo del Estado. Mirado desde la actualidad, los últimos presidentes y buena parte de las dirigencias locales han compartido con los medios modernos tanto en su dirección como en sus estructuras de propiedad. Juan Manuel Santos, exdirector de El Tiempo o Andrés Pastrana, con vinculaciones a prensa y televisión, son ejemplos de esa unión permanente de periodistas y políticos. Revistero Las revistas generales, de entretenimiento, universitarias, institucionales o académicas han sido otra parte de la actividad de medios informativos en la historia nacional. De los jesuitas se registran El Mensajero del Corazón de Jesús (1867) o Universitas de la Javeriana (1951). Otras como Bogotá Ilustrado (1908), Horizontes (1913) y el caso de Cromos (1916), un semanario que al cumplir 50 años recibió la Cruz de Boyacá otorgada por el Presidente Guillermo León Valencia. Todas estas publicaciones influenciadas por la clase política al igual que Revista Colombiana, en la que participaron Laureano Gómez y Mariano Ospina Pérez o la Revista de América, una iniciativa de El Tiempo (1945). Otro medio de importancia es

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“La recuperación social será nuestra prioridad”

Juan Carlos García es uno de los políticos más importante de Norte de Santander. Su carrera política empezó desde la universidad cuando estudió Derecho. Fue concejal a los 25 años y presidente del Partido Conservador. Llegó a ser el representante a la Cámara más joven y con mayores votos en el departamento. Ahora, en su cargo como senador, liderará grupos de empoderamiento para los jóvenes porque “en la medida en que fortalezcamos y empoderemos estos espacios de liderazgo, se pueden cerrar las brechas sociales en nuestro territorio”. Los proyectos que busca impulsar como senador en beneficio de Norte Santander no dan espera. Ante las circunstancias que vive el departamento en materia migratoria, social y económica, ve conveniente trabajar a pasos agigantados por la reactivación de su territorio.  Por eso, desde el Congreso, aumentará sus esfuerzos para retomar el distrito turístico fronterizo de la ciudad de Cúcuta, a través de unas líneas expeditas de regulación fiscal y aduanera que mejoren la economía en Cúcuta y demás poblados asentados en el área limítrofe. Uno de los retos del senador es visibilizar su departamento y retomar su liderazgo. “En la medida en que fortalezcamos y empoderemos espacios de liderazgo, se pueden cerrar las brechas sociales”. Su trabajo por las juventudes Varios serán los temas que García trabajará desde el Congreso de la República: Uno de ellos será volver política pública el programa Jóvenes en Acción, una iniciativa de Prosperidad Social que apoya a quienes están en condición de pobreza y vulnerabilidad, con la entrega de transferencias monetarias condicionadas para que puedan continuar sus estudios técnicos, tecnológicos y profesionales.​ Cabe recordar que Cúcuta es la ciudad con la mayor tasa de desempleo en el país (19%), debido a la radiografía actual de la frontera colombo-venezolana, que ya cumple tres años de cerrada. Crisis migratoria Cúcuta ha sido desde siempre una ciudad emblemáticamente fronteriza, quizá la más importante del país. Sin embargo, cada vez son más alarmantes las estadísticas de salubridad y seguridad, lo que ha llevado a que se tengan que buscar medidas de choque laborales para otorgarles beneficios a los trabajadores que están en condición de desempleados. “Se espera que esta iniciativa se radique este año ante el Gobierno” para hacer frente al problema, confía el senador.   Pero la situación va mucho más allá, pues, de acuerdo con García, es importante replantear el modelo de administración que tiene la ciudad y convertirlo en un gobierno distrital para que pueda tener más recursos, reorganizarse y establecer políticas fiscales a 10 años, tal y como lo planteó el presidente Iván Duque. “Esto ayudará a garantizar la reactivación económica, en compañía de un plan de seguridad y fortalecimiento institucional” explica. Un trabajo desde la Vicepresidencia Para poder frenar el flujo migratorio en la zona fronteriza, además de los cordones de desigualdad en materia de desempleo, servicios públicos y educación, el congresista propone hacer realidad lo que la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, lleva impulsando desde hace varios años con la creación de una Alta Consejería de Fronteras, la cual pretende integrar todas las políticas migratorias y fronterizas adecuadas para Norte de Santander, la Guajira y Arauca. “Se está trabajando para que eso sea una realidad y se han pasado las propuestas de cambiar el estilo de depender solo de algunas políticas nacionales”, sostiene. Para lograrlo, el parlamentario considera que se debe hacer un gran pacto de inversión por parte del Gobierno Nacional para la recuperación social de este territorio, donde a diario llegan cientos de venezolanos que huyen de la crisis política y económica que vive la vecina nación. Nuevo gobierno, nuevas políticas Hay grandes expectativas frente al nuevo gobierno del Presidente Iván Duque. Así lo han expresado varios sectores empresariales y políticos que ven en su programa de gobierno una vía para fortalecer las instituciones y garantizar una economía estable y sólida. Temas como la reforma a la justicia, así como a los sistemas de regalías y penitenciario, harán parte de las iniciativas que promoverá el senador García en el nuevo periodo legislativo, pensando siempre en ayudar a superar las necesidades de su región. “Nos han informado que somos parte de la agenda nacional, y a eso le apostamos”, asegura.   Su gran reto en estos cuatro años será darle visibilidad al departamento, retomar su liderazgo e ir de la mano con el Gobierno Nacional para rescatar la cultura ciudadana con la creación de los senados regionales. “Esto le da participación a regiones que nunca han tenido congresistas”, concluye. Millones de venezolanos han cruzado la frontera colombo-venezolana para buscar mejores oportunidades de vida en este y otros departamentos del país.

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Hay que proteger a nuestros líderes sociales

Por: Hernán Andrade Presidente del Partido Conservador Como presidente del Partido Conservador, hago un llamado urgente al Gobierno Nacional para que se protejan la vida, la integridad y los derechos de todos los líderes sociales, comunitarios, campesinos, y políticos del país, y que se ponga especial énfasis en la protección de aquellos que residen o trabajan en zonas de especial nivel de riesgo, y de aquellos que ya han sido víctimas de amenazas o intimidaciones. Colombia no puede seguir asistiendo a esta horrenda cadena de noticias de violencia. A toda persona se le debe garantizar su derecho fundamental a ejercer sus actividades de liderazgo social, comunitario y político, en toda parte del territorio nacional, y garantizar que pueda hacerlo sin riesgo para su integridad y su vida. Y esta garantía no debe conocer color político ni orientación ideológica: todos los líderes, de todas las tendencias y todas las ideas, deben gozar de iguales garantías para el ejercicio de su labor social y comunitaria. “Colombia no puede seguir asistiendo a esta horrenda cadena de noticias de violencia. A toda persona se le debe garantizar su derecho fundamental a ejercer sus actividades de liderazgo social, comunitario y político”. Personalmente apoyé la negociación de paz, como lo hicieron muchos otros miembros de este Partido. Hoy tenemos la convicción de que esta fue la decisión correcta. Pero mucho alertamos al Gobierno de la necesidad de copar con su autoridad legítima e institucional todo el territorio del país, para que se impidiera el surgimiento de nuevas formas de violencia organizada, alimentadas por la creciente actividad de narcotráfico, sobre la cual hemos advertido y seguiremos advirtiendo. El Partido Conservador Colombiano expresa su solidaridad y sus más sinceras condolencias a las familias de los líderes sociales asesinados, y pide al Gobierno Nacional que les brinde rápidamente la protección que requieran.

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