agosto 4, 2026

Gobierno

Las Asambleas Populares por el Magdalena, acercan el pueblo al Gobierno del Cambio

Estos espacios han servido para que las comunidades conozcan la gestión del gobernador Carlos Caicedo para atender las necesidades que se acumularon por años de abandono de las administraciones anteriores. Los municipios de Remolino, Sitionuevo, Puebloviejo, Cerro de San Antonio, El Piñón, Salamina, Pedraza, Zapayán, Nueva Granada, Santa Bárbara de Pinto, San Zenón, Pijiño del Carmen, El Banco, Guamal, San Sebastián, Santa Ana, Ariguaní, Tenerife, Plato, Chibolo, Pivijay, Concordia, Fundación, Aracataca, Zona Bananera y Ciénaga, fueron visitados por una delegación de funcionarios de la Gobernación del Magdalena, en el marco de las Asambleas Populares, una estrategia del Gobernador Carlos Caicedo Omar, para abarcar todo el departamento en un ejercicio de rendición de cuentas y diálogo con las comunidades. El mandatario estimó que estas Asambleas permitirían recoger información en terreno, allí mismo donde los líderes reconocen que a pesar de los males acumulados por décadas de desidia, desgobierno y administraciones alejadas del pueblo, en el Gobierno del Cambio se han ido atendiendo las necesidades, a pesar del desafío que significó la pandemia por el Covid-19, y las zancadillas políticas que, hasta el mismo presidente Iván Duque, puso a la gestión de este modelo de Gobierno. Este diálogo con cientos de representantes de barrios, corregimiento, veredas, gremios y maestros, ha permitido identificar el dolor de las comunidades por el ausentismo e incompetencia de los alcaldes municipales. “El Departamento venía con un flagelo de 30 años de corrupción, es casi imposible que el Gobernador Caicedo en cuatro años vaya a resolver todo, ¡Él no es mago! Nosotros estamos agradecidos con él por el programa ‘Yo Sí Cambio, Todos Alfabetizados’, fue satisfactorio ver la alegría de los abuelitos que nunca habían cogido un lápiz, que no conocían las vocales y que tampoco sabían escribir su nombre”, dijo Yaqueline Mendoza, coordinadora de la Mesa de Víctimas en Sitionuevo. “Estos son unos excelentes espacios donde la población está en contacto directo con la gestión del Gobernador Caicedo, porque había mucha desinformación. Queremos que este tipo de encuentros se mantengan, porque sentimos que nos dan la importancia a nosotros los líderes”, aseguró Richard Zapata Meriño, presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) del corregimiento de Puerto Niño. En esa misma línea, Julio Vizcaíno de la Hoz, docente de la IED rural de Cantagallar (El Piñón), recalcó que “las Asambleas permiten el sano debate, y además refuerzan la información de lo que hace la Gobernación. Nosotros hemos sido priorizados con obras, y eso nos llena de alegría”. La ruta de Asambleas Populares termina este miércoles en Sábanas de San Ángel, Algarrobo, El Retén y Santa Marta, para seguir escuchando a las comunidades y documentando sus problemáticas en educación, salud, saneamiento básico, vías y otras áreas. Tomado por la Gobernación de Magdalena

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Con éxito finaliza el cambio de juntas del puente Simón Bolívar en Cartago, Valle del Cauca

Con estas actividades, Vías del Samán restablece la movilidad segura de las comunidades entre los departamentos de Risaralda y Valle del Cauca. El cambio de juntas del puente Simón Bolívar se llevó a cabo como una labor de mantenimiento recomendada por especialistas, los cuales, a través de una inspección técnica, dieron un parte de tranquilidad sobre el estado de la estructura. El programa Vías del Samán finaliza con éxito el cambio de juntas de dilatación del puente Simón Bolívar (Km 59+550), el cual conecta los departamentos de Risaralda y Valle del Cauca. Con esta actividad, el Gobierno del Cambio garantiza la transitabilidad segura de los usuarios en el corredor La Victoria- Cartago- Pereira. Lo anterior fue programado como una acción de mantenimiento, luego de realizar una inspección técnica con especialistas en geotécnica, hidráulica y estructuras, con motivo del aumento de tráfico en el corredor por el colapso del puente El Alambrado, entre los departamentos de Quindío y Valle del Cauca. Programa Vias del Samán Estas actividades hacen parte del programa Vías del Samán, que invierte más de $ 27.000 millones en la Gestión Vial Integral (GVI) de los corredores Pereira- Cartago- La Victoria, Cerritos- La Virginia- Ansermanuevo y la Romelia- El Pollo, en donde se ejecuta: el mantenimiento periódico y rutinario de la vía, atención a emergencias y los servicios gratuitos de ambulancia, grúa y carro- taller entre Pereira y La Victoria, Cerritos- La Virginia y La Romelia- El Pollo. Así mismo, como parte de este contrato, se construirá la intersección de Galicia, una obra que constará de dos glorietas y un paso a desnivel que mejorará el flujo vehicular y disminuirá los índices de accidental en este sector. Actualmente, el programa avanza en la gestión predial y la revisión, actualización y ajuste de los estudios y diseños. Una vez concluya esta fase, se evaluará el método constructivo que genere un menor impacto en la movilidad de la región. Vías del Samán se ejecuta por medio de un novedoso modelo de financiación de la infraestructura pública, el cual, a través de un contrato interadministrativo entre el Instituto Nacional de Vías, Invías y la Banca de Desarrollo Territorial, Findeter, maximiza los recaudos futuros del peaje Cerritos II para ejecutar obras priorizadas por los territorios. Con justicia y diálogo social, el Gobierno del Cambio a través del programa Vías del Samán continúa trabajando en la construcción de una infraestructura vial segura y eficiente. Tomado de Ministerio de Transporte

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Participación de la iniciativa “Desarrollando Ciudades Resilientes”

La Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres de la Gobernación del Cauca participó de la iniciativa “Desarrollando Ciudades Resilientes MCR 2030” en el municipio de Salento en Quindío. En el marco articulatorio de la estrategia de la Oficina Regional de Las Américas y el Caribe (UNDRR). Espacio donde se realizó el “Taller Nacional de Implementación de la Herramienta ScoreCard”, que permite promocionar la resiliencia urbana a través del análisis de las amenazas y la formulación de planes municipales de gestión del riesgo de desastres. El escenario fue la Institución Educativa Carlos Lleras Restrepo, aquí se contó con la participación del Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo del Salento, liderado por su alcaldesa, Beatriz Diaz Salazar, la comunidad y representantes de los consejos departamentales y municipales de gestión del riesgo de desastres de Cauca, Tolima, Quindío, Caldas, Salento, Pereira, Dosquebradas y Buenavista. La funcionaria de la UNGRD Blanca Torres afirmó que: “desde el 2015 inicia este proceso de acoplo de la campaña mundial ‘Desarrollando Ciudades Resilientes’, donde se vincularon alrededor de 72 municipios en el país y en el año 2021 la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo hizo el lanzamiento nacional de esta propuesta y contamos con 144 municipios inscritos en la red y tres ciudades reconocidas a modo internacional como nodos en resiliencia” De esta manera la Gobernación del Cauca, luego de esta visita, reafirma que participa y promueve estos encuentros de intercambio de experiencias para trabajar articuladamente en la construcción de una cultura de resiliencia y reducción del riesgo en cada uno de los territorios. Tomado de la Gobernación del Cauca

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Más de $85.500 millones se invertirán en proyectos y mejoramiento de atención en salud en Buenaventura

El Ministerio de Salud participó en la décima Comisión de Seguimiento a los Acuerdos del Paro Cívico de Buenaventura, enfatizando que se avanzará con la estrategia de Atención Primaria para garantizar el derecho a la salud y cuidar de las familias y las comunidades bonaverenses. En la décima Comisión de Seguimiento a los Acuerdos del Paro Cívico de Buenaventura, liderada por la vicepresidenta de Colombia Francia Márquez. Desde el territorio, el ministro de salud enfatizó en que se avanzará con la estrategia de Atención Primaria para garantizar el derecho a la salud y cuidar de las familias y las comunidades bonaverenses. Entre tanto, el ministro Jaramillo, indicó que se invertirán más de $85.500 millones en proyectos para mejorar la capacidad resolutiva y garantizar la atención en salud. Las inversiones se enfocarán en el fortalecimiento de la capacidad instalada, la infraestructura y la dotación del hospital Distrital Luis Ablanque De La Plata y la construcción del nuevo hospital San Agustín de Puerto Merizalde. Junto con la Alcaldía de Buenaventura se adelantará el proyecto de recuperación del hospital Distrital, con un costo aproximado de $50 mil millones, a partir de los estudios realizados por la Universidad del Valle. Por otra parte, se destinarán $826 millones para el arreglo del tomógrafo y mamógrafo del hospital Luis Ablanque y 1.300 millones para el saneamiento de deudas. Otro de los anuncios estuvo referido a las adecuaciones de los puestos de salud de Juanchaco y la Bocana, los cuales contarán con una inversión cercana a los $500 millones. Además, se harán los estudios y los diseños para la reposición de 10 puestos y 3 centros de salud y la transformación hacia Centros de Atención Primaria en Salud – CAPS. La apuesta del gobierno del presidente Gustavo Petro es llevar las especialidades médicas necesarias a la zona rural y urbana de Buenaventura y formalizar a los trabajadores de la salud. Al cierre de la jornada el ministro de Salud visitó las instalaciones del centro hospitalario Luis Ablanque De La Plata y compartió con pacientes y profesionales de la salud. Puntualizó el ministro Jaramillo que “desde 1991 no hay descentralización administrativa porque existe un virreinato desde Bogotá que no deja gobernar con la gente en las regiones, pero esto va a cambiar con el presidente Gustavo Petro”. Tomado por el Ministerio de Salud y Protección Social

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El año entrante debemos tener los primeros fallos de la Jurisdicción Agraria y Rural: MinJusticia

En el podcast ‘Contraplano’ del Ministerio de Justicia y del Derecho anunció que este semestre el #GobiernoDelCambio avanzará en la reglamentación de la nueva Jurisdicción Agraria y Rural para que cuente con asignación presupuestal, nombramiento de jueces, y adecuación y designación de las sedes. El ministro de Justicia y del Derecho, Néstor Iván Osuna Patiño, reveló en ‘ContraPlano’, el podcast del MinJusticia, que los primeros fallos de la Jurisdicción Agraria y Rural se empezarán a conocer el próximo año, luego de que el #GobiernoDelCambio presente al Congreso la reglamentación para el funcionamiento y avance en la asignación presupuestal, el nombramiento de los jueces y la adecuación y designación de las sedes, en un trabajo conjunto con el Consejo Superior de la Judicatura. Sobre los lugares donde estarán los nuevos juzgados agrarios, Osuna Patiño explicó que con el Ministerio de Agricultura “tenemos un mapa de necesidades de Justicia Agraria y curiosamente coincide con buena parte de los territorios PDET, es decir, municipios que han sido víctimas del conflicto armado, lugares que están en franco proceso de recuperación y ciertamente todos bastante remotos de la capital de la república”. De acuerdo con el ministro, por primera vez el país podrá disponer de jueces en los territorios rurales para que allí, de modo ágil, gratuito y sin grandes formalidades, se puedan resolver problemas de propiedad, de linderos, de adjudicación de baldíos, de uso del suelo, entre particulares o, incluso, aquellos que involucran el Estado. “La aprobación de la Jurisdicción Agraria y Rural es histórica porque desde la creación de la república, uno de los problemas más graves que no se ha resuelto es el de la propiedad, la tenencia y la explotación de la tierra y la prosperidad, la tranquilidad, la buena vida de las campesinas y los campesinos. Era una deuda de ya más de dos siglos y detrás de la cual hay ríos de sangre, de dolor, de desplazamiento y de despojo”. Agregó que la aprobación “es también una reivindicación histórica para un sector de la población que, aunque lo merece todo, ha sido excluido de tantas oportunidades”. En ‘Contraplano’, el podcast del MinJusticia, el ministro Osuna Patiño explicó que para hacer más cercana esta justicia a la ruralidad, los procedimientos están pensados para que sean ágiles y gratuitos, para crear esa cercanía y confianza con las y los ciudadanos, como se tiene, por ejemplo, con la figura de la tutela. “Anteriormente se estimaba que un pleito por cuestiones agrarias podría tardar hasta más de 10 años en solucionarse. Con la creación de esta jurisdicción esperamos que se puedan resolver, en primera instancia, en tres o cuatro meses”, explicó y agregó que “esperamos que en unos años una especie de tutela agraria y rural sea tan famosa y tan usada como lo es la tutela hoy en todo el país”. El ministro resaltó el consenso logrado para la aprobación de la Jurisdicción Agraria y Rural. “Se alcanzó primero a partir de la puesta en evidencia de que no es un problema que tiene color político sino un tema social profundo en el que todos tenemos una deuda histórica. Reconozco que los consensos se logran por un esfuerzo de escucha, de inclusión, de tener en cuenta la voz del otro”. “Las altas cortes, gremios de abogados, otros cuerpos de jueces organizados, estaban también de acuerdo y claro esos consensos se construyen y son un esfuerzo de escuchar, de entender, de estar dispuesto a modificar los textos, como efectivamente ocurrió. Esto le otorga a la reforma constitucional una especial fuerza porque no puede ser vista como un triunfo del grupo ganador frente al perdedor, sino como construcción de país”, puntualizó. Tomado por el Ministerio de Justicia y del Derecho

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Gobierno de Caldas realizó seguimiento a la ejecución de los proyectos de vivienda que se desarrollan en varios municipios

La Secretaría de Vivienda y Territorio de Caldas llevó a cabo diferentes comités de seguimiento de obras en los municipios de Supía, Riosucio, Salamina y La Merced. Estos encuentros contaron con la participación de familias, autoridades indígenas, alcaldes, contratistas, interventores y obreros y tuvieron como objetivo verificar el avance de los diferentes proyectos que se desarrollan en estos territorios. Entre los proyectos a los que se les hizo seguimiento se encuentran el de vivienda rural, mejoramientos habitacionales y el acueducto veredal de Hojas Anchas, en el municipio de Supía. Sobre este particular se evidenció que va en un 90% de ejecución, con una inversión total de 2.136 millones 810 mil pesos. Durante los comités de avance de obra, el gobernador de Caldas, Luis Carlos Velásquez Cardona, destacó el progreso en las viviendas de los resguardos indígenas, resaltando la importancia de brindar igualdad de acceso a servicios públicos a todas las comunidades sin importar su ubicación geográfica. Además, el mandatario reafirmó su compromiso de trabajar en unidad por el desarrollo y la equidad en el departamento. Recordó, también, que dentro del proyecto de vivienda rural para las comunidades indígenas se ha establecido una meta de construir 70 unidades habitacionales. Este programa cuenta con una inversión de 4.652 millones 925 mil pesos, con un aporte del 100% de los recursos por parte de la Gobernación de Caldas. Adriana Lucía Rojas, beneficiaria del resguardo indígena Cañamomo y Lomaprieta, ha participado en la construcción de su propia vivienda y se mostró emocionada de ver su sueño hecho realidad. Espera que muchas más personas puedan cumplir el anhelo de tener una casa propia. El equipo de Vivienda de la Gobernación de Caldas continúa trabajando arduamente para cumplir con los objetivos propuestos, mejorando la calidad de vida de las comunidades y promoviendo el desarrollo equitativo en la región. Tomado por la Gobernación de Caldas

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Zasca Renacer, la estrategia del Gobierno del Cambio que fortalece a más de 2.000 personas privadas de la libertad

Esta iniciativa busca fortalecer y enlazar los sectores productivos en agroindustria, manufactura y confecciones, como motores de la economía popular, mejorando así las condiciones de vida de las personas privadas de la libertad y las de sus familias. El Complejo Carcelario y Penitenciario de Alta y Media Seguridad de Ibagué (COIBA Picaleña) fue el escenario para el lanzamiento de Zasca Renacer, una estrategia del Gobierno del Cambio que busca impactar a más de 2.000 personas privadas de la libertad, a través del fortalecimiento de sus capacidades productivas y emprendedoras. Este programa fue promovido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo e iNNpulsa Colombia, en alianza con la Consejería Presidencial para la Reconciliación Nacional, el Ministerio de Justicia; el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC); la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Surge como una apuesta de la política de reindustrialización, fundamentada en la resocialización, las condiciones especiales de trabajo, el enfoque de género y la contribución a la Paz Total, orientados a la población privada de la libertad y pospenada de Colombia. Durante el lanzamiento, el Ministro de Justicia, Néstor Osuna, destacó que esta iniciativa “nos permite avanzar con el compromiso que tiene el Gobierno del Cambio para la humanización del Sistema Penitenciario y Carcelario. Hemos visitado los talleres de madera y confecciones y son muy valiosos los productos que desarrollan allí. Piensen que un bolso o un artículo tallado en madera puede ser el inicio de su fábrica o taller de carpintería. Ustedes (personas privadas de la libertad) pueden ser empresarios y generar empleo”.   A su vez, la Consejera Presidencial para la Reconciliación Nacional, Eva Ferrer, señaló que “renacer es nacer de nuevo, eso es lo que buscamos con esta estrategia: recuperar la importancia que todas y todos tenemos en la sociedad, así como la satisfacción y la dignidad que da el trabajo. El propósito es buscar la reconciliación con uno mismo, con las familias y con la sociedad, es brindar una segunda oportunidad”.   Los Centros de Reindustrialización Zasca Renacer se implementarán por fases en 21 Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional (ERON), en los que las personas privadas de la libertad accederán a formación técnica, durante 10 meses, en actividades relacionadas con el fortalecimiento productivo en sectores como agroindustria, manufactura, tecnologías y confecciones, con el objetivo de impulsar la economía popular y mejorar sus condiciones de vida y las de sus familias.   De igual forma, la ejecución de este programa promoverá la unión entre los establecimientos de reclusión del orden nacional y los municipios con programas de desarrollo con enfoque territorial (PDET) aledaños, para impulsar el desarrollo económico, social y ambiental en las zonas del país más afectadas por el conflicto armado.   En ese sentido, “los Zasca Renacer son un instrumento muy importante de la Política de Reindustrialización, que está orientada a promover el desarrollo y fortalecimiento productivo en los establecimientos de Reclusión de Colombia. Estos centros nos permitirán aportar a los procesos de resocialización de la población interna para que puedan impulsar su economía y las de sus familias”, dijo la Viceministra de Desarrollo Empresarial, Soraya Caro.   Así mismo, el Gerente General de Innpulsa Colombia, Hernán Ceballos, subrayó que “estamos convencidos de que todos los colombianos pueden aportar a la reindustrialización de nuestro país y la población privada de la libertad no es una excepción. Ellos merecen oportunidades para aportar desde sus capacidades productivas a su resocialización y al desarrollo familiar, esto bajo la visión de la justicia económica y social promovida desde el Gobierno del Cambio”.   Finalmente, la UNODC brindará un apoyo estratégico a este programa de desarrollo agroindustrial en el país, así lo expresó la Representante Regional para la Región Andina y el Cono Sur, Candice Welsch, quien afirmó que es una oportunidad única y valiosa para fortalecer la garantía de derechos de muchas de las personas que se encuentran privadas de la libertad. El evento contó con la asistencia del Director General (e) de la USPEC, Ludwing Joel Valero; el Director General (e) del INPEC, Teniente Coronel (r) José Hernando Medina; el Gerente General de la Corporación Industrial Minuto de Dios, José David Tovar; miembros del Gobierno Nacional; empresarios del sector, y cerca de 80 personas privadas de la libertad, entre otros. Tomado por el Ministerio de Justicia y del Derecho

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Hecho histórico en la libertad de cultos: Después de 25 años Gobierno y organizaciones religiosas firman convenio que les brinda facultades misionales

El Gobierno Nacional suscribió un convenio con ocho organizaciones religiosas que las faculta, entre otras, el poder celebrar matrimonios con efectos civiles, entrar al sistema penitenciario y al sistema de salud para asesorías espirituales, y así no tener impedimentos al momento de desarrollar sus cultos y creencias. Es el segundo convenio que se suscribe desde que comenzó a regir en 1994 la Ley Estatutaria de Libertad Religiosa y de Cultos. En 1998, durante el gobierno de Ernesto Samper, se firmó el primer convenio. “La importancia de este convenio y el valor que generalmente tienen los colegios -esos que ustedes van a fundar- son colegios que unen a la sociedad”, destacó el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Con la firma del presente convenio se extienden los derechos y beneficios a las entidades religiosas y abre la puerta a otras organizaciones para que se sigan sumando a esta iniciativa que reafirma el compromiso del Gobierno del Cambio del presidente Gustavo Petro con la libertad religiosa. “Este convenio ratifica la voluntad del Gobierno Nacional en defensa de la garantía de la libertad y la igualdad religiosa en el país, extender derechos que no todos los tienen”, señaló Amelia Cotes, directora de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior. El convenio suscrito otorga once facultades descritas a continuación: Celebrar matrimonios con efectos civiles. Enseñanza religiosa en los planteles educativos de las entidades religiosas. Podrán fundar, organizar y dirigir centros de educación a cualquier nivel, incluidos la educación campesina y rural. Podrán suscribir contratos o convenios a través de instituciones públicas que desarrollen programas educativos oficiales. Podrán prestar asistencia espiritual y pastoral a los miembros de la Fuerza Pública y a las personas que ingresen a centros educativos, hospitalarios, asistenciales y carcelarios. Podrán ingresar a todas las instituciones que componen el sistema nacional penitenciario y carcelario en donde cualquier interno solicite su asistencia espiritual. Podrán, realizar programas de atención social dirigidos a los internos en los Centros de Reclusión del Sistema Nacional Penitenciario. Prestarán asistencia espiritual a toda persona que lo solicite y se encuentre en centros de salud, hospitales, clínicas, centros de salud mental, ancianatos, orfanatos, etc. Respeto a los bienes inmuebles en donde celebran sus cultos y/o reuniones transitorias y mientras estas reuniones se realicen se garantizará el uso del espacio público adyacente. Tendrán derecho a utilizar un lugar ecuménico destinado a la celebración de cultos, en todas las instituciones en donde ejerzan funciones el Estado. Podrán firmar convenios o contratos con todas las entidades del Estado que desarrollen programas de asistencia social. Los firmantes de las organizaciones religiosas que asistieron a este evento son la Iglesia Centro Cristiano, la Iglesia Cristiana Centro Cristiano Empresarial Fe en Acción, la Iglesia Universal Apostólica Anglicana (IUAA) Fraternidad Sacerdotal “El Buen Pastor”, la Iglesia Católica Anglicana, la Iglesia Centro Mundial de Avivamiento, la Iglesia Evangélica Interamericana de Colombia, la Iglesia Antigua en Colombia Viejos Católicos 1870 Arquidiócesis María Rosa Mística y la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional. En Colombia mediante el Decreto 1079 de 2016 se declara el 4 de julio de cada año, como el Día Nacional de la libertad religiosa y de culto en el país. Tomado de: Ministerio del Interior.

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Santander: Mujeres de la provincia Yariguíes se capacitar

Santander: Mujeres de la provincia Yariguíes se capacitaron para fortalecer su liderazgo político y autonomía financiera

Cerca de 100 lideresas comunales y emprendedoras se formaron en el Distrito Especial de Barrancabermeja a través de En Santander las mujeres construyen democracia y Mujer, aprende y emprende, estrategias con las que el gobierno de Mauricio Aguilar Hurtado trabaja para cerrar las brechas de género en ámbitos políticos y económicos en el departamento. “En este momento en los espacios de participación, las mujeres no llegamos a ocupar ni un 20%, por eso queremos establecer acciones educativas, para fortalecer a cada una de nuestras líderes, representantes y presidentes de Juntas de Acción Comunal”, indicó la secretaria de la Mujer, María Fernanda Artavia Pardo. De este modo, por medio de las temáticas: Principios de igualdad, Experiencias significativas de mujeres inspiradoras y Diálogo de saberes, se dictaron los talleres que se desarrollan de conformidad con la Resolución N° 8947 de 2021 y la Ley 1475 de 2011, mediante los cuales se promueve la participación política de las mujeres, la garantía del ejercicio del derecho al voto y el funcionamiento de los partidos políticos. También en aras de lograr la igualdad económica, las asistentes  a la Casamatriz del puerto petrolero se formaron en arte y decoración con globos, “capacitando a madres cabeza de familia, madres solteras y mujeres que sueñan con poder generar un emprendimiento, brindamos las posibilidades y las herramientas para que puedan potencializar sus habilidades y poder generar sus propios ingresos, para transformar la vida no sólo de ellas, sino de sus hijos, sus seres queridos y de toda su familia”, resaltó la gestora Social de Santander, Genny Cristina Sarmiento Díaz. Al fortalecer la educación se impacta directamente la conciencia, el empoderamiento, la autonomía y la equidad, una oportunidad para impulsar el poder femenino transformador, como puntualizó la presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio 20 de Julio, Estela Jiménez: “Estos espacios de participación son muy importantes porque nosotros tenemos la idea, las ganas de servir, pero no tenemos la capacitación. Es muy bonito porque interactuamos, nos enseñan desde nuestra perspectiva y podemos compartir lo que hemos aprendido. Darle gracias también a quienes hicieron posible esta capacitación, al Gobernador de Santander y a todas las personas que están aquí dándonos su conocimiento”.  Tomado de la Gobernación de Santander. 

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El día de ayer, el representante Alejandro Ocampo, del Pacto Histórico, presentó la ponencia del Proyecto de Ley 280 de 2022, el cual tiene como objetivo dotar de facultades jurisdiccionales a la Unidad de Restitución de Tierras. Esta reforma permitirá agilizar los procesos, brindar mayor seguridad jurídica y ayudar a las víctimas a obtener una reparación integral.

Colombia está en deuda con las metas de reparación integral de víctimas

El día de ayer, el representante Alejandro Ocampo, del Pacto Histórico, presentó la ponencia del Proyecto de Ley 280 de 2022, el cual tiene como objetivo dotar de facultades jurisdiccionales a la Unidad de Restitución de Tierras. Esta reforma permitirá agilizar los procesos, brindar mayor seguridad jurídica y ayudar a las víctimas a obtener una reparación integral. Con esta iniciativa se busca agilizar y fortalecer el proceso de Restitución de Tierras por vía administrativa, reformando la Ley 1448 de 2011, conocida como Ley de Víctimas. La Ley 1448 de 2011, que ha sido prorrogada hasta el año 2031, la cual establece metas ambiciosas para satisfacer y garantizar los derechos de las víctimas en Colombia, beneficiando a un total de 9.492.000 personas. Sin embargo, hasta la fecha, solo se ha logrado avanzar un 3.94% en el acceso y garantía de Restitución de Tierras a las víctimas, como parte integral del proceso de reparación. El proyecto busca convertirse en una herramienta que facilite la meta del gobierno y de su bancada legislativa, de la falta de tierras para las comunidades campesinas y para quienes han sido víctimas del despojo a raíz del conflicto armado. Tomado por Congreso de la República de Colombia

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