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La justicia constitucional en la protección de los recursos naturales

La justicia constitucional en la protección de los recursos naturales Guillermo Francisco Reyes González Nació en Barrancabermeja, el 26 de octubre de 1965. Es abogado, escritor y académico. Fue viceministro del Interior y de Justicia desde septiembre de 2006 hasta el 30 de julio de 2008. Actualmente es socio principal y fundador de la firma Reyes & González Abogados. Estudió en la facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario y obtuvo Doctorado en Filosofía del Derecho en la Universidad Complutense de Madrid con grado cum laude, hizo parte de la creación del movimiento Séptima Papeleta, que lo llevó a ser asesor en la Asamblea Constituyente de 1991. En agosto de 1992 fue nombrado magistrado auxiliar de la Corte Constitucional donde ejerció hasta febrero del año 2000 cuando renunció para asumir como rector de la Universidad Católica de Colombia, fue diplomático ante las Naciones Unidas, posteriormente magistrado y presidente del Consejo Nacional Electoral. Ejerció además como decano de la facultad de Derecho y ha publicado más de 12 obras jurídicas y cuenta con más de 30 años dentro de la docencia. Guillermo Francisco Reyes González es un convencido de que la exploración y explotación minera y petrolera, hecha de una forma responsable, puede ser la salvación de muchos municipios con dificultades financieras, privilegiando la protección ambiental y la concertación entre todas las partes involucradas. En diálogo con la Revista El Congreso Siglo XXI, el reconocido jurista habló de los pormenores de los desafíos de la justicia frente a este tema. ¿Cuáles han sido los retos de la justicia frente a la explotación de recursos naturales no renovables? Desde 2014, se estrenó la consulta popular como mecanismo de participación ciudadana en el que se involucra la sociedad en torno a la protección del medioambiente y los recursos naturales. Por ejemplo, en algunos municipios del país con vocación minera y de hidrocarburos, se efectuaron consultas populares que convocaron a la ciudadanía a decidir acerca de promover o no la extracción minera, teniendo en cuenta los efectos sobre la naturaleza, en especial el agua, y las costumbres de la población. En 2016, Brújula Minera realizó un sondeo nacional y llegó a la conclusión que dentro de las respuestas de la gente, ellos anteponen la protección del líquido vital que podría ser vulnerado por la actividad minera o petrolera. Entonces, cuando se promueven las consultas populares encaminadas a prohibir la minería, nos devolvemos al primero de los casos en Piedras (Tolima), en 2014. Allí, la gente votó a favor del medioambiente y el municipio establece una prohibición en la extracción minera y de hidrocarburos. Es así que otros entes territoriales comienzan a emular esa experiencia como Cajamarca (Tolima), el Eje Cafetero, Boyacá o el Meta. En la protección de los recursos naturales Como ministro consejero de la Embajada de Colombia ante las Naciones Unidas fungió como vicepresidente de la Comisión de Organizaciones No Gubernamentales del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC), entre 2001 y 2002, y fue coordinador de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Nueva York en 2002, vicepresidente de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional y vicepresidente de la Comisión de Privilegios e Inmunidades de los Agentes de los Estados. Desde septiembre de 2002 a septiembre de 2006 fue presidente y vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, desde donde promovió la creación del Consejo Electoral de la Comunidad Andina de Naciones. El 1 de septiembre de 2006 se posicionó como viceministro de Justicia donde tramitó la Ley que reformó el arbitraje nacional e internacional, así como la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos. Fue presidente del Consejo Directivo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC; presidente del Consejo Directivo de la Superintendencia de Notariado; presidente del Consejo Directivo de la Dirección Nacional de Estupefacientes y presidente del Consejo Directivo de la Imprenta Nacional. Fue representante del Ministerio del Interior y de Justicia ante la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, CNRR y miembro del consejo directivo del Instituto Nacional de Medicina Legal. En 2010 obtuvo su diplomado en estudios avanzados (equivalente a magister en Colombia) en Filosofía del Derecho de la Universidad Complutense de Madrid y recibió su título de doctorado en Filosofía del Derecho, Moral y Política con grado Sobresaliente Cum Laude de la misma universidad en 2015. ¿Cómo es el trámite de ese tipo de consultas? Estas tienen una intervención muy interesante, porque participan los concejos municipales, que deben exponer un concepto político; los tribunales administrativos, que emiten un concepto de constitucionalidad frente a la pregunta formulada; y, desde luego, la ciudadanía, ejerciendo su derecho al voto. Cuando empezaron a prosperar ese tipo de consultas, se presentaron acciones de tutela por parte de las personas que se verían afectadas con las prohibiciones. Y es entonces que el Consejo de Estado se pronunció respecto al fallo de esos tribunales que avalaban las consultas y determinó que las preguntas eran inducidas, donde al ciudadano le decían “¿quiere prohibir porque eso le contamina?” y desde luego quién lo va a permitir. Basados en las diferentes respuestas de las entidades vinculadas al estudio de la tutela interpuesta, la Corte Constitucional, mediante la Sentencia T-445 de 2016, cuyo ponente fue Luis Ernesto Vargas Silva, dispuso que el desarrollo de la política minera en Colombia requería de un conjunto de estudios técnicos, sociológicos y científicos que permitiera evaluar los impactos que genera dicha actividad sobre los territorios. Ante esto la Corte se refiere a que, cuando se involucra el subsuelo, es de propiedad del Estado, y cuando se involucra el suelo, es del municipio, lo cual ha suscitado otra polémica. Así que ya los territorios han buscado facilitar los trámites por medio de Acuerdos en los concejos municipales sin necesidad de consultas, para que, con ello, a finales de 2017 se diera una restricción financiera para su desarrollo, en el sentido de que no hay claridad de quién las financia: si el municipio o la nación. En 2017 se presentó una situación especial

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Consideraciones sobre una propuesta de reforma a la justicia

Especiales, Estado / revistacg

Consideraciones sobre una propuesta de reforma a la justicia Enrique Gil Botero, Ministro de Justicia y del Derecho (2017-2018). Presidente del Consejo de Estado (2008-2009) Excomisionado de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) Es apremiante una reforma estructural a la justicia en Colombia. La implementación del modelo constitucional dispuesto en la Carta Política de 1991 ha evidenciado graves falencias y múltiples desajustes que a la larga han creado desconfianza en el aparato judicial y en las mismas decisiones jurisdiccionales, en no pocas oportunidades por escándalos mediáticos que han develado el verdadero funcionamiento del aparato judicial y los hechos negativos originados en la falta de juicio y en la superposición de intereses particulares del operador judicial al momento de tomar una decisión en el caso concreto. Una verdadera reforma a la justicia no puede limitarse a efectuar modificaciones o variaciones tibias en el funcionamiento y la operación de las altas cortes, así como revaluar la distribución de sus magistrados ni la estructura de sus despachos. Sin demeritar la importante función que cumplen los máximos tribunales en las distintas jurisdicciones, el nudo o la gran dificultad en la operatividad de la justicia se ubica en los despachos judiciales de categoría municipal, de circuito y tribunales, cuyos componentes técnicos y humanos se han quedado cortos en demasía frente a la avalancha diaria de procesos y tramites urgentes, como las acciones de tutela que exigen una decisión pronta y debidamente fundamentada. De manera general, una reforma estructural e integral a la administración de justicia puede enmarcarse en tres ejes fundamentales que abarcan las problemáticas más significativas que se han evidenciado luego de la definición de un sistema por parte del Constituyente. Estos tres ejes son: I) El mejoramiento de la educación jurídica o de la enseñanza del derecho; II) La descongestión judicial y el fortalecimiento de la justicia en los despachos de menor rango; III) La evaluación y redistribución de los poderes electorales de los jueces. El mejoramiento de la educación jurídica o de la enseñanza del derecho En el país, argumenta Gil Botero, es necesario recuperar el prestigio de la profesión de abogado y darle un enfoque humanista y de servicio social. El primer eje o pilar de una necesaria reforma a la justicia gira en torno a la educación jurídica o a la formación del abogado en Colombia. Sin duda, el estudiante de derecho y el profesional en ciencias jurídicas desempeñan un rol definitivo de cara al correcto, oportuno y eficiente ejercicio de la función jurisdiccional. El capital humano tiene un alto porcentaje de participación e impacto en el funcionamiento del sistema judicial, de ahí el imperioso afán de mejorar la calidad de la educación jurídica. Se hace necesario recuperar el prestigio de la profesión de abogado y darle un enfoque humanista y de servicio social. A la Rama Judicial no solo deben llegar los mejores juristas, sino los más virtuosos, con las más altas calidades éticas que sirvan de fortaleza frente a las inevitables propuestas oscuras e indecentes que siempre estarán latentes, sean de tipo económico o político, por parte de quienes tienen intereses en los casos sometidos al conocimiento de la jurisdicción. Se trata, entonces, de revaluar completamente el sistema educativo respecto de las ciencias humanas y sociales y, en particular, en lo referido a la formación jurídica, con el propósito de establecer unos mínimos de calidad que habrán de cumplirse en los programas de pregrado de derecho, aspecto que precisamente ha dado lugar a establecer el examen dispuesto por la Ley 1905 de 2018. Aquí se insiste vehementemente en la necesidad de ahondar en una formación jurídica con bases sólidas desde lo ético y lo humano. La correcta y efectiva enseñanza de la ética social es un compromiso fijado por el mismo Constituyente desde 1991 (art. 41), de manera que en las facultades de derecho deberá privilegiarse la construcción de un ciudadano íntegro y formado en ética y valores, condiciones que a la larga redundará en la titulación de profesionales capaces de asumir los retos propios del abogado, pero con sentido humanista y mejor preparado para desempeñar adecuadamente la función de administrar justicia. Sin el ánimo de limitar o restringir indebidamente el principio de libertad de cátedra y demás garantías inherentes a la educación superior, hay lugar a proponer una reforma al sistema educativo para la formación de los abogados que no limiten sus conocimientos a circunstancias de técnica jurídica, sino que, además, se formen en habilidades humanas y en principios básicos del comportamiento que a la postre se reflejará en jueces probos y que ejerzan su cargo con dignidad y decoro, por convicción propia y en beneficio de la justicia. La filósofa española Adela Cortina, en su obra denominada: ¿para qué sirve realmente la ética?, nos enseña que esta trata o se refiere a “… la formación del carácter de las personas, de las instituciones y de los pueblos”. De esta manera, la ética tiene sentido porque nos permite ser conscientes de que tanto las personas como las instituciones tenemos la capacidad de cambiar y dirigir el curso de nuestras acciones, de conformidad con las reglas de la moral y del derecho. Forjar un buen carácter es uno de los fines mismos de la vida, además de cultivar hábitos que sean positivos, a través de la educación, de una educación humana de calidad. La descongestión judicial y el fortalecimiento de la justicia en los despachos de menor rango Según Gil Botero, para mejorar el sistema de justicia en el país, es necesario fortalecer la educación jurídica, descongestionar la rama judicial, y evaluar y redistribuir los poderes electorales de los jueces. Ahora, el aspecto más sensible y de mayor relevancia operativa y funcional para el aparato judicial está condensado en el segundo pilar o eje propuesto para la reforma. Es urgente la adopción de medidas tendientes a descongestionar los despachos judiciales, a priorizar en recursos humanos y técnicos tendientes a depurar el número de procesos en trámite y a facilitar los medios necesarios para el correcto funcionamiento

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Montesquieu y la Constitución de 1991

Estado, Gobierno, Judicial / revistacg

Montesquieu y la Constitución de 1991- Jesús Hernando Álvarez Mora, Rector Universidad Libre El alcance de estas letras carece de análisis crítico sobre la eficacia, a partir de la Constitución Política de 1991 (CP), de la teoría de los pesos y contrapesos fundada en la tridivisión del poder cuya paternidad se le atribuye, con razón, y por su construcción lógica y formal, a Charles Louis de Secondat, señor de la Brède y barón de Montesquieu, más conocido como Montesquieu. Así las cosas, la pretensión es demostrar, tomando como ejemplo la celebración de tratados internacionales, cómo nuestros constituyentes implementaron dicha teoría. Desde luego que ello puede predicarse desde muchas otras variables. El principio de la tridivisión del poder En la Constitución de 1886, promulgada el 5 de agosto y sancionada por José María Campo, se estableció que los poderes públicos son limitados, y que cada uno de los mismos debe ejercer sus respectivas funciones de forma separada. (foto a la izquierda del presidente Campo y a la derecha el libro de la Constitución del 86). En su libro, El espíritu de las leyes (1748), Charles de Montesquieu define el poder como función y como órgano. Allí, se describe una división de los poderes del Estado en el Ejecutivo, representado por el Gobierno, el Legislativo, personificado por el Congreso, y el Judicial, por los Tribunales de Justicia. Lo primero que debemos decir, es que la tridivisión del poder es un principio axial para las democracias, pues su fin último es evitar los gobiernos despóticos, arbitrarios, totalitaristas, dictatoriales o autócratas, cualquiera sea la tendencia ideológica que reclamen para sí. Una de las profundas diferencias entre un gobierno despótico y uno democrático, es que este último debe actuar en la permanente búsqueda del bienestar general. Ya Aristóteles, en su inmortal obra La Política, nos llamó la atención respecto de las formas puras o justas de gobierno, que no son otras diferentes a aquellas que actúan en favor de interés general o, como diría Santo Tomás de Aquino, en búsqueda del bien común. En segundo lugar, que la tridivisión del poder no se debe entender de manera simple y literal, sino bajo la estructura de la teoría de los pesos y contrapesos, o frenos y contrafrenos. Ello implica, al menos, los siguientes elementos: a) Que cada una de las ramas del poder público tengan, de manera rigurosa, funciones separadas. b) Que las ramas del poder público estén en un plano de equilibrio o de igualdad. c) Que actúen con independencia respecto a las otras. d) Que se controlen mutuamente. e) Que colaboren armónicamente para el cumplimiento de los fines esenciales del Estado, tal como está normado en nuestra CP, en el artículo 113, en concordancia con el artículo 2º. La Corte Constitucional, a propósito de la aludida teoría, ha señalado lo siguiente en la Sentencia C-141 de 2010: “En armonía con el régimen político de carácter democrático, integrado a la forma política seleccionada por el Constituyente primario, la Constitución colombiana acoge la teoría de la separación de poderes, que se ha identificado como uno de los elementos fundantes de la Constitución Colombiana de 1991, cuya trasgresión ha dado lugar a la declaración de inexequibilidad de enunciados normativos reformatorios del texto constituciona1. La separación funcional del poder del Estado en distintas ramas y órganos guarda estrecha relación con el propósito de preservar la libertad de los asociados, bajo el entendido de que la concentración del poder implica la tiranía y la opresión, así como la división de funciones estatales permite el cumplimiento eficiente de las diversas finalidades constitucionales encomendadas al Estado. Se tiene entonces que el principio bajo estudio permite, por una parte, limitar el alcance del poder que ejerce cada órgano y, de esta manera precaver su indebida injerencia sobre la actividad de los asociados, garantizando el goce efectivo de una mayor libertad y, por otra, asegurar que los diversos órganos desarrollen un mayor grado de especialización institucional, y le den un manejo más técnico a sus funciones”. En tercer lugar, que no debemos ahorrar esfuerzos, palabras, ni escenarios, para reiterar las bondades de la citada teoría. No obstante, que ha sido construida a través de los siglos, en particular en el siglo XVIII bajo la egida de Montesquieu, cada tanto se desafía en la praxis con nefastas consecuencias para las naciones que caen en desdén democrático. Por último, debemos resaltar que, para la debida praxis de la teoría de la tridivisión o separación de poderes, se debe cultivar la virtud como principio de la democracia, que, en palabras de Montesquieu en “Del Espíritu de las Leyes”, no es otra cosa que el amor a la patria. El autor es explícito en cuanto a las consecuencias de la pérdida de la virtud: “Cuando la virtud deja de existir, la ambición entra en los corazones capaces de recibirla y la codicia se apodera de todos los demás. Los deseos cambian de objeto: lo que antes se amaba, ya no se ama; si era libre con las leyes, ahora se quiere ser libre contra ellas; cada ciudadano es como un esclavo escapado de la casa de su amo; se llama rigor a lo que era máxima; se llama estorbo a lo que era regla; se llama temor a lo que era atención; se llama avaricia a la frugalidad y no al deseo de poseer. Antes, los bienes de los particulares constituían el tesoro público, pero en cuanto la virtud se pierde, el tesoro público se convierte en patrimonio de los particulares. La República es un despojo y su fuerza ya no es más que el poder de algunos ciudadanos y la licencia de todos”. Trámites y requisitos para la celebración en Colombia de tratados internacionales De acuerdo con Jesús Hernando Álvarez Mora, en la celebración de los tratados internacionales en Colombia se puede ver una armonía entre los tres poderes públicos, comenzando por una negociación que le corresponde a la Rama Ejecutiva en cabeza del presidente y de su respectivo Ministro de Relaciones Exteriores. Más allá

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Cumbre de ministros por el campo

Actualidad, Agricultura, Gestión, Gobierno / revistacg

Durante el encuentro que se dio en el marco de la decimosegunda versión de Agroexpo, asistieron los representantes de los ministerios que se relacionan directamente con este sector productivo para analizar la realidad del campo colombiano, socializar los programas que están y los que van a desarrollarse, así como responder las dudas de algunos colombianos. Según explicó la ministra de Trabajo Alicia Arango, el gobierno ha venido implementando una política que busca beneficiar a los adulto mayores y aunque no ha sido posible enfocarla plenamente en la población campesina del país, del “millón y medio de beneficiarios, al menos el 50% son campesinos”. En esta misma línea de desarrollo, dijo que “el artículo 193 del PND establece el piso de protección social para población con ingresos inferiores a 1 SMLV permitirá la provisión de recursos para la vejez en zonas rurales, a través del mecanismo de los BEPS”. Por su parte el jefe de la cartera de Comercio Juan Manuel Restrepo, resaltó que el campo es una pieza clave para la economía colombiana ya que a pesar de representar tan sólo el 17% exportaciones totales, esto significa “el 50% de las exportaciones de productos no mineroenergéticos”. En cuanto a la próxima visita anunciada por el Presidente de la República, Iván Duque a China durante el lanzamiento de Agroexpo, Restrepo aseguró que “el aguacate y los productos cárnicos serán la carta de presentación del país en nuestra próxima visita a China, donde se buscará abrir un nuevo mercado a estos y otros productos del campo colombiano en el continente asiático “. Para la ministra de Educación (E) Constanza Alarcón, “el reto del sector educativo es crear una oferta para los sectores rurales, que sea pertinente a las condiciones y situaciones reales del territorio”. Con relación a la modernización y conectividad del país, el proyecto que busca modernizar las TICs permitirá actualizar el marco regulatorio para hacer crecer la conectividad, “nuestra meta es conectar el 70% del país”, aseguró el representante de esta cartera en el evento. Para finalizar el encuentro, los ministros se enfrentaron a una serie de preguntas del público y algunos colombianos desde las regiones indagando sobre los planes a futuro de las diferentes carteras en pro del país. Dentro de esos planes, sobresalen el mantenimiento de las vías existentes para garantizar el desarrollo de las regiones, la implementación de una política de educación rural, así como la preparación técnica de la población rural y la recuperación de la certificación del país como libre de aftosa para poder crecer en exportaciones de cárnicos.

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Elecciones 2019: Registraduría abre inscripción de cédulas

Actualidad, Bogotá D.C., Estado, Gobierno / revistacg

De acuerdo con lo anunciado por el Registrador Nacional del Estado Civil, Juan Carlos Galindo Vácha, desde este lunes 8 de julio y hasta el próximo domingo 14 del mismo mes en el horario de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. los colombianos podrán acercarse a cualquiera de los 10.737 puestos y registrarse para hacer parte de los comicios del próximo 27 de octubre. Según explicó Galindo, “es ésta una oportunidad para que los colombianos que deseen votar cerca a su casa el próximo 27 de octubre, puedan hacerlo inscribiendo fácilmente su cédula en los puestos cercanos a su residencia”. En el último reporte de datos entregados por la entidad, se evidenció que a la fecha 975.604 colombianos se han inscrito en las sedes de la Registraduría y en centros comerciales.

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Acceso de colombianos a servicios públicos “a medias”

Actualidad, Atlántico, Bogotá D.C., Boyacá: Andina, Bicentenario, Caribe, Estado, Gobierno, Orinoquía / revistacg

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) entregó este jueves los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda realizado en 2018, en el que se evidencia que el acceso de los colombianos a los servicios públicos aun está lejos de alcanzar el 100%. De acuerdo con lo presentado por el DANE, los servicios públicos siguen siendo una necesidad básica de los hogares colombianos que el Estado no ha podido solventar. Los resultados evidencian que el que menos cobertura tiene a nivel nacional es el gas natural domiciliario, alcanzando tan solo el 66,8%, mientras que el acceso a la energía eléctrica en el territorio colombiano alcanzó el 96,3%. Por otra parte, un indicador que llama la atención es la cobertura del Internet fijo y móvil en el territorio nacional, pues según la entidad, apenas alcanza el 43,4%, contrastando con la necesidad planteada desde el Gobierno Nacional de garantizarle a toda la población el acceso a Internet, en un intento de democratizar su uso, apoyado por iniciativas como los Kioscos Vive Digital del MinTic. Otros indicadores De acuerdo con el Censo, en Colombia actualmente hay 48.258.494 habitantes según las estimaciones. El DANE tan solo pudo censar de manera directa a 44.164.417 personas y el 8,5% restante hace referencia a personas que habitan hogares particulares. Respecto al total de viviendas, el DANE visitó un total de 13.480.729 de edificaciones, obteniendo como resultado que en el país hay 14.243.223 hogares. Esto evidenció que en promedio un hogar en Colombia está conformado por 3,1 personas. En cuanto a la distribución de los habitantes a lo largo y ancho del territorio nacional, el 84,2% viven en las zonas urbanas, mientras sólo el 15,8% habita en espacios rurales, lo cual deja en evidencia la necesidad de incentivar el desarrollo del campo colombiano. Por último, frente a la preocupación global ante el envejecimiento de los habitantes, el DANE mostró que los departamentos de Guainía, Vichada, Amazonas, Putumayo, Guaviare y Arauca poseen el mayor número de habitantes jóvenes, entre los 15 y los 29 años, mientras que los grandes centros poblados poseen una media de edad mucho más alta.

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Santrich habría cruzado la frontera venezolana

Actualidad, Fiscalía, Fuerza Pública, Judicial / revistacg

De acuerdo con información revelada por la fuerza pública a Caracol, Jesús Santrich, de quien se había perdido el rastro tras abandonar su esquema de seguridad el pasado sábado, habría cruzado la frontera con el vecino país donde se encontró con Iván Márquez, de quien también se desconoce su paradero. Otra versión que refuerza lo publicado por Caracol, es lo anunciado por Bernardo “el Cura” Hoyos, reconocido político de la costa quien había organizado un acto público donde le harían un homenaje al exlíder guerrillero en la ciudad de Barranquilla. En la mañana y la tarde del sábado estaba segura la presencia de Santrich en el acto, sin embargo, “la información de la seguridad venezolana, le informó que lo querían eliminar o a la entrada de Barranquilla o a la salida”.

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“Mi gobierno es incluyente y participativo”

Gestión, Gobierno / revistacg

“Mi gobierno es incluyente y participativo” Vanessa Bolívar, la actual alcaldesa de Ponedera, es profesional en Finanzas y se ha especializado en Gestión Pública. En el presente, se encuentra cursando una maestría en Desarrollo y Gestión de Empresas Sociales. Ha gobernado Ponedera en los últimos tres años y medio con tesón, mano firme y total dedicación para dar soluciones lo antes posible a las necesidades de los habitantes del municipio en salud, educación, vivienda e infraestructura vial. La alcaldesa de Ponedera, Vanessa Bolívar, es la más joven del país. Sin embargo, eso no ha sido obstáculo para desempeñar su papel como mandataria de manera eficiente y organizada, lo que ha redundado en beneficio de la población. Una posición estratégica, que lo ha convertido en un centro satélite, así como la rápida comunicación terrestre con la ciudad de Barranquilla, han sido fundamentales para que el municipio avance de manera acelerada en su desarrollo, durante los más de tres años de la administración. Desde Ponedera, un municipio que queda a 40 minutos de Barranquilla y que tiene más de 23 mil habitantes, su alcaldesa Vanessa Bolívar ha trabajado sin pausa para brindarle a su región mayores alternativas de progreso. Para conseguirlo, se propuso como meta volver el municipio mucho más productivo, sin dejar de lado la inversión social. Es por ello que entre sus obras se destacan la creación del Centro Vida para el adulto mayor, desde donde se propende la integración de los habitantes de la tercera edad; la entrega de 160 viviendas nuevas, construidas con apoyo de la Gobernación del Atlántico, así como el mejoramiento de 200 casas tanto en la zona urbana como rural, como parte de los esfuerzos de su administración por mejorar las condiciones de vida de la población. La infraestructura vial también ha sido foco de trabajo de la mandataria, que desde la alcaldía se ha encargado de recuperar una de las tres vías de acceso al municipio, la única que faltaba para garantizar una buena comunicación con otras zonas del departamento del Atlántico. “Desde allí se trasladan los cultivos, es mucho más fácil llegar a Santa Marta desde Ponedera que darse la vuelta por Plato. No solamente estamos mejorando la calidad de vida de los ponederenses, sino también de muchas personas del Magdalena que salen a través del municipio”, agrega. Una mujer que trabaja por las mujeres Con ayuda de la gobernación hoy Ponedera cuenta con la primera oficina de la mujer del Atlántico. La alcaldesa está segura que invertir en infraestructura traerá mejores condiciones de vida para su población Para la alcaldesa es fundamental que su trabajo esté centrado en buscar el bienestar de la mujer y la igualdad de sus derechos frente al hombre, pues sabe por experiencia propia las dificultades que puede enfrentar el género en los campos profesional y político. “Hemos tomado el riesgo de unos retos inmensos en cuanto a romper todas las barreras de pensamiento que muchas veces se tiene en los municipios, especialmente en una región machista, para poder incursionar en la política como mujer”, afirma. Por ello, se propuso evidenciar las falencias en el municipio en cuanto al trato que se le daba a la mujer, lo que la llevó a descubrir que no había una oficina dedicada a la población femenina donde pudiera acudir para denunciar cualquier comportamiento violento tanto físico como moral. “Sabemos que hay una comisaria de familia, que se maneja la infancia, adolescencia, juventud, y obviamente se reciben las denuncias de las mujeres, pero no se le hacía un seguimiento explicito”, asegura la mandataria, quien señala que a raíz de esa situación, se estableció la primera oficina de la mujer del departamento, en colaboración con la Gobernación. Allí se hace acompañamiento a las mujeres e ingreso, si es necesario, a un centro de protección. “Gracias a esa iniciativa todos municipios del departamento tienen oficina de la mujer. Eso nos hace sentir orgullosos, de que fuimos los pioneros en esa iniciativa. Y que se replicó en toda la región”. Con el fin de darle reconocimiento al género en el municipio, la administración local dio impulso al Festival del Bollo y del Frito, a raíz del cual cerca de 150 mujeres “se han capacitado, fortalecido y se les da la importancia con una labor que han desarrollado durante 20 o 30 años, pero que estaban invisibilizadas en el patio de su casa. No se sentían orgullosas ni había una persona que les reconociera la labor”, sostiene la alcaldesa. Productividad y desarrollo Gracias a la gestión de la alcaldesa Vanessa Bolívar, Ponedera se ha convertido en un municipio que avanza en productividad e inversión social. En el municipio parte de sus habitantes se especializan en la agricultura, pues se cultiva maíz, yuca, melón, patilla y guayaba. Sin embargo, esta actividad no había podido aprovecharse del todo, pues hace años que la zona contaba con un “elefante blanco”: una planta de procesamiento de frutas que nunca había entrado en funcionamiento. “Conseguimos un aliado estratégico en Casa Luker, a través de una filial que se llama FLP, ellos procesan mango y exportan pulpa a Europa. Entonces, hicimos una alianza muy importante y gracias a Dios logramos la reactivación de esa planta de frutas”, un hecho que ha traído mayor productividad a la región, pues más de 100 personas trabajan en las instalaciones, “es decir, estamos hablando de casi 500 personas que se están beneficiando de su reactivación”, destaca. Adicional a dicha actividad, los ponederenses también le aportan al desarrollo del área metropolitana de Barranquilla, capital del departamento del Atlántico, pues diariamente se trasladan a esta ciudad o a municipios como Malambo o Soledad para trabajar en la construcción, casas de familia y servicios generales, además de ayudar a sacar los productos agrícolas hacia las plazas de mercado o puntos de comercialización. La inversión es necesaria e importante A pesar de que los habitantes de Ponedera son pujantes y trabajadores, la mandataria tiene claro que sus acciones tienen que ir acompañadas de una alta inversión económica y social. “Hacemos

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Muerte política de Iván Márquez

Actualidad, Cámara: Cámara de Representantes, Congreso de la República / revistacg

Después de un año alejado de la escena política y sin haberse posesionado como senador de la República, curul obtenida a raíz de las negociaciones con el gobierno Santos, el Consejo de Estado ha decretado la pérdida de investidura del representante del partido FARC. La decisión tomada en primera instancia por el tribunal está amparada en la no posesión del exguerrillero. De acuerdo con el fallo, la única razón por la que Márquez no se haya podido posesionar y que habría salvado su curul era por “fuerza mayor”, sin embargo el tribunal declaró que su defensa no presentó ninguna prueba que permitiera probar esa condición. La situación de Márquez es muy diferente a la de Santrich, quien el pasado 11 de junio se posesionó como congresista. El ahora representante quien tampoco se había posesionado se encontraba privado de la libertad y en espera de una decisión judicial, razón suficiente para mantener la curul, a diferencia de su copartidario. Adicional a esto, existe un agravante en la conducta del exguerrillero, quien desde hace más de un año no comparece en la JEP, razón por la cual esta Sala le abrió un incidente por incumplimiento.

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Lenguaje claro para acercar el Estado a los ciudadanos

Cultura, Estado, Gestión, Gobierno / revistacg

Por: Nubia López Morales Representante a la Cámara por Santander Partido Liberal Uno de los principales enfoques con los que he desarrollado mi trabajo legislativo hasta hoy, es el uso correcto del lenguaje dentro de la administración pública (nacional y territorial) como herramienta definitiva para el funcionamiento del Estado de Derecho, la confianza ciudadana en las instituciones y la participación social. Por ese motivo, mi primera apuesta en el Congreso de la República fue la presentación del proyecto de Ley No. 063 de 2018 Cámara – 255 de 2019 Senado, el cual pretende modificar parcialmente la Ley 1712 de 2014, es decir, la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional. La iniciativa parte de la tesis derivada en que la información pública no solamente debe ser accesible y publicable en páginas web, sino que también debe comprenderse, para que la ciudadanía se convierta verdaderamente en un sujeto activo e interactivo en democracia. Actualmente, el proyecto se encuentra en discusión en el Senado, después de que la Cámara lo aprobara en primer y segundo debate. Tengo la fe puesta en que más temprano que tarde contemos con una nueva Ley de la República. Estoy segura de los beneficiosque le traería tanto alEstado como a la sociedadcolombiana, la implementaciónde este proyecto, que busca,en últimas, afianzar laconfianza de los ciudadanosen las instituciones con lasque se deben hacer trámites Mi propósito es conseguir que la mayor parte de los documentos del Estado cumplan con estándares de lecturabilidad y legibilidad que le permita a cualquier ciudadano colombiano comprender las comunicaciones públicas, en esencia leyes, respuestas a derechos de petición, guías de trámites, actos administrativos, resoluciones, actas, etc. Se trata de una propuesta basada en la necesidad de promover el uso y desarrollo de un lenguaje claro, comprensible y accesible en los textos legales y formales. La intención es garantizar el derecho a comprender la información que determina nuestras vidas para orientar de mejor manera nuestras decisiones y satisfacer plenamente las necesidades cotidianas. Cuando un ciudadano no entiende lo que el Estado le comunica, le resulta imposible ejercer sus derechos y cumplir sus deberes. Desde hace algunos años, el Estado colombiano se ha venido preocupando por una estrategia que mejore la interacción con la gente, que reduzca los costos de transacción con la comunidad, que fomente la transparencia y facilite los procesos rendición de cuentas. Por esa razón, el trámite y la consecución de esta ley resultarán necesarios para potenciar los esfuerzos que hasta ahora existen por acercar el ciudadano a la actividad estatal y ponerlo en el lugar central de lo público. Esperamos que inicialmente, la “Guía de Lenguaje Claro para Servidores Públicos” elaborada por el Departamento Nacional de Planeación funcione como lineamiento general para entidades, funcionarios y colombianos en general. Y que, con el tiempo, otros organismos como el Departamento Administrativo de la Función Pública y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, se sumen a esta iniciativa legal para fomentar una nueva cultura de servicio estatal que les facilite a las personas encontrar lo que necesitan, comprender lo que encuentran y usarlo de modo efectivo. Estoy segura de los beneficios que le traería tanto al Estado como a la sociedad colombiana, la implementación de este proyecto, que busca, en últimas, afianzar la confianza de los ciudadanos en las instituciones estatales con las que se deben hacer trámites. Con el uso de un lenguaje claro se acelerarían los tiempos de respuesta y se disminuiría la inversión en tiempo y dinero de los usuarios. Este proyecto ha sido propuesto pensando en el bienestar y comodidad de lo ciudadanos.

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