junio 27, 2026

FARC

Ya son 222 criminales de las disidencias de las Farc y el Eln neutralizados o capturados en el Cauca en 2 años

Como una victoria para la Fuerza Pública calificó el ministro de Defensa, Diego Molano, la neutralización de alias ‘Mayimbú’, responsable de acciones terroristas, extorsiones, desplazamientos forzados, asesinato de líderes sociales y ambientalistas, y reclutador de menores de edad en los departamentos de Cauca, Valle del Cauca y Nariño. “Por instrucciones del presidente Iván Duque, hemos venido hoy a Popayán con el fin de hacer una valoración de la operación ‘Jaguar’, que esta mañana, después de una ofensiva permanente, de una inteligencia constante, y del valor, coraje y disciplina de los soldados y policías de Colombia resultó con qua alias ‘Mayimbú’ fuera abatido. Eso es una victoria para el suroccidente, es una victoria para el Cauca, para el Valle y para Nariño, uno de los peores criminales que azotaba esta región con violencia”, destacó el Ministro. Molano informó además que, en febrero pasado, después de que la Fuerza Pública abatió a alias ‘Jhonier’, este criminal se había autoproclamado como cabecilla principal del suroccidente colombiano de las disidencias de las Farc, y era el responsable de cometer atentados terroristas en Padilla, Santander de Quilichao y Corinto (Cauca) y extorsiones a campesinos, agricultores, pequeños y medianos empresarios de esta región del país. “Este peligrosos criminal, que había sido considerado como un objetivo de alto valor, fue abatido por las fuerzas del orden y es un importante logro para la seguridad de esta región, porque no podrá seguir causando daño a los ciudadanos. La neutralización de alias ‘Mayimbú’ libera a esta zona de un asesino, secuestrador y torturador. Ya son más de 222, entre cabecillas e integrantes de las disidencias de las Farc y del Eln, capturados o neutralizados en Cauca.”, afirmó Molano. Por otra parte, el Ministro informó sobre la captura de alias ‘Alexis’, en Dagua (Valle del Cauca) miembro de la columna ‘Adán Izquierdo’ de las disidencias de las Farc, con otros tres criminales de la misma estructura. Este cabecilla promovía extorsiones, secuestros, en esa zona del país. Adicionalmente, miembros de la Fuerza Pública lograron la neutralización de alias ‘Mechudo’, de la columna ‘Carlos Patiño’ de las disidencias de las Farc, en el municipio de Argelia (Cauca), principal reclutador de menores de edad. “Ya no saben qué más hacer estos bandidos, terroristas y reclutadores de menores de edad. Se está distribuyendo un video en donde se evidencia esta práctica deleznable de las disidencias de las Farc, que aún, en el municipio de Argelia, en su zona rural, siguen reclutando menores de edad a pesar de todas las consecuencias que eso tiene como delito de lesa humanidad, y por eso este golpe contra las disidencias de las Farc, en el caso de alias ‘Mayimbú’, en el caso de alias ‘Alexis’, en el Valle del Cauca, en el caso de alias ‘Mechudo’, significa que aquí tenemos un compromiso de toda la Fuerza Pública con la seguridad y con la tranquilidad de todos los caucanos, del Valle del Cauca, y también de Nariño”, destacó el Jefe de la Cartera. Finalmente, el ministro Molano informó que se mantiene el compromiso de la Fuerza Pública para garantizar la seguridad de los comicios del próximo 19 de junio en todo el país. “En el Plan Democracia hay más de 320 mil hombres desplegados a lo largo y ancho del país, para que, en todos los puestos de votación, 12 mil a nivel nacional, y en todos los puestos de votación en el Cauca, Valle del Cauca y Nariño, se puedan realizar las elecciones y los colombianos puedan salir a votar libremente. En estos días se reforzarán las medidas de seguridad en todas nuestras bases militares y policiales, para dar garantía, seguridad y tranquilidad a todos los colombianos”.

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Nuevas amenazas de disidencias de las FARC en Cauca

La comunidad del corregimiento de Sinaí, al sur del Cauca, sufrió un nuevo atentando por parte del grupo “Carlos Patiño”. El enfrentamiento tuvo lugar en horas de la tarde del miércoles 15 de abril, en donde se presentó un intercambio de disparos entre el Ejército Nacional y miembros del grupo armado, que dejó la cifra de ocho muertos. “Cuando se conocieron las informaciones de la presencia de este grupo en el corregimiento de Sinaí, se alertó a las tropas del Ejército, las cuales llegan al sitio y sostienen los combates con miembros del grupo armado organizado residual que estaban intimidando a la comunidad”, aseguró el secretario de Gobierno del departamento, Luis Angulo. Los hechos se dieron debido a la lucha por cultivos ilícitos y la posesión de laboratorios para el procesamiento de coca. Los disidentes estarían en búsqueda de algunos líderes del territorio, además, de saquear las zonas de reincorporación determinadas por el proceso de paz. Los habitantes de la región siguen bajo amenaza y se afirma que hay alianzas con integrantes del “Clan del Golfo”.  Por su parte, el senador Roy Barreras se pronunció en su cuenta de Twitter: “Comunidad me alerta que persiste amenaza de más de 30 hombres armados con armas largas contra reincorporados en finca de veredera el plateado Municipio de Argelia Cauca. Los obligan a sumarse a sus grupos criminales bajo amenaza de darles muerte si no ceden. ¡Es la paz amenazada!”. Las personas fallecidas aún no se han identificado y fueron trasladadas a la ciudad de Popayán para continuar con los procedimientos de Medicina Legal.    El gobierno del Cauca hizo un llamado al Presidente de la República, Iván Duque, y al sector de defensa, para que atiendan la situación que atenta en contra de la vida de la población de la subregión. La situación es preocupante, ya que la reincorporación a la vida civil de los excombatientes está frenada por la emergencia sanitaria y las amenazas continúan desequilibrando el orden público en el país.  

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Se frustra deportación de Mancuso por coronavirus

En noviembre del año pasado, desde la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá se ordenó la libertad de Salvatore Mancuso después de permanecer más de doce años en prisión acusado por narcotráfico. La deportación del excomandante paramilitar que se encuentra en una cárcel de Atlanta, Estados Unidos, estaba prevista para el 27 de marzo. Sin embargo, su salida no se podrá efectuar, dadas las ordenes de los Gobiernos de Donald Trump e Iván Duque, con el fin de evitar la propagación del nuevo coronavirus, Covid-19. Como primera medida, el mandatario estadounidense ordenó la cuarentena en todas las cárceles del país por un término de 30 días, además, restringió las visitas de familias y representantes legales en las 122 prisiones federales. De esta forma, quedó suspendido cualquier trámite de traslado y adelantar diligencias judiciales. Los aeropuertos también cuentan con la misma restricción. A esto, se suman la medidas que tomó el Presidente Duque de restringir los vuelos y el ingreso de no nacionales y no residentes a Colombia. El jefe de Estado ordenó la prohibición con el fin de aumentar la protección en las fronteras y los controles migratorios. Mancuso quien fue uno de los máximos jefes paramilitares del país llegará a una cárcel colombiana, mientras se resuelve su situación jurídica. Debido a que la Corte Suprema de Justicia negó su libertad argumentando que el exnarcotraficante tiene dos procesos penales, cometidos después de su desmovilización, en los que se le acusa de lavado de activos. En junio de 2019 el exparamilitar presentó formalmente su acta de sometimiento ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en la cual se comprometió a colaborar con la reparación de víctimas y a aportar a la verdad de los hechos que se presentaron en el marco del conflicto armado.

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Amnistía otorgada por la JEP a “Mata Hari” levanta ampolla en el país

Luego que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le otorgara amnistía a Marilú Ramírez, autora intelectual del atentado en la Escuela Superior de Guerra en el 2006, el mecanismo de justicia determinó el hecho como un “acto de guerra” en el marco del conflicto armado con las FARC. La decisión no cayó muy bien en algunos sectores políticos del país, especialmente en la bancada del Gobierno. Según la Sala de Justicia de la JEP es “un acto de guerra amnistiable”, puesto que se presentó antes del 1 de diciembre de 2016, fecha en la cual empezó a regir el acuerdo de paz firmado entre el gobierno y la guerrilla de las FARC. La bancada de la administración de Duque presentó su inconformismo frente a la decisión de la jurisdicción, por no reconocer a las víctimas del atentado en el 2006 y favorecer a las FARC. La senadora Paloma Valencia afirmó: “Es inaceptable además que las FARC no hagan reconocimientos individuales de sus responsabilidades. Ninguno de los miembros de las FARC han reconocido las cosas que hicieron y es muy grave que le escurran las responsabilidades a guerrilleros que ya se murieron, para ellos decir que no cometieron ningún delito”. Por su parte, El senador del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez se pronunció: “La JEP debe ser eliminada, bastante lo dijimos en campaña”. El congresista de la U, Roy Barreras, negociador del acuerdo de paz, advirtió que lo que buscan los opositores a la JEP es terminar con el documento firmado con las FARC y afirmó que “sería devolvernos y condenarnos a otros 50 años de guerra”. Las recientes decisiones de la JEP han suscitado al debate sobre reformar el sistema de acusación de los implicados en los casos. “Es inaceptable que haya unos magistrados a los que no se les aceptó un régimen de inhabilidades básico, es inaceptable que se tenga magistrados que trabajaron como abogados de las FARC, que litigaron en causas en contra del Ejército y a favor del terrorismo”, indicó la senadora Valencia. El Centro Democrático radicará un nuevo proyecto para reformar el mecanismo de acusación e indulto del sistema de justicia transicional.

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Avanza traslado de reincorporados en Ituango

El Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio José Archila, afirmó que se prepara el traslado de todos los excombatientes y sus familias, de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), en la vereda Santa Lucía, al norte de Antioquia. Tras el denuncio, semanas antes, de los exguerrilleros frente a la falta de garantías, el Gobierno Nacional, tomó cartas en el asunto frente a la situación que afecta la zona desde hace varios meses. Archila, aseguró que el traslado se venía planeando desde el año pasado para garantizar la seguridad de los reincorporados y se llevará a cabo en los próximos días. “El Gobierno desde mayo del año pasado, cuando analizó la situación de seguridad, había identificado la necesidad del traslado. Por ahora, en la lista para traslado tenemos 100 personas entre reincorporados y sus familias. De quienes hoy habitan el antiguo ETCR, por fortuna, ninguno ha contemplado la posibilidad de quedarse en Santa Lucía, por lo que planeamos el traslado completo”, afirmó el funcionario. Por su parte, los excombatientes tienen la posibilidad de escoger entre 500 predios, que hacen parte de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y están ubicados en todo el territorio nacional, para efectuar su traslado. Cabe recordar que en esta vereda, se ha detectado presencia de integrantes del Clan del Golfo y del frente 18 de las FARC, a los que se les atribuye los asesinatos de 12 excombatientes.  

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Excombatientes abandonarán zona de reincorporación

Los excombatientes del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) en Ituango, confirman que dejarán el lugar en un plazo de dos meses debido a la falta de garantías por parte del Gobierno. Tras una reunión, en la que se analizaron las condiciones para su reincorporación a la vida civil, 60 excombatientes tomaron la decisión de salir del ETCR y abandonar el municipio. A pesar de que aún no se conoce el rumbo, esperan encontrar otro predio en el cual puedan continuar con su tránsito a la sociedad civil con mejores garantías de seguridad.  La decisión se tomó, por las constantes amenazas, luego del asesinato de los exguerrilleros Darío Herrera, el pasado 28 de enero, a quien le dispararon en la vía que conduce al espacio territorial, y Manuel Antonio González, asesinado el 13 de diciembre. “Porque el tema de seguridad ha sido complicado, pero también el tema económico, sin tierras ni nada, entonces ya la gente se cansó de seguir espere y espere, entonces hay que buscar la manera y conseguir otro predio donde desarrollar la reincorporación”, manifestó el excomandante de las FARC, Agustín Rivera. Frente a la situación, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), anunció que el consejero para la Estabilización, Emilio Archila, y el director general de la ARN, Andrés Stapper, visitarán el territorio la próxima semana, de la mano de las autoridades locales.

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Fiscalía captura infiltrados en protestas

La Fiscalía General de la Nación capturó a seis personas que, según declaraciones, pertenecen a las disidencias de las FARC. Según las investigaciones, los capturados integrarían células de disidencias de las FARC, específicamente, estarían vinculados con los grupos 1, 7 y 10. La entidad capturó a los implicados desde la primera marcha el 21 de noviembre, por medio de interceptaciones telefónicas y seguimientos en distintos departamentos del país. A  los detenidos identificados como, Yeiner Avendaño, Víctor Hugo Ruiz, Yeison Franco Sánchez, Jaime Hernando Olarte, Julio Martínez y David Rabello, se les imputó cargos por concierto para delinquir con fines de terrorismo, porte y tráfico de armas y de estupefacientes. Por otro lado, el abogado Eduardo Matyas, de algunos de los capturados, aseguró que “se pretende penalizar la protesta para quienes provocaron disturbios, pero eso no significa que pertenezcan a un grupo armado organizado que tiene control territorial, que usa fusiles y que adelantan acciones sostenidas”.    

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A la cárcel implicados en el caso Dimar Torres

Fiscalía imputó a los cuatro militares retirados por el delito de homicidio en persona protegida. Un juez de control de garantías de Bogotá acogió los argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación e impuso medida de aseguramiento intramural contra cuatro militares retirados que habrían participado en el crimen del excombatiente de las Farc, Dimar Torres Arévalo, ocurrido el 22 de abril de 2019, en la vereda Carrizal, en Convención (Norte de Santander). Los afectados con la decisión son el coronel (r) Jorge Armando Pérez Amézquita y los soldados Yorman Alexander Buriticá Duarte, Cristian David Casilimas Pulido y William Andrés Alarcón Castrillón. Durante las audiencias concentradas, el fiscal de conocimiento argumentó que la muerte del exintegrante de las desmovilizadas Farc se podría considerar como una ejecución extrajudicial, en el entendido de que la víctima era una persona en estado de indefensión, desarmada y no combatiente. En ese sentido, los cuatro militares retirados fueron imputados por el delito de homicidio en persona protegida. Los procesados no aceptaron los cargos en su contra. De acuerdo con los elementos recopilados en las investigaciones, la tarde del 22 de abril de 2019, Dimar Torres se movilizaba en una motocicleta azul y, mientras pasaba frente a la base Sinaí del Ejército Nacional, fue detenido y recibió cuatro disparos de fusil que le propinó el cabo Daniel Eduardo Gómez Robledo. Al parecer, un grupo de soldados ayudó a esconder la motocicleta y habría cavado una fosa en una zona boscosa ubicada a 15 metros de las instalaciones militares, en la que presuntamente fue sepultado el cuerpo de la víctima. Las evidencias indicarían que el entonces coronel Pérez Amézquita, supuestamente, ordenó el crimen porque tenía información de que Dimar Torres sería el explosivita del ELN que aparentemente instaló un campo minado en el que cayó un soldado el 12 de abril de 2019, en zona rural de Convención (Norte de Santander). La Fiscalía obtuvo elementos de prueba que permitieron conocer que el oficial quería vengar la muerte de uno de sus hombres y, en ese sentido, habría pedido actuar contra Dimar Torres. Así está documentado en varios testimonios, en la versión del cabo Daniel Eduardo Gómez, quien reconoció su participación en el crimen; y en algunas interceptaciones telefónicas. En una de las comunicaciones conocidas el coronel Pérez Amézquita habría señalado: “no hay que capturarlo, hay que matarlo. No aguanta que se vaya a engordar a la cárcel”. El juez de control de garantías dispuso que los cuatro procesados deberán cumplir la medida de aseguramiento privativa de la libertad en una instalación militar. Por estos mismos hechos, el cabo Daniel Eduardo Gómez fue condenado a 20 años de cárcel, luego de aceptar que disparó contra Dimar Torres. La Fiscalía General de la Nación hace pública esta información por razones de interés general. Información tomada de la Fiscalía General de la Nación

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Siguen los asesinatos a desmovilizados de las FARC

En la noche del pasado miércoles se confirmó el asesinato de otro desmovilizado de las FARC en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) en el municipio de Mesetas, Meta. Durante los últimos cuatro meses se han cometido dos homicidos en el mismo territorio. Según fuentes oficiales, el presunto responsable de la muerte de Duver Esneider Solano, ex integrante del grupo guerrillero, sería el miembro de la Unidad Nacional de Protección, José Pastor Calderon. Por su parte, Victor Bravo, secretario de Gobierno del Meta, indicó que el crimen se cometió tras una riña entre Solano y Calderón, pues según algunas versiones, después de que el desmovilizado lo agrediera con una botella, el funcionario de la UNP reaccionó disparándole en tres oportunidades causándole la muerte.  El primer caso se cometió el pasado 24 de octubre cuando asesinaron a Alexander Parra, otro de los desmovilizados que convivía con Esneider Solano en el mismo espacio de reincorporación. 

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JEP agrupa subsalas para casos de terceros civiles

La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz, (JEP), decidió categorizar por patrones y estructuras criminales las solicitudes de sometimiento de terceros civiles y agentes del Estado, distintos a la Fuerza Pública. Lo anterior para estudiar de manera individual cada requerimiento. Se espera que con la iniciativa se contribuya a que la JEP pueda resolver con mayor eficiencia las solicitudes pendientes, dentro de  las que se encuentran más de 900.   Para este objetivo, se crearon 3 subsalas en las que se realizarán las investigaciones según el asunto. En cada una, se estudiarán a los terceros civiles: del Bloque Norte de las AUC, los de las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá, y a los participantes como reclutadores, guías o informantes en la comisión de ejecuciones extrajudiciales o ‘falsos positivos’.  De esta manera, se desprenden seis grupos de cada sub sala: civiles reclutadores o intervención en ejecuciones extrajudiciales; políticos; FARC; Departamento Administrativo de Seguridad (DAS); Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), y finalmente otros terceros y agentes del Estado no integrantes de la fuerza pública.

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