Por: Victoria Sandino Senadora de la República Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común La crisis humanitaria en los municipios del sur del departamento de Córdoba ha llegado a un extremo alarmante en los últimos meses. El pasado 21 de junio todos fuimos testigos a través de los medios de comunicación y las redes sociales, de los desgarradores gritos y la impotencia de uno de los cuatro hijos de María del Pilar Hurtado, una joven madre que fue asesinada en Tierralta, Córdoba, por liderar ante al alcalde municipal la exigencia del derecho a la vivienda de varias familias desplazadas de la región. Por extrañas razones se desconocen los detalles del asesinato de otras dos personas que perdieron la vida por el reclamo a una vivienda digna. De igual modo, la opinión pública ha omitido inexplicablemente los otros 14 asesinatos selectivos cometidos desde la firma del Acuerdo de Paz en el sur del departamento de Córdoba. El escalonamiento de la barbarie prendió todas las alarmas, por lo menos 8 de esos 14 asesinatos se han registrado en lo que va corrido del año 2019, y, por si fuera poco, han recurrido nuevamente a viejas prácticas terroristas como el degollamiento, la tortura, la ejecución en público y la estrategia de “tierra arrasada”, que incluye la quema de viviendas y el desplazamiento masivo hasta de 500 familias en un solo episodio. A pesar del alto nivel organizativo de los campesinos de esta región, no se conocen cifras exactas de los asesinatos cometidos ni se tiene una hipótesis clara de los motivos que desataron esta nueva crisis humanitaria. Según los pobladores “todos los días están asesinando a alguien”, pero desafortunadamente no hay registro porque las autoridades no se atreven a llegar hasta allí. Las constantes violaciones a los derechos humanos, amenazas, desplazamiento, asesinatos han desatado una crisis humanitaria en sur de Córdoba Hasta ahora lo único confirmado, es que esta oleada criminal no guarda su causa principal en el narcotráfico como intenta mostrarlo el Gobierno Nacional, pues es bien sabido que cuando los narcotraficantes quieren fomentar el cultivo de coca, no amedrentan a la población de esa manera, sino que se encargan de generar condiciones necesarias para la subsistencia de ese negocio. Lo desconcertante en esta oportunidad es que las acciones de los paramilitares parecen estar dirigidas a desterrar a los campesinos con urgencia, quizá en congruencia con el auge de títulos mineros otorgados en esta zona. En ese contexto, la inoperancia y/u omisión del Estado colombiano es todavía mucho más alarmante. El Ministerio del Interior aún no instala oficialmente la Mesas Departamentales de Garantías de Defensoras y Defensores de DDHH; la Fiscalía General de la Nación no arroja resultados concretos contra los perpetradores de estos crímenes (ni si quiera a pesar de las capturas de algunos importantes referentes del paramilitarismo en la región); la Gobernadora del departamento, Sandra Devia, persiste en estigmatizar a los líderes sociales de estos municipios; los alcaldes municipales evaden su responsabilidad como primeros respondientes a favor de los líderes sociales; las Fuerzas Armadas no logran escoltar a los contratistas que deben realizar las obras de infraestructura para romper el aislamiento de estas comunidades; la Procuraduría General de la Nación no hace cumplir ni la directiva 002 de 2017 ni la 001 de 2019 sobre líderes sociales; y la Alta Consejería para la Estabilización, en cabeza de Emilio Archila, incumple todos los acuerdos sobre sustitución de cultivos de uso ilícito firmados con los campesinos. Esperamos respuestas concretas del gobierno que permitan dar solución inmediata a esta grave crisis que atraviesan las comunidades que habitan el sur de Córdoba y que han sido abandonadas por el Estado históricamente.
