junio 27, 2026

FARC

Preocupa a la ONU, seguridad de desmovilizados de las FARC

  La Misión de Verificación de la ONU en Colombia expresó este jueves su preocupación por la seguridad de los miembros de la desmovilizada guerrilla de las FARC, en un nuevo informe ante el Consejo de Seguridad sobre cómo se vienen implementando los acuerdos de paz firmados entre el gobierno colombiano y el entonces grupo insurgente en 2016.  En el balance, la delegación internacional asegura que, durante el período de la campaña, que comenzó el 28 de enero de 2018, el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) realizó 101 actividades y fue blanco de ataques en 17 incidentes, incluidos tres contra sedes regionales de la ahora organización política colombiana.  “Por limitaciones de la Unidad Nacional de Protección en materia de personal y vehículos, solo 29 de los 73 candidatos de la FARC al Congreso recibieron servicios de escolta durante la campaña”, indica el informe.  Dentro de los acontecimientos principales, la Misión de la ONU destaca la jornada electoral celebrada el 11 de marzo de 2018, que, a su juicio, demostró el efecto positivo del fin del conflicto con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) en el proceso político nacional. “Si bien la campaña no estuvo exenta de incidentes, la participación política aumentó en alrededor del 5,2%, dado que en esas elecciones participaron 3,6 millones de electores más que en las celebradas en 2014”, precisó.  La organización resaltó también el cese al fuego declarado por el ELN durante los comicios y el hecho de que ningún puesto de votación tuviera que ser trasladado por razones de seguridad. Según la Misión, el grupo insurgente “mantuvo su compromiso de suspender de forma unilateral las operaciones ofensivas durante el período electoral, y el Gobierno lanzó el plan nacional de garantías, que incluía el despliegue de 187.000 miembros de la Fuerza Pública”.  Recuerda que, tras la firma de los acuerdos de paz, habían unos 3.500 rebeldes presos por delitos relacionados con el conflicto, de los cuales, 2.600 han sido puestos en libertad. Eso significa que “15 meses después de promulgada la Ley de Amnistía, una cuarta parte de los exmiembros de las FARC-EP siguen presos a la espera de la revisión judicial de sus casos”, agrega.

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Organizaciones Solidarias: un instrumento para la paz

“La Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias es la entidad del Estado encargada de crear y fortalecer las organizaciones del sector solidario. Desde su labor, adelanta estrategias que han permitido aportarle al desarrollo sostenible, con impacto directo sobre las cooperativas, los fondos de empleados, las asociaciones mutuales, los grupos de voluntariado, las asociaciones campesinas y la comunidad en general”. Con la implementación de planes y proyectos la Entidad estimula las diferentes formas asociativas entre pequeños y medianos productores, basadas en la solidaridad y la cooperación, lo que promueve la equidad de género, la autonomía económica y la capacidad organizativa, además de fortalecer sus capacidades técnicas, operativas y administrativas, con lo que se beneficia el acceso de las comunidades organizadas a bienes y servicios y a la comercialización de sus productos. Gracias a los procesos de promoción, fomento, fortalecimiento, formación y capacitación, la Unidad Administrativa ha logrado impactar en los 32 departamentos del país, beneficiando a más 39 mil familias con la creación y fortalecimiento de 4.197 organizaciones solidarias. Aportes a víctimas del conflicto Desde 2015, Organizaciones Solidarias ha beneficiado a más de 5 mil hogares en condición de víctimas, con la creación de las empresas asociativas solidarias. Esto, afirma González, “resulta determinante para dotar a las víctimas de elementos y capacidades que les permitan potencializar los componentes de restitución de tierras e indemnización económica”. Según la entidad, mediante la implementación de proyectos productivos sostenibles, se dará la formalización empresarial y la generación de ingresos a estas personas. Aportes al cumplimiento del Acuerdo de paz Mediante la creación del Plan Nacional de Fomento a la Economía Solidaria y Cooperativa Rural (PANFLES), se buscan estimular las diferentes formas asociativas de trabajo entre pequeños y medianos productores, basadas en la solidaridad y la cooperación. Hasta el día de hoy se ha  promovido la autonomía económica, con el fin de fortalecer la capacidad de los fabricantes a la hora de acceder y comercializar bienes y servicios. Este plan quedó establecido como uno de los compromisos del Gobierno en el Acuerdo de Paz. En éste se da gran valor al modelo de economía solidaria para reactivar el campo y brindar oportunidades de acceso a ingresos de la población más afectada por la guerra. El diseño de este documento fue liderado por la entidad y en 2017 se comenzó a implementar en 4 municipios (Montelíbano, San Antero, San Bernardo del Viento (Córdoba) y San Alberto (Cesar), en donde se crearon 11 organizaciones y se fortalecieron 47, con una inversión, en 2017 de 2.286 millones de pesos. Para 2018 se están invirtiendo 1.015 millones. Aporte a la reincorporación de exguerrilleros de las FARC En el marco de la implementación del Acuerdo de Paz, firmado entre el Gobierno Nacional y las FARC, se estableció la formalización jurídica de una organización de economía solidaria denominada Economías Sociales del Común (ECOMUN). La Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias presentó la oferta institucional para aportar a la reincorporación a la vida civil de los miembros de las FARC-EP, oferta que incluye impartir el Curso Básico de Economía Solidaria, asesorar en la constitución de organizaciones de economía solidaria y brindar la asistencia técnica y acompañamiento para su funcionamiento, en el nivel central y en los Espacios Territoriales de Reincorporación y Capacitación.

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Disidencia de las FARC suspende entrega de cuerpos de ecuatorianos

La disidencia de las FARC que secuestró y dio muerte a tres integrantes de un equipo periodístico de Ecuador, suspendió este lunes el proceso de entrega de los cuerpos sin vida de los extranjeros por la intensificación de los operativos militares en la zona de frontera. “Hemos tomado la unánime decisión de suspender cualquier tipo de actividad humanitaria con relación a la entrega de los cuerpos de los periodistas, pues no hay en el momento garantías para el desplazamiento de nuestras unidades, tampoco seguridad para los miembros de la misión humanitaria”, señaló el grupo rebelde en comunicado, difundido este lunes por medios locales. El secuestro del periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra se produjo el 26 de marzo pasado, cuando trabajaban en un reportaje periodístico en una zona limítrofe de Ecuador y Colombia. Su muerte en cautiverio fue confirmada el viernes pasado por el presidente del país vecino, Lenin Moreno, en un mensaje radiotelevisado a los ecuatorianos. El mandatario anunció que, tras el asesinato de sus tres compatriotas, se reiniciaron las operaciones militares y policiales en el área fronteriza, las cuales habían sido suspendidas para facilitar la liberación de los secuestrados, con el fin de localizar a los responsables del crimen.  “Hemos incluido al narcoterrorista alias Guacho en la lista de los más buscados del Ecuador y ofrecemos una recompensa de 100 mil dólares por información que conduzca a su captura en el Ecuador o en Colombia”, informó entonces Lenin Moreno. Las operaciones cuentan con el apoyo de las autoridades colombianas. El gobernante también anunció que comenzó gestiones con los organismos de cooperación, la iglesia ecuatoriana y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para iniciar el proceso de ubicación de los cuerpos en territorio colombiano y proceder a su repatriación.

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Gobierno da vía libre a la extradición de colado en listas de las Farc

El Ministerio de Justicia autorizó este viernes la extradición del narcotraficante, Édinson Perlaza Orobio, quien al parecer buscaba pasarse como desmovilizado de las FARC para entrar a la lista de los indultados de los acuerdos de paz. La Oficina del Alto Comisionado para la Paz informó, mediante un oficio emitido en febrero pasado, que el implicado no ostenta condición de integrante del grupo guerrillero; y por lo contrario, pertenece a una organización de delincuencia común. Perlaza fue solicitado por la justicia estadounidense el 28 de julio de 2016. Tres meses después la Fiscalía General de la Nación ordenó su captura y se hizo efectiva en octubre de ese mismo año. Hoy por hoy, es requerido por la Corte Federal para el Distrito Sur de la Florida (Estados Unidos). En lo corrido de 2018 el Gobierno Nacional ha avalado la extradición de otras cinco personas ligadas a la delincuencia común que pretendían obtener beneficios del Acuerdo de Paz. Se trata de Édison Washington Prado, Rubén Durán Moreno, Leonardo Adrián Vera, Diego Fernando Arizala y Robinson Alberto Castro. Todos ellos excluidos de las listas y requeridos en Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico.

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Ecuador confirma asesinato de integrantes de equipo periodístico

El presidente de Ecuador, Lenin Moreno, confirmó este viernes el asesinato en cautiverio de los tres integrantes del equipo periodístico que habían sido secuestrados en marzo pasado por un grupo disidente de las FARC en la zona fronteriza. “Con profundo pesar lamento informar que se han cumplido las 12 horas de plazo establecidas y no hemos recibido pruebas de vida. Lamentablemente tenemos información que confirma el asesinato de nuestros compatriotas”, dijo el mandatario ecuatoriano, visiblemente afectado. En un mensaje al país, Moreno aseguró que los captores, a quienes llamó criminales, “parecería que nunca tuvieron la voluntad de entregarlos sanos y salvos y lo único que querían era ganar tiempo” con supuestas negociaciones para liberarlos. El secuestro del periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra se produjo el 26 de marzo pasado, cuando trabajaban en un reportaje periodístico en una zona limítrofe de Ecuador y Colombia. “He solicitado el levantamiento de reserva de la información pertinente para que el pueblo ecuatoriano conozca los esfuerzos del Estado por garantizar la vida de nuestros compatriotas” y rescatarlos, dijo el mandatario. Precisó que, tras confirmarse su muerte, se han reiniciado las operaciones militares y policiales en el área de la franja fronteriza, que habían sido suspendidas para facilitar la liberación de los secuestrados, con el fin de ubicar a los responsables. “Hemos incluido al narcoterrorista alias Guacho en la lista de los más buscados del Ecuador y ofrecemos una recompensa de 100 mil dólares por información que conduzca a su captura en el Ecuador o en Colombia”, informó Moreno. En ese sentido, anunció que, por solicitud del gobierno de Ecuador, el ministro de Defensa de Colombia, Luis Carlos Villegas y sus altos mandos militares y policiales, están en Quito para “iniciar inmediatamente acciones coordinadas en la zona fronteriza. No olvidemos que estamos sufriendo las consecuencias del conflicto en nuestro hermano país”, agregó. El mandatario señaló que se han iniciado gestiones con organismos de cooperación internacional, la iglesia ecuatoriana y Cruz Roja para comenzar el proceso de localización y repatriación de los cuerpos. “Estamos de luto, pero no vamos a dejarnos amedrentar. Hoy más que nunca pido al país la unidad por la paz”, concluyó.

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Aparece nuevo comunicado que confirmaría muerte de ecuatorianos

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), recibió este viernes un nuevo comunicado enviado por el frente guerrillero colombiano que secuestró en marzo pasado a los tres integrantes del equipo periodístico ecuatoriano, en el que se confirmaría su muerte en cautiverio. En el documento, varios de cuyos apartes fueron revelados por medios de comunicación locales, el grupo disidente de las FARC ratifica que los tres ciudadanos ecuatorianos están muertos y pide condiciones humanitarias para proceder a entregar los cuerpos. Las autoridades examinan la autenticidad del texto enviado. El secuestro del periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra se produjo el 26 de marzo pasado, cuando trabajaban en un reportaje periodístico en una zona limítrofe de Ecuador y Colombia. El presidente Juan Manuel Santos ordenó este viernes el desplazamiento a Ecuador del ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas y demás miembros de la cúpula militar colombiana para atender la crisis generada por el secuestro de los tres extranjeros, que ha consternado al vecino país. “He dado instrucción al ministro de Defensa de desplazarse a Quito con el Comandante General de las Fuerzas Militares de Colombia y el director de la Policía Nacional. Ecuador cuenta con Colombia”, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter. Santos informó que habló con el presidente de Ecuador, Lenin Moreno, a quien le reiteró todo su apoyo, y el de las Fuerzas Armadas colombianas para capturar a los responsables del hecho. “Le reiteré nuestra solidaridad y nuestra disposición para apoyar al gobierno del Ecuador en esta situación. Colombia tienen una larga experiencia en la lucha contra estas organizaciones criminales y hemos puesto a disposición del Ecuador todo nuestro poderío y todas nuestras capacidades”, dijo. El gobierno de Ecuador dio un ultimátum de 12 horas a los insurgentes colombianos para que entregaran pruebas de vida de los periodistas, ante la aparición este jueves de imágenes en las se observan los cuerpos sin vida de tres personas que confirmarían la muerte de los ecuatorianos en cautiverio. Sin embargo, las evidencias nunca llegaron. Las autoridades de Ecuador y Colombia lanzarán una ofensiva militar en la frontera de los dos países para dar con el paradero de los guerrilleros, quienes están al mando de alias Guacho, disidente de la desmovilizada guerrilla de las FARC.

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Santos ordena a cúpula militar desplazarse a Quito

El presidente Juan Manuel Santos ordenó este viernes el desplazamiento a Ecuador del ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, para atender la crisis generada por el secuestro de tres integrantes de un equipo periodístico del vecino país, por parte de una disidencia de las FARC, quienes podrían haber muerto en cautiverio. “He dado instrucción al ministro de Defensa de desplazarse a Quito con el Comandante General de las Fuerzas Militares de Colombia y el director de la Policía Nacional. Ecuador cuenta con Colombia”, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter. Santos informó que habló con el presidente de Ecuador, Lenin Moreno, a quien le reiteró todo su apoyo, y el de las Fuerzas Armadas y el pueblo colombiano, para enfrentar la difícil situación que se presenta. El gobierno de Ecuador dio un ultimátum de 12 horas a los insurgentes colombianos para que entreguen pruebas de vida de los periodistas, ante la aparición este jueves de imágenes en las se observan los cuerpos sin vida de tres personas que confirmarían la muerte de los ecuatorianos en cautiverio. De no llegar las evidencias en la mañana de este viernes, las autoridades de Ecuador y Colombia lanzarán una ofensiva militar en la frontera de los dos países para capturar a los responsables, al mando de alias Guacho, disidente de la desmovilizada guerrilla de las FARC. “Doy un plazo de 12 horas a estos narcos para que nos entreguen la prueba de existencia de nuestros compatriotas. Caso contrario, iremos con toda la contundencia, sin contemplaciones a partir de mañana (viernes) para sancionar a esos violadores de todos los derechos humanos, de los principios del humanismo y la solidaridad”, dijo Moreno. El secuestro del periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra se produjo el 26 de marzo pasado, cuando trabajaban en un reportaje periodístico en una zona limítrofe de Ecuador y Colombia.

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Los niños reclutados

Por, representante a la Cámara Margarita Restrepo, Centro Democrático Se conmemora el Día Internacional de Lucha contra el Reclutamiento de menores, una fecha de singular relevancia por el momento que está viviendo nuestro país. Cuando empezaron los diálogos de La Habana, alcé mi voz para pedirle al gobierno de Santos que exigiera la devolución de la totalidad de menores que estaban en poder de las Farc. Para que dichas conversaciones tuvieran un mínimo de legitimidad, era imprescindible que la estructura criminal desvinculara a los más de 3 mil niños que estaban en sus campamentos del terror. Al margen de cualquier otra determinación, no era admisible desde ningún punto de vista que en Cuba se negociara un acuerdo mientras que en las selvas colombianas las niñas reclutadas contra su voluntad siguieran siendo utilizadas como esclavas sexuales. Mi llamado no fue atendido. Santos negoció a pesar de que los niños jamás fueron devueltos a sus hogares. Es una afrenta, a todos los niños que sufrieron las peores vejaciones mientras estuvieron esclavizados en los campamentos de las Farc, que aquellos que los utilizaron, violaron, manipularon y obligaron a cometer actos ilegales, estén en la calle haciendo proselitismo político. Las Farc hicieron del reclutamiento forzado de menores una política generalizada y sistemática. El departamento de Antioquia fue uno de los que más padeció ese flagelo. Por tratarse de un crimen de lesa humanidad, este no puede prescribir ni ser cobijado por amnistías o indultos. En el Estatuto de Roma, se contempla a la esclavitud como un crimen de lesa humanidad. El reclutamiento de niños es una de las más abyectas modalidades de este crimen que, valga recalcar, es el único por el que la corte penal internacional ha impartido sentencias condenatorias. Existe un acuerdo global para castigar a los responsables del reclutamiento de menores. Criminales de guerra africanos como Charles Taylor y Thomas Lubanga fueron capturados, llevados ante la CPI, juzgados y condenados. Su delito: haber convertido a miles de niños, contra su voluntad, en asesinos. ¿Cuál es la diferencia entre ellos y los cabecillas de las Farc? Absolutamente ninguna. Hemos oído en las últimas semanas los relatos estremecedores de las mujeres de la corporación “Rosa Blanca”. Ellas, que fueron niñas reclutadas por distintos frentes de las Farc, han revelado los vejámenes a que fueron sometidas. De manera heroica, ante la impunidad, decidieron romper su silencio, salir del anonimato y encarar a sus victimarios, para exigirles reparación y demandar ante el Estado la aplicación de la justicia. Es una afrenta, a todos los niños que sufrieron las peores vejaciones mientras estuvieron esclavizados en los campamentos de las Farc, que aquellos que los utilizaron, violaron, manipularon y obligaron a cometer actos ilegales, estén en la calle haciendo proselitismo político y preparándose para ocupar las curules en el Congreso de la República que Juan Manuel Santos les obsequió.

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DEA carece de jurisdicción para actuar en Colombia: abogado de Santrich

El abogado del exjefe de las FARC, “Jesús Santrich”, el jurista Gustavo Gallardo, consideró este jueves que la agencia antidrogas estadounidense (DEA), carece de jurisdicción para actuar en Colombia en el caso de su cliente. En consecuencia, fundamentará su defensa en que las evidencias presentadas por las autoridades americanas para acusarlo del envío de cocaína a esa nación no tienen asidero legal. “A Santrich lo capturaron únicamente con una circular roja de la Interpol. Aquí en Colombia no hay proceso abierto en su contra y ni siquiera hubo audiencia de legalización de captura ni de la incautación de celulares y computadores, que eran del partido FARC. La DEA debió homologar su investigación y no lo hizo”, dijo Gallardo, según publicó el diario El Tiempo en su página web. Santrich fue arrestado el lunes pasado en el occidente de Bogotá por funcionarios de la Fiscalía colombiana, a pedido del gobierno de Estados Unidos, país que lo reclama en extradición por el envío de cocaína a esa nación. Su captura generó una crisis en el proceso de paz que facilitó en 2016 la desmovilización de la guerrilla de las FARC. Según el abogado, el caso tuvo que haber pasado antes por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), razón por la cual denunciará ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes al presidente Juan Manuel Santos y al Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez por supuesta extralimitación de funciones. Gallardo informó que, aunque lo ha pedido oficialmente, no le han suministrado la supuesta evidencia, que según dijo, existiría en contra de su cliente. Consideró, además, que, al hacerse pública a través de los medios de comunicación, se rompió la cadena de custodia. El jurista fue mucho más allá, al anunciar que presentará pruebas de que Santrich era seguido de manera ilegal por agentes del Estado en Colombia.

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