La Misión de Verificación de la ONU en Colombia expresó este jueves su preocupación por la seguridad de los miembros de la desmovilizada guerrilla de las FARC, en un nuevo informe ante el Consejo de Seguridad sobre cómo se vienen implementando los acuerdos de paz firmados entre el gobierno colombiano y el entonces grupo insurgente en 2016.
En el balance, la delegación internacional asegura que, durante el período de la campaña, que comenzó el 28 de enero de 2018, el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) realizó 101 actividades y fue blanco de ataques en 17 incidentes, incluidos tres contra sedes regionales de la ahora organización política colombiana.
“Por limitaciones de la Unidad Nacional de Protección en materia de personal y vehículos, solo 29 de los 73 candidatos de la FARC al Congreso recibieron servicios de escolta durante la campaña”, indica el informe.
Dentro de los acontecimientos principales, la Misión de la ONU destaca la jornada electoral celebrada el 11 de marzo de 2018, que, a su juicio, demostró el efecto positivo del fin del conflicto con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) en el proceso político nacional. “Si bien la campaña no estuvo exenta de incidentes, la participación política aumentó en alrededor del 5,2%, dado que en esas elecciones participaron 3,6 millones de electores más que en las celebradas en 2014”, precisó.
La organización resaltó también el cese al fuego declarado por el ELN durante los comicios y el hecho de que ningún puesto de votación tuviera que ser trasladado por razones de seguridad. Según la Misión, el grupo insurgente “mantuvo su compromiso de suspender de forma unilateral las operaciones ofensivas durante el período electoral, y el Gobierno lanzó el plan nacional de garantías, que incluía el despliegue de 187.000 miembros de la Fuerza Pública”.
Recuerda que, tras la firma de los acuerdos de paz, habían unos 3.500 rebeldes presos por delitos relacionados con el conflicto, de los cuales, 2.600 han sido puestos en libertad. Eso significa que “15 meses después de promulgada la Ley de Amnistía, una cuarta parte de los exmiembros de las FARC-EP siguen presos a la espera de la revisión judicial de sus casos”, agrega.