junio 6, 2026

Falsos Positivos

Álvaro Uribe y Andrés Pastrana testificarán ante la JEP por ‘Falsos Positivos’

El coronel retirado, Hernán Mejía, solicitó la comparecencia de los expresidentes como testigos en los más de 70 crímenes de guerra y lesa humanidad. Empezó la primera audiencia preparatoria contra el coronel (r) retirado Publio Hernán Mejía Gutiérrez quién se presentó ante la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz. Durante el juicio no aceptó responsabilidad por los crímenes de guerra y de lesa humanidad que le fueron imputados por el caso 3 de ‘Falsos Positivos’. Mejía Gutiérrez quien fue comandante del Batallón de Artillería No. 2 “La Popa” de Valledupar entre el 9 de enero de 2002 y el 8 de enero de 2004, fue acusado por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) por al menos 35 hechos en los cuales se habría victimizado a 72 personas por “conductas constitutivas de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra en calidad de autor y coautor mediato”. Frente al caso (3) de asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado, Mejía Gutiérrez solicitó que los expresidentes Álvaro Uribe Vélez y Andrés Pastrana Arango, fueran aceptados como testigos al juicio público que se llevará a cabo los días 16 al 19 de septiembre de 2024 en la Ciudad de Valledupar (Cesar), petición que fue aceptada por el mecanismo de justicia transicional. Según la defensa del acusado con los testigos se busca corroborar su teoría de que actuó como comandante del batallón en cumplimiento de órdenes y que sus operaciones militares fueron legítimas.  La UIA identificó tres diferentes formas de proceder: Víctimas retenidas y asesinadas por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)​, cuyos cuerpos fueron entregados al IAOP liderado por el procesado, quien luego de simular un combate, los presentó como el resultado de una operación militar.     Víctimas retenidas y entregadas con vida por las AUC al IAOP del procesado, para que fueran asesinadas y sus cuerpos fueran presentados como bajas en combate.   Víctimas que fueron señaladas por las AUC de pertenecer o auxiliar a otros grupos armados ilegales, para que los integrantes del IAOP liderado por el procesado, les quitaran la vida y los presentaran como resultados de las operaciones militares. La magistrada Reinere de los Ángeles Jaramillo Chaverra explicó cómo las víctimas participarán activamente en el juicio adversarial transicional en Cesar y Bogotá, destacando su papel central en este modelo. Además, se fijaron fechas para el juicio: octubre 17, 18, 28, 29; noviembre 12, 13, 25, 27; y diciembre 3, 4 de 2024, donde las víctimas podrán interrogar directamente al acusado.

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35 uniformados responderán por ‘falsos positivos’ en Huila

En la mañana de hoy, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) hizo público el señalamiento contra 35 exmiembros del Ejército, incluyendo a cinco generales retirados, quienes podrían estar relacionados con al menos 200 casos de ‘falsos positivos’ ocurridos en el Huila entre los años 2005 y 2008.  Entre los oficiales implicados se encuentran el general (r) Jaime Lasprilla, quien llegó a ser comandante del Ejército Nacional; el mayor general Miguel Ernesto Pérez Guarnizo y el brigadier general William Fernando Pérez Laiseca. La Sala de Reconocimiento de Verdad subrayó que los generales acusados “tenían la responsabilidad de salvaguardar los intereses legales de la población, supervisar efectivamente a sus subordinados y, a pesar de tener medidas adecuadas a su disposición para hacerlo, no cumplieron con sus obligaciones constitucionales”. “Desde sus posiciones de liderazgo, mostraron permisividad, falta de rigor en los controles y no ejercieron sus funciones de prevención, investigación y sanción. Esto facilitó la propagación, persistencia y encubrimiento de los delitos. Sus omisiones contribuyeron a la consolidación de los tres patrones macrocriminales identificados en el Subcaso Huila, una de las seis áreas prioritarias bajo investigación”, declaró la JEP. Foto tomado de: El Nuevo Siglo

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Es una orden: la Policía debe abandonar el concepto del ‘enemigo interno’ y ser más humana: Presidente Gustavo Petro en acto de perdón por ejecución extrajudicial del joven Diego Felipe Becerra

“Una Policía humana es una Policía que sabe que su esencia fundamental es defender derechos y libertades en el territorio, independientemente de cómo piensa”. El presidente Gustavo Petro ordenó este jueves a la Fuerza Pública “abandonar el concepto del enemigo interno y educarse en los conceptos de la democracia”. En el acto de reconocimiento de responsabilidad internacional por el caso de la ejecución extrajudicial del joven Diego Felipe Becerra, el jefe de Estado pidió al director de la Policía Nacional, General William René Salamanca, repartir la Carta Interamericana de los Derechos Humanos entre todos los miembros de la institución, lo mismo que a los de las Fuerzas Militares para su discusión. “Una Policía sin enemigo interno es una Policía humana. Una Policía humana es una Policía que sabe que su esencia fundamental es defender derechos y libertades de todo ser humano en el territorio, independientemente, de cómo piensa, de qué plata tiene en el bolsillo, de cómo viste, de qué pinta las paredes o no las pinta, de su propia diferencia”, dijo en el acto celebrado en el Parque Renacimiento de la capital del país. Acuerdo Estado Colombiano VS CIDH La ceremonia se llevó a cabo en cumplimiento del acuerdo amistoso suscrito por el Estado colombiano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y que establece pedir perdón a la familia de Andrés Felipe, por su responsabilidad en su muerte, y restituir su buen nombre en un acto público.   “No sé cómo pensaría Diego Felipe Becerra en estos términos, pero por sus cuadros era un rebelde y las sociedades solo avanzan por las y los rebeldes. Si no fuese por esa rebeldía, la existencia de la humanidad hace tiempo se hubiera ido al matadero”, expresó el Presidente al referirse al joven asesinado el 19 de agosto de 2011 a manos de un Policía. El enemigo interno, al que se refirió el presidente Petro, según la Comisión de la Verdad, es una concepción militar y de Estado que se aplicó en el país para enfrentar amenazas relacionadas con la seguridad nacional. No debe haber enemigo interno “En la Fuerza Pública hay que quitar un concepto fundamental para que esto no se repita. Llámense militares, policías, etcétera: el famoso enemigo interno”.  Ante Gustavo Arley Trejos y Liliana Lizarazo Flórez, padres de la víctima de ejecución extrajudicial, sus familiares y amigos, el mandatario enfatizó que “una democracia significa que este Estado es sirviente de la ciudadanía”. Pero, este acto es, por el contrario, el reconocimiento “de un Estado que mata a la ciudadanía. Por lo tanto, no es democrático”. “Ni siquiera aún el Estado colombiano reconoce el Sistema Interamericano de Derechos Humanos a pesar de que el Estado colombiano firmó el tratado internacional”, añadió. “Como jefe de Estado, he pedido que se acaten todas las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos​. Son 22, solo se ha acatado una. Así están nuestras circunstancias ante los derechos humanos que el mundo defiende. De 22, solo una”, aseguró. Tomado de Presidencia

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Ordenan a Movice quitar carteles alusivos a falsos positivos

  En un plazo de 48 horas, juez ordenó retirar toda la publicidad física y divulgada en redes sociales del denominado “cartel de los falsos positivos” del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice). La decisión se tomó a raíz de la tutela que impusieron el excomandante del Ejército, general Mario Montoya y el comandante de la Segunda División, general Marcos Evangelista Pinto, señalados según los carteles como responsables de las ejecuciones extrajudiciales. De acuerdo con los militares, el cartel vulnera su derecho al buen nombre, ya que ninguno de los  altos oficiales que allí aparecen, registran condenas por falsos positivos.  “Ordena a la accionada Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), que en el término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del presente fallo se le haga, proceda a eliminar de murales, redes sociales, medios de comunicación hablados o por escritos la imagen objeto de la acción y en la que aparece la reproducción gráfica (…) y abstenerse en lo sucesivo de publicar dicha reproducción o reproducciones en el mismo sentido”, expresa la sentencia frente al caso. Movice, estudia la determinación, junto con su equipo jurídico, para accionar tras el fallo.

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JEP agrupa subsalas para casos de terceros civiles

La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz, (JEP), decidió categorizar por patrones y estructuras criminales las solicitudes de sometimiento de terceros civiles y agentes del Estado, distintos a la Fuerza Pública. Lo anterior para estudiar de manera individual cada requerimiento. Se espera que con la iniciativa se contribuya a que la JEP pueda resolver con mayor eficiencia las solicitudes pendientes, dentro de  las que se encuentran más de 900.   Para este objetivo, se crearon 3 subsalas en las que se realizarán las investigaciones según el asunto. En cada una, se estudiarán a los terceros civiles: del Bloque Norte de las AUC, los de las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá, y a los participantes como reclutadores, guías o informantes en la comisión de ejecuciones extrajudiciales o ‘falsos positivos’.  De esta manera, se desprenden seis grupos de cada sub sala: civiles reclutadores o intervención en ejecuciones extrajudiciales; políticos; FARC; Departamento Administrativo de Seguridad (DAS); Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), y finalmente otros terceros y agentes del Estado no integrantes de la fuerza pública.

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¿Un nuevo caso de Falsos Positivos?

En la madrugada de este jueves, los habitantes del corregimiento de Villa Colombia en Jamundí (Valle), denunciaron un presunto caso de Falsos Positivos en el que un joven indígena, oriundo de la comunidad Nasa del Norte del Cauca, fue víctima. El caso se presentó este jueves a las 5:45 am, cuando las unidades del batallón de infantería Pichincha Número 8, adscrito a la Tercera Brigada del Ejército con sede en Cali, arribaron hasta una vivienda, en donde, según la versión oficial, los militares habrían sostenido un combate bilateral.  De acuerdo con las declaraciones manifestadas, el objetivo de esta Brigada eran dos jóvenes pertenecientes a la comunidad Nasa (Cauca), habitantes de la zona rural de Jamundí (Valle). La víctima fatal fue identificada como Ómar Guasaquillo de 20 años, mientras que del otro joven herido aún no se tiene información alguna. Sin embargo, se sabe que fue trasladado hasta el hospital de este mismo municipio.   Según el Ejército Nacional, esta acción militar fue motivada por información que señala a Guasaquillo de pertenecer a una presunta banda criminal, pues el batallón de infantería tenía en su poder una fotografía en el lugar de los hechos en donde el joven aparecía con un radio teléfono amarillo, un arma de fuego y un uniforme camuflado. Por esta razón, fuentes militares presentarán este caso como una operación militar contra miembros de un grupo armado y no rendirán declaraciones hasta que se emita la versión y el boletín oficial necesario. Los habitantes del sector denuncian lo sucedido como una ejecución extraoficial y que, por lo tanto, la imagen que el Ejército dice tener bajo su dominio es un montaje, “por eso decidimos hacer un cordón humanitario y no permitir que nadie ingrese al sitio de los hechos, hasta que lo haga la Fiscalía; pero ya los llamamos y dijeron que no venían por razones de seguridad”, manifestó Darwin Arroyo.   

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Comisión Presidencial de Excelencia Militar

El Presidente de la República Iván Duque anunció la decisión de conformar una Comisión Especial compuesta por tres juristas independientes, cuyo objetivo es revisar que los procedimientos de la Fuerza Pública se ajustan a normas de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. El anuncio del Presidente llega tras las recientes revelaciones del diario New York Times, relacionadas con los lineamientos de las fuerzas militares y la posibilidad de que se reviva la política de los “falsos positivos”, ejecuciones extrajudiciales que marcaron el pasado de la Institución y el Estado colombiano. La intención del primer mandatario es que esta Comisión “haga un análisis riguroso de todas las órdenes, manuales y documentos operacionales” de la fuerza pública y que “evalúe con profundidad que se ajustan a las normas internacionales en DD.HH y DIH”. Los elegidos para conformar dicha comisión independiente serán, el exministro Hernando Yepes, el expresidente de la Corte Constitucional Mauricio González y el exfiscal Alfonso Gómez Méndez. Por último el jefe de Estado anunció que espera que la Comisión haga “todas las recomendaciones que considere al Gobierno Nacional, para que sigamos avanzando hacia esa excelencia indiscutible en la forma como opera la Fuerza Pública en nuestro país”.

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General Montoya se somete oficialmente a la JEP

“Trabajamos con las víctimas para que conozcan la hoja de ruta. Estamos defendiendo sus derechos”: Mónica Sánchez, representante del Ministerio Público. El general (r) Mario Montoya firmó este miércoles el acta de sometimiento voluntario a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Dentro de su sujeción deberá presentar ante la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP un plan sobre la forma como contribuirá a la verdad, así como las modalidades de reparación. “Son más de 70 las víctimas que fueron reconocidas por la JEP para esta etapa inicial que corresponde a la audiencia de sometimiento y firma del acta del general(r) Mario Montoya ante la jurisdicción”, explicó Pedro Díaz Romero, presidente de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, El jurista le recordó a Montoya que ya hay más de 450 víctimas identificadas dentro del proceso y que su caso es significativo porque es el general de más alto rango que acude ante esa jurisdicción. El general es acusado por las víctimas del conflicto armado, de participar presuntamente en las ejecuciones extrajudiciales ocurridas en Colombia entre 2002 y 2010, así como de tener supuesto vínculos con los grupos paramilitares que operaban entonces en el país. Diaz Romero señaló que el proceso apenas comienza y que la JEP podrá solicitar a los organismos de investigación más información sobre las denuncias que cursan en contra del exoficial colombiano e identificar más víctimas de las ya registradas. Durante la audiencia, algunas víctimas abandonaron el recinto con el argumento de que la Sala de Jurisdicción estaba dándole prioridad al perpetrador. “Somos desconocidos en esa sala, solo se escucha al general Montoya”, afirmó Alfamir Castillo, madre de Darbey Mosquera Castillo, quien habría sido asesinado a manos de miembros Batallón de Contra Guerrilla No. 57 “Mártires de Puerres” del Ejército. “Acá estamos hablando de un general en cuyo mandato se cometieron 2.400 ejecuciones extrajudiciales, según la Fiscalía. Si la JEP no tiene la centralidad de las víctimas y su protección, no estamos asistiendo sino a una burla hacia ellas”, indicó el abogado Germán Romero.

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