Tras la primera sesión de trabajo de la Convención de Rionegro, Colombia Federal – Colombia Unida, los gobernadores del país suscribieron el documento. En el documento, los gobernadores hacen un llamado a la sociedad y a los poderes públicos de la nación para hacer realidad la autonomía territorial y la verdadera descentralización. Los gobernadores de Colombia, quienes participan en la Convención de Rionegro 2023 Colombia Federal – Colombia Unida, suscribieron este medio día una declaración de 10 puntos en la que piden una verdadera autonomía territorial y una verdadera descentralización, enfatizando en que “los territorios colombianos aún viven bajo el régimen centralista de la Constitución de 1886. La autonomía y la descentralización territorial son una deuda histórica pendiente, pues la Constitución de 1991, no hizo un claro y adecuado diseño a ese respecto y el legislador tampoco ha desarrollado cabalmente los mandatos constitucionales”. Además, como epígrafe de la Declaración, los gobernadores citan al expresidente Manuel Murillo Toro, quien dijo: “La centralización y el despotismo nacieron el mismo día, y con ellos la miseria e ignorancia de las multitudes”. A continuación, presentamos el texto íntegro de la declaración: “Los Gobernadores de Colombia reunidos en Rionegro – Antioquia con ocasión de la celebración de los 160 años de la expedición de la Constitución Política de los Estados Unidos de Colombia el 8 de mayo de 1863, inspirados en su legado federal libertario y en el reconocimiento del papel fundamental de los territorios en la satisfacción de las necesidades locales, su desarrollo productivo sostenible y del logro de los fines constitucionales del Estado, hacemos un llamado a la sociedad y a los poderes públicos de la nación para hacer realidad la autonomía territorial y la verdadera descentralización y, en consecuencia, Declaramos Primero. Que los territorios colombianos aún viven bajo el régimen centralista de la Constitución de 1886. La autonomía y la descentralización territorial son una deuda histórica pendiente, pues la Constitución de 1991, no hizo un claro y adecuado diseño a ese respecto y el legislador tampoco ha desarrollado cabalmente los mandatos constitucionales. Dichos conceptos, especialmente el de autonomía territorial, han quedado vacíos de contenido y corresponden a las “cláusulas inertes” de la Constitución Política vigente. Segundo. Que así por ejemplo, la posibilidad para los departamentos que la ley les reconozca diversas capacidades de gestión administrativa y fiscal, según la necesidad de mejorar la administración o la prestación de los servicios públicos de acuerdo con su población, recursos económicos y naturales y circunstancias sociales, culturales y ecológicas, y que para dicho propósito el legislador les delegue atribuciones propias de los organismos o entidades públicas nacionales, es un mandato constitucional que se ha quedado en el papel. Lo mismo se puede decir de las entidades territoriales indígenas y de buena parte de dichas categorías enunciadas en la Constitución de 1991, a las que no se ha querido dar desarrollo legal. Tercero. Que sin un Estado fuerte con presencia integral en los territorios, no se podrá asegurar y consolidar la paz en Colombia. Hoy es urgente el rediseño del esquema de organización territorial para que el Estado llegue real y efectivamente a las regiones, y para ello es necesario que la política pública en lo local no sea condicionada ni impuesta desde el centro, sino diseñada e implementada en y desde los territorios. Cuarto. Que debe superarse la visión paternalista, centralista y homogeneizadora en la gestión y participación de los recursos públicos, para así poder asegurar los “derechos” -pues no se trata de meras potestades- que comporta el ejercicio de la autonomía territorial. El núcleo esencial de la autonomía en dicho aspecto, que tantas esperanzas produjo recién fue expedida la Constitución de 1991, ha quedado reducido a una simple expresión retórica que hoy casi nada significa. Solo en la medida en que se abandone la concepción de los territorios como entes disminuidos e incapaces para definir su destino, se podrá hacer realidad una gestión más eficiente de los recursos. Quinto. Que con posterioridad a la Constitución Política de 1991 se han expedido contrarreformas que en vez de enriquecer, han desdibujado la esencia de la Carta Política basada en la descentralización, autonomía y el poder ciudadano como ejes centrales del Estado. Por esto hay que afianzar la confianza en las capacidades de las autoridades y de los habitantes de los territorios para decidir sus propios asuntos. Sexto. Que se hace imperativo que los territorios tengan una verdadera incidencia en la definición de sus modelos de desarrollo, según sus particulares condiciones económicas, geográficas, estratégicas, culturales, étnicas, así como sus riquezas, fortalezas, retos y desafíos. Séptimo. Que es hora de volver a mirar los territorios como verdaderos motores del desarrollo, con todas sus potencialidades, y no como receptores de gracias y dádivas otorgadas por el centro, sometidos a los vaivenes y criterios de la dinámica política y administrativa central. Octavo. Que para garantizar los fines esenciales del Estado en los departamentos, es necesario aumentar considerablemente la participación de estos en los recursos públicos, y que no continúe siendo letra muerta el precepto constitucional según el cual no se podrán descentralizar competencias sin la previa asignación de los recursos fiscales suficientes para atenderlas. Noveno. Que con el fin de repensar el modelo de organización territorial para Colombia, y saldar una deuda histórica referida, los Gobernadores como líderes naturales de los departamentos convocamos al país a una abierta y masiva discusión pública a lo largo y ancho de nuestros territorios, con la más amplia y activa participación de los diversos sectores sociales, políticos y económicos, así como de todas las instituciones públicas y privadas que se quieran unir a este propósito. Para tal efecto, queremos que el debate se dé, como ya ha venido haciéndose desde hace unos días en varias universidades, con el muy valioso acompañamiento de la academia, faro del pensamiento, así como de los guardianes de la democracia representados en las tres ramas del poder público. El propósito de esta iniciativa no es revivir fantasmas del pasado, ni generar factores de división, sino el de encontrar
