mayo 24, 2025

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Bancada antitaurina irá por la prohibición de las corralejas y peleas de gallos

Luego de que el proyecto de ley para prohibir las corridas de toros en la totalidad del territorio nacional superara su cuarto y último debate en la plenaria de la Cámara de Representantes el pasado 28 de mayo, donde contó con un apoyo mayoritario, ahora los congresistas han manifestado su intención de trabajar arduamente para terminar con las corralejas y peleas de gallos. Con base en los avances que hasta ahora se tienen en el Capitolio, desde este recinto se pudo conocer que, entre los activistas antitaurinos, persiste la preocupación por el futuro de las corralejas y otras prácticas. Al respecto la senadora Esmeralda Hernández indicó “Las corralejas necesitan un trabajo distinto, que implica que los autores del proyecto se muevan a las regiones en las que se da este evento taurino, que se haga pedagogía y se enseñe a la ciudadanía que estas prácticas son de maltrato”. Para los parlamentarios las corralejas son una práctica muy similar a las corridas de toros y gozan de popularidad en algunas regiones del país, sobre todo en el Caribe. A diferencia del toreo, en las corralejas cualquier persona puede ingresar a la arena a buscar al animal, lo que la convierte en una práctica peligrosa y poco regulada. Cabe destacar que la prohibición de las corridas entraría en vigencia al menos tres años después de su aprobación, esto con intención de que haya un periodo de transición en el que las plazas de toros de todo el país se conviertan en escenarios de conciertos, obras de teatro, campeonatos de ajedrez y ferias de emprendimientos. Por otro lado, las peleas de gallos también forman parte de la tradición cultural de muchas de las regiones campesinas del país, donde tendría que iniciar un proceso de pedagogía para su abolición.

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Senadora Esmeralda Hernández realizó denuncia penal contra la procuradora Cabello por “manipular al ministerio Público”

La senadora del Pacto Histórico, Esmeralda Hernández, interpuso una denuncia penal contra la procuradora Margarita Cabello, por supuestamente politizar al ministerio Público para favorecer a clanes políticos.  De acuerdo con la denuncia presentada ante la Fiscalía, Cabello habría seleccionado “a dedo” a un solo contratista durante los últimos tres años de su administración, entregándole un total de $71 mil millones y violando la ley 80, la cual establece la realización de concursos para celebrar contratos.  Además, la procuradora ha sido cuestionada por su relación con la familia Char. Su hijo, Alberto Mario Caparroso Cabello, ha firmado contratos con la administración de Barranquilla para la construcción de parques y mantenimiento de canchas sintéticas. Según la senadora del Pacto Histórico, la denuncia no fue interpuesta antes por las dudas que habían sobre la Fiscalía de Francisco Barbosa.  Ahora le exigen a la nueva fiscal, Luz Adriana Camargo, adelantar las investigaciones necesarias que ayuden a esclarecer la responsabilidad de Cabello en medio de este escándalo.    

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Tener a Margarita Cabello al frente de la Procuraduría es como tener a un ratón cuidando el queso I Columna de opinión de Esmeralda Hernández

  Esmeralda Hernández Senadora de la República Pacto Histórico   Cuando tuvimos el gran honor de asumir la responsabilidad de liderar esta curul en el Senado de la República, le prometimos a la ciudadanía que no sólo haríamos un trabajo propositivo a partir de proyectos de ley que ayudaran al país, sino que además seríamos inclementes contra la corrupción. Así lo estamos cumpliendo: aparte de haber aprobado iniciativas que defienden los derechos de las y los colombianos, y tener en trámite legislativo otras propuestas más que salvaguardan a los animales y el patrimonio ambiental del país, hemos avanzado con una acuciosa labor de veeduría, seguimiento y control político.  Precisamente en el marco de esta tarea, adelantamos durante meses una investigación a la Procuraduría General de la Nación, en cabeza hoy de Margarita Cabello. Los resultados son graves: irregularidades en la contratación de la entidad, nombramiento de personas cercanas a clanes políticos cuestionados y resultados negativos alarmantes del organismo de control que terminan en altísimos niveles de impunidad.  Uno de los hechos más controversiales del periodo de Margarita Cabello corre por cuenta de la creación, en plena pandemia y precampaña electoral, de más de 1.200 puestos, en contravía de un mensaje de austeridad propio del servicio público y de la crisis que vivía el país. El alto número de funcionarios en provisionalidad no ha podido proveerse en carrera administrativa previo concurso de méritos porque, según la entidad, se adolecen 15 de recursos para adelantar el concurso de méritos al cual está obligada.  Al no adelantar dicho procedimiento meritocrático se agudizaron dos fenómenos: la alta onerosidad en algunas Órdenes de Prestación de Servicio (OPS) y el elevado número de funcionarios en provisionalidad. Por ejemplo, en solo diez contratos de prestación de servicios profesionales del año 2023 la Procuraduría gastó 1.638 millones de pesos. Si se amplía a 14 contratos de OPS, la cifra supera los 2 mil millones de pesos. Si la entidad argumenta no tener dinero para el concurso de méritos y suplir los diversos cargos, ¿por qué sí lo tiene para derrochar en contratos de personas amigas y cercanas a la procuradora? La lista de casos que reflejan este favorecimiento a conveniencia es larga. Pero para poner tres ejemplos reveladores: entre los contratistas consentidos está Carvajalino García, que recibió en 2023 un contrato por 241 millones. Se trata de una firma familiar de la cuerda de una abogada que salvó a Margarita Cabello de dos demandas ante el Consejo de Estado. Ahí queda claro el pago de favores.  De la entrega a dedo de OPS con altos honorarios también se beneficiaron el ex procurador Edgardo Maya Villazón; la amiga de años de Cabello: Clara Cecilia Dueñas y el ex procurador Alejandro Ordóñez, con un contrato que recibió su yerno, Daniel Palis. Como si esto fuera poco, la procuradora tuvo 335 nombramientos a dedo y acumuló una planta que supera los 4.100 funcionarios. Pese a este evidente crecimiento burocrático, el organismo de control muestra cifras en rojo y alarmantes indicadores, algunos de ellos acentuados en el periodo de Margarita Cabello. Es decir, la Procuraduría obtuvo más puestos, pero para favorecer a aliados políticos, y no para dar propiamente resultados al país. A julio de 2023 Cabello había permitido caducar y prescribir más de 2.576 procesos. Además, ella y sus antecesores, tuvieron 540 condenas por procesos mal hechos de la entidad, lo que le ha costado al país 78.748 millones de pesos. Hay el riesgo de que el panorama empeore pues hay 600 demandas contra la Procuraduría por 126 mil millones de pesos.  Paralela a esta alarmante situación, hay otros episodios escandalosos como el nombramiento a dedo de personas cercanas a clanes políticos salpicados por corrupción como el de Oneida Pinto y del fallecido senador Mario Castaño. De igual forma, existen otros casos llamativos como el contrato directo que le entregó la procuradora Cabello a la Empresa de Recursos Tecnológicos S.A, ERT, para manejar temas informáticos del ente de control. Se inició pagando 5.700 millones por esos servicios, y con la ERT se subió a 17.499 millones y posteriormente a más de 26.000 millones con una adición que les otorgaron.  Es decir, cinco veces más recursos con una particularidad horrorosa: saltaron de una contratación pública con pluralidad, oferentes diversos y competencia, a una a dedo, pasándose por la faja la Ley 80. En total, en los tres años Margarita Cabello ha contratado a la misma empresa por fondos que superan los 48 mil millones de pesos. Como si fuera poco, la Procuraduría de Cabello ha pasado de agache con casos emblemáticos de corrupción: Reficar, Odebrecht, Ñeñepolítica, entre otros. Los invito a ampliar cada uno de estos y otros hallazgos en nuestra página web: https://esmeraldahernandez. com/. Allí podrán encontrar la totalidad de la investigación.  Justamente, estas evidencian ejemplifican que, mientras la procuradora Cabello se dedica a hacer política contra el gobierno del presidente Gustavo Petro, el ente se cae a pedazos, convirtiéndose hoy en una institución que está yendo en contravía de los intereses del país de preservar la moralidad pública, el cuidado de los recursos, el respeto por la Constitución, la democracia y la ciudadanía.  De allí, que radicaremos una denuncia con todas las pruebas y evidencias ante la Corte Suprema de Justicia que, en el caso específico de la Procuraduría, cumple la labor de juzgamiento penal y disciplinario. Del mismo modo, anuncio que citaré un debate de control político de cara al país. Si bien ningún congresista puede citar a la cabeza de un ente de control, por disposición normativa, sí se puede adelantar la invitación a la procuradora, al tiempo en que llamaremos a entidades como el Departamento Administrativo de la Función Pública, para que se explique qué medidas se allegarán a las instituciones que insistan en evadir los concursos de méritos, con tal de entregar la contratación y los recursos a dedo, como sucede en la Procuraduría.  Es hora de que la procuradora responda al país ante estos inquietantes hechos y qué mejor escenario que el epicentro natural

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