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En el marco de la celebración de la historia negra en los Estados Unidos, la Mesa directiva de la Comisión Legal Afrocolombiana del Congreso de la República, integrada por la presidenta, representante a la Cámara, Astrid Sánchez Montes de Oca, la Vicepresidenta Elizabeth Jay Pang y el coordinador de la comisión Jorge Luis Utria Pino, se reunieron con el representante a la Cámara Gregory Meeks, miembro del Blak Caucus, con quién dialogaron, para que la Comisión Afro de Colombia, sostenga encuentros con los congresistas Afro de los Estados Unidos, y así resaltar la importancia de fortalecer un vínculo mundial entre el pueblo Afro.

Comisión Afrocolombiana busca fortalecer lazos de hermandad con la comunidad Afro de los Estados Unidos

Actualidad, Colombia, Congreso de la República, EE.UU / revistacg

En el marco de la celebración de la historia negra en los Estados Unidos, la Mesa directiva de la Comisión Legal Afrocolombiana del Congreso de la República, integrada por la presidenta, representante a la Cámara, Astrid Sánchez Montes de Oca, la Vicepresidenta Elizabeth Jay Pang y el coordinador de la comisión Jorge Luis Utria Pino, se reunieron con el representante a la Cámara Gregory Meeks, miembro del Blak Caucus, con quién dialogaron, para que la Comisión Afro de Colombia, sostenga encuentros con los congresistas Afro de los Estados Unidos, y así resaltar la importancia de fortalecer un vínculo mundial entre el pueblo Afro. En el evento se otorgó un reconocimiento a los Afrolatinos por el trabajo en beneficio de esa población. También hicieron una visita protocolaria al embajador de Colombia en Washington, Luis Gilberto Murillo, quién les ofreció el apoyo incondicional para fortalecer las relaciones de la comunidad Afro. El coordinador de la Comisión Legal, dijo que el acto significa un avance fundamental en la dinámica legislativa que se le está imprimiendo a la Comisión Afro, “estamos comenzando a potenciar el trabajo, con esta visita, estamos buscando la consolidación de la comisión, viendo las oportunidades para el bienestar de la colectividad Afro de Colombia”. Utria Pino, agregó que están en la búsqueda de hacer intercambio con los congresistas negros de los Estados Unidos, con el fin de fortalecer los lasos de amistad y hermandad entre la comunidad negra de ambos países,” ha sido una experiencia maravillosa y muy productiva. Estamos a la espera de la firma de un convenio para bilinguismo, de esta manera vamos avanzando”. Aseveró el funcionario. Tomado del Senado de la República

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Proyecto que prohibe el Fracking pasa primera prueba en el Senado

AMBIENTAL, Colombia, Senado / revistacg

La Comisión Quinta del Senado aprobó, en primer debate, la prohibición de una de las técnicas del Fracturamiento Hidráulico Multietapa (fracking) en el país. Pese a que es un avance, la decisión no brinda las herramientas necesarias para su prohibición y deja totalmente reducido el proyecto inicial que apoya, decididamente el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el gobierno en general. “Este proyecto como fue aprobado no cumple la promesa de campaña del presidente, Gustavo Petro, que busca prohibir el fracking y los no convencionales”, aseguró la ministra, Susana Muhamad, durante el debate del proyecto. La iniciativa legislativa inicial, que fue radicada en la primera semana del Gobierno del Cambio con el apoyo de más de 74 congresistas, incluye también la prohibición de la exploración y producción de hidrocarburos provenientes de yacimientos no convencionales; la reformulación de la política de transición energética; la suscripción, adición u otorgación de contratos, concesiones, licencias y permisos ambientales para dichas explotaciones. Estas medidas no fueron avaladas anoche. “Aquí hubo un referendo democrático frente al tema del Fracking. Esta es una discusión que las comunidades de las zonas donde se propuso hacer Fracking han dado desde los territorios y que se convirtió en mandato popular en las elecciones del 2022. Dejo total claridad: el proyecto no quiere prohibir exploración y producción de hidrocarburos en yacimientos convencionales”, puntualizó Muhamad. Las acciones plasmadas en la iniciativa que apoya el Minambiente también son apoyadas por más de 174.000 colombianos, quienes a través de sus firmas, avalaron en el mes de septiembre el proyecto de ley inicial. Asimismo, frente a las dudas en materia de afectación fiscal, la ministra Muhamad sostuvo que “no hay afectación fiscal porque hoy, no existe este tipo explotación. No se encuentra en los cálculos del marco fiscal de mediano plazo ninguna reserva para ingresos fiscales que venga de estas actividades, no afecta la proyección financiera del Estado colombiano. Además, reiteró que no se afectarían actividades de yacimientos convencionales”. En ese sentido, trabajar por un país que haga una transición social, económica y ambiental para hacerle frente a la crisis climática y el fortalecimiento de la democracia ambiental, son algunas de las razones por las que el Minambiente insiste en apoyar la iniciativa sin las modificaciones aprobadas hoy. Ahora, el proyecto de ley será debatido en la Plenaria del Senado de la República, donde se abriría la posibilidad de sumar nuevos artículos que permitan llevar el proyecto a su idea inicial que busca prohibir el fracking y la explotación de yacimientos no convencionales. ¿Qué es el Fracking? El fracking es la técnica con la que se realiza la inyección, en más de tres etapas, de un fluido compuesto por agua, propante y aditivos químicos, con el objetivo de generar o inducir fracturas en las rocas de los yacimientos no convencionales para facilitar el flujo de la formación productora.

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En busca de estudiar la viabilidad del proyecto de ley que pretender modificar los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, el Congresista Jaime Raúl Salamanca, coordinador ponente del proyecto de ley “Por el cual se modifican los artículos 86 y 87 de la ley 30 de 1992 para establecer un nuevo modelo de financiamiento para las Instituciones de Educación Superior Públicas de Colombia “convocó audiencia pública con el fin de escuchar a los diferentes actores y la comunidad universitaria que explicará la necesidad de avanzar en la modificación en la forma como se ha financiado la educación superior.

Con Audiencia Pública se estudiará la viabilidad de la reforma a la Ley 30 en el Congreso

Actualidad, Congreso de la República / revistacg

En busca de estudiar la viabilidad del proyecto de ley que pretender modificar los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, el Congresista Jaime Raúl Salamanca, coordinador ponente del proyecto de ley “Por el cual se modifican los artículos 86 y 87 de la ley 30 de 1992 para establecer un nuevo modelo de financiamiento para las Instituciones de Educación Superior Públicas de Colombia “convocó audiencia pública con el fin de escuchar a los diferentes actores y la comunidad universitaria que explicará la necesidad de avanzar en la modificación en la forma como se ha financiado la educación superior. Cabe resaltar, que el proyecto de ley en curso, instaló una mesa técnica con el Gobierno Nacional, Congresistas, organizaciones estudiantiles, profesorales y de los trabajadores universitarios como ruta para un diálogo abierto en el que se defina el mecanismo que sea capaz de resolver un problema estructural de la educación superior en Colombia, y una de las banderas principales del movimiento estudiantil durante décadas, el modelo de financiación establecido por la ley 30. El proyecto de ley espera rendir su primera ponencia a finales de este año y con la audiencia pública se buscará recoger insumos que nutran el proyecto de ley y le den viabilidad en su trámite legislativo. “Con la audiencia pública se pretende responder al llamado de la sociedad colombiana y en particular de la comunidad universitaria que durante años ha estado pidiendo la modificación de la ley 30.” La audiencia pública se realizará en la Comisión VI de la Cámara de Representantes y se convertirá en la segunda audiencia después de la realizada en la Universidad Surcolombiana, que abrió la puerta a la participación de los movimientos estudiantiles, profesorales y trabajadores de la educación superior. “Aquí lo que debe primera es la comunidad universitaria y lograr sacar adelante una reforma que responda a ese sentir. La apuesta es que este proyecto sea la hoja de ruta para lograr una gran reforma a la ley 30.” Señaló Salamanca. El espacio estará separado por tres bloques: Visión de la Institucionalidad. Visión del Sector Académico. Participación Triestamental. Se espera la participación del ministro de Educación Alejandro Gaviria, la Viceministra Aurora Vergara, el Vicerrector Financiero – Sistema Universitario Estatal Fernando Noreña, el Centro de Pensamiento en Políticas Públicas en Educación Superior – Universidad Nacional de Colombia, movimientos estudiantiles, profesorales, la academia, entre otros. A partir de las 8:30 A.M. será transmitida por el Canal de Youtube de la Cámara de Representantes y el Facebook Live del Representante Jaime Raúl Salamanca.

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Avanza en el Congreso, regulación de la Eutanasia

Actualidad, Congreso de la República / revistacg

Aprobado en primer debate por 25 votos a favor, en Comisión Primera de Cámara, el proyecto de ley estatutaria que regula las condiciones para que las personas puedan tener acceso al derecho a morir dignamente bajo la modalidad de muerte médicamente asistida. Para su autor, el Representante a la Cámara por el Partido Liberal Juan Carlos Losada, el Congreso envía un mensaje al legislar sobre la eutanasia y saldar así, una deuda que tiene pendiente desde hace 25 años para garantizar el ejercicio de un derecho de primer orden como lo es morir dignamente. La mayor novedad de este proyecto es que reglamenta de manera estricta y diferencial las condiciones para que los menores de 18 años, puedan acceder a este derecho que la Corte Constitucional les ha reconocido. En Colombia el derecho a morir dignamente fue reconocido por vía jurisprudencial por intermedio de la sentencia C-239 de 1997 de la Corte Constitucional. En virtud de dicha providencia, Colombia se convirtió en el primer Estado de la región en reconocer tal posibilidad como un derecho, pero a la fecha el Congreso en el Congreso no se ha regulado, pese a que se han radicado y tramitado 14 iniciativas legislativas similares, encaminadas a reglamentar el derecho de acceso a la muerte digna. Por ello, el Representante Losada, nuevamente radicó el proyecto de ley estatutaria “Por medio de la cual se regula el acceso al derecho fundamental a la muerte digna bajo la modalidad de muerte médicamente asistida y se dictan otras disposiciones”, en el que se adoptan disposiciones normativas para garantizar el goce efectivo del derecho fundamental a la muerte digna mediante la muerte médicamente asistida que ha sido reconocido por vía jurisprudencial desde 1997 por la Corte Constitucional. A su vez, se crean normas para garantizar la seguridad jurídica de los profesionales de la salud que garanticen el referido derecho. “El derecho a la muerte digna guarda estrecha relación con otros derechos fundamentales como el libre desarrollo de la personalidad, la autonomía, el derecho a la vida que comporta la muerte como último acto de la persona, la dignidad humana y la igualdad”. Reitera Losada. Además, le permite a la persona tener control y tomar todas las decisiones, libres e informadas, sobre el proceso de su muerte. El Congreso debe legislar en este asunto para saldar la deuda que tiene pendiente desde hace 25 años y garantizar el ejercicio de un derecho de primer orden como lo es morir dignamente. La muerte médicamente asistida conocida como eutanasia, es uno de los tres mecanismos o dimensiones mediante las cuales es posible ejercer el derecho fundamental a morir dignamente. La modalidad de eutanasia es entendida como el procedimiento médico por medio del cual un profesional de la salud induce la muerte de manera anticipada a una persona que así lo ha solicitado de manera libre, informada, inequívoca y reiterada como medio para detener el sufrimiento intolerable que padece. En el proyecto se reglamenta el Comité Científico Interdisciplinario para la Muerte Digna que deben tener todas las IPS y que tiene un rol de verificación de que se cumplan todos los requisitos antes de que se vaya a practicar un procedimiento. En lo relativo a la objeción de conciencia, se le reconoce a los médicos de nuestro país, como decisión individual, la posibilidad de la objeción de conciencia. Pero en ningún caso, la objeción de conciencia se le puede reconocer a las instituciones prestadoras del servicio de salud, ni a las EPS y personas jurídicas porque eso iría en total contravía de la garantía de los derechos de quien requiere un procedimiento de muerte médicamente asistida. Con relación a los menores de edad el proyecto establece condiciones diferenciales y mucho más estrictas que para los adultos. Exigiendo que se encuentren en pleno uso de sus facultades mentales y de sus desarrollos psicológicos, emocionales y cognitivos, para que sea posible la aplicación de la muerte médicamente asistida en esta población deberá existir una concurrencia de voluntades y del consentimiento del niño, niña o adolescente que sea potencial receptor de la muerte médicamente asistida, así como de sus padres o de quienes ejerzan su representación legal. Si alguno de los involucrados no da su consentimiento o su voluntad no concurre con la del resto de sujetos involucrados en la decisión, el niño, niña o adolescente no podrá acceder a la muerte médicamente asistida. El proceso deberá darse en compañía de médicos, psiquiatras y psicólogos infantiles y de un defensor de familia. El consentimiento tanto del niño, niña o adolescente que sea potencial receptor de la muerte médicamente asistida como de sus padres o de quienes ejerzan su representación legal, para ser válido deberá por regla general ser previo, autónomo y libre, informado, específico, inequívoco, claro y reiterado. Podrá ser expresado tanto de manera verbal como escrita. El proyecto pasa a segundo debate en Plenaria de Cámara y le faltarían 2 debates en Senado, por ser ley estatutaria debe estar aprobado antes del 16 de junio del 2023. Finalmente, este proyecto busca también la seguridad jurídica de todos los participantes y respeta los criterios que durante los últimos 25 años ha fijado la Corte Constitucional para el acceso y ejercicio del derecho fundamental a morir dignamente en la modalidad de muerte médicamente asistida. Tomado de la Cámara de Representantes

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Con el fin de encontrar mecanismos y lineamientos efectivos para solucionar los vacíos en la Ley de 675 vigente de Régimen de Propiedad Horizontal, se creó en la Cámara de Representantes, una comisión accidental que no solo estará conformada por congresistas, sino que contará con la participación activa de la ciudadanía.

El Congreso busca actualizar Ley de Propiedad Horizontal

Actualidad, Senado / revistacg

Con el fin de encontrar mecanismos y lineamientos efectivos para solucionar los vacíos en la Ley de 675 vigente de Régimen de Propiedad Horizontal, se creó en la Cámara de Representantes, una comisión accidental que no solo estará conformada por congresistas, sino que contará con la participación activa de la ciudadanía. La comisión, es liderada por la representante a la Cámara, Olga Lucía Velásquez, e integrada por cinco representantes de Bogotá, Cundinamarca, Boyacá, Valle del Cauca y Tolima pertenecientes al partido Verde, Centro Democrático, Liberal y al Pacto Histórico. “Creamos la comisión accidental permanente de Propiedad Horizontal, que es básicamente un escenario de concertación para tener la oportunidad de construir esa ley que se necesita para reformar la 675 de 2001 y solucionar los múltiples problemas que se presentan hoy en estas copropiedades, con mecanismos de resolución de conflictos, de supervisión, de registro, porque ni siquiera sabemos cuántas unidades de Propiedad Horizontal existen en el país”, señaló Velásquez. Para la congresista del partido Alianza Verde, resulta importante que este proceso de construcción sea participativo y con las comunidades directamente relacionadas; y para ello, en el marco del trabajo de la comisión se abrirán múltiples espacios para la conversación. “Esta vez, la idea es que entre todos los actores podamos fortalecer este gran sector en un escenario que hasta ahora no existía, donde podamos interlocutar, proponer, dialogar y generar acciones para buscar salidas a esos inconvenientes recurrentes. Podrán participar los delegados de Propiedad Horizontal a nivel departamental, distrital y nacional; los gremios, las empresas de servicio (vigilancia, tecnología, aseo), las entidades del Estado y los ciudadanos en general”, puntualizó. La recién creada comisión accidental de Propiedad Horizontal, tendrá su instalación el próximo jueves, 8 de septiembre. Tomado del Senado de la República

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En sesión plena el Congreso de la República eligió a los nuevos magistrados del Consejo Nacional Electoral para el periodo 2022- 2026, quienes se encargarán de inspeccionar, vigilar, regular y controlar la actividad electoral en Colombia.

Nuevo Consejo Nacional Electoral

Actualidad / revistacg

En sesión plena el Congreso de la República eligió a los nuevos magistrados del Consejo Nacional Electoral para el periodo 2022- 2026, quienes se encargarán de inspeccionar, vigilar, regular y controlar la actividad electoral en Colombia. Los nuevos magistrados son: César Augusto Lorduy Maldonado Es abogado de la Corporación Universitaria de la Costa, magíster en derecho de la Universidad del Norte y especialista en: derecho del medio ambiente de la Universidad Externado de Colombia, en derecho de sociedades de la Universidad Javeriana y en derecho laboral de la Universidad del Norte. Lorduy Maldonado nació en Barranquilla. Fue representante a la Cámara para el periodo constitucional 2018 -2022; en temas electorales se destacó por ser ponente del proyecto de reforma al Código Electoral que, aunque se aprobó, fue declarado inexequible en la Corte Constitucional. Ha sido, además docente en pregrado y posgrado en derecho ambiental en las universidades del Norte, Externado de Colombia, Universidad de la Costa y Universidad del Atlántico. Su mayor experiencia ha sido en el sector empresarial, fue miembro de los consejos y juntas directivas de Asoportuaria, la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, la Cámara de Comercio de Barranquilla y la Sociedad Puerta de Oro. Alfonso Campo Martínez Es abogado de la Universidad de Valledupar, magíster en estudios sociales y políticos latinoamericanos de la Universidad Jesuita Alberto Hurtado de Santiago de Chile y especialista en derecho administrativo de la Universidad Javeriana, derecho constitucional y parlamentario y derecho ambiental de la Universidad Externado de Colombia. Campo Martínez nació en Valledupar. Fue director de la Unidad Nacional de Protección 2020-2022, presidente de la Federación Nacional de Personerías de Colombia, fiscal de la Unidad de Activos y Extinción de Dominio, personero de Valledupar, consultor y asesor en derechos humanos y derecho administrativo. Además ha sido docente en derecho internacional público de la Universidad Popular del César. Fabiola Márquez Grisales Abogada y administradora pública territorial y municipal, y magíster en justicia constitucional y derechos humanos y derecho procesal, cuyo título se encuentra en proceso de convalidación ante el Ministerio de Educación. Nació en la Guajira. Tiene experiencia en derecho electoral, administrativo y constitucional. Ha sido delegada del Consejo Nacional Electoral para escrutinios generales en los departamentos de Norte de Santander y Magdalena para las elecciones de Congreso y Presidencia de la República 2018, también fue coordinadora electoral para los comicios territoriales de la Alcaldía de Bogotá en 2019. Cristian Ricardo Quiroz Romero Es abogado de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, especialista en derecho procesal y derecho procesal penal de la Universidad Externado de Colombia y actualmente es candidato a magíster en derechos humanos de la Universidad Escuela Superior de Guerra. Nació en Cerrito- Santander. Desde el año 2014 ejerce como director jurídico del partido Alianza Verde, cargo en el que ha estado al frente de los procesos para elegir los magistrados del Consejo Nacional Electoral y el Consejo de Estado. Trabajó como asesor jurídico del Seguro Social y Colpensiones en sus sedes de Santander. Benjamín Ortiz Torres Es abogado egresado de la Universidad La Gran Colombia, magíster en derecho disciplinario de la Universidad Libre de Bogotá, especialista en derecho electoral y administrativo de la Universidad del Rosario. Nació en la ciudad de Ibagué. Actualmente ejerce como secretario general de la Registraduría Nacional del Estado Civil; también ocupó cargos como secretario del Consejo Nacional Electoral, como asesor de Contraloría Distrital y tiene experiencia como docente de pregrado, posgrado y maestría en universidades públicas y privadas. Ha sido conferencista nacional e internacional en derecho electoral y administrativo. Altus Alejandro Baquero Rueda Abogado de la Universidad del Rosario, doctorado en derecho, y magíster en derecho de la Universidad Sergio Arboleda; especialista en derecho administrativo, en gestión y responsabilidad fiscal. Nació en Ibagué. Su carrera en lo público inició en 2008 en la Registraduría Nacional del Estado Civil, como profesional universitario hasta ascender a secretario general en 2015. Fue contratista de entidades como: el Congreso de la República, la Unidad Nacional de Víctimas, el Acueducto de Bogotá y la Federación Nacional de Departamentos. En 2020 asumió como secretario general de la Defensoría del Pueblo. Maritza Martínez Aristizábal Abogada, magíster en derecho público de la Universidad Externado de Colombia, especialista en derecho público de la misma universidad, y especialista en derecho disciplinario de la Universidad Santiago de Cali. Nació en Villavicencio, Meta. Inició su carrera profesional en la Rama Judicial como oficial mayor del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, para luego ascender a magistrada auxiliar del Consejo de Estado. En el año 2007 ingresó al escenario político al frente del movimiento “volvamos a avanzar”; en el año 2010 obtuvo la única curul del partido de la U en el Senado de la República en el periodo 2013-2014; y fue reelegida en el periodo 2014-2018, con una votación destacada en el país. Desde su ingreso a la Cámara Alta del Congreso de Colombia, se ha destacado por velar por la mejora de la situación laboral de las madres comunitarias a través de un ingreso otorgado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Alba Lucía Velásquez Hernández Es abogada especializada en derecho laboral y seguridad social de la Universidad Libre de Bogotá, adelanta estudios de doctorado en derecho en la Universidad Nacional de Mar de la Plata, Argentina. Nació en el municipio de Cáqueza, Cundinamarca. Cuenta con más de 25 años de experiencia en el régimen municipal y como asesora en derecho electoral y público. Se ha desempeñado en cargos como: alcaldesa encargada, personera y secretaria de Gobierno del municipio de Cáqueza, Cundinamarca; y secretaria de Educación y de Cultura del municipio de Paratebueno, Cundinamarca. Álvaro Hernán Prada Artunduaga Abogado titulado de la Universidad de la Sabana, especializado en gobierno, gerencia y asuntos públicos del Externado de Colombia y políticas públicas y administrativas de Columbia University. Nació en la ciudad de Bogotá. Trabajó como asesor en: la Caja Agraria, en la Fundación por la Paz de Colombia; fue consultor jurídico administrativo de varias empresas del sector privado; director Nacional de Registro Civil; columnista del Diario del Huila

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El presidente de la Cámara de Representantes David Racero, en un encuentro con diferentes medios de comunicación de Valledupar, en la que también asistieron empresarios y líderes políticos de la región, expresó que se encuentra seguro de que este congreso está dispuesto a trabajar en todas las propuestas que generen un cambio real para el país.

“Estoy seguro que este congreso si legislará para reducir su propio salario”, David Racero

Actualidad, Cámara: Cámara de Representantes / revistacg

El presidente de la Cámara de Representantes David Racero, en un encuentro con diferentes medios de comunicación de Valledupar, en la que también asistieron empresarios y líderes políticos de la región, expresó que se encuentra seguro de que este congreso está dispuesto a trabajar en todas las propuestas que generen un cambio real para el país. El Presidente expresó: “La reducción del salario de los congresistas es una medida de equidad social. El Congreso de Colombia tiene uno de los salarios más altos de la región. Y en un país como Colombia, tan desigual, con tanta pobreza, lo mínimo que podemos hacer es igualar el salario de los congresistas a la media de la región” En relación con el régimen salarial, la remuneración de los congresistas, hoy en día está por encima de los $34 millones de pesos colombianos, es por esto, que desde que inició el presente periodo legislativo, se han presentado varias propuestas y proyectos que pretenden esta reducción salarial. El Presidente también aclaro: “que la reducción salarial es una política ligada a la justicia social y no a una política anticorrupción. La corrupción no está ligada a un salario. La verdadera lucha contra la corrupción es mucho más profunda”. Por último, el Presidente expresó que “este Congreso si legislará para reducir su propio salario, y muestra de ello, es que hay varios proyectos en este sentido de todas las bancadas, incluyendo partidos tradicionales que antes se oponían a la medida”.

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Ellas son las senadoras que liderarán el discurso de oposición este 7 de agosto

Actualidad, Congreso de la República, Legislativo, Presidencia / revistacg

Las senadoras del Centro Democrático María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín harán uso del espacio contemplado en el Estatuto de Oposición para dirigirse como partido de oposición en la posesión de Gustavo Petro como nuevo Presidente de Colombia. Las tres congresistas han sido férreas críticas de la agenda del petrismo en el Congreso y tendrán la posibilidad de intervenir en los medios nacionales este 7 de agosto gracias al Estatuto de la Oposición, la ley que garantiza el derecho a réplica de los opositores al Gobierno de turno. Hasta el momento, el Centro Democrático es el único partido político que se ha declarado formalmente como oposición en el Congreso. Aunque hay varias colectividades que no son cercanas ideológicamente a Petro, como el Partido Conservador, han optado por mantenerse en la independencia. Tomado del Medio aliado: El Colombiano – Medellín (Antioquia).

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Proyecto de ley busca reducir la violencia a través del control del porte de armas

Actualidad, Seguridad / revistacg

Rodrigo Lara, Senador y precandidato presidencial por el Nuevo Liberalismo, radicó la iniciativa, que establece nuevos mecanismos de control y trazabilidad por parte del Estado sobre las armas y municiones y el establecimiento de nuevas circunstancias de agravación punitiva. Luego de calificar la iniciativa legislativa que pretende facilitar aún más el porte legal de armas en Colombia como una “fórmula peligrosa y fracasada”, el Senador Rodrigo Lara radicó un Proyecto de Ley en oposición. Su propuesta apunta a reducir la violencia en el país mediante el establecimiento de nuevos mecanismos de control y trazabilidad por parte del Estado sobre las armas y municiones. El Proyecto de Ley busca darle al Estado mejores herramientas para el control de las armas en poder de civiles: reglamenta mecanismos de identificación para cada arma y cartucho (tanto los producidos en el país como los importados) y establece mecanismos de información en línea para que todas las autoridades competentes tengan acceso a los datos de las armas (modelo, calibre, marca, número de serie, etc.) así como su huella balística, de manera se pueda determinar cuáles puedan estar vinculadas a investigaciones de carácter penal. Asimismo, la iniciativa impone sanciones para quienes hagan uso inadecuado de las armas y suspende hasta por veinte años los permisos a quienes las porten o utilicen en estado de embriaguez o bajo el efecto de sustancias psicoactivas. El Proyecto de Ley también suspende los permisos a las personas condenadas por delitos contra la vida como el homicidio, el genocidio, el feminicidio o que hayan sido condenadas por actos de discriminación. La iniciativa está orientada a “defender la vida de los colombianos a través de acciones precisas para combatir las diferentes formas de violencia. No podemos permitir que siga habiendo armas en manos de personas irresponsables e inescrupulosas cuando más del 70 por ciento de los homicidios en el país se cometen con armas de fuego”, aseguró el Senador y precandidato presidencial por el Nuevo Liberalismo Lara. Adicionalmente, el Proyecto les da competencias a las Fuerzas Militares para reglamentar los usos permitidos de las armas de letalidad reducida y las condiciones para su tenencia o porte. Por último, dispone que deberán ser claramente diferenciables de las armas de fuego. Es decir que, en caso de reglamentarse su prohibición, en una jornada de manifestaciones no se podrán repetir escenas como las vividas en las protestas del Paro Nacional del presente año.

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Comisión VI convoca a especialistas para construir ley de seguridad farmacéutica

Actualidad, Gestión, Gobierno, Salud, Senado / revistacg

La iniciativa contempla diferentes mecanismos que permiten un ejercicio seguro del manejo de las patentes y de la modernización de esa industria en el país. Aquí estamos haciendo un avance en la salud para los colombianos, buscando dinamizar la economía con la generación de empleos, por lo tanto vemos que la posición del superintendente de Industria y Comercio Andrés Barreto, es contraria, cuando pide el archivo de esta iniciativa porque viola según él la propiedad intelectual”, así lo manifestó el senador Iván Darío Agudelo (Partido Liberal) en audiencia pública de la Comisión Sexta sobre la socialización del proyecto de ley 372 de 2020 que establece normas para la seguridad Farmacéutica,” donde intervinieron los interesados en la construcción de la ley. Para el Presidente del colegio nacional de Químico, Hernando Cuellar, “la química farmacéutica desde el año 1962 viene haciendo una función especial en el crecimiento del país, es mucho lo que se viene dando frente a esta área, en la industrial y en la farmacéutica, todos estos trabajos de propiedad intelectual deberían estar reglado en este proyecto de ley, en el tema de cómo se otorgan las patentes, proyectos de inversión abierta, debemos trabajar cuando o no se debe dar una patente, y tener en cuanta el tema sobre propiedad industrial e intelectual, el país debe manejar estos criterios en conjunto para sacar una buena ley en todos los ramos”. Según Aurelio Mejía, director de regulación del Ministerio de Industria y Comercio, “en el capítulo II del proyecto de ley que contempla la propiedad intelectual, las disposiciones vigentes hoy en día sobre los derechos de autor, permiten la flexibilidad. Advierte que allí la adquisición de bienes públicos esta medida es considerada como discriminatoria porque viola el principio de trato nacional, incorporado en la legislación vigente, y pasar de licencias automáticas a licencias obligatorias”. Oscar Lizarazo, investigador y docente de la universidad nacional “estoy de acuerdo con varios aspectos que propone el proyecto de ley se debe trabajar en pulir algunos aspectos importantes, valoro la posición del Gobierno pero es importante que todo esté sujeto a observaciones porque tendrían algunos faltantes, la Superintendencia de Comercio se equivoca al decir que las patentes salvan vida cuando lo que salvan vida son los medicamentos. se ha hecho mucho énfasis en innovar pero vale la pena trabajar en asimilar o imitar legalmente como lo hacen países como Corea, Argentina, Brasil, además la regla general es que uno puede imitar, pero no aprovechar de manera indebida la reputación ajena, tal como hace Argentina, que hoy en día por su capacidad tecnológica puede fabricar vacuna porque tiene la guía de patentes más estricta”. Finalmente el senador Iván Darío Agudelo (Partido Liberal) anunció que “mi interés es por Colombia, por lo tanto no declinaré en avanzar con este proyecto de ley, hemos tenido una escases en el tema de abastecimiento de las vacunas, Colombia debe proteger sus creaciones científicas para convertirse en exportador de tecnologías y mirar no solo a Singapur, sino a Brasil Y Argentina porque a propiedad intelectual no es un campo de restricción absoluta no podemos insistir en dar las mismas respuestas de antes y negarnos a avanzar”. Cortesía del Senado.

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