julio 28, 2026

Congreso de la República

“TENEMOS QUE ADAPTARNOS A LA NUEVA REALIDAD”

Carlos Andrés Trujillo, quien es contador público de la Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA) de Medellín, ha logrado construir una importante trayectoria en el sector público a lo largo de los últimos años, con cargos como el de concejal de Itagüí en el período 2004 y 2007 y diputado de la Asamblea de Antioquia, a la que llegó con la mayor votación del país (más de 26 mil votos). Fue alcalde de Itagüí entre 2012-2015 y se destacó en 2014 como el mejor mandatario local de Colombia. Ha sido asesor de las Comisiones II y V de la Cámara de Representantes y también de la división Financiera de la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA). Es integrante del Partido Conservador Colombiano y actualmente es senador de la República. La situación compleja que hoy vive el país por cuenta de la pandemia, llevó al congresista a redoblar sus esfuerzos para contribuir a la reactivación económica, la generación de empleo y la puesta en marcha de proyectos de infraestructura para impulsar el desarrollo económico y social en las regiones. Aunque el trabajo legislativo realizado durante la emergencia sanitaria ha sido de manera virtual, el senador considera que se ha cumplido con la aprobación de leyes importantes para el país, en medio de la crisis. El congresista reconoce que el escenario ideal para los debates y el control político es el Capitolio Nacional, pero cree que ante la nueva realidad que enfrentan los colombianos como consecuencia de la llegada del covid-19 al país, hay que adaptarse a la nueva realidad, donde la mayor parte de la actividad laboral se realiza de manera virtual para minimizar el riesgo de contagio en la población. Para el legislador conservador, la prioridad en este momento es salvaguardar la vida y el empleo, tarea en la que el Senado de la República ha venido trabajando en los últimos meses, tanto a nivel de comisiones como en plenaria. Gestión en Antioquia En Antioquia la situación también ha sido difícil, lo que llevó a las autoridades a trabajar de manera articulada con la Gobernación y las alcaldías locales para mitigar el impacto de la crisis. “Se implantó la estrategia del acordeón, cuatro días de Senador de la República, Carlos Andrés Trujillo. SENADO 145 trabajo y tres días de confinamiento, porque estábamos llegando a un nivel de ocupación de las UCI, en alerta roja”, afirma el congresista, quien es consciente de que la pérdida de empleo ha traído consecuencias lamentables para la región. “Hoy se ha definido por parte de los expertos que estamos en meseta, ya no estamos creciendo, ni decreciendo”, agrega. No le cabe duda que ante las nuevas circunstancias, se vienen grandes retos para el departamento de Antioquia, como por ejemplo, “la reactivación de las 4G, el túnel de Occidente, inversiones que rondan los 30 billones de pesos en el territorio y la construcción del metro de la 80, que cuenta con el apoyo del Gobierno Nacional, el cual será un gran dinamizador de la economía regional”. Reactivación sectorial El transporte, el turismo y la cultura han sido los sectores más afectados por el confinamiento en casa, ya que los tres dependen de la dinámica que va generando el día a día de la gente. Por esa razón se reactivarán de manera gradual. “En la discusión del Presupuesto General de la Nación que estamos próximos a iniciar estarán estos tres sectores, porque la vida social sin duda, es la que más afectada se ha visto”, sostiene el senador. Mientras tanto, se está liderando con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo una certificación en normas de bioseguridad para que la industria turística normalice actividades lo antes posible. “Que cuando venga un colombiano o extranjero y vaya a determinado lugar, pueda tener la seguridad de que se está cumpliendo con todos los protocolos” necesarios. Para el congresista es claro que el virus no desaparecerá rápido y por consiguiente “tendremos que aprender a convivir con el mismo, bajo los cuidados que recomiendan las autoridades sanitarias”. Insiste en que hoy el gran reto es reactivar la economía. “Soy un convencido de que el Estado sea nacional, departamental o municipal tiene que disparar el gasto público, especialmente en temas como infraestructura, que es el que mueve la cadena económica y más empleo genera dentro de la sociedad”. Nueva legislatura En este nuevo período de sesiones, el senador le apunta a mayores inversiones para las regiones y a un mayor acceso de los jóvenes a la educación superior. Ya se han dado los primeros pasos con la autorización a institutos y centro de investigación, avalados por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, para que puedan ofrecer doctorados, lo que posibilita a los colombianos el acceso a ellos. Se viene también promoviendo el proyecto de la protección de datos para que “cualquier situación que afecte su buen nombre, desaparezca de las redes y estas no sean utilizadas para maltratar, ultrajar o usar a los menores de edad”. El legislador radicará una iniciativa más para que la maquinaria pesada incautada por el uso en la minería ilegal no sea destruida, sino que pase a ser propiedad del Estado, y este la entregué a los municipios de sexta categoría para que mejoren las vías terciarias de las regiones. El congresista hace un llamado importante al Ejecutivo para que garantice las condiciones de seguridad a los colombianos, especialmente en las zonas apartadas. “La muerte de líderes sociales ha sido muy preocupante y grave; se debe proteger la vida de los colombianos en todas las regiones del país, sobre todo, porque la crisis social va a disparar la inseguridad en las urbes de Colombia. Se necesita un Congreso unido para proteger la vida de los colombianos, no es solo un sector político, ni un clamor ideológico, es un llamado del Congreso de Colombia”, concluye.

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Gobierno propondrá al Congreso ampliar el Programa de Apoyo al Empleo Formal hasta marzo del año entrante

El Presidente de la República, Iván Duque Márquez, anunció este martes que el Gobierno propondrá al Congreso tramitar la ampliación del beneficio que otorga el Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF) hasta marzo del año entrante. Así lo manifestó el Jefe de Estado en el programa ‘Prevención y Acción’, que se emite desde la Casa de Nariño, en el que presentó un balance del apoyo económico ofrecido para la reactivación, y tuvo como invitado al Director de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP), Fernando Jiménez, que administra el PAEF. El Mandatario recordó que el PAEF se creó para subsidiar el 40% del salario mínimo en empresas que han visto afectada su facturación un 20% o más, en principio para tres meses, y el Gobierno presentó un proyecto legislativo que lo amplía hasta diciembre próximo, iniciativa que hace tránsito en el Congreso, donde fue aprobada en primer debate. No obstante, manifestó que “de cara a la ponencia que se tiene que hacer para el debate en las plenarias de Senado y Cámara, hemos construido una propuesta para que el programa PAEF se extienda hasta el mes de marzo del año entrante”. “Eso quiere decir que no solamente estamos apoyando este ejercicio de reactivación en lo que nos queda este año, sino que también da un apoyo adicional en el primer trimestre del año 2021, de manera que la reactivación de nuestro país, la protección del tejido laboral se dé con éxito, y se dé además con la velocidad que requiere”, indicó el Mandatario. Afirmó que se espera “seguir adelante, salir de esa situación difícil que nos ha traído la pandemia, y creo que este es un vehículo muy oportuno”. Por su parte, el Director de la UGPP declaró que “el costo total de las inversiones fiscales que el Gobierno Nacional ha hecho en esta primera etapa alcanza la suma de 3 billones 358 mil 043 millones de pesos”. “Con estos recursos se han favorecido, en lo que tiene que ver con el PAEF 3’375.615 empleos que han recibido subsidio, que equivalen a postulaciones y aprobaciones que hicieron 134.369 empresas o empleadores”, precisó. Jiménez sostuvo que “esta es una dimensión enorme en la prestación del apoyo al empleo formal”. Indicó que de esos  estos 3’375.000 empleos, “un 39%  más o menos como 1’300.000 empleos recibieron 4 veces el subsidio, un millón de empleos recibió 3 meses el subsidio, 680.000 empleos  recibieron dos veces el subsidio y únicamente 435.000 recibieron una vez el subsidio para ver la dimensión del apoyo que se les hizo a las empresas”. Agregó que el PAEF “frenó la caída en la eliminación de empleos”. “En el mes de abril se observó una caída de cerca de 1’300.000 empleos, y a partir de los siguientes meses se mantuvo y no se ha acentuado en ningún puesto adicional dicha caída, lo que nos permite señalar que los programas tuvieron el impacto que esperábamos”, explicó el funcionario. Por último, destacó que el 91.9% de los recursos del PAEF ha favorecido a las micro y pequeñas empresas, mientras que el 9% restante se destinó a la mediana y gran empresa del país. “La totalidad de los departamentos y el Distrito Capital recibieron aportes de éste programa con coberturas muy representativas, como el caso de Bogotá que alcanzó a recibir el 40.1%, de todos los apoyos que se dieron para empleos y empresas en el PAEF”, concluyó.   Con información tomada desde la Presidencia de la República. 

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Uribe Vélez presentó su renuncia al Senado de la República

El expresidente Álvaro Uribe Vélez renunció este martes a su curul como senador del Centro Democrático, a través de una carta en la que cuestionó el manejo que se le ha dado al proceso que se sigue en su contra por presunta manipulación de testigos. En la misiva que dirigió al presidente del Senado, Arturo Char, el exmandatario consideró que la medida de aseguramiento que le fue impuesta hace varios días, violó ocho garantías procesales, con interceptaciones ilegales y dolosas.   “La medida de aseguramiento con detención domiciliaria, con la violación de ocho garantías procesales, con interceptaciones ilegales y dolosas, también a uno de los abogados, filtraciones selectivas a adversarios políticos y periodísticos en lugar de publicar todo el expediente, detenido por inferencias, sin pruebas directas, sin recibir varias declaraciones, con compulsa a testigos a favor, sin que mis abogados hubieran podido contra interrogar, con el magistrado que advertía de posible auto incriminación para ayudar a la contraparte a esconder mensajes, anulan cualquier expectativa de poder regresar al Senado, institución en la cual procuré ser cumplido y aportar con estudio a los diferentes temas”, aseguró Uribe Vélez.   El expresidente hizo votos por una reforma a la justicia que la despolitice al cambiar el sistema de elección de magistrados. “Estos deberían llegar a la alta corte en edad madura que haya disuelto las vanidades y afianzado el apego a la rectitud, estar allí por largo tiempo en lugar de utilizar la silla giratoria hacia los negocios o la política”, agregó.   El siguiente es el texto de la carta: Renuncia al Senado: pic.twitter.com/JaoRDVt9i2 — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) August 18, 2020  

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INSISTIREMOS EN NUESTRAS INICIATIVAS AMBIENTALES

Con la culminación de las sesiones ordinarias de la legislatura 2020 -I muchos de los proyectos de ley y de acto legislativo que se encontraban en trámite fueron archivados por el vencimiento de los términos que la Constitución y la ley establecen. Dentro de estos proyectos se encuentran las iniciativas en materia ambiental que radicamos en Opinió n el Congreso desde el 2018 por considerarlos temas de importancia nacional. Sin embargo, seguiremos proponiendo, ya sea insistiendo con nuestras iniciativas mejoradas o presentando nuevos proyectos, tal como lo hemos hecho en el pasado. Nuestros proyectos buscan dar soluciones a problemáticas ambientales relacionadas contres líneas principales: Industrias extractivas, Gestión Ambiental y Participación Ambiental. Industrias extractivas. Fue propuesta para garantizar la participación efectiva de las comunidades, el planteamiento, ejecución y cierre de proyectos extractivos, además del estricto cumplimiento de normas ambientales, y la solución de conflictos de competencia entre autoridades del orden nacional con las del orden territorial. En ella encontramos los proyectos de Mecanismos de Participación y Concertación Minera (PL 052/19S), Cierres Mineros (PL 53/18C), Guías Minero-Ambientales (PL 49/19S), Licencia Ambiental Exploratoria (PL 038/18S) y Pasivos Ambientales (PL 56/18C). Gestión ambiental. Busca mejorar la forma en que se gestionan los recursos naturales y los residuos propios de las actividades productivas, además de fortalecer la institucionalidad del sector para mejorar la gobernanza ambiental. En esta línea encontramos los proyectos de Prohibición de Plásticos de un solo uso (PL 080/19S), Sostenibilidad en Costas (PL 073 2019C), Control de emisiones de Gasolina (PL 051/19S) y Humedales Ramsar (PL 54/18C). Participación ambiental. Busca crear espacios de participación permanentes en materia ambiental a nivel regional, para lo cual propusimos el Proyecto que crea los Consejos Ambientales Municipales (PL 072/19C). Esta es una forma de clasificar los proyectos, pero en la práctica estos factores se interrelacionan debido a que las problemáticas y conflictos socio ambientales requieren un abordaje complejo. “Teniendo en cuenta la crisis que ha causado la pandemia, las sesiones no sólo se retrasaron en iniciar este año, sino que el debate sobre la constitucionalidad de las sesiones virtuales y la complejidad de la adaptación mediante herramientas virtuales, especialmente en lo relacionado al registro y votación, ha hecho que el Congreso no haya debatido y votado iniciativas con normalidad”. Teniendo en cuenta la crisis que ha causado la pandemia, las sesiones no sólo se retrasaron en iniciar este año, sino que el debate sobre la constitucionalidad de las sesiones virtuales y la complejidad de la adaptación mediante herramientas virtuales, especialmente en lo relacionado al registro y votación, ha hecho que el Congreso no haya debatido y votado iniciativas con normalidad. Esta parálisis legislativa claramente incluye nuestros proyectos. Nosotros teníamos en trámite 10 proyectos de ley en materia ambiental, sobre temas que consideramos necesaria la intervención del legislativo para garantizar derechos como el ambiente sano y la participación ante la realización de actividades que pueden amenazarlos. A pesar de la importancia de estos proyectos, considerando que algunos buscan cumplir exhortaciones al Congreso hechas por la Corte Constitucional, y teniendo en cuenta la incertidumbre que tuvo el Congreso sobre la continuidad del trámite legislativo, nuestros proyectos fueron archivados por vencimiento de términos. Es decir, que por no haberse discutido en los tiempos establecidos por el Reglamento del Congreso (Ley 5 de 1992) y la Constitución, lastimosamente no podrán continuar su trámite en el Congreso. Creemos que las amenazas del Cambio Climático además de los retos que impone superar la pandemia, imponen la necesidad de seguir proponiendo al país diversas iniciativas ambientales. Por lo cual, en la legislatura que comenzó el 20 de julio, insistiremos con varias de estas iniciativas y continuaremos proponiendo al Congreso proyectos que respondan al sin número de problemáticas ambientales que aquejan a Colombia. De hecho gran parte de estos proyectos han sido fruto de un proceso de enriquecimiento legislativo logrado tras varios procesos de proponer, escuchar comentarios de diferentes actores y sectores, recibir la negativa del Congreso e insistir con nuestros proyectos mucho más completos. Todo esto, siempre partiendo del rigor técnico y científico proveniente de las investigaciones de la academia, pero también de escuchar las voces de las comunidades, organizaciones y entidades que conocen de primera mano estas realidades.

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EL PRINCIPAL PROBLEMA DEL PODER JUDICIAL ES DE CARÁCTER PRESUPUESTAL

Aunque en la teoría las ramas del poder son realmente autónomas y solo mantienen entre sí una colaboración armónica, hay un factor que menoscaba la autonomía de la Rama Judicial y es la dependencia presupuesta. Desde hace varios años se viene discutiendo sobre la necesidad de reformar la justicia. Sin embargo, las diferencias políticas y la falta de acuerdos han impedido que la reforma que ésta necesita se haya podido materializar. Y es que los cambios que requiere esta rama del poder público, aunque no son tantos como se podría llegar a pensar, sí son de gran calado e implican un fuerte compromiso por parte del Estado y, en general, de toda la sociedad. Según cifras de Asonal Judicial, en Colombia hay alrededor de 11 jueces por cada 100 mil habitantes, lo que contrasta con las recomendaciones de la OCDE que dicen que el estándar óptimo para un correcto funcionamiento de la justicia es de 65. Pero esto se ve agravado cuando tenemos en cuenta la congestión judicial, que para el 2019 se traducía en cerca de 1’900.000 procesos represados. Es entonces claro que el primer -y quizá el principal- problema del poder judicial es de carácter presupuestal. Si queremos una justicia eficiente, capaz de atender las necesidades de los colombianos de una manera oportuna, lo primero que tenemos que hacer es solucionar el grave déficit de personal. Pero sabemos que los costos para solucionar esa problemática son exorbitantes y más en una situación como la actual, donde gran parte de la población reclama con urgencia el aumento del gasto social por parte del Estado. Por ende, es indispensable que el gasto sea lo más eficiente posible, y ahí llegamos al segundo problema: la autonomía judicial. La Constitución Política, que enuncia las ramas del poder público, dice que estas son autónomas entre sí. Esto es un pilar de la democracia moderna. Y aunque en la teoría las ramas del poder son realmente autónomas y solo mantienen entre sí una colaboración armónica, hay un factor que menoscaba la autonomía de la Rama Judicial y es la dependencia presupuestal. El marco constitucional y legal actual obliga en la práctica al Poder Judicial a acudir ante el Ejecutivo y el Legislativo para que determinen un presupuesto para su funcionamiento. Se sabe ya que esto es un problema puesto que nadie conoce mejor las necesidades de la justicia que la propia justicia y lo correcto es que el presupuesto de la Rama sea de origen constitucional. De hecho, en el más reciente intento de reforma que pasó por el Congreso, hubo consenso sobre este particular. Y finalmente, aunque es conocida la necesidad de llevar a cabo algunos cambios estructurales, es necesario que esta discusión se realice en compañía de los magistrados de las Altas Cortes y de los funcionarios de la rama judicial, pues muchas de las necesidades son asuntos de tipo procedimental que podríamos solucionar más fácilmente en el Congreso de la República.  

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LA PAZ, OTRA SACRIFICADA DE LA PANDEMIA

Como lo hemos señalado en múltiples oportunidades, las necesidades existenciales y básicas de la mayoría de la población no se solucionan con dádivas, sino con políticas sociales estructurales. Si algo ha demostrado esta pandemia en nuestro territorio, es que amplios sectores de la población sufren de hambre y desnutrición, que carecen de ingreso o que éste es exiguo, que su situación es de desocupación permanente, o de trabajo en la informalidad, y que viven en condiciones de precariedad y pobreza; se trata, en particular, de mujeres cabeza de hogar, de personas en condiciones de discapacidad, de hombres y mujeres, adultos mayores, de niños, niñas y adolescentes que deambulan por las calles y caminos sin ningún sustento. Estas condiciones son propias del sistema capitalista vigente, pero se han develado ostensiblemente a causa del fenómeno sanitario que nos afecta. En nuestro país las respuestas del Gobierno nacional, más allá de decretar el aislamiento, han sido tímidas y tienden sobre todo a privilegiar al sector financiero, a los grandes negocios y a descargar el peso de la situación en los hogares de las gentes del común bajo la lógica de “sálvese quien pueda”, o a través de pírricos apoyos. El Coronavirus ha puesto de presente los grandes problemas de la sociedad a nivel global y la crisis sanitaria y social nos está llevando a una recesión económica que se proyecta como una de las más grandes de la historia. Sin duda, la incapacidad del mundo para afrontar una pandemia de este estilo radica en la profundización del sistema capitalista y las nocivas políticas neoliberales (privatizadoras y de exenciones tributarias al gran capital) que se han venido aplicando en las últimas décadas. El ineficiente y débil sistema de salud, el imperante desempleo y la masificación del trabajo informal, los bajos salarios de los trabajadores, los exagerados privilegios económicos a las grandes empresas y el sistema financiero, el abandono del campo colombiano, los crecientes impuestos para los ciudadanos de clase media y los menos favorecidos, y las masivas privatizaciones, son algunos de los problemas que hoy tienen a Colombia sin posibilidades reales de asumir seriamente la pandemia y sus efectos económicos y sociales que de esta se desprenden. Y es que según el último informe de la CEPAL titulado “El desafío social en tiempos del COVID-19”, las cifras son poco alentadoras en su estimación sobre el impacto social y los desafíos relacionados que tendrá la actual crisis para los países de América Latina y el Caribe en el corto, mediano y largo plazo. Según el informe, los efectos sociales que traerá la pandemia del COVID-19, provocará en el corto plazo un aumento de la pobreza, la pobreza extrema y la desigualdad en la región, debido al contexto de bajo crecimiento económico. Ante la caída del -5,3% del PIB y el aumento del desempleo de 3,4 puntos porcentuales, en 2020 la pobreza en América Latina aumentaría al menos 4,4 puntos porcentuales (28,7 millones de personas adicionales) con respecto al año preOpinió n 91 vio, por lo que alcanzaría a un total de 214,7 millones de personas (el 34,7% de la población de la región). Entre estas personas, la pobreza extrema aumentaría 2,6 puntos porcentuales (15,9 millones de personas adicionales) y llegaría a afectar a un total de 83,4 millones de personas. Asimismo, en línea con el aumento de la pobreza y la pobreza extrema, también crecerá la desigualdad. La CEPAL proyecta incrementos del índice de Gini de entre el 0,5% y el 6,0%. Una vez más, los peores resultados se esperan en las economías más grandes del continente. El informe agrega que en este escenario de mayor pobreza y desigualdad, amplios estratos de la población de la región viven en condiciones crónicas de inseguridad económica y son muy vulnerables ante las pérdidas de ingresos laborales. De esta forma, la CEPAL estima que alrededor del 10% de las personas que se encontraban en situación de pobreza no extrema en 2019 (11,8 millones de personas) vería deteriorada su situación económica y caería en una situación de pobreza extrema. Ante este panorama desalentador pero real y frente a las inocuas medidas implementadas en nuestro país bajo los denominados Estados de emergencia económica, presentamos una iniciativa denominada Plan De Choque Social, consistente en nueve medidas que contribuyen a la reducción de la pobreza, primando el interés común sobre el particular, nueve medidas que buscan la concurrencia de los gobiernos nacional, departamental y municipal, así como el compromiso del sector financiero y de los grandes empresarios, más allá de los gestos y acciones meramente caritativas. Como lo hemos señalado en múltiples oportunidades, las necesidades existenciales y básicas de la mayoría de la población no se solucionan con dádivas, sino con políticas sociales estructurales. Complementando este Plan hace pocos días más de 50 senadores radicamos un proyecto de ley ante la negativa del Gobierno nacional de implementar lo que ya la CEPAL había también recomendado y que en ambos casos se denominó, “Renta Mínima Básica”, la cual beneficiará a 34.5 millones de colombianos de los sectores más vulnerables de la sociedad. La idea es que los trabajadores formales e independientes reciban un auxilio mensual de un salario mínimo con todas las prestaciones sociales legales ($1.409.000) que se entregaría a 3,5 millones de personas, mientras que 9,5 millones de hogares pobres y vulnerables (31 millones de personas) recibirían una transferencia mensual de $ 877.000, durante tres meses. Estas propuestas son viables, serias, juiciosas y convenientes, demandarán una expansión inusual y extraordinaria del gasto público, que rompa necesariamente con la sostenibilidad y la regla fiscal, y posibilite mecanismos de compensación desde el nivel nacional para los departamentos y municipios caracterizados por la debilidad de sus presupuestos. Para impulsar una salida social a la crisis, además del establecimiento de medidas urgentes, se requiere la implementación de un nuevo modelo económico (más justo, más democrático y más sostenible) que deje atrás el capitalismo, redistribuya la riqueza, acabe con las desigualdades y transforme nuestra relación depredadora con la naturaleza: en definitiva, que ponga la vida en

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“LA CONSTITUYENTE ES LA ÚNICA SALIDA PARA REFORMAR LA JUSTICIA”

El presidente de la Comisión Primera del Senado, Santiago Valencia, considera que la única salida viable para que el país tenga una verdadera reforma a la justicia es la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. En entrevista con la revista El Congreso, el senador del Centro Democrático dijo que el Congreso ha sido institucionalmente incapaz de hacer los cambios con la urgencia que se requiere. También dejó claro que la propuesta de crear una sola Corte no es descabellada ni revanchista. ¿Qué reformas constitucionales o legales se han impulsado en su período como presidente de la Comisión? Hemos liderado un número importante de reformas constitucionales y legales en la Comisión Primera del Senado, sin embargo, debo destacar que, durante mi presidencia hasta la fecha, se han radicado para la Comisión 110 iniciativas, de las cuales 85 son Proyectos de Ley y 25 Proyectos de acto legislativo. Hasta antes de iniciar el aislamiento preventivo obligatorio, declarado por el Gobierno Nacional debido al covid-19, se aprobaron 16 Proyectos en la comisión, 10 que son proyectos de Ley y 6 Actos o reformas a la Constitución. Con el liderazgo en la presidencia, y con el apoyo de las diferentes bancadas se logró que se sancionaran 8 Leyes de la República, en las que vale la pena resaltar la Ley 2014 del 30 de diciembre de 2019 “Por medio de la cual se regulan las sanciones para los condenados por corrupción y delitos contra la administración pública, así como la cesión unilateral administrativa ”, y la Ley 2013 del 30 de diciembre de 2019 “Por medio de la cual se busca garantizar el cumplimiento de los principios de transparencia, participación y control social mediante la publicación de las declaraciones de bienes, rentas y el registro de los conflictos de intereses”. Aunado a lo anterior, también se encuentran leyes de gran impacto social que logramos aprobar en esta legislatura que yo presidí, como la ley 2000 del 14 de noviembre de 2019, que reforma el Código Nacional de Policía y convivencia, en materia de consumo, porte, y distribución de sustancias psicoactivas en lugares con presencia de menores de edad, o la Ley 1993 de 2019, de la cual también fui ponente que modificó el porcentaje de participación para la conformación de áreas metropolitanas. Finalmente respecto de los actos reformatorios de la Constitución, debemos rescatar el acto legislativo 05 de 2019 por el cual se modifica el artículo 361 de la Constitución Política sobre el régimen de regalías y compensaciones, el acto legislativo 04 de 2019 por el cual se reforma el régimen de control fiscal, el cual es una herramienta fundamental que hoy está dando frutos y que le dio las medidas necesarias al contralor para poder adelantar control fiscal no solo posterior y selectivo sino también concomitante al gasto, que hoy mediante advertencias ha prevenido la perdida de importantes recursos públicos, y el acto legislativo 03 de 2019 por el cual se establece la segunda vuelta para la elección de Alcalde Mayor de Bogotá. No obstante, quedaron en el tintero la reforma a la justicia y la reforma electoral que ya había sido anunciada por el Gobierno nacional pero debido a la pandemia producida por el covid-19, no alcanzaron a ser radicadas para su discusión. ¿Qué ajustes pretenden realizar para contar con una justicia ágil, accesible, oportuna, dinámica y eficaz? El tema de la justicia no da espera, no obstante, es un asunto que tiene muchos frentes para abordar, no solo es que la justicia sea ágil, oportuna, dinámica y eficaz, sino que además debe observarse situaciones paralelas como el hacinamiento carcelario, la cantidad de jueces por número de habitantes, el presupuesto de la rama judicial, las facultades electorales de las al – tas cortes, en fin, es un abanico de problemas que se han venido observando y quien resulta finalmente afectado es el pueblo colombiano que demanda sus servicios. Sin embargo, tras varias reformas en el Congreso he llegado a la conclusión, que el mayor problema no es el número de magistrados, o las funciones políticas que ostentan, o el periodo de los mismos, que hemos errado al enfocarnos en la cabeza de la rama, y olvidarnos de la base, esos jueces de procesos de mínima cuantía, los promiscuos, los municipales, los que realmente le llevan justicia al ciudadano de a pie en el día a día. Es por esto que el verdadero reto de la nueva reforma, debe ser el acceso real y efectivo del ciudadano a una administración de justicia pronta, eficaz y eficiente. ¿Cuál será la fórmula secreta? La que trate de aterrizar y de crear puentes entre el ciudadano y una recta administración de justicia, y ¿cómo hacerlo? Empezando a generar en la conciencia colectiva de todos los ciudadanos y de los operadores jurídicos que la justicia es un derecho Comisión Primera del Senado en sesión. Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba. 14 fundamental. También se debe analizar la posibilidad de la desjudicialización de tantas conductas, procesos y actuaciones poco relevantes, que congestionan la rama y evitan la eficiencia y el acceso a la administración de justicia. Debe evaluarse la posibilidad de otorgar competencias jurisdiccionales a organismos diferentes de la rama, tales como notarios, procuradores o consultorios jurídicos, situación que puede ayudar a descongestionar la administración de justicia. Igualmente, es momento de reevaluar el excesivo formalismo que representan algunos procesos, y audiencias como las del procedimiento acusatorio, donde se evidencian infinidad de maniobras dilatorias de las partes o donde se alegan nulidades solo para prorrogar términos. Estos aspectos que pretenden descongestionar la administración de justicia, como los mecanismos alternativos de solución de conflictos, deben ser también llevados a las regiones, no puede ser posible que sean utilizados únicamente por grandes empresas y compañías, como si fuera una justicia para ricos, es nuestro deber acercarlos a lo rural y a toda la población. Existe consenso generalizado sobre la tardanza en los fallos judiciales. ¿Qué reformas se van a emprender para que la justicia mejore en el país?

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LO ESENCIAL

“Que la cuarentena sirva para reflexionar cómo vemos de otra manera el futuro de nuestro país donde la justica social sea una realidad” ¿Estábamos preparados para una situa – ción pandémica? Quizás ningún país lo estaba, al menos para contenerla dentro de sus fronteras. Por supuesto que, de la ca – pacidad económica, la fortaleza y eficiencia de los sistemas de salud y seguridad social de los países, así como la determinación y prioridad de los gobiernos, dependen los resul – tados sobre la lucha contra el Covid19. Los ciudadanos han sido espectadores y pro – tagonista en esta coyuntura. Por un lado, hemos visto como los gobiernos basan sus medidas en – tre mantener la economía o garantizar la vida de sus conciudadanos a cualquier costo. Sin lugar a duda no ha sido fácil afrontar este tipo de deci – siones, más difícil aun es soportar la carga desde abajo, tal cual lo están haciendo mayoritariamen – te los pueblos que poca o nula injerencia tienen en las altas esferas del gobierno. Son los pueblos más pobres, los sectores tra – bajadores, informales, los pequeños desde el punto de vista económico, los más vulnerables; estos muestran ser los protagonistas y víctimas mayoritarias de esta pandemia, reflejado en la exposición diferenciada y de clase a la que están sometidos millones de personas que no gozan de un sistema de salud y protección social. Los colombianos vemos como puede ser nuestro futuro, si toma un rumbo propio e inédito o se encausa en la tragedia de Francia, Italia, España, Reino Unido y Estados Unidos e incluso Alemania que ha tenido un compor – tamiento un poco diferenciado que se refleja en las víctimas mortales y número de contagiados. Tenemos por lo menos 15 días de ventaja, pues viendo el desarrollo de la pandemia en los países con dos semanas de diferencia a nuestro favor, es posible adoptar medidas con cierto grado de oportunidad para ser mas acertado y oportunos. Lo cierto es que tal situación ha revelado de manera generalizada la fragilidad humana, la avaricia del sistema financiero mundial, en es – pecial el colombiano y reafirma la precariedad del sistema de salud visibilizado en el maltrato laboral al que se tiene sometido a los trabaja – dores de la salud y personal médico; así como también la importancia de autoabastecernos de elementos esenciales para la vida mas que para el mercado, elementos para la supervivencia, salud y alimentación. ¡Devela la importancia de sustraer de las perversas lógicas del mercado los sistemas esenciales para la vida! Principalmente desde el gobierno nacional se ha promovido la idea de que los médicos son héroes, pero elude que en realidad han sido víctimas y de seguir su desprotección se convertirán en mártires. Como concebir héroes que no se les paga oportunamente y por el contrario se les adeudan numerosos meses de honorarios y salarios. Personal de salud que no cuentan con los mínimos de elementos de protección. Centros hospitalarios y clínicas que tienen deudas en los servicios de agua y energía con el riesgo de ser suspendidos, un personal de salud publica sometido al régimen comercial y no al laboral. Todo lo anterior precedido de una persecución sistemática a los defensores de la salud pública. Fueron muchos dirigentes del sector, especialmente del sindicato de ANTHOC los que salieron exiliados, desplazados y fueron asesinados por denunciar los niveles de corrupción y defender la salud como un servicio publico a cargo del Estado, esa misma consigna que hoy grandes dignatarios de países como el Reino Unido e Irlanda reconocen como necesaria. Quizás esta sea la primera de muchas otras situaciones donde nos toque como humanidad lidiar con calamidades parecidas, los más optimistas plantean ciclos intermitentes, lo que nos lleva a pensarnos mas a largo plazo lo preparado que debemos estar. El reto como sociedad es cambiar el rumbo de las políticas públicas, el gasto social y la necesidad de producir nuestra propia comida y ponerla en donde se requiera. Como sociedad tenemos una deuda histórica con nuestros campesinos. Deuda que aún ni en las más adversas condiciones reconocemos su importancia y necesidad. “Obras son amores” reza el viejo adagio popular, pues no es con aplausos y like en las redes sociales con que debemos reconocerles, sino con sus derechos a la tierra y la restitución de los predios despojados, pero sobre todo, como un actor poblacional que cuenta en la historia económica, social y cultural del país. Todos, de alguna forma somos descendientes de los campesinos; y en tal medida debemos honrar esta condición. Como congresista estoy comprometida con las causas de la justicia so cial y la democracia, la defensa del agua como elemento esencial para la sustentabilidad, así como con el reconocimiento de los campesinos, campesinas y el conjunto de trabajadores rurales para los cuales debemos valorar y reconocer materialmente sus derechos; una medida que contribuye a ello, es que el Estado y el conjunto de la sociedad reconozcan su actividad como esencial para la vida y por fuera de la incertidumbre del mercado. Es absurdo seguir pensando que la solución pasa por los bancos, o por las leyes del mercado capaces de regular hasta la peste más agresiva. No es una oportunidad de negocio, no es una mera enseñanza económica; es ante todo la necesidad de prepararnos para la vida de todos y la defensa del planeta, nuestra casa común. Ello implica sacar del pozo donde están sometidos la gran mayoría de los colombianos, acortar la brecha y zanjar cada día las diferencias materiales, sociales y políticas entre los pocos de arriba y los muchos de debajo de nuestra sociedad. Pues seguramente mientras unos continúan haciendo negocios, acumulando tierra improductiva y pensando en aplazar los viajes de vacaciones, la inmensa mayoría aún piensa en quehacer para comer el día de hoy. Que la cuarentena sirva para reflexionar cómo vemos de otra manera el futuro de nuestro país donde la justica social sea una realidad.

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LA FRÁGIL ECONOMÍA Y EL CENTRALISMO

Necesitamos que el Gobierno aterrice en las regiones todas las políticas y decretos que se están implementando para la contención de la pandemia, el centralismo está causando profundas afectaciones en las poblaciones más vulnerables. Definitivamente son muchas las enseñanzas que nos está dejando esta crisis, a nivel espiritual, personal, familiar, social, político, de prevención, de la salud, entre muchos otros. Todos reconocemos que el mundo será diferente después de superar el Coronavirus pero está en nosotros el aprender y corregir los errores que se han visibilizado en medio de la pandemia. En esta oportunidad quiero referirme a dos aspectos importantes de nuestro país que han quedado en evidencia en estos tiempos; el primero es la fragilidad de la economía y el segundo es el grave daño que nos ha causado el centralismo egoísta que gobierna en Colombia. Si bien hay que reconocer la oportuna actuación del Gobierno Nacional para atender el avance de la pandemia con la implementación de políticas de confinamiento orientadas a la protección de la salud, hay que entender el importante efecto que estas medidas sanitarias han tenido y tendrán sobre nuestra economía. La drástica disminución en el ritmo de crecimiento, que se venía proyectando con cifras favorables a inicio de este año, frenó el avance que estábamos teniendo y evidenció la fragilidad de nuestro sistema económico. Ahora estamos sufriendo los efectos de las deficiencias del sistema que tenemos; en el que la mayoría de los trabajadores están en dificultades por laborar de manera informal e independiente, en el que hay una clase media con alto riesgo de recaer en la pobreza, en el que las pequeñas y medianas empresas no tienen recursos para pagar sus nóminas y los compromisos pendientes. La falta de diversificación de la producción nacional, el aumento del desempleo, la baja competitividad del aparato productivo, el volumen de las importaciones, la alta dependencia de las exportaciones mineras, la desindustrialización, entre otros, son realidades que están golpeando muy fuerte nuestra economía y en las que debemos trabajar para no volver a sufrir las consecuencias de estos errores que nunca se han corregido. Por ejemplo, no tener robustecidos sectores claves como la agricultura y la industria manufacturera nos está afectando en estos tiempos de crisis. Uno de los grandes retos que tenemos que asumir una vez superemos esta pandemia es la diversificación de nuestra producción nacional, somos un país con una economía basada más en servicios que en la producción de bienes, teniendo los recursos necesarios para potenciar la economía en todos los sectores productivos. Esta deficiencia nos ha hecho vulnerables ante la sorpresiva llegada del Covid-19, que está afectando profundamente sectores como el turismo. Mientras que los expertos realizan análisis, variables y estimaciones de los posibles escenarios de la crisis económica, con resultados de todo tipo, lo único que tenemos claro es que estamos ante una nueva realidad que nos exige un trabajo en equipo desde todos los frentes con nuevas acciones radicales enfocadas en la recuperación. Otra enseñanza que nos deja la pandemia; es que el centralismo en Colombia nos está causando mucho daño. Desde decisiones que se toman sin mirar a las regiones hasta la concentración de los análisis de las pruebas que se realizan en las distintas ciudades, hemos sido una vez más testigos del centralismo que gobierna en el país. Con la explosión de la pandemia, hemos visto cómo poco a poco se han ido relegando a las autoridades locales y se han centralizado las decisiones en el Gobierno Nacional, que tiene un gabinete que ignora las necesidades de las regiones, prueba de ello el Decreto 418 del Ministerio del Interior que limita la actuación de las autoridades locales y regionales. Aunque esta discusión que no es nueva, ha resurgido en medio de esta crisis por las complicaciones y traumatismos que ha generado el centralismo, especialmente para municipios de quinta y sexta categoría que cuentan con pocos recursos y muchas necesidades, son estos los que más han denunciado la ausencia de las múltiples ayudas anunciadas por el Gobierno Nacional. Si bien es cierto que en estos momentos hay que mantener la unidad y coordinación en las decisiones, no podemos aceptar que el centralismo profundice la ya grave crisis que estamos viviendo. Necesitamos que el Gobierno aterrice en las regiones todas las políticas y decretos que se están implementando para la contención de la pandemia, el centralismo está causando profundas afectaciones en las poblaciones más vulnerables. Una vez superemos esta crisis, nuestro país debe repensar su modelo económico y la manera de descentralizar las decisiones. Debemos buscar la forma de aumentar los niveles de bienestar de las familias colombianas, eliminar la pobreza y el trabajo informal con un modelo económico sostenible, que aproveche y desarrolle la producción local en todos los sectores de la industria. Lo único bueno que nos deja este Covid-19 es que nos ha demostrado que el virus más letal son las decisiones que se toman con poco oxígeno en el cerebro e ignorando a todas las regiones, desde oficinas a 2.600 metros de altura.

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En medio de la pandemia, Gobierno Nacional y el Congreso le entregan al país una agenda legislativa exitosa

La Ministra del Interior, Alicia Arango Olmos, calificó de satisfactoria la agenda legislativa tramitada por el Gobierno Nacional y el Congreso de la República, en medio de un periodo sui generis por la situación que vive el país como consecuencia de la pandemia por coronavirus. La jefe de la cartera política afirmó que “tuvimos la oportunidad de avanzar en la agenda legislativa, no solamente del Gobierno Nacional sino de los proyectos de iniciativa parlamentaria. Hay que resaltar el trabajo articulado con las bancadas de gobierno, con el cual logramos la aprobación de la cadena perpetua revisable para los violadores de niños, niñas y adolescentes, un proyecto histórico para el país que llevaba muchos años en debate y que era una deuda histórica con nuestros niños.” También resaltó la aprobación del proyecto de ley de Pliegos tipo, “un compromiso del presidente Iván Duque y que habíamos priorizado, cumpliendo así con la agenda anticorrupción que se estableció al iniciar el mandato”.  “Esa es una buena noticia que le entregamos hoy al país y que será de obligatorio cumplimiento para la contratación estatal”, señaló la ministra Arango Olmos, quien agregó que se avanzó en cuatro acuerdos internacionales que fortalecen las relaciones económicas y la defensa de los derechos humanos, el trámite de la ley de fronteras muy importante para la situación migratoria del país, así como en un proyecto de ley antidopaje y la actualización del Código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo. Otras iniciativas que avanzan son cuatro acuerdos internacionales para fortalecer relaciones económicas y defensa de los DDHH: Acuerdo comercial con el Reino Unido, Acuerdo con Emiratos Árabes Unidos, Acuerdo comercial con Croacia y la Convención Interamericana de derechos humanos de personas mayores. La ministra del Interior resaltó que nunca antes se habían tenido tantas citaciones de control político en un período de tiempo y señaló que el Congreso de la República sesionó todos los días de la semana con jornadas largas en donde fueron citados todos los ministros del gobierno, quienes acudieron de manera disciplinada.  “El Ministerio del Interior acudió a 35 citaciones de control político tanto del Senado de la República, como de la Cámara de Representantes. Aquí lo que vimos fue un Congreso de la República activo en el control político y un Gobierno que atendió ese llamado y respondió todas las inquietudes”, manifestó Arango Olmos. La ministra del Interior agradeció el trabajo coordinado con el Legislativo, que dio como resultado una agenda exitosa en la que se aprobaron normas importantes. Proyectos de Ley y Actos Legislativos aprobados: Cadena perpetua revisable para violadores de niños, niñas y adolescentes. Pliegos Tipo. Iniciativas que avanzan: Ley de fronteras Ley antidopaje Actualización del Código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo. Cuatro acuerdos internacionales para fortalecer relaciones económicas y defensa de los DDHH: Acuerdo comercial con el Reino Unido. Acuerdo con Emiratos Árabes Unidos. Acuerdo comercial con Croacia. Convención Interamericana de derechos humanos de personas mayores. Información tomadad desde el Ministerio de Interior.

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