julio 17, 2024
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anticorrupción

Bienes incautados del narcotráfico se destinarán a la Política Nacional de Drogas

El Consejo Nacional de Estupefacientes emitió una resolución en la que redefine la asignación de recursos procedentes del narcotráfico. La meta es robustecer la Política Nacional de Drogas del gobierno del presidente Gustavo Petro, que tiene como propósito impulsar el desarrollo rural en áreas dedicadas a la producción de coca. La resolución detalla una asignación presupuestal de $215.335 millones para el próximo año, distribuyendo fondos específicos a diversas entidades. Entre ellas, se destinan: $85.640 millones al Ministerio de Agricultura $44.350 millones al Ministerio de Defensa $30.393 millones al Ministerio de Justicia $24.391 millones al Ministerio de Salud $22.847 millones a la Policía Nacional $7.734 millones al Ministerio del Interior. El 69% de esos $215.335 millones provenientes de bienes incautados al narcotráfico se destinarán al componente “oxígeno” de la Política Nacional de Drogas. El restante 31% irá al componente “asfixia”. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural recibirá la mayor parte de los recursos, siendo esta la primera vez que se le asignan dineros del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y la Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco), que son provenientes de ventas, alquileres y administración de bienes en extinción de dominio. El Consejo Nacional de Estupefacientes aprobó la reasignación presupuestaria con el respaldo de ocho de sus nueve miembros. Emitieron votos a favor: la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Policía Nacional y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. La Procuraduría optó por la abstención. Tomado de MinJusticia.

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Colombia en la 10° Conferencia de la UNCAC en Atlanta

Colombia participa en la Décima Conferencia de Estados Parte (CoSP) de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC), que se celebra en Atlanta hasta el 15 de diciembre. Con la intervención de doce entidades del estado que participaron de forma presencial y virtual, la delegación colombiana ha reafirmado su compromiso inquebrantable en la lucha contra la corrupción, abordando este desafío de manera integral en todos los niveles del Estado. En el debate general, Colombia invitó a abordar la lucha contra la corrupción desde un enfoque centrado en las víctimas, reconociendo que los actos corruptos representan un obstáculo para el goce efectivo de los derechos ciudadanos. Se subrayó la importancia de empoderar a las víctimas para lograr la justicia y se enfatizó la necesidad de que los denunciantes de corrupción lo hagan sin temor a represalias. La intervención concluyó con un llamado a la corresponsabilidad global en la lucha contra este flagelo.  Colombia reafirma su compromiso inquebrantable en la lucha contra la corrupción, trabajando para fortalecer la integridad y la transparencia en todas las esferas de la sociedad.   Tomado de Cancillería 

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Por un Congreso más transparente: radican proyecto de rendición de cuentas y organizaciones se suman a la Comisión Anticorrupción de la Cámara de Representantes

Un grupo multipartidista de congresistas radicó proyecto de ley para promover la transparencia entre el Congreso de la República y la ciudadanía. Así mismo, se formalizó compromiso con la MOE, el PNUD, Transparencia por Colombia, UniAndes, el Instituto Anticorrupción y el ICP para conformar la secretaría técnica de la Comisión Anticorrupción y de Integridad Pública. El pasado miércoles 23 de agosto, fue radicado el proyecto de ley estatutaria, de la autoría de los congresistas Cathy Juvinao, Angélica Lozano, Julio César Triana, Germán Blanco y David Racero, por medio del cual se promueve una cultura de apertura de la información, transparencia y diálogo entre congresistas y ciudadanos, estableciendo mecanismos para la rendición de cuentas. En coautoría respaldan el proyecto los congresistas Andrés Calle, Alejandro García, Jaime Raúl Salamanca, Elkin Ospina, Juan Sebastián Gómez, David Luna, Daniel Carvalho, Carolina Giraldo, Duvalier Sánchez y Wilder Escobar. El proyecto busca que senadores y representantes a la Cámara informen, expliquen y den a conocer su gestión a través de informes públicos, que podrá consultar la ciudadanía de manera digital, en donde reporten información como sus proyectos de autoría, proposiciones y constancias presentadas en comisiones y plenarias, debates de control político promovidos, denuncias ciudadanas, audiencias públicas y mesas técnicas convocadas, acciones adelantadas ante organismos del estado y los viajes internacionales realizados en calidad de congresista. Así mismo, se plantea que los congresistas convoquen espacios de diálogo público al finalizar cada legislatura para socializar su gestión de manera virtual o presencial. Juvinao expresó que este proyecto hace parte de la agenda de transformación del Congreso y añadió que “estamos cumpliendo un mandato de la ciudadanía que fue respaldado por 11 millones de personas en la consulta anticorrupción 2018 para que los congresistas fueran más transparentes en sus labores. Además, en mi calidad de vicepresidenta de ParlAméricas, impulsamos este compromiso que tiene el Congreso de Colombia como miembro de la organización para tener un parlamento abierto que materialice los reclamos ciudadanos y recobre legitimidad; esto solo se logra si la gente conoce lo que aquí hacemos a través de la rendición de cuentas”. Juvinao y Racero, coordinadores de la Comisión Anticorrupción y de Integridad Pública de la Cámara de Representantes, instalaron la secretaría técnica de la comisión, que está integrada por la Misión de Observación Electoral (MOE), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Transparencia por Colombia, la Escuela de Gobierno de la Universidad de Los Andes, el Instituto Anticorrupción y el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózafa (ICP) con el objetivo de brindar apoyo técnico y temático en materia de lucha contra la corrupción, promover iniciativas orientadas a este fin, hacer seguimiento y elaborar reportes de riesgos de corrupción en los proyectos y reformas en curso, generar espacios de discusión con expertos y academia y asesorar a la Comisión en controles políticos por casos de corrupción. Tomado por la Cámara de Representantes

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Se crea Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción, RITA

El Gobierno Nacional anunció la creación de la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción (RITA). La idea es ampliar los canales de denuncia, para lo cual se dispondrá de más de un centenar de entidades. La Secretaría de Transparencia consideró necesario “solicitar y analizar información de naturaleza pública de las entidades oficiales o privadas que ejecuten recursos del Estado o presten un servicio público”. “Con esta red RITA, y con las oficinas de control interno, esperamos que la ciudadanía se involucre cada vez más, que nos dé información. Si alguna persona cualquiera en una oficina pública le insinúa una invitación o una plata para celebrar un trámite todo eso es corrupción y queremos que nos lo hagan saber”, dijo la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. Informó que durante la etapa de rastreo del ‘Observatorio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción’, que analiza el fenómeno con datos de la Fiscalía, el INPEC y la Policía Nacional, se identificaron 2.239 condenados por corrupción que gozan de casa por cárcel, y 103 sociedades sancionadas por conductas indebidas en contratos públicos, de las cuales el 25%, han vuelto a contratar con el Estado.

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​Unidad Anticorrupción de la Contraloría evalúa pruebas en caso Electricaribe

Las investigaciones corresponden al presunto uso indebido de subsidios que debían girarse a los usuarios más pobres de la Electrificadora y a las repetidas irregularidades que se dieron en varios proyectos de normalización eléctrica. La Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la Contraloría General de la República asumió los dos casos más importantes de irregularidades que ha detectado este organismo de control en Electricaribe, uno por $220 mil millones y otros por $6 mil millones, adelanta la etapa probatoria de rigor y próximamente decidirá si imputa cargos a los involucrados. Los dos procesos fueron inicialmente abiertos por la Gerencia Departamental Colegiada de la CGR en el Atlántico, pero se trasladaron a la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción dada la cuantía involucrada y por tratarse de recursos que iban destinados a las clases menos favorecidas de la Costa Atlántica. El primer proceso que se adelanta es por más de $220 mil millones de pesos y tiene que ver con el presunto uso indebido de subsidios que debían girarse a familias pobres de todo el Caribe. El segundo es por más de $6 mil millones de pesos y está relacionado con recursos de normalización energética que no se invirtieron en zonas subnormales. Adicionalmente, la Gerencia Atlántico tiene abiertos 3 procesos por más de $11 mil 600 millones, también por presuntas irregularidades en el tema de normalización energética. Al igual que en los casos declarados de impacto nacional, estos se encuentran en etapa de pruebas y próximamente se tomará decisión de imputación o archivo. Daño patrimonial por uso indebido de subsidios El daño patrimonial que habría causado por Electricaribe, por el indebido uso de subsidios dirigidos a la población más pobre de la Costa Atlántica, está en la mira de la Contraloría General de la República hace cerca de dos años. En agosto de 2017, la Contraloría Delegada de Minas y Energía inició una indagación preliminar en Electricaribe para revisar en detalle la aplicación de los subsidios de energía recibidos desde el 2010 y hasta el 2014, con el propósito de verificar si los usuarios fueron beneficiados. Y la indagación se dio que luego la Contraloría verificara que en 2015 y 2016 los recursos no llegaron a los usuarios, desnaturalizándose su propósito, pues no fueron empleados para subsidiar el costo del consumo de energía eléctrica de usuarios ubicados en zonas de difícil gestión, sino para cubrir las pérdidas de la empresa por la prestación del servicio de energía a dichas zonas. El resultado de la indagación preliminar fue escándalo nacional: Electricaribe incurrió en esta práctica durante 6 años continuos analizados por la Contraloría, que comprenden las vigencias julio de 2011 a julio de 2017- La empresa no aplicó en las facturas de los usuarios, la totalidad de los descuentos correspondientes al subsidio que les otorga el Fondo de Energía Social – FOES a la población de los estratos 1 y 2 de zonas especiales, y destinó estos recursos a la disminución de sus pérdidas. Para determinar esta situación, la Contraloría recurrió a un avanzado sistema de inteligencia de datos (big data), para descubrir como Electricaribe habría embolatado alrededor de $216.000 millones en subsidios para los usuarios de bajos recursos de la Costa Caribe. Investigación por irregularidades en proyectos de normalización de redes eléctricas El otro tema que ha generado investigaciones fiscales de la CGR en Electricaribe tiene que ver con los hallazgos detectados en la Auditoría Especial de Fiscalización practicada a los recursos provenientes del PRONE (Programa de Normalización de Redes Eléctricas) y FAER (Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de Zonas Rurales), transferidos por el Ministerio de Minas a la empresa durante las vigencias 2008 a 2014. Las pruebas aportadas en el traslado del hallazgo, testimoniaron la ocurrencia de hechos irregulares relacionados con varios contratos suscritos por Electricaribe. Los contratistas recibieron recursos por $6.078 millones sin que los proyectos (que debían ejecutarse en los departamentos de Atlántico, Guajira; Bolívar y Córdoba) se hubiesen ejecutado a cabalidad, conforme a las cláusulas respectivas. En este caso, no se cumplió con los fines previstos destinados a la inversión social y al mejoramiento de la calidad de vida de los beneficiarios. La cuantía del presunto monto o daño patrimonial es la suma de $6.078 millones. Son varias las situaciones irregulares que determinó la Contraloría: obras con baja ejecución física y donde sin embargo se han pagado alto anticipos; proyectos terminados y que no han entrado en operación; proyectos suspendidos indefinidamente; y, en general, una muy baja ejecución de los recursos dispuestos. Con información de la Contraloría General de la República

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“Yo soy una persona de palabra”: Duque frente a proyectos anticorrupción

El jefe de Estado afirmó que él quisiera que el trámite de dichas iniciativas fuera más rápido, pero reconoció que a pesar de que algunos de los proyectos han tenido dificultades se ha venido haciendo un trabajo deliberativo y propositivo en el Congreso de la República. Los proyectos anticorrupción que hacen trámite en el Congreso de la República son “prioridad para mí y están en el diálogo permanente del Gobierno con el Congreso”, afirmó este viernes el Presidente Iván Duque durante la entrevista que concedió a la emisora Blu Radio. Sobre este tema, el mandatario consideró que él quisiera que el trámite de dichas iniciativas fuera más rápido, pero reconoció que a pesar de que algunos de los proyectos han tenido dificultades se ha venido haciendo un trabajo deliberativo y propositivo en el Congreso de la República. “Hay cosas que no van a salir como se presentaron. Eso nos gustará a algunos o no nos gustará. A mí me parece que hay cosas que han ido perdiendo fuerza y otras han ganado más, pero los proyectos son prioridad”, sostuvo. Duque recordó que su administración presentó las primeras iniciativas de lucha contra la corrupción al iniciar el mandato, y después de la Consulta Anticorrupción, aunque no se alcanzó el umbral, el Gobierno decidió apoyar estas iniciativas y convocó a la mesa técnica que contó con la participación de representantes de los partidos políticos y líderes de la citada consulta, para buscar un consenso en torno a la agenda legislativa anticorrupción que se presentaría a consideración del Congreso. “Yo soy una persona de palabra”, dijo el Presidente al recordar que uno de sus primeros gestos fue ir al Congreso a presentar los proyectos anticorrupción. “He buscado consensos entre las distintas fuerzas políticas y hemos buscado opciones”, agregó. “Además, respaldé la iniciativa del Fiscal y la iniciativa del Procurador, que son dos iniciativas muy buenas y dan instrumentos importantes de lucha contra la corrupción”, precisó. De acuerdo con el jefe de Estado, los mensajes y las acciones del Gobierno en apoyo a la agenda legislativa están ahí y son hechos que hablan por sí mismos. “El Gobierno está haciendo la tarea con juicio y toda la semana se dedica tiempo a hacer seguimientos; yo hablo con los presidentes de las comisiones y les digo: ‘miren, por favor’. Y veo que hay sentido de responsabilidad en las comisiones”. Sobre las iniciativas que han tenido dificultades, señaló que espera que el Congreso tenga la posibilidad de recapacitar, y advirtió que lo que no hará es ponerse “en la tarea de salir a buscar aplanadoras o a buscar ‘ferrocarrilear’, ejerciendo un poder transaccional, porque esa no fue la bandera que yo tuve en la campaña”. “Yo no puedo dejarme llevar por la polarización o por los intereses políticos de nadie; a mí me interesa ubicarme en el plano de sacar adelante lo que le sirve al país”, sostuvo. “Si yo me pongo a hacerles caso a todos los ataques o a todos los señalamientos que hacen, pierdo el norte; yo tengo que gobernar para todos los colombianos, y me interesa que esta agenda legislativa salga adelante y seguimos trabajando” en esa dirección, puntualizó el Presidente de la República. Con información de la Presidencia de la República 

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