junio 12, 2026

Primera sesión del Consejo Departamental de Salud Mental en La Guajira

Con el liderazgo de la Secretaría Departamental de Salud, se llevó a cabo la primera sesión del Consejo Departamental de Salud Mental, un espacio convocado para articular esfuerzos interinstitucionales e impulsar acciones concretas orientadas al bienestar emocional de la población guajira. Durante la sesión se socializó la Política Nacional de Salud Mental, así como el boletín epidemiológico sobre los eventos de violencia sexual e intentos de suicidio en el departamento, con el objetivo de construir respuestas integrales y coordinadas desde lo territorial, con enfoque diferencial y de derechos. La finalidad principal del encuentro fue la aprobación del Plan de Acción en Salud Mental 2025, un instrumento estratégico que orientará las acciones de prevención, atención y promoción del cuidado emocional en todos los niveles del territorio. Con quórum establecido, se validó el plan en esta sesión, reafirmando así el compromiso colectivo de todos los sectores para seguir trabajando de manera articulada por un departamento que prioriza la salud mental como pilar fundamental del desarrollo humano y social. La jornada contó con la participación de representantes de organismos internacionales como la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), PAISS (Proyecto de Apoyo Integral al Sistema de Salud en Migración) y Save the Children, además de sectores territoriales e instituciones nacionales. Entre los asistentes estuvieron presentes las secretarías de salud de los 15 municipios, las EAPB, IPS públicas y privadas, hospitales, representantes de asociaciones de enfermería, medicina y pediatría, delegados de la Defensoría del Pueblo, SENA, la academia (Universidad de La Guajira, UNAD y UAN), medios de comunicación, organizaciones de derechos humanos, representantes de la población LGTBIQ+, el grupo eclesiástico, Prosperidad Social, entre otros actores fundamentales que integran este consejo.

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Estas son las zonas en Santa Marta con amenaza de deslizamientos

Ante el incremento de las precipitaciones, las autoridades de gestión del riesgo activaron protocolos de prevención en zonas de alta vulnerabilidad. La Oficina para la Gestión del Riesgo y el Cambio Climático (Ogricc) reforzó la vigilancia en sectores propensos a deslizamientos y crecientes súbitas en Santa Marta, ante el pronóstico de lluvias persistentes. Los cerros de El Boquerón, Ziruma, La Estrella, Minca y Taganga están bajo especial observación debido a su inestabilidad, lo que pone en riesgo a comunidades aledañas. La Ogricc emitió una alerta roja por la alta probabilidad de aumento súbito en los caudales de ríos como Piedras, Gaira, Manzanares, Mendihuaca, Buritaca, Guachaca y Don Diego. Las comunidades ribereñas podrían verse afectadas, por lo que se recomienda extremar precauciones y seguir las indicaciones de las autoridades. Entre las acciones inmediatas, la Ogricc priorizará el uso de maquinaria pesada en barrios como Ondas del Caribe, El Pantano, Once de Noviembre y Timayui, con el fin de retirar sedimentos y evitar obstrucciones en las vías. Sectores cercanos a cuerpos de agua: Timayui, Cantilito, Colinas del Río, Tayrona Alto, Villa del Río, Santana, Malvinas y Gaira. Áreas bajas adyacentes a cerros: Las Vegas, Villa Berlín, Paraíso, Las Américas, María Eugenia, Corea, El Pando, Pescaíto, Olaya Herrera, San Martín, San Jorge, Nacho Vives, Fundadores, 20 de Julio, María Cristina, Bastidas y Los Alpes. Las autoridades instan a la comunidad a mantenerse informada y reportar cualquier emergencia a las líneas de atención disponibles. 

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Estudio hidrogeológico determinará el impacto de la minería en el Páramo de Pisba, Boyacá

La contaminación del agua y el suelo a 2.400 metros de altura en el Páramo de Pisba, es el motivo de la protesta de habitantes de la vereda El Mortiño en Socha. Su petición es que la empresa Carbones El Alizal no reinicie la explotación, cuya licencia fue suspendida mediante Acción Popular en 2014, por parte del Tribunal Administrativo de Boyacá. Luego, en 2018, el Consejo de Estado reiteró esa decisión a favor del derecho fundamental a un ambiente sano. Desde el comienzo de la movilización, Fabio Medrano y el equipo de trabajo de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible han acompañado a la comunidad en terreno, escuchando sus testimonios, recogiendo información asociada a las afectaciones al recurso hídrico y asesorándola en asuntos jurídicos como el carácter del título minero que tiene Cóndores Andinos y que opera Carbones El Alizal. Para el Gobierno de Boyacá el camino hacia la solución de los conflictos socioambientales es el diálogo. Por eso en Socha, el gobernador Carlos Amaya logró un acuerdo con la comunidad y el Colectivo Ambiental que ha asumido su vocería, la empresa y otros actores locales. “La Gobernación dispondrá los recursos necesarios para firmar con la Universidad Nacional el convenio que garantice un estudio hidrogeológico riguroso para medir el impacto de la minería en las fuentes hídricas y la calidad y disponibilidad del agua en esa región boyacense”, declaró el gobernador. Amaya también dijo que ninguna actividad económica que ponga en riesgo el agua, puede ser permitida. “Si el resultado del estudio coincide con el reclamo de la gente, demandaremos y pediremos la nulidad de esa licencia ambiental”, agregó el mandatario de los boyacenses. Amaya mencionó la importancia que tiene la minería responsable y bien hecha para el desarrollo de Boyacá. Entre tanto, la comunidad asumió el compromiso de evitar nuevas alteraciones al orden público, razón por la cual se retiró la Policía Nacional que hacía presencia en el lugar. “Hemos demostrado que Boyacá es ejemplo de diálogo y concertación”, concluyó el gobernador Amaya. En este encuentro estuvieron presentes las secretarías de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Minas y Energía, y Gobierno, así como la Alcaldía de Pisba, la Defensoría del Pueblo, Corpoboyacá, la Agencia Nacional de Minería y la Policía y el Ejército Nacional.

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ONU alerta por grave crisis humanitaria en Nariño: combates generan desplazamientos, confinamientos y suspensión de clases

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresó su preocupación por el deterioro de la situación de orden público en el departamento de Nariño, específicamente en el municipio de Cumbitara, donde se registran enfrentamientos entre las Fuerzas Militares y la estructura Franco Benavides de las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias Iván Mordisco. Scott Campbell, representante en Colombia del alto comisionado para los derechos humanos de la ONU, alertó sobre el impacto de los combates en la población civil, señalando que se han reportado confinamientos, desplazamientos masivos y suspensión de clases en la región. “Observamos con preocupación desplazamientos masivos y confinamientos; miedo de la población civil y suspensión de clases en la región de Cumbitara, Nariño, por combates entre un grupo armado no estatal y el Ejército”, afirmó. La ONU hizo un llamado urgente tanto a las Fuerzas Militares como al grupo armado ilegal para que respeten los principios del derecho internacional humanitario y prioricen la protección de la población civil, atrapada en medio del fuego cruzado. La crisis humanitaria en Nariño continúa agravándose, mientras las comunidades exigen medidas inmediatas para garantizar su seguridad y el restablecimiento de sus derechos fundamentales.

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Comunidad en Vaupés recibe acompañamiento del ICA

Comunidad de Wacurabá en Vaupés recibe acompañamiento del ICA para fortalecer sus producciones agrícolas. El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) brinda asesoría técnica y promueve buenas prácticas agrícolas en las chagras de la comunidad indígena, garantizando seguridad alimentaria y desarrollo sostenible. En una jornada de más de 10 horas de viaje por el caño Cuduyarí, funcionarios del ICA llegaron hasta la comunidad Wacurabá en Vaupés para brindar acompañamiento técnico, resolver dudas sobre plagas y fortalecer las prácticas ancestrales de cultivo en las chagras, fundamentales para la subsistencia de las familias indígenas. Como parte de su compromiso con la Agricultura Campesina, Familiar, Étnica y Comunitaria (ACFEC), el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) continúa su labor de apoyo a las comunidades indígenas del Vaupés, esta vez en la comunidad Wacurabá, donde realizó visitas de Prevención, Vigilancia y Control (PVC) en sus cultivos tradicionales. Las chagras, sistemas de policultivo transitorio manejados principalmente por mujeres indígenas, son la base de la seguridad alimentaria en la región. Para llegar a esta comunidad, los técnicos del ICA navegaron desde Mitú por el caño Cuduyarí, afluente del río Vaupés, en un trayecto que tomó cerca de 10 horas, demostrando el esfuerzo institucional por llegar a zonas remotas. Durante la visita, se desarrollaron dos actividades importantes, como: Taller de comunicación del riesgo, en el que participaron 41 personas, donde se abordaron problemáticas como plagas en cultivos de maíz, cacao, yuca, piña y ají, además de recomendaciones en buenas prácticas agrícolas para mejorar la calidad de las cosechas. Seguimiento a 20 chagras, donde se evaluaron las producciones y se identificaron necesidades específicas de los productores, fortaleciendo la confianza entre la comunidad y el ICA. “Este acompañamiento no solo protege la seguridad alimentaria, sino que también dignifica los saberes ancestrales y aporta conocimiento técnico para un futuro con más desarrollo y paz en la región”, destacó el ICA en un comunicado. Con estas acciones, el ICA reafirma su compromiso con las comunidades indígenas, combinando su talento con el respeto por las tradiciones agrícolas, para impulsar un desarrollo rural sostenible en una de las zonas más biodiversas del país.  

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‘AtlantIA’: Gobernación del Atlántico lanza software de inteligencia artificial para reforzar su defensa judicial

En un paso sin precedentes hacia la modernización institucional, la Gobernación del Atlántico presentó oficialmente ‘AtlantIA’, un innovador software de inteligencia artificial diseñado para transformar la gestión jurídica del departamento. La herramienta permitirá optimizar más de 6.000 procesos judiciales en los que está involucrada la entidad territorial, marcando un antes y un después en la defensa de los intereses públicos. La plataforma, presentada este 20 de mayo, funciona como un asistente jurídico inteligente que analiza, clasifica y procesa grandes volúmenes de información legal en tiempo real. Entre sus múltiples funciones, destacan la automatización de tareas como la revisión de demandas, la elaboración de respuestas preliminares y la generación de informes con base en datos analíticos confiables. Esto se traduce en decisiones más ágiles, eficaces y sustentadas jurídicamente. “Por primera vez contamos con una tecnología capaz de anticiparse a los riesgos jurídicos y brindar respuestas efectivas a los procesos judiciales que enfrentamos diariamente. Esto no solo mejora nuestra capacidad de respuesta, sino que protege los intereses de todos los atlanticenses”, señaló Rachid Nader Orfale, secretario jurídico de la Gobernación. La implementación de ‘AtlantIA’ se enmarca en el compromiso del gobierno departamental con la transformación digital, la modernización del Estado y la transparencia en la gestión pública. Según Nader, la herramienta también mejora el monitoreo y seguimiento de los casos legales, lo que incrementa la confianza de la ciudadanía en las instituciones. “Nos permite ser más ágiles, pero también más transparentes y responsables con el uso de los recursos públicos. Tomamos decisiones basadas en datos y evidencia jurídica”, añadió el funcionario. El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, celebró el lanzamiento como parte de los esfuerzos del plan de desarrollo Atlántico para el Mundo, que apuesta por la innovación tecnológica como motor del desarrollo institucional. “Los recursos públicos son sagrados, y herramientas como esta, impulsadas por inteligencia artificial, son fundamentales para protegerlos y avanzar hacia una gestión más eficiente”, afirmó Verano. Con esta apuesta, la Gobernación del Atlántico se posiciona como una de las entidades pioneras en Colombia en incorporar IA para fortalecer su capacidad jurídica y administrativa, estableciendo un modelo replicable en otras regiones del país. Tomado de: El Tiempo

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Liberan a joven indígena secuestrada en Arauca

Jessica Mariana Albarracín, una joven indígena de 21 años y madre de dos niños, fue liberada por disidencias armadas en Arauca tras un operativo liderado por la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, dos servidores públicos siguen secuestrados en la misma zona. Este lunes 19 de mayo, las disidencias del conflicto armado en Arauca liberaron a Jessica Mariana Albarracín, una joven indígena de 21 años y madre cabeza de hogar, tras tres días en cautiverio. Su secuestro, ocurrido el sábado 18 de mayo en la vereda Cravo Corozo (Tame), generó indignación por tratarse de una civil desvinculada de cualquier grupo armado. La liberación se logró gracias a la mediación de una comisión humanitaria, pero aún permanecen retenidos dos servidores públicos secuestrados el 8 de mayo en la misma región. Jessica fue sacada por la fuerza de su hogar en la zona conocida como El Culebrero, frente a su familia, sin que mediara explicación alguna. Vecinos y allegados denunciaron que la joven solo se dedicaba a estudiar, trabajar y cuidar a sus dos hijos menores de cinco años, sin vínculos con actores armados. Tras intensas gestiones, la Defensoría del Pueblo lideró un operativo que permitió su liberación en la tarde del lunes 19 de mayo. Sin embargo, el ELN emitió un comunicado justificando el acto: “Después de habérsele aplicado el debido proceso acorde a la normatividad del ELN, se le hace entrega a sus familiares. Insistimos a la población del Oriente colombiano a no caer en falsas promesas, chantajes o amenazas por parte de mercenarios narco-paramilitares y agencias de inteligencia estatales. Esto trae consecuencias: NEUTRALÍCENSE”. Mientras Jessica ya está a salvo, Rodrigo Antonio López Estrada y Jesús Antonio Pacheco Oviedo funcionarios públicos secuestrados el 8 de mayo en Fortul siguen en poder del grupo armado. Sus familias y autoridades locales exigen su liberación inmediata, en medio de la creciente ola de violencia en la región.  

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Más de 2.200 familias afectadas y cinco cuencas en alerta roja por temporada de lluvias en Cundinamarca

La UAEGRD coordina atención de emergencias en más de 23 municipios con apoyo de autoridades locales y nacionales. La Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Cundinamarca (UAEGRD) alertó sobre el agravamiento de la actual temporada de lluvias, que ya deja más de 2.200 familias afectadas y cinco cuencas hidrográficas en alerta roja, según el más reciente reporte del IDEAM. Los municipios de Puerto Salgar, Ricaurte, Cajicá, Chía, Tocaima y Agua de Dios enfrentan alto riesgo por crecientes súbitas; mientras que Simijaca, Guayabetal y Cáqueza han registrado inundaciones severas y deslizamientos, afectando tanto zonas urbanas como rurales. “Desde la UAEGRD estamos trasladando la información técnica a las comunidades. Ya atendimos emergencias en más de 10 municipios. En Simijaca, por ejemplo, enviamos tres motobombas con apoyo de la CAR para mitigar la inundación”, explicó Natalia Gómez Díaz, directora de la UAEGRD. Emergencia activa: declaratoria de calamidad pública La Gobernación declaró calamidad pública departamental, lo que permite gestionar ayudas con mayor rapidez ante el Gobierno Nacional. Actualmente, se avanza en el censo detallado de las más de 2.200 familias afectadas, así como en el análisis de daños en viviendas, vías y servicios públicos. “Estamos solicitando maquinaria amarilla, volquetas, materiales de construcción y kits de ayuda humanitaria para dar una respuesta eficaz en los territorios”, indicó Gómez Díaz. Acciones y recomendaciones • Contratos activos para entrega de kits de aseo, cocina y ferretería. • Jornadas de limpieza en quebradas y ríos con Bomberos, Ejército, Cruz Roja y Defensa Civil. • Coordinación de evacuaciones y apoyo logístico en zonas críticas. • Recomendaciones a la ciudadanía: mantener bajantes limpias, evitar arrojar basura a canales y reportar cualquier cambio súbito en los cuerpos de agua. “Muchas de las inundaciones se deben al colapso de alcantarillas por residuos. La prevención empieza por la conciencia ciudadana”, subrayó la directora de la UAEGRD. Las autoridades reiteran el llamado a los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo a mantener activos sus planes de contingencia y continuar reportando emergencias de forma oportuna. La situación sigue en monitoreo constante mientras se mantiene la alerta máxima en varios puntos del departamento.

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TALLER DE CAPACITACIÓN PARA LA CREACIÓN DE ASOCIACIÓN MINERA EN TADÓ, CHOCÓ

En el marco de la implementación del Plan de Desarrollo Municipal de Tadó 2024–2027, y en articulación con los lineamientos de sostenibilidad y fortalecimiento económico del territorio, se llevó a cabo un taller de capacitación para la creación de una asociación minera, liderado por la Alcaldía Municipal a través de la oficina de UMATA, en alianza con CORCRECER y el Ministerio de Minas y Energía. Este espacio formativo estuvo dirigido a 50 pequeños mineros localizados en los polígonos priorizados del municipio, con el objetivo de fortalecer sus capacidades organizativas, jurídicas y técnicas, y así avanzar hacia la formalización de la actividad minera bajo principios de legalidad, responsabilidad ambiental y desarrollo social. La iniciativa se alinea con los ejes estratégicos del Plan de Desarrollo Municipal, especialmente en lo concerniente al fortalecimiento de la economía local, el impulso de la asociatividad productiva y la promoción de actividades mineras sostenibles que generen ingresos dignos para las comunidades, respetando el entorno natural y fomentando la equidad social. La creación de una asociación minera permitirá a los pequeños mineros acceder a beneficios colectivos como asistencia técnica, financiación, comercialización justa, y una mayor interlocución con entidades del orden local, departamental y nacional.

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Justo Bolívar llegó a Achí con todos los servicios de la Gobernación

Los habitantes de las veredas fueron los primeros en llegar a la jornada de Justo Bolívar. Ana Beleño, asistió con sus dos hijos y los tres recibieron atención en salud y la socialización de las rutas de prevención en violencia de género. “Vengo del barrio La Playa, me atendieron en medicina general, servicio de odontología, vacunación, buenos servicios, estuvieron atentos, me voy feliz de la jornada”, señaló Ana, habitante de Achí, sur de Bolívar. Esta jornada de Justo Bolívar, en donde se llevaron más de 40 servicios de la Gobernación de Bolívar y los aliados, es otra de las promesas cumplidas del gobernador, Yamil Arana a la población de Achi, con quienes se había comprometido a entregar computadores para los estudiantes del corregimiento de Gallego, una ambulancia y la jornada de Justo Bolívar. Tres promesas cumplidas. “Se atendieron a más de 700 personas, con una oferta robusta e integrada entre salud y justicia, atención oportuna garantizando los derechos y socializando rutas de protección y prevención, acercando la institucionalidad a todos los rincones de Bolívar”, señaló Javier Doria, secretario del Interior de la Gobernación de Bolívar. Los beneficiados aseguran que es la primera vez que llega al municipio una jornada de atención donde pueden recibir varios servicios en un mismo día de manera rápida y oportuna. “Pudimos hacer varios en uno porque a veces no tenemos para movilizarnos a recibir atención, pero con estos servicios que trajo la Gobernación de Bolívar me pude atender y recibir regalos”, expresó Eliana Severiche, beneficiaria de la jornada. Esta oferta se logró gracias a un trabajo en equipo de las secretarías de Paz, Seguridad, Movilidad, Salud, dirección del Sur de Bolívar e Igualdad, además la oferta de aliados como UniNuñez, Elyon Yireh, Mutual Ser, Profamilia, ARCO, Registraduría Nacional del Estado Civil, la Armada Nacional y la Unidad Nacional de Víctimas.

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