¿es esta Bogotá una ciudad segura para las niñas y jóvenes?
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Gobierno refuerza seguridad en Cali con acciones integrales urbanas y rurales
Con el objetivo de fortalecer la seguridad y la convivencia ciudadana en Cali, el Gobierno nacional, a través de la Tercera Brigada del Ejército, adelanta acciones conjuntas con la Policía Metropolitana y la Secretaría de Seguridad de la Alcaldía Distrital, enfocadas en la prevención del delito y la protección de la población civil. Las operaciones incluyen patrullajes mixtos, instalación de puestos de control, verificación de antecedentes y toma institucional de establecimientos de entretenimiento nocturno, especialmente en sectores de alta afluencia y zonas de mayor dinámica nocturna. Estas acciones buscan ejercer control territorial, disuadir conductas delictivas y fortalecer la percepción de seguridad entre los ciudadanos. En desarrollo de estas actividades, las autoridades mantienen un trabajo articulado orientado a la identificación de personas requeridas por la justicia, así como a la verificación del cumplimiento de la normatividad vigente en establecimientos abiertos al público. Este esfuerzo interinstitucional permite una respuesta más eficaz frente a amenazas que afectan la convivencia y la tranquilidad ciudadana. “El despliegue de nuestras tropas en articulación con la Policía y las autoridades locales obedece a una estrategia integral de seguridad, que prioriza la prevención y el control institucional en los puntos más sensibles de la ciudad”, señala la información oficial de la Tercera Brigada, al destacar el compromiso de la Fuerza Pública con la población caleña. De manera complementaria, estas acciones en el área urbana se fortalecerán con operaciones militares a profundidad en sectores rurales de Cali y en los municipios de Jamundí y Palmira, con el propósito de neutralizar el accionar de grupos armados organizados que delinquen en el suroccidente del país y afectan la seguridad regional. El Ejército reiteró que “la presencia permanente y coordinada del Estado es clave para garantizar la tranquilidad de los ciudadanos y avanzar en el control del territorio”.
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Asocapitales rechaza atentado terrorista en Cali: “Usar un bus escolar es un acto aún más repudiable”
La Asociación exige respuesta firme del Estado ante escalada de violencia en ciudades capitales. • Con este, ya van ocho actos de terrorismo registrados en Cali, entre enero y marzo de este año, mientras que durante el 2025 de registraron 81. La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) rechaza de manera categórica el atentado terrorista ocurrido en las últimas horas en la ciudad de Cali, donde delincuentes utilizaron un bus escolar acondicionado con explosivos como plataforma para atacar las inmediaciones de la Tercera Brigada del Ejército. De acuerdo con información preliminar, el artefacto explosivo fue activado en cercanías del cantón militar Pichincha, en el sur de la ciudad, generando pánico entre la comunidad y afectaciones en viviendas aledañas. Las autoridades mantienen el control de la zona y adelantan las investigaciones para esclarecer los hechos. Asocapitales advierte que este tipo de acciones terroristas representan una grave amenaza contra la seguridad urbana y la estabilidad institucional del país, especialmente en las ciudades capitales, donde se concentran los principales desafíos en materia de orden público. “Lo que está ocurriendo en las ciudades capitales es una amenaza que no puede seguir siendo contenida con respuestas insuficientes. Rechazamos con absoluta firmeza el cobarde atentado perpetrado en Cali. La utilización de un bus escolar como instrumento de terror representa una afrenta inaceptable a la dignidad humana y a los valores que como sociedad debemos defender. Este es el octavo atentado en lo corrido de este año contra la ciudad. Estamos ante una amenaza persistente y en escalada que no puede seguir siendo atendida con respuestas insuficientes”, afirmó el director ejecutivo de Asocapitales, Andrés Santamaría. El director de Asocapitales hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional para fortalecer la respuesta institucional frente a estas amenazas: “Colombia necesita hoy más que nunca una respuesta de Estado: firme, coordinada, sostenida e inteligente. No podemos permitir que el terrorismo se normalice en nuestras ciudades capitales”. La Asociación expresó además su solidaridad con los ciudadanos de Cali, con los miembros de la Fuerza Pública y su respaldo al alcalde Alejandro Eder en el manejo de esta situación. La ciudad de Cali enfrenta una preocupante persistencia de acciones terroristas. De acuerdo con reportes oficiales y seguimiento de autoridades locales, entre enero y marzo de 2026, se han registrado siete actos de terrorismo o terrorismo en la ciudad. Este panorama se suma a los hechos ocurridos en 2025, cuando Cali también fue blanco de 81 actos de terrorismo, según el reporte de Mindefensa, asociados principalmente a estructuras armadas ilegales con presencia en el suroccidente del país. Esta recurrencia evidencia una tendencia de amenaza sostenida contra la ciudad y refuerza la necesidad de una respuesta integral que combine inteligencia, prevención, capacidad operativa y coordinación entre niveles de gobierno.
Ministerio de Educación fortalece el sistema educativo en Chocó con asistencia técnica integral
El Gobierno del Cambio, continúa con su estrategia de acompañamiento directo a las entidades territoriales para cerrar brechas, fortalecer la gestión educativa y avanzar en la generación de condiciones más equitativas para las comunidades. La agenda reunirá a las autoridades educativas de Chocó y Quibdó, equipos directivos de las secretarías de educación, rectores, docentes y equipos técnicos del sector, en espacios de trabajo orientados a consolidar acuerdos, dinamizar procesos clave y avanzar en el mejoramiento de las condiciones educativas, con énfasis en la atención a las necesidades del territorio y sus comunidades. Durante la jornada se desarrollarán sesiones enfocadas en temas estratégicos como el acceso y la permanencia en el sistema educativo, el fortalecimiento de la calidad, la gestión del talento humano, la infraestructura educativa y la ampliación de la educación inicial. Estos espacios permitirán revisar avances, identificar oportunidades de mejora y articular acciones entre el nivel nacional y territorial. La asistencia técnica facilitará, igualmente, el intercambio de información para fortalecer la toma de decisiones, priorizar intervenciones y dar seguimiento a los procesos en curso, en articulación con las entidades territoriales. A partir de estos espacios se proyecta la definición de acciones concretas que contribuyan al fortalecimiento del sistema educativo en el mediano plazo. De manera complementaria, se promoverá el trabajo conjunto para robustecer las capacidades institucionales, optimizar la implementación de políticas públicas y avanzar en la consolidación de una gestión educativa más eficiente y pertinente frente a los desafíos del territorio. Con esta asistencia técnica integral, el Ministerio de Educación Nacional continúa su acompañamiento directo a las entidades territoriales del departamento de Chocó, impulsando acciones orientadas a garantizar trayectorias educativas completas y a generar mejores condiciones para niñas, niños, jóvenes y comunidades educativas.
Santander avanza hacia la culminación total del corredor vial Bucaramanga – Barrancabermeja – Yondó
Grandes noticias para el departamento de Santander. Tras más de 15 mesas de trabajo entre la concesión, Ruta del Cacao y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), en articulación y facilitador institucional, la Gobernación de Santander, se logró la suscripción de un acta que establece un periodo especial para culminar las obras pendientes en la unidad funcional número 8. “Este acuerdo permitirá superar las dificultades de índole técnica que se venían presentando y garantizar la conexión entre los municipios que se encuentran en el corredor vial Bucaramanga – Barrancabermeja – Yondó, una de las vías más estratégicas para la competitividad y movilidad del departamento”, manifestó Jesica Juliana Mendoza secretaria de Infraestructura del departamento. “Hoy le cumplimos a Santander. Con este acuerdo ponemos fin a las diferencias técnicas y aseguramos que las obras pendientes se culminarán. Hemos establecido un plazo aproximado de 36 meses para que la concesionaria adelante los trámites necesarios, incluyendo el licenciamiento ambiental, ajuste los diseños y ejecute las obras”, destacó Roberto Uparela, vicepresidente de la ANI. Con este avance, se espera completar la totalidad del proyecto concesionado, permitiendo que, al término de 36 meses, el corredor vial entre en operación y mantenimiento, beneficiando de manera directa a miles de santandereanos. Esta decisión representa una solución definitiva, tras más de tres años de espera, especialmente para el municipio de Lebrija y toda la región del Magdalena Medio. La Gobernación de Santander reafirma su compromiso de seguir gestionando soluciones concretas que impulsen el desarrollo del territorio brindando mejor calidad de vida de todos los habitantes.
Al menos 11 alcaldes de ciudades capitales han sido amenazados en Colombia: Asocapitales alerta sobre riesgo para la democracia local
Un análisis técnico de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) encendió las alertas sobre un fenómeno que viene creciendo en el país: las amenazas, intimidaciones y riesgos contra alcaldes y funcionarios de ciudades capitales. De acuerdo con la Nota Técnica de Coyuntura Institucional: Amenazas, riesgos e intimidaciones contra alcaldes de Ciudades Capitales y servidores públicos de sus administraciones, entre enero de 2024 y el 21 de abril de 2026 se han identificado al menos 11 alcaldes de ciudades capitales con registros públicos de amenazas, alertas de atentado o riesgos contra su vida, así como más de ocho casos que involucran a funcionarios y equipos institucionales. “No se trata de hechos aislados, sino de un fenómeno con características recurrentes que afecta la gobernabilidad y la capacidad del Estado para ejercer autoridad en los territorios”, indicó Andrés Santamaría, director ejecutivo de Asocapitales. Los casos documentados abarcan múltiples ciudades y regiones. Entre ellos se encuentran: Amenazas directas, como las registradas contra alcaldes en Cúcuta, Cartagena o Florencia. Presuntos planes de atentado, como los reportados en Medellín, Barranquilla y Cali. Alertas de riesgo y situaciones controvertidas, como el caso del alcalde de Bogotá. El informe destaca que estos hechos no se concentran en una sola zona, sino que se presentan en capitales del Caribe, la región Andina, el Pacífico, la Amazonía y zonas de frontera. Además, el riesgo no se limita a los mandatarios. También alcanza a secretarios de despacho, agentes operativos, comisarías de familia y equipos técnicos, lo que amplía el impacto institucional del fenómeno. La amenaza como mecanismo de presión sobre el Estado Uno de los hallazgos más relevantes del informe es que las amenazas suelen aparecer cuando las alcaldías adoptan decisiones que afectan intereses ilegales, como operativos contra estructuras criminales, control del espacio público, regulación de movilidad y acciones contra economías ilegales como extorsión o microtráfico. Esto sugiere que la intimidación se está utilizando como un mecanismo de presión para condicionar decisiones públicas y limitar la acción del Estado en las ciudades. También se identifican patrones preocupantes como la extensión de amenazas a las familias de los mandatarios y la presión directa sobre funcionarios que ejercen autoridad en calle. El informe advierte que las consecuencias van más allá de la seguridad personal. La amenaza contra un alcalde capital constituye una afectación directa al mandato democrático, porque busca condicionar la voluntad popular expresada en las urnas. Asocapitales pide respuesta estructural del Estado Frente a este panorama, el director de Asocapitales, Andrés Santamaría, advirtió que la situación exige una respuesta articulada. “Cuando se amenaza a un alcalde o a un funcionario, no solo se intenta intimidar a una persona. Se busca debilitar la autoridad del Estado en el territorio. Por eso, proteger a los gobiernos locales es proteger la democracia”, sostuvo. El director también hizo un llamado al Gobierno Nacional para avanzar en medidas concretas: “Se requiere fortalecer los esquemas de protección, mejorar las capacidades de inteligencia y garantizar que las amenazas contra autoridades locales sean investigadas con prioridad y no queden en la impunidad”.
GASNOVA rechaza prohibición de ventas callejeras en Bogotá y defiende a los usuarios más vulnerables del GLP
La Asociación Colombiana del GLP – GASNOVA manifestó su desacuerdo tras la expedición del Decreto 117 de 2026 por parte de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Esta nueva normatividad prohíbe las ventas ambulantes de alimentos que utilizan el Gas Licuado del Petróleo (GLP) en cilindros, afectando de manera directa a miles de familias vulnerables que encontraron en esta actividad su única fuente de ingresos. Según el gremio, esta medida vulnera el derecho constitucional a los servicios públicos y el derecho fundamental al trabajo de más de 10.000 venteros, poniendo en riesgo el sustento económico de miles de familias pobres que dependen de la denominada “economía popular” en la capital. El presidente de GASNOVA, Alejandro Martínez Villegas, enfatizó que el cilindro de GLP es usado de manera segura y eficiente desde hace más de 80 años, por ello hoy 12 millones de usuarios en el país entre ellos los trabajadores informales del sector de alimentos acceden a este servicio público. “Gracias a su portabilidad y sus propiedades como energético limpio, el uso de cilindros cumpliendo los lineamientos técnicos establecidos por el Ministerio de Minas y acogidos por la anterior administración distrital en la Resolución 1207 de 2020 expedida por la Secretaría de Gobierno de Bogotá, permiten el uso seguro de GLP en cilindros sin representar riesgos para la comunidad”, aseguró. El dirigente gremial hizo un llamado urgente a la Administración Distrital para que, en lugar de recurrir a la prohibición con difíciles probabilidades de implementarse en las actuales circunstancias económicas y sociales de la capital, se trabaje activamente en desarrollar un programa integral con los vendedores ambulantes que utilizan el servicio púbico de GLP con el fin de que sean capacitados y organizados en una solución concertada. Esta propuesta busca construir sin estigmatizar el acceso al servicio público de GLP, ni a sus usuarios venta ambulante. GASNOVA recordó que el Ministerio de Minas y Energía (MME) emitió un concepto oficial el pasado 26 de diciembre de 2025, en el cual señaló que “En este marco constitucional y legal los vendedores ambulantes o informales corresponden a usuarios finales del servicio público de GLP en cilindros, al igual que lo hace cualquier otro usuario, ya sea que se encuentre ubicado en zonas urbanas o rurales.” “Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado” Martínez explicó que este respaldo jurídico es fundamental, pues el Artículo 365 de la Constitución Política de Colombia estipula que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado, y es deber de este asegurar su prestación a todos los habitantes del territorio nacional. En este sentido, GASNOVA aclara que las empresas prestadoras de este servicio público están obligadas por ley a suministrar el GLP, y que la reglamentación técnica dictada por el Ministerio ya contempla las normas necesarias para garantizar el uso seguro del cilindro en ventas ambulantes. GASNOVA recordó que el Ministerio de Minas y Energía (MME) emitió un concepto oficial el pasado 26 de diciembre de 2025, en el cual señaló que “En este marco constitucional y legal los vendedores ambulantes o informales corresponden a usuarios finales del servicio público de GLP en cilindros, al igual que lo hace cualquier otro usuario, ya sea que se encuentre ubicado en zonas urbanas o rurales.” Martínez explicó que este respaldo jurídico es fundamental, pues el Artículo 365 de la Constitución Política de Colombia estipula que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado, y es deber de este asegurar su prestación a todos los habitantes del territorio nacional. En este sentido, GASNOVA aclara que las empresas prestadoras de este servicio público están obligadas por ley a suministrar el GLP, y que la reglamentación técnica dictada por el Ministerio ya contempla las normas necesarias para garantizar el uso seguro del cilindro en ventas ambulantes. En Bogotá 10.331 puestos de comida en el espacio público emplean GLP De acuerdo con cifras de la Secretaría de Gobierno y el Instituto para la Economía Social (IPES), en Bogotá existen 10.331 puestos de comida en el espacio público que emplean GLP. Para estos ciudadanos, el cilindro representa el “motor” de su economía familiar. Martínez destaca que el acceso al GLP ha sido un avance social significativo, promovido incluso por los programas de sustitución de combustibles contaminantes desarrollados por la UPME y el MME, permitiendo que poblaciones vulnerables abandonen el uso de leña y carbón, combustibles altamente contaminantes que con la prohibición de la alcaldía van a volver a ser utilizados por los vendedores ambulantes de comidas generando un aumento en enfermedades respiratoria y visuales, aumentando los costos que deberá asumir el SISBEN y afectando gravemente las vidas de estas personas vulnerables. GASNOVA también argumenta que Bogotá está actuando en contravía de las tendencias globales. En las grandes metrópolis, las ventas callejeras son promovidas por las autoridades para ofrecer sabores auténticos a precios accesibles. Debido a su alta capacidad calorífica y portabilidad, el GLP es el combustible estándar en todo el mundo para cocinas móviles. Ejemplo de ellos son los famosos carritos de perros calientes en Nueva York que utilizan cilindros de GLP diariamente en Manhattan entre edificios públicos y privados, los carritos de crepes en Paris y para no ir tan lejos, casos latinoamericanos como los de Ciudad de México y Lima, con sus puestos de comidas típicas que hacen parte de su turismo gastronómico. Incluso en Colombia, Medellín cuenta con un modelo exitoso de plazoletas de food trucks que están replicando modelos de Miami y otras ciudades. GASNOVA dispuesto a trabajar de manera articulada con la Alcaldía de Bogotá Finalmente, Martínez reiteró la disposición de GASNOVA para trabajar de manera articulada con la Alcaldía de Bogotá. El objetivo es construir una experiencia gastronómica urbana ordenada y segura, que le dé un valor agregado a la capital colombiana, similar a la de otras ciudades del mundo. El dirigente gremial concluye que la prohibición no es el camino; por el contrario, el servicio público de GLP debe ser visto como una herramienta que genera empleo, fomenta
Colombia arranca su revolución en movilidad limpia: el taxi eléctrico es una realidad
El futuro del transporte público ya no es una promesa lejana, sino una realidad que empezó a rodar por las calles de Bogotá. Con la entrega de los primeros taxis eléctricos bajo el programa de ascenso tecnológico, el Gobierno del Cambio marca un hito en la modernización del gremio, demostrando que la transición energética es el motor que transformará la economía de miles de familias transportadoras en Colombia. Esta iniciativa es impulsada por el ministerio de Transporte a través del Fondo para la Promoción de Ascenso Tecnológico (FOPAT) y busca renovar la flota de vehículos, para saldar una deuda histórica con el medio ambiente. En su primera etapa el proyecto contempla la circulación de 320 vehículos cero emisiones, lo que representa una reducción de hasta el 34% en la contaminación generada por este sector, permitiendo que las ciudades respiren un aire más puro. Para los conductores, el cambio va mucho más allá de la conciencia ecológica; se trata de una mejora sustancial en la calidad de vida y en sus bolsillos. Al eliminar el gasto en combustibles fósiles y reducir drásticamente los costos de mantenimiento mecánico, los taxistas verán un incremento en su rentabilidad diaria, haciendo que su oficio sea mucho más digno y productivo en el largo plazo. Durante el evento de lanzamiento la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, subrayó que este es apenas el primer paso de una estrategia que llegará a cada rincón del territorio nacional. La funcionaria destacó que el compromiso del Gobierno es total, para que ningún transportista se quede atrás en esta evolución tecnológica que pone al país a la vanguardia regional. “Hoy Colombia pasa del discurso a los hechos. Estos primeros taxis eléctricos representan más oportunidades para los taxistas, mejor calidad del aire para nuestras ciudades y un transporte preparado para el futuro. Por eso hemos solicitado que el programa se extienda a todas las capitales del país”, dijo la ministra Rojas. La equidad también es protagonista en esta ruta hacia el cambio, ya que el programa puso especial énfasis en la inclusión social. De las más de 220 postulaciones recibidas inicialmente, casi un tercio fue liderado por mujeres y personas víctimas del conflicto armado, quienes ahora encuentran en la movilidad eléctrica una herramienta poderosa para reconstruir sus proyectos de vida. El Gobierno habilitó una línea de crédito preferencial por $14.800 millones, en alianza con Bancóldex y el Fondo Nacional de Garantías. Con estas herramientas financieras se busca que cualquier taxista, sin importar su punto de partida, pueda acceder al sueño de estrenar un vehículo moderno, eficiente y comprometido con el bienestar de todos los colombianos
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Gobierno Nacional entrega Centro de Desarrollo Minero en Putumayo
La ministra (e) de Minas y Energía reiteró el llamado del presidente Gustavo Petro a reabrir la frontera con Ecuador que fue cerrada de manera unilateral por el gobierno ecuatoriano. El Gobierno Nacional entregó hoy en San Miguel el Centro de Desarrollo Minero para la Transición Energética Justa y Democrática. La obra costó $8.498 millones de regalías y $900 millones de la Alcaldía Municipal, en el marco del Incentivo a la Producción del Sistema General de Regalías. La viceministra de minas y ministra encargada de Minas y Energía, Sorrel Aroca, encabezó el acto junto al director de Formalización Minera, Alexander Reina; delegados de la Agencia de Renovación del Territorio y la Agencia Nacional Minera; del Ministerio de Educación; la Gobernación de Putumayo y los alcaldes de San Miguel y Puerto Guzmán. Lo que hará este centro El recinto tiene laboratorios para analizar y caracterizar minerales, suelos, sus usos y vocaciones en el marco del conocimiento y su apropiación por parte de las comunidades. En articulación con el Servicio Geológico Colombiano, se pondrá en marcha un plan de acción para poner ese conocimiento científico al servicio de la comunidad reconociendo el potencial agrícola y biodiverso. El plan arranca hoy mismo. El Municipio de San Miguel queda a tan solo 15 kilómetros de la frontera con Ecuador y sobre una de las regiones con mayor diversidad biológica de América del Sur. Durante décadas, esa riqueza no se tradujo en desarrollo local porque nadie sabía con precisión qué había, dónde estaba ni cómo aprovecharlo sin destruir el territorio. Este centro cambia esa ecuación: por primera vez, el departamento tiene un lugar propio para hacerse esas preguntas y buscar las respuestas. Con este centro en San Miguel, el ministerio de minas y energía da apertura, al sexto de 10 centros de pensamiento para el conocimiento y desarrollo del suelo junto con los de El Bagre y Puerto Berrio en Antioquia; Marmato en Caldas; Santa Rosa del sur en Bolívar y Guachetá en Cundinamarca, una infraestructura que representa una inversión histórica cercana a los 100 mil millones de pesos. 54 monitores para cuidar la Amazonía Este 21 de febrero en Mocoa, el Viceministerio de Minas instalará el primer sistema de monitoreo ambiental para la región amazónica: 54 monitores en total, 17 de ellos en Putumayo, asegurando desde el territorio acciones de sostenibilidad y cuidado de la Amazonia. $26.000 millones más en regalías para Putumayo Aroca también informó que la Comisión Rectora de Regalías aprobó el pasado 19 de febrero, el desahorro de $2,9 billones del Fondo de Ahorro y Estabilización. Para Putumayo son cerca de $26.000 millones adicionales distribuidos entre los trece municipios del departamento. San Miguel recibe aproximadamente $930 millones que no estaban en ningún presupuesto hace 48 horas. El Ministerio de Hacienda expedirá el decreto antes del 10 de marzo. Ministerio de Minas y Energía trabaja en el Putumayo Entre 2022 y 2025, el Ministerio de Minas y Energía ejecutó en Putumayo contratos y proyectos de energización por más de $185.000 millones para llevar electricidad a donde históricamente no llegaba. El resultado más concreto son 277 comunidades energéticas que hoy benefician a cerca de 5.000 usuarios, con una capacidad instalada de 5,45 mil kWp y una inversión de $133.670 millones. A eso se suman 7 contratos del fondo FAZNI ejecutados en ese periodo, 2 proyectos contratados en 2025 por $15.905 millones, y 3 obras por impuestos que conectaron a 766 familias. En 2024 se contrataron 4 proyectos adicionales por $35.597 millones para beneficiar a 908 usuarios más. En Putumayo, estas comunidades energéticas no son solo infraestructura: son vecinos organizados que generan, distribuyen y administran su propia energía a través de fuentes renovables, en municipios donde la electricidad era, hasta hace poco, un privilegio. La frontera con Ecuador Desde San Miguel, la viceministra de minas y ministra encargada reiteró el llamado del presidente Gustavo Petro al Gobierno ecuatoriano de reabrir la frontera. El cierre golpea la economía de los municipios del Bajo Putumayo, que durante décadas han vivido del intercambio con el vecino país. Según el alcalde de San Miguel, hasta el 80 % del pueblo está afectado por el cierre fronterizo. El Ministerio de Minas y Energía lleva ese mensaje desde la frontera a través de su oficina de gestión internacional que también se hizo presente. Con este centro de desarrollo minero, los $26.000 millones en regalías y los 17 monitores el gobierno del presidente Gustavo Petro le cumple al Putumayo, demostrando que puede conocer su territorio, financiar su propio desarrollo y cuidar su ambiente. Está es la transición energética justa. Hoy, San Miguel tiene la infraestructura para demostrarlo.
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