Un análisis técnico de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) encendió las alertas sobre un fenómeno que viene creciendo en el país: las amenazas, intimidaciones y riesgos contra alcaldes y funcionarios de ciudades capitales.
De acuerdo con la Nota Técnica de Coyuntura Institucional: Amenazas, riesgos e intimidaciones contra alcaldes de Ciudades Capitales y servidores públicos de sus administraciones, entre enero de 2024 y el 21 de abril de 2026 se han identificado al menos 11 alcaldes de ciudades capitales con registros públicos de amenazas, alertas de atentado o riesgos contra su vida, así como más de ocho casos que involucran a funcionarios y equipos institucionales.
“No se trata de hechos aislados, sino de un fenómeno con características recurrentes que afecta la gobernabilidad y la capacidad del Estado para ejercer autoridad en los territorios”, indicó Andrés Santamaría, director ejecutivo de Asocapitales.
Los casos documentados abarcan múltiples ciudades y regiones. Entre ellos se encuentran:
- Amenazas directas, como las registradas contra alcaldes en Cúcuta, Cartagena o Florencia.
- Presuntos planes de atentado, como los reportados en Medellín, Barranquilla y Cali.
- Alertas de riesgo y situaciones controvertidas, como el caso del alcalde de Bogotá.
El informe destaca que estos hechos no se concentran en una sola zona, sino que se presentan en capitales del Caribe, la región Andina, el Pacífico, la Amazonía y zonas de frontera.
Además, el riesgo no se limita a los mandatarios. También alcanza a secretarios de despacho, agentes operativos, comisarías de familia y equipos técnicos, lo que amplía el impacto institucional del fenómeno.
La amenaza como mecanismo de presión sobre el Estado
Uno de los hallazgos más relevantes del informe es que las amenazas suelen aparecer cuando las alcaldías adoptan decisiones que afectan intereses ilegales, como operativos contra estructuras criminales, control del espacio público, regulación de movilidad y acciones contra economías ilegales como extorsión o microtráfico.
Esto sugiere que la intimidación se está utilizando como un mecanismo de presión para condicionar decisiones públicas y limitar la acción del Estado en las ciudades.
También se identifican patrones preocupantes como la extensión de amenazas a las familias de los mandatarios y la presión directa sobre funcionarios que ejercen autoridad en calle.
El informe advierte que las consecuencias van más allá de la seguridad personal. La amenaza contra un alcalde capital constituye una afectación directa al mandato democrático, porque busca condicionar la voluntad popular expresada en las urnas.
Asocapitales pide respuesta estructural del Estado
Frente a este panorama, el director de Asocapitales, Andrés Santamaría, advirtió que la situación exige una respuesta articulada.
“Cuando se amenaza a un alcalde o a un funcionario, no solo se intenta intimidar a una persona. Se busca debilitar la autoridad del Estado en el territorio. Por eso, proteger a los gobiernos locales es proteger la democracia”, sostuvo.
El director también hizo un llamado al Gobierno Nacional para avanzar en medidas concretas: “Se requiere fortalecer los esquemas de protección, mejorar las capacidades de inteligencia y garantizar que las amenazas contra autoridades locales sean investigadas con prioridad y no queden en la impunidad”.