Trasnporte

De acuerdo con los datos preliminares del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses durante los primeros 20 días de junio el número de fallecidos en siniestros viales con presencia de vehículos de carga aumento un 76 por ciento con respecto al 2020 y en un 20 por ciento con respecto al 2019. Si bien, en la estadística comparativa de 2019, 2020 y 2021, los primeros 20 días de junio, los fallecidos asociados a vehículos de carga son el segundo usuario de la categoría de usuarios de vehículos, precedido únicamente por los conductores de vehículos particulares, el número de conductores de carga fallecidos ha ido en aumento, pues mientras en 2019 se registraron 54 fallecidos, para 2020, en parte por las restricciones por pandemia, esa cifra se redujo a 37, mientras que este año se registran 65 decesos. Para la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, “Desde el Gobierno Nacional reconocemos todo el compromiso y trabajo que realizan los conductores de carga, nuestros héroes en la vía, especialmente, durante el año pasado, cuando las condiciones de pandemia nos cambiaron la normalidad y hemos trabajado de manera respetuosa y articulada a lo largo de estos dos años, no sólo para mejorar las condiciones del sector, sino para salvar las vidas de todos en las vías del país y continuar aportando a la reactivación económica en la cual el transporte de carga cumple una labor fundamental”. Desde marzo de 2020, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) instaló 14 puntos seguros en diferentes departamentos del país, con el fin de ofrecer asistencia técnico-mecánica básica gratuita, orientación en autocuidado para evitar contagio por Covid-19 y recomendaciones en seguridad vial, todas acciones encaminadas a anticipar posibles factores de riesgo y evitar siniestros viales. Solo en 2020 más de 154.000 vehículos se beneficiaron de estos puntos. Con corte 24 de junio de 2021, la cifra de beneficiados, con corte 28 de junio ya supera los 245.312 conductores atendidos en estos puntos seguros ubicados en todo el territorio nacional. “Salvar vidas en las vías es nuestra misión y nuestro compromiso como Gobierno nacional, desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial hacemos un llamado a los conductores de transporte de carga, para que revisen las condiciones técnicas, eléctricas y mecánicas de sus vehículos, en trayectos largos tomen pausas cada dos horas y gestionen la velocidad ya que el objetivo de cada viaje es llegar bien al destino” puntualizó Luis Lota, director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Hay que agregar que 23 por ciento de los vehículos atendidos en los puntos seguros, son vehículos de carga y entre las principales recomendaciones que se entregan a estos usuarios son: Realizar pausas activas, para prevenir trastornos osteomusculares generados por cargas estáticas y dinámicas como las posturas prolongadas y movimientos, practicar ejercicios que activen la circulación sanguínea reduciendo la fatiga física y mental, incrementando la productividad, dormir suficiente para evitar los llamados micro sueños. Finalmente, el director de la entidad entregó algunas recomendaciones finales a los conductores de carga, para que se eviten más siniestros en las vías “si se siente cansado, cabecea, los ojos se le cierren involuntariamente, deténgase y busque descanso, en clima cálido mantenga el aire acondicionado o las ventanas de su vehículo abiertas para que la brisa circule al interior del vehículo y lo mantenga fresco y ligero, nunca arranque sin su cinturón de seguridad bien ajustado, evite hablar por teléfono mientras conduce, respete las señales de tránsito y las velocidades permitidas”. Cortesía de Mintransporte. 

El Honorable Consejo de Estado comunicó en días pasados el pronunciamiento que había hecho el pasado 20 de abril de 2021, sobre la diferencia entre los “sujetos vigilados” de la Superintendencia de Transporte y los “sujetos pasivos”. Con esto, precisó a quién puede investigar y sancionar la entidad.   El Pronunciamiento indica lo siguiente: “El artículo 42 del citado Decreto 101 de 2000 estableció los sujetos sobre los cuales la Superintendencia de Transporte debe ejercer las funciones de inspección, vigilancia y control. (…) Es así como, para garantizar la aplicabilidad de tal normativa, se ha establecido un régimen legal de sanciones imponibles por las autoridades competentes, ante las infracciones a la misma. (…) el artículo 9° de la Ley 105 de 1993 establece cuáles son las personas y empresas que pueden estar sujetas a la imposición de sanciones por infracciones a las normas sobre el transporte público y cuáles son dichas sanciones.  De otra parte, se destaca de la normativa citada, que en efecto, el ejercicio de las facultades sancionatorias de la Superintendencia de Transporte puede recaer en personas que no necesariamente están sometidas a la inspección, vigilancia y control de dicha autoridad, pues tales facultades están previstas para todos aquellos que incurran en la violación a las normas reguladoras del transporte, sean entidades vigiladas por la Superintendencia de Transporte o no, sean personas naturales o personas jurídicas. De esta manera, las personas naturales o jurídicas que eventualmente presten el servicio de transporte, sin cumplir con los requisitos exigidos por la ley para el efecto, son sujetos del ejercicio de funciones administrativas sancionatorias en la medida en que existe una afectación al interés público. No obstante, esta circunstancia no implica que sean entidades vigiladas de la Superintendencia de Transporte de conformidad con la ley. (…) Así las cosas, es preciso concluir que las facultades administrativas sancionatorias de la Superintendencia de Transporte y las demás que le haya conferido la ley, pueden ser adoptadas respecto de todas las personas naturales o jurídicas que violen la normativa del sector transporte, sean estas entidades vigiladas por dicha autoridad o no” . Al respecto, el Superintendente de Transporte, Camilo Pabón Almanza, precisó que “con anterioridad al Gobierno del Presidente Iván Duque, la SuperTransporte se enfocaba exclusivamente en perseguir a las empresas legalmente habilitadas para prestar servicio de transporte público, y era prácticamente inexistente respecto de otros actores. Ahora, el Consejo de Estado valida que vamos por el camino correcto, y nos da un impulso para exigir a todos los actores el cumplimiento de sus deberes, sean empresa de transporte o no”.  En ese sentido, la Superintendencia de Transporte viene adelantando acciones sin precedentes en el sector transporte e infraestructura, con el convencimiento que la ley prevé que deberán responder ante las autoridades, todas aquellas personas que violen o que faciliten la violación de normas del sector. Esto incluye la apertura de investigaciones y la imposición de las primeras sanciones contra compañías de seguros, industriales y comerciantes que obran como generadores de carga, secretarías de movilidad, usuarios del sector, prestadores de servicios de transporte ilegal, agencias de viajes, entre otros.    Pronunciamiento del Tribunal Administrativo de Cundinamarca   El pronunciamiento de Consejo de Estado ratifica una providencia emitida el pasado 12 de febrero de 2021 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el cual manifestó lo siguiente: “(…) la Superintendencia de Transporte, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9 numeral 4 de la Ley 105 de 1993, es una autoridad que tiene la facultad de imponer sanciones por la violación a las normas reguladoras del transporte y en el caso en concreto, pueden ser objetos de sanción aquellas personas que violen o faciliten la violación de las normas, sin que necesariamente sean sujetos de vigilancia, inspección y control de dicha entidad. En este orden de ideas, en este caso, el Despacho considera que la competencia para imponer sanciones por violación a la normatividad del transporte de acuerdo con las disposiciones señaladas en los párrafos anteriores está radicada en la Superintendencia de Puertos y Transporte” .  La Superintendencia de Transporte entiende que la estabilidad del transporte público y la infraestructura no dependen sólo de las empresas habilitadas, sino que también hay otros actores con obligaciones, que deben cumplirse para que la cadena logística funcione de manera eficiente. Por lo tanto, la entidad continuará adelantando todas las acciones respecto de todos aquellos que, sin ser empresas de transporte, incidan en la correcta prestación del servicio. Cortesía de Mintransporte. 

El Ministerio de Transporte, tras surtir el proceso de recepción de comentarios por parte de los ciudadanos interesados, expidió la Resolución 20213040023445 del 8 de junio de 2021 que modifica el Anexo 1 de la Resolución 3913 de 2019, con el propósito de actualizar los parámetros para que los propietarios de los camiones rígidos de dos (2) ejes de menor capacidad de carga paguen un valor equivalente por concepto de caución con el fin de corregir y solucionar los errores en la matrícula de sus equipos. “Para los transportadores es muy importante la expedición final de esta modificación, pues esta contiene una nueva guía para el pago de cauciones para corregir y solucionar errores de la matricula. Esto permitirá que los procesos de normalización vehicular sean menos complejos. Seguimos respaldando el principio de legalidad y equidad promovidos por el Gobierno Nacional”, afirmó la Ministra de Transporte, Ángela María Orozco. Este cambio, que incentiva la normalización vehicular, actualiza a la fecha los valores de caución que contemplaba la normativa vigente al momento del registro inicial para los vehículos de carga rígidos de dos (2) ejes, teniendo en cuenta aspectos como la capacidad de carga de los mismos.   “Con la expedición de esta resolución se respeta el principio de legalidad y confianza legítima en favor de los propietarios de vehículos de carga de dos ejes, pues se precisan los parámetros para determinar el valor de la caución a pagar para normalizar el registro de los mismos de tal manera que este sea equivalente al valor que contemplaba la normativa vigente en el momento del registro inicial de esos equipos, debidamente actualizado”, aseguró la Viceministra de Transporte, Carmen Ligia Valderrama Rojas. El proceso de normalización a través del pago del valor de la caución es una importante garantía que permite a los propietarios de vehículos de carga corregir las omisiones presentadas en la matricula inicial de sus vehículos. Este proceso debe realizarse a través del sistema del Registro Único Nacional de Tránsito -RUNT ingresando a la página web https://www.runt.com.co/. Cortesía de Mintransporte. 

El proyecto, fruto de un acuerdo sectorial entre la Corporación y el Ministerio de Ambiente, beneficiará a cerca de 100 personas de esta población del Huila.   Promoviendo el consumo de productos más sostenibles, hacer reducción de residuos y empoderar a las personas en torno al reciclaje, la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena (Cormagdalena) y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, firmaron un acuerdo sectorial para trabajar, de manera alineada y conjunta, en líneas de acción estratégicas de regulación ambiental, como la implementación de la estrategia de economía circular. En Cormagdalena ya se ha entendido que el modelo tradicional lineal de producir, usar y botar no es sostenible. Por eso, las nuevas iniciativas del mercado le apuntan a la economía circular, que implica compartir, reutilizar y reciclar. Se trata de un nuevo paradigma que la Corporación quiere masificar. Siguiendo ese objetivo, y a partir del acuerdo sectorial, ya está listo un proyecto piloto para la producción de compostaje a partir del aprovechamiento de los residuos orgánicos en el municipio de Pitalito, en el departamento del Huila. Cerca de 100 personas de la comunidad serán los beneficiados de este modelo productivo sostenible para la generación de empleo. “Queremos impulsar nuevos modelos de negocio que permitan un manejo más eficiente de los residuos sólidos que, de manera inadecuada, van a dar a los cuerpos de agua. Al fomentar el compostaje estamos protegiendo al río Magdalena, y haciendo posible que los municipios hagan mejor uso de sus basuras”, aseguró Pedro Pablo Jurado, director de Cormagdalena. Jurado explicó que desde Cormagdalena se tiene prevista una inversión de cerca de 66 millones de pesos para adquirir los equipos de compostaje, que serán entregados al municipio y distribuidos bajo la figura de comodato entre los beneficiarios seleccionados. En Pitalito resaltan el trabajo adelantado con Cormagdalena, y están listos para seleccionar a los beneficiarios del proyecto para lograr los objetivos planteados: “En este momento trabajamos para tener una participación incluyente, que nos permita integrar recicladores, madres cabeza de hogar, comunidades indígenas y organizaciones ambientales, entre otros actores. En los próximos días empezaremos la socialización de los requisitos y criterios que deberán cumplirse para participar”, explicó Daniela Salgado, funcionaria de la Oficina de Ambiente y Gestión del Riesgo de la alcaldía de Pitalito Natalia Salazar, profesional ambiental de Cormagdalena, agrega que “El siguiente paso será suscribir un convenio interadministrativo con la Alcaldía de Pitalito para finalmente dotar y capacitar a los beneficiarios”, explicó. Luego se realizarán talleres de formación y se entregarán los kits de compostaje, que cuentan con pala, rastrillo, termómetro, bolsas de empaquetado, material de mezcla, recipiente para la cocina y atomizador, entre otros. Ubicado en el sur del Huila, sobre el Valle del Magdalena, Pitalito se ha convertido en uno de los municipios de mayor crecimiento poblacional en la región, consolidándose en el grupo de las seis ciudades del Macizo Colombiano con más de 100.000 habitantes. Este desarrollo ha tenido un impacto en la generación de residuos sólidos, cuyo manejo y disposición está causando una problemática, pues estos suelen parar en quebradas y en los ríos Guachicos y Guarapas, hasta desembocar en el río Magdalena. Pitalito hace parte del Cinturón Andino, zona declarada por la Unesco como Reserva de la Biósfera en 1979. De allí la importancia de este proyecto, que busca cuidar el medio ambiente de la región y generar conciencia sobre la protección del río Magdalena. Cortesía de Mintransporte.  

Dando continuidad a las mesas técnicas de trabajo en las que se afronta un diálogo directo con agremiaciones, comunidades y autoridades regionales para encontrar soluciones a las diferentes problemáticas que se registran en el territorio nacional, el Ministerio de Transporte participa hoy en cuatro actividades sobre diferentes temas de interés. En primer lugar los Ministerios de Trabajo y Transporte se reúnen en horas de la mañana para trabajar en torno a las garantías para los transportadores. De otro lado en el departamento del Quindío también en la mañana el Director de Transporte y Tránsito del Ministerio de Transporte, Fabio Restrepo,  participará de una jornada de diálogo social  con los representantes de las comunidades que mantienen bloqueada la vía hacia la línea en el sector Versalles en jurisdicción del municipio de Calarcá.   Así mismo en la mañana se realizará una socialización, junto a Bancóldex, de la línea de crédito ‘Transporte Responde’, con la que se busca mitigar el impacto económico negativo que ha tenido la pandemia por COVID-19 en las finanzas de los transportadores y al cual pueden acceder micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. Esta socialización hace parte del compromiso adquirido en una mesa técnica con el gremio de los volqueteros. En la tarde y en aras de fortalecer el diálogo directo con los transportadores en las regiones, la Ministra Ángela María Orozco, estará en el Departamento del Meta en compañía de Gobernadores y Alcaldes de la Orinoquia, el Presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura Manuel Felipe Gutiérrez, la Defensoría del Pueblo, la Policía de Carreteras y la Secretaría de Derechos humanos del Meta. El Ministerio reitera que respeta la manifestación pacífica, e insiste en que las vías deben estar habilitadas por condiciones humanitarias para mantener los corredores de abastecimiento de alimentos, oxigeno, medicamentos y productos de primera necesidad para los colombianos. Cortesía del Ministerio de Transporte.   

Como parte del compromiso del Gobierno Nacional para recuperar la economía, promover el turismo y fortalecer el desarrollo de diversas regiones del país, en lo corrido del año, el Ministerio de Transporte, a través de la Aeronáutica Civil, se encuentra adelantando diversas obras de infraestructura, todas ellas necesarias para mantener la prestación de los servicios a los usuarios e indispensables para mantener o mejorar la categoría de diferentes terminales aéreas. “Para el Gobierno Nacional es prioritario mantener la infraestructura aeroportuaria en óptimas condiciones, ya que de ello depende, por una parte, la seguridad de todos los usuarios del transporte aéreo, y por otra, la conectividad de todas las regiones del país. En las actuales circunstancias de pandemia resulta primordial que el sistema aeroportuario sea motor de desarrollo, reactivación económica y generador de empleo para los habitantes de las diferentes regiones del territorio nacional e impulsor de renglones fundamentales como el turismo y el comercio, por eso el Ministerio de Transporte, a través de la Aeronáutica Civil ha destinado importantes recursos, que superan los $239.800 para aportar de esta forma al crecimiento y fortalecimiento económico”, afirmó Angela María Orozco, Ministra de Transporte. En total son 10 aeropuertos en los que se adelantan diversos proyectos: Con una inversión superior a los $20.700 millones, en el Aeropuerto Santiago Pérez Quiroz de Arauca se adelantan trabajos de rehabilitación de la pista de aterrizaje y calle de rodaje, ampliación de la plataforma para brindar mayor capacidad en la prestación del servicio, adecuación de la franja de seguridad y mantenimiento de lado aire y el lado tierra. En el Aeropuerto Gustavo Vargas, de Cravo Norte, Arauca, se adelanta la ampliación y rehabilitación de la pista, calle de rodaje, y plataforma, adecuación de la franja de seguridad, mejoramiento de cerramiento y mantenimiento lado aire; la inversión en este proyecto es mayor a los $20.800 millones. Para el Aeropuerto Internacional El Dorado, se adelantan tres proyectos, el primero de ellos orientado a la realización de estudios y diseños para la extensión de la pista 13/31R (derecha), para la adecuación de la franja de seguridad y la construcción de la calle de salida rápida de la pista 13/31. Con este proyecto, que asciende a más de $2.200 millones, se busca mejorar a capacidad operacional del terminal aéreo. El segundo proyecto se desarrolla para la terminación de calle de rodaje Lima, la construcción del Box Culvert (deprimido para aguas negras) y obras complementarias, con una inversión superior a los $66.700 millones. El tercer proyecto para el aeropuerto de la capital colombiana está dirigido a realizar trabajos de mantenimiento del Centro de Gestión Aeronáutica, que es el corazón de los servicios de navegación aérea del país, así como de las instalaciones del Servicio Aéreo de Rescate y la torre de control, por un valor que supera los $3.900 millones. Para el Aeropuerto Vanguardia de la ciudad de Villavicencio se destinaron más de $30.100 millones para la realización del proyecto de estudios y diseños de la nueva torre de control que hace parte de la modernización de este terminal aéreo, así como un segundo proyecto que se adelanta por valor superior a los $7.600 millones para la construcción de las nuevas instalaciones del Servicio de Extinción de Incendios. De otra parte, en el Aeropuerto La Florida de Tumaco se adelantan los estudios y diseños de la vía de acceso al terminal aéreo con un costo cercano a los $17.500 millones, con el que se busca mejorar las condiciones de ingreso y salida de los usuarios del transporte aéreo en esta región del país. Y con el mismo objetivo, para el Aeropuerto Gerardo Tovar López de Buenaventura se desarrolla el proyecto de estudios y diseños, así como la rehabilitación de la vía de acceso al aeropuerto por un valor que supera los $2.800 millones. Con el fin de mantener la capacidad operacional del Aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de San Andrés Isla y con una inversión de más de $13.000 millones, se adelanta la rehabilitación de la plataforma del terminal y el mantenimiento lado aire y lado tierra. Otro de los terminales aéreos en los que la Aeronáutica Civil está invirtiendo es el Aeropuerto Reyes Murillo de Nuquí donde se adelanta el proyecto de ampliación de la pista de aterrizaje, la adecuación de la franja de seguridad y el mantenimiento del lado aire y el lado tierra con un costo cercano a los $52.900 millones, lo que le permitirá a este terminal mejorar su capacidad operacional. Por último, en el Aeropuerto José Celestino Mutis de Mariquita se adelanta un proyecto que entregará los estudios y diseños para la rehabilitación de la pista y la construcción de la infraestructura del lado aire, que con un valor superior a los $656 millones busca mejorar la capacidad operacional de este terminal aéreo. De igual forma, en el Aeropuerto Santiago Vila de Flandes se realizan los estudios y diseños para la rehabilitación y construcción de la infraestructura del lado aire, el costo de este proyecto es de más de $643 millones. Cortesía de Mintransporte.