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2020, el año en que nos volvimos más fuertes

“En los años que llevo en el Congreso hemos logrado aprobar, junto con el apoyo de mi equipo de trabajo, catorce leyes en total. Ocho de ellas contra los abusos bancarios” El 2020 será un año que nunca olvidaremos. Nos tocó vivir una pandemia de la cual aún no salimos, muchos perdieron a sus seres queridos y otros continúan luchando para ganarle la batalla al covid-19. No obstante, en momentos de dificultad, los colombianos demostramos nuestra fortaleza y quienes nos desempeñamos en la vida pública tenemos una responsabilidad aún mayor. Por ello, este año nos empeñamos en sacar adelante varias iniciativas que serán importantísimas para la reactivación económica de nuestro país. En los años que llevo en el Congreso hemos logrado aprobar, junto con el apoyo de mi equipo de trabajo, catorce leyes en total. Ocho de ellas contra los abusos bancarios. En esta ocasión, me referiré puntualmente a las leyes y proyectos que lideramos en el 2020 que finalizó. Borrón y cuenta nueva en las centrales de riesgo. Una de las leyes de mayor relevancia para los ciudadanos a la que le hemos venido haciendo un seguimiento exhaustivo. Esta iniciativa se aprobó en el Congreso en junio y por ser una ley estatutaria pasó a revisión de la Corte Constitucional. Sin embargo, en el transcurso de los meses se presentaron algunas demoras en el envío de documentos por parte del Ministerio del Interior y de las secretarías de Senado y Cámara. Afortunadamente, ya todo esto fue subsanado y la documentación fue enviada en su totalidad a la Corte, órgano que ahora deberá presentar ponencia, hacer la votación y señalar si le da el visto bueno a la ley. Una vez esto suceda, pasa a sanción presidencial y entra en vigencia. Esperamos que en el 2021 entre siete y ocho millones de colombianos puedan recuperar su vida crediticia. Los pilares fundamentales de esta norma son: Amnistía por única vez para quienes extingan o renegocien su deuda en los 12 primeros meses de vigencia o a quienes ya hayan pagado con anterioridad. Saldrán de las centrales de riesgo en máximo 6 meses. Las personas que tengan deudas inferiores al 15% del salario mínimo recibirán dos comunicaciones antes de ser reportadas negativamente. La consulta de información crediticia siempre será gratuita en todos los canales y no disminuirá la calificación. Se prohíbe la consulta a las centrales de riesgo para otorgar un empleo. Paquete de servicios bancarios gratuitos. Ley 2009 de 2019. Esta ley ya está vigente y fue sancionada por el Presidente Iván Duque a inicios del 2020. Gracias a esta iniciativa, todas las entidades financieras tienen que entregar mensualmente y de manera ilimitada a sus usuarios una canasta de mínimo tres servicios, sin costo adicional, incluidos en la cuota de manejo. Para cuentas de ahorro: talonario, consignación nacional, retiro por ventanilla, extracto en papel o internet, certificación, cheque de gerencia o transferencias por internet. Para tarjetas débito: retiros en red propia, consultas en red propia, certificación bancaria, consignación nacional o extracto en papel o Internet. Para tarjetas de crédito: Avance en cajero de red propia, avance en oficina, consulta de saldo en red propia o reposición del plástico por deterioro. Pago anticipado de créditos sin multas en cooperativas y establecimientos comercio. Ley 2032 de 2020. Con esta norma todos los usuarios de las entidades del sector cooperativo, vigiladas por la Superintendencia de Economía Solidaria y establecimientos de comercio que ofrezcan financiación directa podrán prepagar sus créditos en cualquier momento, total o parcialmente, sin ser sancionados. Con la entrada en vigencia de esta ley, en julio de este año, se benefician más de 6 millones de consumidores.Todo establecimiento de comercio que ofrezca servicios de financiación directa para la adquisición de bienes o prestación de servicios deberá permitir el pago anticipado, en cualquier momento, sin incurrir en ningún tipo de penalización. Esta norma es complemento de otra ley de nuestra autoría: la de pago anticipado de créditos bancarios sin sanción (Ley 1555 de 2012). Reducción de las tasas de interés en las tarjetas de crédito. Este es un proyecto que presentamos en el 2020 y que seguiremos impulsando en el 2021, el cual busca acabar con los altísimos intereses que nos cobran en esta modalidad de crédito. Hoy en día, los bancos y entidades que emiten tarjetas de crédito les cobran a sus usuarios las tasas de interés pegadas al límite de la usura, es decir, al tope máximo certificado por la Superintendencia Financiera. Con la aprobación de este proyecto, las entidades bancarias tendrían que hacer un análisis minucioso del perfil de riesgo; tener en cuenta plazos y montos a la hora de establecer la tasa de interés. Ya no podrán cobrar la totalidad de los intereses sino sólo los días en mora cuandoun usuario se atrase en el pago de su crédito. Subsidio a la nómina y prima de diciembre – PAEF. Este fue uno de los proyectos que, como ponentes, ayudamos a liderar en el Congreso y era una prioridad para el gobierno Duque en plena contingencia por la pandemia. Con este programa se salvaron millones de empleos en medio de una crisis económica histórica. En concreto, con esta ley se benefician más de tres millones y medio de trabajadores. Subsidio del 40% del salario mínimo ($351.121) para cada trabajador hombre de micro, pequeñas, medianas empresas que hayan disminuido sus ingresos en más del 20%. Subsidio del 50% ($438.902) para cada trabajadora mujer, quienes han sido las más afectadas por el desempleo. MinHacienda destinará $381.000 millones a este propósito. Subsidio del 50% ($438.902) para empleados de sectores hotelería, turismo, gastronomía, arte y entretenimiento, los más golpeados en pandemia. Subsidio del 50% ($220.000) de la prima de diciembre para trabajadores que ganen hasta $1 millón. Cuando una empresa o empleador se postule para recibir el aporte estatal, debe certificar que al menos el 50% de los trabajadores postulados hayan estado laborando en el mes de febrero del 2020. Adiós Electricaribe! Este año, luego de una década luchando, denunciando los atropellos junto

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El hambre acosa y acusa

Actualidad, Opinión / revistacg

“En promedio, tres de cada diez hogares de las capitales de departamento en Colombia no pueden comer tres veces al día (¡!). Esto es una barbaridad. A consecuencia de la pandemia se cuentan por millares el número de colombianos que están soportando física hambre”. Una de las peores y más acuciantes consecuencias de la actual crisis es el creciente número de colombianos que se está viendo ante la imposibilidad de acceder a la ingesta diaria para alimentarse.Según el más reciente estudio del DANE,en Colombia solo siete de cada 10 familias tuvieron acceso a tres comidas al día durante los últimos siete días. El hambre acosa a los más desvalidos y acusa la inveterada indolencia de las autoridades competentes. Según el mismo estudio, en promedio, tres de cada diez hogares de las capitales de departamento en Colombia no pueden comer tres veces al día (¡!). Esto es una barbaridad. A consecuencia de la pandemia se cuentan por millares el número de colombianos que están soportando física hambre. Los hogares donde solo se consume una comida al día pasaron de 55.915 a 287.473. Además, 3,2 millones de familias solo están comiendo dos veces al día. Al igual que ocurre con la pobreza, se presentan ostensibles diferencias entre unas regiones y otras, así como entre unas ciudades capitales y otras, amén de las que existen entre las ciudades capitales y su periferia, especialmente en las zonas rurales, en torno al acceso a los alimentos esenciales para sobrellevar una vida digna. Así, mientras en Bogotá el el porcentaje de familias que tenían para las tres comidas diarias pasaron del 85% antes de la pandemia al 72%, a nivel nacional 24,8% consume dos comidas y 2,6% solo se alimenta una vez al día (¡!). Cabe mencionar que, según el DANE, las seis ciudades en donde menor cantidad de hogares pueden acceder a tres comidas al día están ubicadas en la Costa Atlántica, entre ellas Cartagena (35%), Barranquilla (46,3%), Sincelejo (48,8%) y Santa Marta (50,7%). Antes de la cuarentena en todas estas ciudades el promedio estaba por encima del 75%, incluso en Santa Marta el nivel llegaba a 93%. Ello es algo funesto y sus secuelas serán espantosas en el mediano y largo plazo para un amplio conglomerado humano de este país que pervive este drama. Sobre todo, tratándose de la niñez el daño puede llegar a ser irreversible. ¡Esto es el colmo! El caso de Cartagena, la Heroica, declarada por la Unesco Patrimonio histórico y cultural de la humanidad, la del corralito de piedra, la joya de la corona del turismo en Colombia, es patético. Es, como quedó dicho, la que exhibe los peores registros. Claro está que antes de la pandemia, según la encuesta Pulso Social del DANE, publicada por la agencia Bloomberg, en promedio, el 81.6% de sus habitantes podía comer tres veces al día, un registro que lejos de ser satisfactorio mueve a la preocupación, tanto más en cuanto que no refleja la dura realidad de barrios como El pozón o Arroz barato, en donde, como en la fábula de La zorra y las uvas, éstas, aunque maduras están muy altas para alcanzarlas.

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No es el proyecto de ley de los piropos, Es el proyecto de ley de acoso callejero – Katherine Miranda

Actualidad, Bogotá D.C., Cámara: Cámara de Representantes, Columnistas, Congreso de la República, Opinión / revistacg

“De ser aprobado el proyecto, en adelante se sancionará con pena de prisión a quien realice tocamientos indebidos, exhibicionismo de contenido sexual explícito o a quien asedie verbal o físicamente con intenciones sexuales en espacios públicos o semipúblicos” Desde siempre he sentido miedo de caminar por un andén donde haya un grupo de hombres. Siento nervios, siento como un vacío en el estómago, me aferro a mi bolso como el último refugio; pienso cómo evitarlo, planeo no reaccionar porque puede ser peor, simplemente pasar y ya. Las palabras son tan peligrosas y tan violentas, a veces, que arrinconan y dañan para siempre. Son palabras que jamás se las lleva el viento. Y, ¡qué decir! Del terror que produce cuando se acercan, te tocan, se exhiben. Las mujeres, sobre todo, somos muy vulnerables en la calle, en un bus, en el parque, en un bar. La Universidad de Cornell, una de las más importantes en el mundo, realizó una encuesta sobre el tema, mostrando que el 84% de las mujeres han experimentado acoso callejero antes de los 17 años, el 82% toman otra ruta diferente después de sufrir este acoso, el 71% reportan que las han seguido y la mayoría de las mujeres transexuales han sido acosadas por su identidad de género. En nuestro ámbito, por ejemplo, si hoy una usuaria de TransMilenio tiene que soportar que un hombre restriegue sus genitales contra su hombro y decide denunciarlo, se va a encontrar con un gran vacío legal. Por esto, pensando en situaciones tan cotidianas y agresivas, he radicado un proyecto de ley junto con la mayoría de las congresistas para tipificar conductas de acoso sexual en el espacio público. Con la tipificación del delito de acoso sexual en espacio público pretendemos llenar el vacío jurídico o la confusión que se genera con la comisión de estos actos debido a los delgados límites jurídicos entre los delitos de acto sexual abusivo, acto sexual violento, acoso sexual, hostigamientos e injuria de hecho. Por ejemplo, cuando en el espacio público, alguien le toca la nalga a una niña menor de 14 años se podría imputar el delito de acto sexual abusivo, pero si la víctima es mayor de 14 años estaríamos frente a la impresentable situación de escoger entre un acto sexual violento o injuria de hecho: un mismo hecho con tres opciones jurídicas de imputación distintas, eso sin contar el delito de acoso sexual, que ocurre cuando hay una relación de subordinación entre victimario y víctima. Estoy convencida que esta situación puede conllevar a errores en la imputación del delito por parte del ente investigador, lo que llevaría a la revictimización del afectado, nulidades en el proceso, y en el peor de los casos, impunidad. En Bogotá, a diario, sabemos de roces de partes íntimas, exhibicionismo y masturbación en TransMilenio; lo que ha suscitado algunos proyectos de acuerdo en el Concejo Distrital como buses rosados solo para mujeres o botones de pánico para alertar cuando una situación de esas se presenta. Sin embargo, las historias continúan y el control ha sido precario, una de las causas es que no existe tipificado el delito de acoso sexual en trasporte público. En Colombia, según las encuestas, las mujeres no se sienten seguras en las ciudades, ni en sus espacios públicos. La tendencia mundial nos muestra que una vez tipificado el delito las víctimas tienen herramientas jurídicas para buscar justicia. La ausencia de denuncia y de impunidad es tan alta que necesitamos un cambio cultural para eliminar el acoso sexual de las calles, se ha podido observar que muchas mujeres en el mundo han sufrido y padecido esta conducta, por eso es importante dar el paso que ya han dado otros países de tipificar un delito autónomo con un ingrediente pedagógico y que, estos actos y conductas, sean erradicados. Adicionalmente, ONU–Mujeres ha planteado la iniciativa Ciudades Seguras para implementar estrategias eficaces para abordar el acoso sexual y otras formas de violencia sexual que ocurren contra mujeres y niñas en los espacios públicos. Una de las fallas para que las ciudades colombianas cumplan con lo establecido en la estrategia de ONU-Mujeres, es que no tienen el soporte jurídico nacional a diferencia de otros países como Perú, Chile, Costa Rica, Panamá y casi todas las naciones europeas, que han aprobado la tipificación del delito de acoso sexual en el espacio público, ayudando a los cambios necesarios de esta cultura machista tan arraigada. De ser aprobado el proyecto, en adelante se sancionará con pena de prisión a quien realice tocamientos indebidos, exhibicionismo de contenido sexual explícito o a quien asedie verbal o físicamente con intenciones sexuales en espacios públicos o semipúblicos. No es posible que en Colombia las mujeres tengan que someterse, cotidianamente, al acoso sexual. Ya es tiempo de castigar el acoso callejero. Merecemos ciudades, espacios y entornos seguros. Katherine Miranda Peña Twitter : @mirandabogota Facebook: @mirandabogota Instagram: @mirandabogota

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Punto de inflexión

Actualidad, Columnistas, Opinión / revistacg

“Es igualmente importante que las decisiones que impactan la salud pública se tomen de cara a la ciudadanía para que la misma pueda ejercer una veeduría responsable” En este orden de ideas, es igualmente importante que las decisiones que impactan la salud pública se tomen de cara a la ciudadanía para que la misma pueda ejercer una veeduría responsable. Estamos ad portas de una negociación que podría definir la próxima década del país. Negociación de la que la opinión pública se percató luego del anuncio del Ministerio de salud sobre un par de acuerdos de confidencialidad con gigantescas farmacéuticas. La proactividad del Ministro Ruiz es esperanzadora, pero no se pueden obviar las recurrentes prácticas corporatocráticas que orientan las políticas públicas en Colombia, por eso aprovecho para pedir públicamente la inclusión del defensor del Pueblo, sociedades científicas, delegados de organizaciones de trabajadores de la salud, universidades y delegado/as del Congreso de la República como garantes de la negociación y de los derechos de la ciudadanía. El repunte de los contagios que hemos vivido en los días recientes ha dejado un nuevo llamado de atención a la ciudadanía, a los funcionarios públicos y nuestra responsabilidad frente al futuro de todas las colombianas y colombianos. No obstante, el alarmante escenario no nos da licencia para que el fin justifique los medios. Cualquier determinación, estrategia o medida que se tome en función de la pandemia debe responder a la garantía de los derechos y el respeto por las libertades ciudadanas. Por tal razón, es problemático que se intente atender condiciones que son fruto del debilitamiento histórico del sistema de seguridad social en salud y de la falta de promoción de hábitos saludables junto con estrategias de prevención de enfermedades, con medidas coercitivas. El contrato social que ya sostenemos obliga al Estado a garantizar esa seguridad de la que hoy se responsabiliza a los pacientes de enfermedades crónicas no transmisibles. Y es aún más lamentable que este escenario sea habitual en lo que a los deberes del Estado se refiere. No me cansaré de insistir en el fortalecimiento de nuestro sistema de salud basados en la promoción y la prevención, que nos permitirá tolerar los embates de la pandemia y vislumbrar más pronto que tarde el punto de inflexión en la curva de contagios. Sin mencionar que a mediano y largo plazo podrá alivianar los altos costos de la prestación del servicio en el país. En este orden de ideas, es igualmente importante que las decisiones que impactan la salud pública se tomen de cara a la ciudadanía para que la misma pueda ejercer una veeduría responsable. Estamos ad portas de una negociación que podría definir la próxima década del país. Negociación de la que la opinión pública se percató luego del anuncio del Ministerio de salud sobre un par de acuerdos de confidencialidad con gigantescas farmacéuticas. La proactividad del Ministro Ruiz es esperanzadora, pero no se pueden obviar las recurrentes prácticas corporatocráticas que orientan las políticas públicas en Colombia, por eso aprovecho para pedir públicamente la inclusión del defensor del Pueblo, sociedades científicas, delegados de organizaciones de trabajadores de la salud, universidades y delegado/as del Congreso de la República como garantes de la negociación y de los derechos de la ciudadanía. Si en esta negociación hay recursos públicos, y los hay, deben respetarse los principios de publicidad y de transparencia. Este proceso determinante no puede convertirse en una nueva excusa para desplegar un paquete de medidas regresivas que castigan a la clase media. Pese a que por estos días el panorama no es alentador, el compromiso ciudadano y la acción responsable de los funcionarios públicos pronto darán sus frutos. Pronto llegaremos al punto de inflexión y las decisiones que allí tomemos podrán facilitar la transición hacia la pospandemia. Por ahora mantengamos los cuidados y antepongamos el bien común. El tiempo nos recompensará.

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Matrícula cero y el camino hacia un nuevo modelo de educación

Actualidad, Colombia, Columnistas, Educación, Opinión / revistacg

“Es claro que Matrícula Cero no resuelve de fondo la crisis de la educación superior, pero si puede convertirse en un cambio de rumbo estructural para el modelo de educación que por décadas se ha intentado implementar en Colombia” El Presidente Iván Duque, desde su campaña se comprometió con el aumento de cobertura en la educación superior, luego, en su primer año de gobierno, anunció la inversión más alta en educación en la historia del país, sin embargo, su política es más de lo mismo, financiar la demanda, ya sea a través de subsidios o préstamos, en cambio de financiar la oferta inyectando recursos a las universidades públicas del país. Primero lo hizo a través del programa Ser Pilo Paga, pero gracias a las reiteradas denuncias y la evidencia contundente sobre la manera como este programa estaba permitiendo que las universidades privadas se beneficiaran por encima de las públicas, el programa tuvo que ser modificado. Así surge Generación E, como un intento de mejora, sin embargo, el enfoque de esta política no ha cambiado en esencia, el Estado escapando de su responsabilidad de garantizar la educación como derecho fundamental. Año y medio después del lanzamiento de Generación E, los resultados son precarios, mientras tanto el Ministerio de Educación prefiere guardar silencio para no reconocer el fracaso. Ante este descalabro de políticas y programas frente a la educación, el Gobierno de Iván Duque ha tenido que adoptar la única medida que le puede permitir tener algo que mostrar, Matrícula Cero, propuesta del movimiento estudiantil que busca que se apropien y destinen recursos con el fin de cubrir los costos de matrícula de los estudiantes de las Instituciones de Educación Superior del país IES, esto como parte de las ayudas del Gobierno en medio de la emergencia sanitaria que se vive por la pandemia. Esta medida, que con creatividad y valentía han sacado adelante los y las estudiantes del país, puede y debería convertirse en el programa estrella del Presidente, tiene la oportunidad el primer mandatario de la nación, de cambiar el enfoque de los ya fracasados programas que solo endeudan a las familias colombianas, y dar un salto definitivo a un nuevo modelo para la educación en el país. El día 11 de agosto, durante su programa ‘Prevención y Acción’ el presidente junto a la ministra de Educación, María Victoria Angulo, anunciaron que los jóvenes de estratos 1 y 2 que estudian en las universidades públicas del país recibirán, en su gran mayoría, el 100 % de financiación de la matrícula. Según el anunció se harán aportes cercanos a un billón de pesos para la Educación, a los cuales se agregan 74 mil millones del Fondo de Solidaridad Educativa y en adición otros aportes con gobiernos locales para lograr la mayor contribución a la matrícula. Esperamos que no sean solo anuncios, que se garantice la cobertura del 100% de los estudiantes y cobije al conjunto de universidades públicas del país. Es claro que Matrícula Cero no resuelve de fondo la crisis de la educación superior, pero si puede convertirse en un cambio de rumbo estructural para el modelo de educación que por décadas se ha intentado implementar en Colombia, además, en lo inmediato representa un alivio para miles de familias que esperan que sus hijos e hijas puedan continuar sus estudios, en medio de las difíciles circunstancias que vivimos debido a la emergencia sanitaria. A la universidad pública colombiana le hacen falta recursos para cubrir el déficit histórico que ha tenido que cubrir, muchas veces con recursos propios, ahora tenemos la oportunidad de dar un paso en el sentido correcto, así que Matrícula Cero puede ser el experimento para transitar hacia una educación pública, gratuita y universal que SÍ es posible en Colombia.

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¿Deberían las EPS usar su Reserva Técnica para atender esta pandemia?

Columnistas, Opinión / revistacg

Consideraciones y reflexiones Luis Enrique González Durán Asesor actuarial-EPS “No puedes guiar el viento, puedes cambiar la dirección de las velas”. Proverbio Chino. No cabe duda de que lo que se esta viviendo en el mundo y particularmente en Colombia relacionado con el COVID-19 deja a las claras que es una situación difícil de afrontar por su gravedad. Es una de esas emergencias que se soluciona principalmente con dinero, logística, conocimiento médico, centros de atención y equipamiento especializado, además de tecnología en medicamentos, todo esto unido con una cuarentena estricta. Esto pues ha sido milimétricamente estructurado por el sistema de salud de Colombia en cabeza del ministerio y en asocio con las EPS, alma y motor de la misma. Entidades, que, en unión con las IPS, estarán dedicadas a salvaguardar la salud de los colombianos a lo largo y ancho del territorio. No cabe duda que las EPS serán las garantes de que aquel colombiano que ha resultado afectado por COVID-19 tenga garantizada su atención en todos los niveles, desde el inicio hasta el final de su recuperación. Para hacer que este precepto se cumpla, el Ministerio de Salud dio luz verde a las EPS para que hagan uso de sus Reservas Técnicas con el fin de poner al día las cuentas de las IPS que se tengan atrasadas. Cabe anotar que en este valor por pagar (1.7 billones de pesos), se encuentran las glosas pendientes de conciliar y los reembolsos de atenciones no red, entre otros. Todos estos dineros adeudados, como ya lo anuncio el Dr. Ruiz el 23 de abril del presente año, deberán ser cancelados para dar flujo de caja y margen de maniobra a las IPS durante la emergencia, que entre otras cosas por ahora no tiene fecha final establecida, tan solo se dan algunas estimadas. ¿Cuál es la propuesta ministerial? De acuerdo con lo escrito anteriormente, lo que pretende el ministerio es que las EPS echen mano de sus reservas para darle solvencia al sistema y que las IPS cumplan a cabalidad su labor. ¿Pero cuál es ese reservorio económico que tienen los aseguradores para solventar esta crisis? A continuación, se revisarán algunos aspectos técnicos de la propuesta. De acuerdo con lo determinado en el artículo No 7 del decreto 2702 del año 2014, toda EAPB, las cajas de compensación que operen los regímenes contributivo y subsidiado, deberán mensualmente mantener actualizadas las siguientes reservas: la Reserva de Obligaciones Pendientes conformadas por las obligaciones pendientes y conocidas, No Liquidadas (evento), Liquidadas pendientes de pago y las Obligaciones pendientes aún no conocidas. Lo antes descrito, corresponde a las fuentes de las cuales se podría echar mano en la presente emergencia por parte de las EPS. Ahora la pregunta es, ¿cuáles de estas reservas se pueden ejecutar financieramente, para dar esa liquidez esperada? De acuerdo con la idea del sr ministro, veremos cuáles son las que en ultimas generan esa liquidez esperada. Sin duda, las reservas de obligaciones pendientes y conocidas son la clave. Estas reservas se crean de manera específica para atender el evento, se crean a partir de que la entidad conozca el siniestro por cualquier medio, es decir, cada vez que el afiliado hace uso de un servicio de la EPS, genera y activa esta reserva. Se libera en el momento en que la aseguradora conoce el valor de la prestación del servicio mediante la factura o cuenta de cobro de esta. Hay que tener en cuenta que, será inmediato el pago siempre que no exista glosa sobre algún servicio prestado que no esté contratado o algún elemento que no este claro en la factura. ¿Cuál es el soporte de las EPS financieramente? La respuesta es fácil, aquellas EPS que han sido serias y han hecho manejos financieros claros y responsables, tienen inversiones en CDTs (renta fija), en acciones (renta variable), inversiones en activos fijos y en títulos del tesoro nacional (TES). Teniendo en cuenta que el dinero esta invertido y que muy probablemente monetizar estos títulos, o vender estos activos fijos demorara un tiempo no conocido, es el momento en el que las aseguradoras deben explorar alternativas de liberación de efectivo en el corto plazo. Para terminar este análisis, es necesario reflexionar sobre la conveniencia de la medida tomada por el gobierno respecto a la liberación de las reservas técnicas, que en últimas se hicieron para este tipo de situaciones, es decir, hasta ahí se cumple con el objetivo de la creación de las mismas. Sin embargo, es necesario debatir si esta medida pone en riesgo el futuro financiero del sistema. Se hace necesario crear un escenario actuarial en el que usando los modelos financieros se puedan determinar las afectaciones financieras para las EPS. Adicionalmente, ¿Cómo podrán las EPS asumir el costo de las pruebas Covid-19 que se tendrán que realizar paulatinamente a sus afiliados y cómo será repartido dicho costo entre las EPS y el Estado?

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INSISTIREMOS EN NUESTRAS INICIATIVAS AMBIENTALES

Columnistas, Opinión / revistacg

Con la culminación de las sesiones ordinarias de la legislatura 2020 -I muchos de los proyectos de ley y de acto legislativo que se encontraban en trámite fueron archivados por el vencimiento de los términos que la Constitución y la ley establecen. Dentro de estos proyectos se encuentran las iniciativas en materia ambiental que radicamos en Opinió n el Congreso desde el 2018 por considerarlos temas de importancia nacional. Sin embargo, seguiremos proponiendo, ya sea insistiendo con nuestras iniciativas mejoradas o presentando nuevos proyectos, tal como lo hemos hecho en el pasado. Nuestros proyectos buscan dar soluciones a problemáticas ambientales relacionadas contres líneas principales: Industrias extractivas, Gestión Ambiental y Participación Ambiental. Industrias extractivas. Fue propuesta para garantizar la participación efectiva de las comunidades, el planteamiento, ejecución y cierre de proyectos extractivos, además del estricto cumplimiento de normas ambientales, y la solución de conflictos de competencia entre autoridades del orden nacional con las del orden territorial. En ella encontramos los proyectos de Mecanismos de Participación y Concertación Minera (PL 052/19S), Cierres Mineros (PL 53/18C), Guías Minero-Ambientales (PL 49/19S), Licencia Ambiental Exploratoria (PL 038/18S) y Pasivos Ambientales (PL 56/18C). Gestión ambiental. Busca mejorar la forma en que se gestionan los recursos naturales y los residuos propios de las actividades productivas, además de fortalecer la institucionalidad del sector para mejorar la gobernanza ambiental. En esta línea encontramos los proyectos de Prohibición de Plásticos de un solo uso (PL 080/19S), Sostenibilidad en Costas (PL 073 2019C), Control de emisiones de Gasolina (PL 051/19S) y Humedales Ramsar (PL 54/18C). Participación ambiental. Busca crear espacios de participación permanentes en materia ambiental a nivel regional, para lo cual propusimos el Proyecto que crea los Consejos Ambientales Municipales (PL 072/19C). Esta es una forma de clasificar los proyectos, pero en la práctica estos factores se interrelacionan debido a que las problemáticas y conflictos socio ambientales requieren un abordaje complejo. “Teniendo en cuenta la crisis que ha causado la pandemia, las sesiones no sólo se retrasaron en iniciar este año, sino que el debate sobre la constitucionalidad de las sesiones virtuales y la complejidad de la adaptación mediante herramientas virtuales, especialmente en lo relacionado al registro y votación, ha hecho que el Congreso no haya debatido y votado iniciativas con normalidad”. Teniendo en cuenta la crisis que ha causado la pandemia, las sesiones no sólo se retrasaron en iniciar este año, sino que el debate sobre la constitucionalidad de las sesiones virtuales y la complejidad de la adaptación mediante herramientas virtuales, especialmente en lo relacionado al registro y votación, ha hecho que el Congreso no haya debatido y votado iniciativas con normalidad. Esta parálisis legislativa claramente incluye nuestros proyectos. Nosotros teníamos en trámite 10 proyectos de ley en materia ambiental, sobre temas que consideramos necesaria la intervención del legislativo para garantizar derechos como el ambiente sano y la participación ante la realización de actividades que pueden amenazarlos. A pesar de la importancia de estos proyectos, considerando que algunos buscan cumplir exhortaciones al Congreso hechas por la Corte Constitucional, y teniendo en cuenta la incertidumbre que tuvo el Congreso sobre la continuidad del trámite legislativo, nuestros proyectos fueron archivados por vencimiento de términos. Es decir, que por no haberse discutido en los tiempos establecidos por el Reglamento del Congreso (Ley 5 de 1992) y la Constitución, lastimosamente no podrán continuar su trámite en el Congreso. Creemos que las amenazas del Cambio Climático además de los retos que impone superar la pandemia, imponen la necesidad de seguir proponiendo al país diversas iniciativas ambientales. Por lo cual, en la legislatura que comenzó el 20 de julio, insistiremos con varias de estas iniciativas y continuaremos proponiendo al Congreso proyectos que respondan al sin número de problemáticas ambientales que aquejan a Colombia. De hecho gran parte de estos proyectos han sido fruto de un proceso de enriquecimiento legislativo logrado tras varios procesos de proponer, escuchar comentarios de diferentes actores y sectores, recibir la negativa del Congreso e insistir con nuestros proyectos mucho más completos. Todo esto, siempre partiendo del rigor técnico y científico proveniente de las investigaciones de la academia, pero también de escuchar las voces de las comunidades, organizaciones y entidades que conocen de primera mano estas realidades.

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DETRÁS DEL PIZARRÓN

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“Las cifras son aterradoras, y aunque en esta ocasión hablaré solo de los casos que se conocen de manera oficial, la realidad es que son cientos de estudiantes los que a diario sufren acoso y abuso sexual por parte de sus profesores” “Institucionalmente la persona tiene que haber sido vencida en juicio” Con esta vehemente declaración ante los medios, respondió la rectora de un prestigioso colegio, cuando le preguntaron sobre la denuncia que, por acoso sexual, recaía sobre diez docentes de su colegio. Estas infortunadas palabras, que buscan justificar a presuntos predadores sexuales, dibujan el silencio cómplice de quienes tienen la obligación de proteger a los estudiantes, ante una realidad dolorosa y aberrante, como es el abuso y acoso sexual de que han sido víctima miles de niños en colegios y escuelas, actos cometidos por parte de sus propios docentes. Esos a los que en la casa nos enseñaban a llamar, “nuestros segundos padres”. Las cifras son aterradoras, y aunque en esta ocasión hablaré solo de los casos que se conocen de manera oficial, la realidad es que son cientos de estudiantes los que a diario sufren acoso y abuso sexual por parte de sus profesores, como en el caso reciente de dos docentes en el Cauca, destituidos e inhabilitados por 15 años tras abusar de niñas de menos de 14 años. El tema no es nuevo. Solo en el 2016, se registraron 326 casos de abuso sexual perpetrados por profesores en contra de alumnos en el país. Para 2018, solo en colegios distritales de Bogotá 116 docentes estaban siendo investigados por acoso y abuso sexual, en tanto que al menos otros 130 estaban en la lupa de las autoridades. Ese mismo año, 21 profesores de Cali fueron investigados y retirados de sus cargos. 11 docentes y un administrativo investigados por acoso sexual en la Secretaría de Educación del Huila, y en el Meta, 22 casos están en etapa de investigación por parte de la Fiscalía, y cinco maestros ya fueron investigados y sentenciados por hechos ocurridos en Mapiripán, Acacías, Granada, Puerto López y La Macarena. Lo triste, es que en la mayoría de los casos, los docentes ni siquiera son retirados de su actividad, sino que son trasladados a otros municipios y departamentos donde siguen ejerciendo su actividad bajo la mirada impoluta de entes que como Fecode, entidad que agremia al grueso de los profesores en Colombia, parece estar ocupada en su afán por seguir convocando paros y marchas, apoyando a grupos políticos opositores al Gobierno, antes que velar por el bienestar de los niños, niñas y adolescentes víctimas de acoso y abuso sexual por parte de los docentes que agremia. Llama la atención el boletín número 13, emitido hace pocos días por esa agremiación, en la que condena la violación a una niña indígena y hablan de “la descomposición del Ejercito Nacional y la podredumbre de la justicia colombiana” Sin embargo, se ve la doble moral de los directivos de una organización que no se pronuncia ante tantos casos de docentes investigados por acoso y abuso sexual, aun cuando las víctimas son niños cuyas edades oscilan entre los 6 y 17 años de edad, y muchos casos quedan impunes porque las víctimas por ser precisamente niños tienen miedo a defenderse. Valoro profundamente el enorme trabajo educativo que adelanta el magisterio colombiano. También es de aclarar que no se trata de estigmatizar a todo el profesorado ante esta ignominia. Pero no es menos cierto que Fecode le debe una respuesta clara y precisa al país. Su silencio cómplice ante tantas aberraciones pone en grave peligro la integridad de miles de niños en Colombia. No puede ser que quienes tienen el deber implícito de velar por el estudiantado colombiano, no solo se dediquen a torpedear adrede los procesos educativos para conseguir mezquinos intereses, sino que sean los mismos que hoy guarden silencio ante la infamia, protegiendo a predadores sexuales que se esconden detrás de un pizarrón desde donde acechan a nuestros niños.

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LA MUJER Y EL DEPORTE, OTRA MUESTRA DE TRABAJO EN EQUIPO

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Sabemos que es un camino largo y que aún nos queda mucho trabajo por hacer. El Reto es grande, pero soy una persona que cree firmemente que con convicción se pueden alcanzar grandes metas para que la mujer colombiana siga imprimiendo su sello en la consolidación de nuestra ¡Colombia Tierra de Atletas! Es inevitable afirmar que el deporte y la mujer tienen cosas en común. Nombres como Mariana Pajón, Caterine Ibargüen y María Isabel Urrutia, entre otras, son sinónimo de grandeza, de esfuerzo, trabajo y dedicación. Es por ellas, y cientos de mujeres más, que trabajamos día a día desde el Ministerio del Deporte, y como mujer me siento orgullosa de hacer parte de esta cartera que ha dignificado no solo la labor de las atletas, sino también de madres comunitarias, entrenadoras, monitoras, gestoras y demás representantes del genero femenino que materializan día a día los valores que promueve el Sistema Nacional del Deporte. Precisamente esa fue una de las razones que me motivaron a enfrentar este nuevo reto como viceministra del Deporte. Desde mi llegada a la entidad he aportado al desarrollo de programas que promueven la igualdad en el deporte, la recreación y la actividad física, herramientas que considero útiles para transformar la sociedad en la que vivimos. Durante los años corridos de este gobierno he sido testigo de la labor que se viene adelantando desde entidades como la Vicepresidencia de la República, con la doctora Marta Lucía Ramírez a la cabeza, quien ha promovido la eliminación de todo tipo de barreras, independiente de la profesión, la religión o el estrato socioeconómico. Hoy me sumo a ella trabajando desde las áreas técnicas de Mindeporte, con iniciativas que fomentan la práctica de actividades físicas como el Pacto por la Transparencia y la Protección de los Niños y las Mujeres en el Deporte Colombiano. Esta labor ha reflejado el trabajo en equipo entre nuestra entidad, la Secretaría de Transparencia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Federación Colombiana de Fútbol y la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer. Un logro que sin duda marca una nueva ruta de avance como sociedad, para dejar atrás las brechas que existían en el sector y generar un verdadero empoderamiento de la mujer. Desde la dirección de Fomento y Desarrollo también nos hemos involucrado con las regiones en la búsqueda de exaltar la labor de la mujer y garantizar sus derechos, es por eso que el programa DEPORTE + Y MUJER RURAL ha sido fundamental para llegar a los 32 departamentos del país e impactar a más de 7.500 mujeres de diferentes comunidades indígenas, afro, raizales y campesinas. Con una inversión de $2.434 millones de pesos, el programa busca que los municipios y departamentos hagan énfasis en los planes y proyectos que estimulen la práctica del deporte como instrumentos indispensables para lograr el desarrollo integral de las mujeres rurales. En mi posición como dirigente deportiva reconozco la importancia del trabajo mancomunado para llegar con este tipo de iniciativas a la Colombia profunda, donde aunamos esfuerzos entre el Gobierno y la comunidad para que la práctica del deporte social comunitario y formativo sea pilar de la construcción de país. Esto también ha generado que trabajemos en la creación de políticas públicas que nos permitan acompañarlas en los municipios y veredas del territorio colombiano, tales como el programa Mandalavida, en el que se evidencia la inclusión de las mujeres con una participación de 1.543 madres comunitarias; incluso durante la coyuntura mundial que se vive a causa del COVID-19 no se han dejado de implementar estos espacios, sino que por el contrario, han ganado relevancia. Sabemos que es un camino largo y que aún nos queda mucho trabajo por hacer. El RETO es grande, pero soy una persona que cree firmemente que con convicción se pueden alcanzar grandes metas para que la mujer colombiana siga imprimiendo su sello en la consolidación de nuestra ¡Colombia Tierra de Atletas!

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EL ROL DE LA MUJER EN EL CONTROL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

Columnistas, Opinión, Regiones / revistacg

Teniendo en cuenta que el proceso de reactivación económica no será fácil, se están adelantando las gestiones con Findeter para poder acceder al crédito por la aplicabilidad del decreto 580 del 2020 en cuanto a diferir la factura a los usuarios hasta 36 meses. Como Gerente y responsable de la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado en el Municipio de Duitama, la perspectiva principal que existe es la de garantizar la cantidad, calidad y continuidad a los 39.800 usuarios del casco urbano, a pesar de las diferentes variables técnicas, económicas, sociales y de salubridad. Cabe precisar que como consecuencia del fuerte verano que actualmente presenta la región, las principales fuentes superficiales se vieron seriamente afectadas con la disminución de cerca del 70% del caudal, lo que llevó a la activación del plan de contingencia, con la prestación del servicio en carrotanques, especialmente el circuito de la planta Boyacogua. Así mismo, fue necesario solicitar apoyo a la unidad de gestión del riesgo del departamento de Boyacá, para transportar el líquido vital. Sin embargo, para garantizar un excelente servicio, el control y supervisión del recurso hídrico en medio de la emergencia sanitaria, la Subgerencia Técnica y Operativa, adelanta un seguimiento diario al comportamiento de las fuentes y el estado de los sistemas y subsistemas. Vale la pena mencionar que desde que se declaró la emergencia económica, soOpinió n Teniendo en cuenta que el proceso de reactivación económica no será fácil, se están adelantando las gestiones con Findeter para poder acceder al crédito por la aplicabilidad del decreto 580 del 2020 en cuanto a diferir la factura a los usuarios hasta 36 meses. Empoduitama SA.ESP, viene laborando con la cuadrilla de redes y de comercialización con el fin de garantizar la prestación del servicio, lo anterior, siguiendo las indicaciones y medidas de bioseguridad. Sin embargo, debido al confinamiento, se ha visto un aumento considerable, y el desabastecimiento generó algunos inconvenientes con la prestación del servicio. Aún así, la empresa ha afrontado la situación satisfactoriamente. Están tan bien distribuidos los recursos que actualmente para el casco urbano se registra un 98.90% para el acueducto. Las principales fuentes de abastecimiento superficiales son el Río Surba, la quebrada Boyacogua, y el río Chicamocha. Como fuentes subterráneas se cuenta con dos pozos profundos el Mirto y el Bosque. La planta Surba presenta caudal de operación de 180 Lps, con una cobertura del 50% de la población, la Planta Milagrosa 70 Lps con una cobertura del 30%, y Boyacogua 30 Lps, atendiendo al 20% de la población. En articulación con el Gobierno Nacional y los prestadores de servicios para responder a las dificultades técnicas y de cobertura en todo el municipio, se han aplicado los decretos 589 y 918 de la Comisión de Regulación de Agua Potable (CRA) y del Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento básico, sobre los alivios a los usuarios con el pago parcial o total por parte de los entes territoriales. Bajo este criterio, la administración del Municipio de Duitama, al amparo del Decreto 236 del 04 de junio de 2020, ordena el pago a favor de la Empresa de acueducto y alcantarillado EMPODUITAMA S.A ESP, para el alivio en la factura del mes de mayo a los usuarios de los estratos 1, 2 y 3, con consumo menor o igual a 14 M3. Así mismo, y teniendo en cuenta que el proceso de reactivación económica no será fácil, se están adelantando las gestiones con Findeter para poder acceder al crédito por la aplicabilidad del decreto 580 del 2020 en cuanto a diferir la factura a los usuarios hasta 36 meses, para lo cual espera poder acceder al crédito, y así de esta manera garantizar la prestación eficiente del servicio. La administración municipal, viene aplicando los lineamientos del gobierno nacional en cuanto al aislamiento obligatorio y ligado a ello, implementó a través de decretos lo que se denominó merca cédula cívica, que establece los días y horarios en que la población puede desplazarse a realizar las diferentes actividades cotidianas, esto, con el fin de evitar las aglomeraciones y minimizar la propagación del virus covid-19.

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