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CAMBIO DE RÉGIMEN PENSIONAL, UN ASUNTO DE JUSTICIA SOCIAL

Actualidad, Colombia, Congreso de la República, Opinión / revistacg

“Las administradoras de pensiones tienen el deber de proporcionar a sus interesados una información completa y comprensible, a la medida de la asimetría que se ha de salvar entre un administrador experto y un afiliado lego, en materias de alta complejidad”. Así mismo expuso que “De ahí que, inexorablemente, irradie la importancia de que las personas, al momento de escoger el régimen que más les beneficie según sus condiciones sociales y económicas concretas, estén debidamente asesoradas”. En el Congreso de la República se está debatiendo un Proyecto de Ley que tiene por objeto permitir por un breve lapso (6 meses) el traslado de afiliados entre Regí- menes de Pensiones. El término de Justicia Social se entiende como la “necesidad de lograr un reparto equitativo de bienes sociales a los que toda persona tiene derecho”. En otras palabras, la justicia social se enfoca, en la “repartición justa y equitativa de los bienes y servicios básicos necesarios para el desarrollo y el desenvolvimiento de una persona en la sociedad como, por ejemplo, el bienestar socioafectivo, la educación, la salud y los Derechos Humanos”. Es tan importante este valor en la sociedad, que la Organización de Naciones Unidas instituyó el Día Mundial de la Justicia Social, el cual de acuerdo a lo establecido por la ONU, debe orientarse a “erradicar la pobreza y promover el empleo pleno y el trabajo decente, la igualdad entre los sexos y el acceso al bienestar social y la justicia social para todos”. Ahora bien, en Colombia toda persona que cumpla con los requisitos establecidos (edad y semanas cotizadas) tiene derecho a gozar de una pensión; estando este derecho intrínsecamente ligado al concepto de Estado Social de Derecho, y garantizando el descanso remunerado y digno de una persona como resultado de años de trabajo permanente y prolongado. Sin embargo, en la práctica vemos que el derecho a la pensión ha sido a lo largo de los años, uno de los más problemáticos y cambiantes, puesto que cada vez se hace más difícil cumplir con las condiciones y requisitos legales para acceder a la misma. Tan es así que, para mediados de 2019 la Federación de Aseguradores Colombianos (FASECOLDA) informó que 6 de cada 10 afiliados al sistema de pensiones no logran obtenerla, un equivalente a tan solo el 37% de trabajadores que cumplen la edad de retiro. Desde el año 1994, mediante la Ley 100 de 1993, Colombia adoptó un modelo paralelo de seguridad social en pensiones, caracterizado por la competencia entre régimen público (Régimen de prima media – RPM), y privado (Régimen de ahorro individual con solidaridad – RAIS). Sin embargo, en la implementación de estos modelos y de la ley en general, se presentaron falencias desde el inicio, las cuales generaron desprotección a los usuarios, así como vulneración de sus garantías, al momento de escoger entre permanecer en el Régimen de Prima Media o acceder al nuevo régimen (RAIS). Lamentablemente se presentó la circunstancia de que muchas personas debieron tomar esta decisión en medio de total desinformación, desconocimiento, y sin contar con la asesoría de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), pues estas omitieron la obligación de brindar la información adecuada, oportuna, completa y precisa, que permitiera al usuario tomar la decisión más favorable a su calidad de vida durante la vejez. La información, un derecho La información, un derechoDe acuerdo a lo establecido por la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, la información es considerada como “un derecho de todo ciudadano a enterarse sobre aquello que desconoce, de manera clara, detallada y Juan Carlos Wills Ospina, representante a la Cámara. “Las administradoras de pensiones tienen el deber de proporcionar a sus interesados una información completa y comprensible, a la medida de la asimetría que se ha de salvar entre un administrador experto y un afiliado lego, en materias de alta complejidad”. Así mismo expuso que “De ahí que, inexorablemente, irradie la importancia de que las personas, al momento de escoger el régimen que más les beneficie según sus condiciones sociales y económicas concretas, estén debidamente asesoradas”. 31 transparente, acerca de situaciones que pueden llegar a ser de su interés; es un derecho fundamental y, correlativamente, una obligación del Estado hacerlo respetar y garantizar su cumplimiento”. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia ha dicho lo siguiente: “La doctrina ha bien elaborado un conjunto de obligaciones especiales, con específica vigencia para todas aquellas entidades cuya esencia es la gestión fiduciaria, como la de las administradoras de pensiones, que emanan de la buena fe, como el de la transparencia, vigilancia, y el deber de información. La información debe comprender todas las etapas del proceso, desde la antesala de la afiliación hasta la determinación de las condiciones para el disfrute pensional. Las administradoras de pensiones tienen el deber de proporcionar a sus interesados una información completa y comprensible, a la medida de la asimetría que se ha de salvar entre un administrador experto y un afiliado lego, en materias de alta complejidad”. Así mismo expuso que “De ahí que, inexorablemente, irradie la importancia de que las personas, al momento de escoger el régimen que más les beneficie según sus condiciones sociales y económicas concretas, estén debidamente asesoradas. Es así, pues la información asimétrica referente a la forma en que operan tanto el RPM como el RAIS, de suyo comprometen la escogencia libre y consiente de los afiliados y, en consecuencia, deba la misma quedar sin efectos”. Juzgados sofocados con procesos judiciales Por esto, ante la falta de información y doble asesoría por parte de las AFP, al día de hoy los juzgados laborales se encuentran sofocados con cientos de procesos judiciales en los que se pretende declarar la nulidad del traslado de afiliados que se encontraban en el Régimen de Prima Media y que migraron al Régimen de Ahorro individual administrado por los fondos privados de pensiones. Esto teniendo en cuenta que la ley establece que si al usuario le faltan 10 años o menos para cumplir la edad de pensión, no es posible hacer cambio de

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EL PRINCIPAL PROBLEMA DEL PODER JUDICIAL ES DE CARÁCTER PRESUPUESTAL

Columnistas, Opinión / revistacg

Aunque en la teoría las ramas del poder son realmente autónomas y solo mantienen entre sí una colaboración armónica, hay un factor que menoscaba la autonomía de la Rama Judicial y es la dependencia presupuesta. Desde hace varios años se viene discutiendo sobre la necesidad de reformar la justicia. Sin embargo, las diferencias políticas y la falta de acuerdos han impedido que la reforma que ésta necesita se haya podido materializar. Y es que los cambios que requiere esta rama del poder público, aunque no son tantos como se podría llegar a pensar, sí son de gran calado e implican un fuerte compromiso por parte del Estado y, en general, de toda la sociedad. Según cifras de Asonal Judicial, en Colombia hay alrededor de 11 jueces por cada 100 mil habitantes, lo que contrasta con las recomendaciones de la OCDE que dicen que el estándar óptimo para un correcto funcionamiento de la justicia es de 65. Pero esto se ve agravado cuando tenemos en cuenta la congestión judicial, que para el 2019 se traducía en cerca de 1’900.000 procesos represados. Es entonces claro que el primer -y quizá el principal- problema del poder judicial es de carácter presupuestal. Si queremos una justicia eficiente, capaz de atender las necesidades de los colombianos de una manera oportuna, lo primero que tenemos que hacer es solucionar el grave déficit de personal. Pero sabemos que los costos para solucionar esa problemática son exorbitantes y más en una situación como la actual, donde gran parte de la población reclama con urgencia el aumento del gasto social por parte del Estado. Por ende, es indispensable que el gasto sea lo más eficiente posible, y ahí llegamos al segundo problema: la autonomía judicial. La Constitución Política, que enuncia las ramas del poder público, dice que estas son autónomas entre sí. Esto es un pilar de la democracia moderna. Y aunque en la teoría las ramas del poder son realmente autónomas y solo mantienen entre sí una colaboración armónica, hay un factor que menoscaba la autonomía de la Rama Judicial y es la dependencia presupuestal. El marco constitucional y legal actual obliga en la práctica al Poder Judicial a acudir ante el Ejecutivo y el Legislativo para que determinen un presupuesto para su funcionamiento. Se sabe ya que esto es un problema puesto que nadie conoce mejor las necesidades de la justicia que la propia justicia y lo correcto es que el presupuesto de la Rama sea de origen constitucional. De hecho, en el más reciente intento de reforma que pasó por el Congreso, hubo consenso sobre este particular. Y finalmente, aunque es conocida la necesidad de llevar a cabo algunos cambios estructurales, es necesario que esta discusión se realice en compañía de los magistrados de las Altas Cortes y de los funcionarios de la rama judicial, pues muchas de las necesidades son asuntos de tipo procedimental que podríamos solucionar más fácilmente en el Congreso de la República.

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EL MATRIMONIO ENTRE JUSTICIA Y SEGURIDAD

Columnistas, Opinión / revistacg

Hacemos un llamado por la unión sagrada que debe existir entre dos autoridades imprescindibles: los jueces de la República y las Fuerzas de Seguridad del Estado. Solo estos dos actores institucionales, acompañados siempre de una ciudadanía activa y observante, pueden poner fin a la epidemia de violencia e impunidad que nos rodea. Bien decía Álvaro Gómez Hurtado que no hay Estado de Derecho o Imperio de la Ley cuando a la gente la matan y sencillamente no pasa nada. Esta es la triste historia de nuestro país que encuentra en Gómez Hurtado y millones de víctimas anónimas la muestra fehaciente de nuestra decadencia moral e institucional, frente a la cual aún no hemos sido capaces de encontrar un antídoto contundente. Cada año asesinan en Colombia cerca de 12.000 personas, lo cual nos ubica en una tasa de homicidios de 25 asesinatos por cada 100.000 habitantes. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha conceptuado que una tasa de este tipo, superior a los 10 asesinatos, debe ser considerada una “epidemia” y exige de las autoridades competentes acciones inmediatas. Esto nos refleja el gran reto que tenemos por delante en materia de seguridad y convivencia. Aunado a lo anterior, no es menos importante recordar que en nuestro país tenemos una tasa histórica de esclarecimiento de los homicidios cercana al 20%, según datos de la Fiscalía General de la Nación, con lo cual concluimos que de cada 10 homicidios sólo dos logran esclarecerse, y el resto, por lo general, quedan condenados a la impunidad. Esta es la verdadera magnitud de la epidemia antes mencionada, cuyas víctimas deben convivir con el dolor de enterrar a sus seres queridos y saber que nadie responderá por el daño ocasionado. Es en medio de este contexto que los colombianos hacemos un llamado por la unión sagrada que debe existir entre dos autoridades imprescindibles: los jueces de la República y las Fuerzas de Seguridad del Estado. Solo estos dos actores institucionales, acompañados siempre de una ciudadanía activa y observante, pueden poner fin a la epidemia de violencia e impunidad que nos rodea. Desde el Congreso de la República vemos con preocupación que la relación entre los sectores de la justicia y la seguridad en el país no es necesariamente la mejor. Es común oír al policía que se queja por capturar a un delincuente y presenciar cómo el aparato de justicia pronto lo deja en libertad, al tiempo que no faltará el juez o fiscal que se muestre desconfiado frente a la actuación de la fuerza pública por considerarla violatoria de los Derechos Humanos. Este sencillo ejemplo, se puede extrapolar a otros escenarios de mayor complejidad. ¿Cómo garantizar, entonces, la unión fraterna entre los estamentos de la justicia y la seguridad en Colombia? Seguramente la respuesta está en verificar qué ajustes en diseño institucional, financiamiento sectorial, sistemas de control, escenarios de articulación y coordinación, entre otras medidas, se pueden implementar para favorecer la actuación unificada de nuestras autoridades judiciales y de seguridad pública. El Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Iván Duque, ha desarrollado un conjunto de acciones importantes para fortalecer el binomio justicia-seguridad, en el marco del componente de “legalidad” del Plan Nacional de Desarrollo. Muestra de ello son los esfuerzos que se están adelantando para mejorar las condiciones de seguridad ciudadana y orden público en todo el país, la superación del hacinamiento en cárceles, la descongestión judicial, el control al porte ilegal de armas y estupefacientes, el fortalecimiento de la tutela y otros mecanismos de justicia, entre otros. Así las cosas, confiemos presenciar prontamente el feliz matrimonio entre la justicia y la seguridad en Colombia, seguros que de esa unión obtendremos la anhelada paz.

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LA PAZ, OTRA SACRIFICADA DE LA PANDEMIA

Columnistas, Opinión / revistacg

Como lo hemos señalado en múltiples oportunidades, las necesidades existenciales y básicas de la mayoría de la población no se solucionan con dádivas, sino con políticas sociales estructurales. Si algo ha demostrado esta pandemia en nuestro territorio, es que amplios sectores de la población sufren de hambre y desnutrición, que carecen de ingreso o que éste es exiguo, que su situación es de desocupación permanente, o de trabajo en la informalidad, y que viven en condiciones de precariedad y pobreza; se trata, en particular, de mujeres cabeza de hogar, de personas en condiciones de discapacidad, de hombres y mujeres, adultos mayores, de niños, niñas y adolescentes que deambulan por las calles y caminos sin ningún sustento. Estas condiciones son propias del sistema capitalista vigente, pero se han develado ostensiblemente a causa del fenómeno sanitario que nos afecta. En nuestro país las respuestas del Gobierno nacional, más allá de decretar el aislamiento, han sido tímidas y tienden sobre todo a privilegiar al sector financiero, a los grandes negocios y a descargar el peso de la situación en los hogares de las gentes del común bajo la lógica de “sálvese quien pueda”, o a través de pírricos apoyos. El Coronavirus ha puesto de presente los grandes problemas de la sociedad a nivel global y la crisis sanitaria y social nos está llevando a una recesión económica que se proyecta como una de las más grandes de la historia. Sin duda, la incapacidad del mundo para afrontar una pandemia de este estilo radica en la profundización del sistema capitalista y las nocivas políticas neoliberales (privatizadoras y de exenciones tributarias al gran capital) que se han venido aplicando en las últimas décadas. El ineficiente y débil sistema de salud, el imperante desempleo y la masificación del trabajo informal, los bajos salarios de los trabajadores, los exagerados privilegios económicos a las grandes empresas y el sistema financiero, el abandono del campo colombiano, los crecientes impuestos para los ciudadanos de clase media y los menos favorecidos, y las masivas privatizaciones, son algunos de los problemas que hoy tienen a Colombia sin posibilidades reales de asumir seriamente la pandemia y sus efectos económicos y sociales que de esta se desprenden. Y es que según el último informe de la CEPAL titulado “El desafío social en tiempos del COVID-19”, las cifras son poco alentadoras en su estimación sobre el impacto social y los desafíos relacionados que tendrá la actual crisis para los países de América Latina y el Caribe en el corto, mediano y largo plazo. Según el informe, los efectos sociales que traerá la pandemia del COVID-19, provocará en el corto plazo un aumento de la pobreza, la pobreza extrema y la desigualdad en la región, debido al contexto de bajo crecimiento económico. Ante la caída del -5,3% del PIB y el aumento del desempleo de 3,4 puntos porcentuales, en 2020 la pobreza en América Latina aumentaría al menos 4,4 puntos porcentuales (28,7 millones de personas adicionales) con respecto al año preOpinió n 91 vio, por lo que alcanzaría a un total de 214,7 millones de personas (el 34,7% de la población de la región). Entre estas personas, la pobreza extrema aumentaría 2,6 puntos porcentuales (15,9 millones de personas adicionales) y llegaría a afectar a un total de 83,4 millones de personas. Asimismo, en línea con el aumento de la pobreza y la pobreza extrema, también crecerá la desigualdad. La CEPAL proyecta incrementos del índice de Gini de entre el 0,5% y el 6,0%. Una vez más, los peores resultados se esperan en las economías más grandes del continente. El informe agrega que en este escenario de mayor pobreza y desigualdad, amplios estratos de la población de la región viven en condiciones crónicas de inseguridad económica y son muy vulnerables ante las pérdidas de ingresos laborales. De esta forma, la CEPAL estima que alrededor del 10% de las personas que se encontraban en situación de pobreza no extrema en 2019 (11,8 millones de personas) vería deteriorada su situación económica y caería en una situación de pobreza extrema. Ante este panorama desalentador pero real y frente a las inocuas medidas implementadas en nuestro país bajo los denominados Estados de emergencia económica, presentamos una iniciativa denominada Plan De Choque Social, consistente en nueve medidas que contribuyen a la reducción de la pobreza, primando el interés común sobre el particular, nueve medidas que buscan la concurrencia de los gobiernos nacional, departamental y municipal, así como el compromiso del sector financiero y de los grandes empresarios, más allá de los gestos y acciones meramente caritativas. Como lo hemos señalado en múltiples oportunidades, las necesidades existenciales y básicas de la mayoría de la población no se solucionan con dádivas, sino con políticas sociales estructurales. Complementando este Plan hace pocos días más de 50 senadores radicamos un proyecto de ley ante la negativa del Gobierno nacional de implementar lo que ya la CEPAL había también recomendado y que en ambos casos se denominó, “Renta Mínima Básica”, la cual beneficiará a 34.5 millones de colombianos de los sectores más vulnerables de la sociedad. La idea es que los trabajadores formales e independientes reciban un auxilio mensual de un salario mínimo con todas las prestaciones sociales legales ($1.409.000) que se entregaría a 3,5 millones de personas, mientras que 9,5 millones de hogares pobres y vulnerables (31 millones de personas) recibirían una transferencia mensual de $ 877.000, durante tres meses. Estas propuestas son viables, serias, juiciosas y convenientes, demandarán una expansión inusual y extraordinaria del gasto público, que rompa necesariamente con la sostenibilidad y la regla fiscal, y posibilite mecanismos de compensación desde el nivel nacional para los departamentos y municipios caracterizados por la debilidad de sus presupuestos. Para impulsar una salida social a la crisis, además del establecimiento de medidas urgentes, se requiere la implementación de un nuevo modelo económico (más justo, más democrático y más sostenible) que deje atrás el capitalismo, redistribuya la riqueza, acabe con las desigualdades y transforme nuestra relación depredadora con la naturaleza: en definitiva, que ponga la vida en

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Por qué debe ser el nuevo Procurador, Gregorio Eljach Pacheco

25 años de Historia, Actualidad, Opinión, Personajes / revistacg

Por: Eduardo Padilla Hernández. Abogado y Presidente Red Colombiana de Veedurías “Red Vigila El abogado y actual secretario del Senado, Gregorio Eljach Pacheco, oriundo de Fusagasugá, oficializó sus aspiraciones para convertirse en Procurador General de la Nación. Eljach Pacheco inscribió su hoja de vida ante el Consejo de Estado, pues aspira a estar en la terna para que sea el Senado de la República quien lo escoja como jefe del Ministerio Público. El Consejo de Estado no quiere correr el riesgo de perder la senda que ha construido con el valor de la integridad y, por eso, quiere seguir esa misma línea de ecuanimidad que les ha dado a los últimos tres procuradores. Quiere elegir a una persona que reúna todos los requisitos, desde adentro y hacia afuera y que, además, cuente con el beneplácito de todos los partidos, que sea amigo de las Altas Cortes, que esté de lleno con la Corporación, y por ello, a sus miembros les retumba el nombre del doctor Gregorio Eljach Pacheco, para ocupar el cargo como próximo Procurador General de la Nación. Hay casos aislados de personas que lanzan ataques furibundos, sin fundamento alguno, contra todos los candidatos que aspiran al órgano de control. Pero todo ataque forjado contra Eljach Pacheco no podrá prosperar, porque él es un profesional sencillo, conocedor de lo público, experimentado, serio, académico, ponderado, servicial y no tiene ningún impedimento moral ni ético. Y sobre todo, Eljach es un hombre creyente; sus familiares y amigos cercanos aseguran que Gregorio y ellos están en el primer anillo de seguridad de Dios, y que por eso, desde esa convicción, nadie puede entorpecer su liderazgo. La aspiración de Gregorio Eljach, está acompañada de una exitosa experiencia profesional de 35 años, una formación académica sólida comprobada y una dedicación a la labor jurídica conocida ampliamente. Gregorio Eljach, durante más de 20 años dirigió el Ordenamiento Territorial en el Congreso y, desde allí, participó en la confección de lo que hoy es la normativa de las entidades territoriales, de los organismos de control, de los códigos, entre ellos el disciplinario y el ético. Quienes lo conocen saben de su capacidad de gestión y de su liderazgo; esa capacidad que es indispensable para que la Procuraduría General de la Nación, encuentre un líder que la lleve adelante como merece, para que Colombia continúe recuperando el Estado Social de Derecho y para que haya alguien al frente de la defensa de los derechos sociales, políticos, económicos y colectivos de los colombianos. La Procuraduría, con el liderazgo de Gregorio Eljach, puede descentralizar muchas funciones en las regiones para que sea más eficaz y eficiente en el ministerio público, como la defensa de los derechos humanos, la pronta participación en la lucha por los recursos naturales, sincronizar el trabajo con los planes nacionales de desarrollo; y, además, la larga trayectoria del doctor Eljach, le ha dado un conocimiento pleno de toda esta variedad de temas. De todos estos valores requiere Colombia, y por eso es propicia la oportunidad de elegir a un Procurador que está en sintonía con esas materias jurídicas que nos permiten un mejor país. Es urgente elegir a un hombre dispuesto a modernizar a uno de los organismos que se está quedando en el pasado: La Procuraduría General de La Nación.

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LA OTRA REFORMA TRIBUTARIA

Columnistas, Opinión / revistacg

El inicio de esta columna podrá ser cliché, pero es claro que el panorama económico de Colombia es y será más que oscuro. Y no se trata de ser alarmistas, pero si revisamos las múltiples proyecciones de Fedesarrollo, Anif, Banco de la República, Fondo Monetario Internacional y Ministerio de Hacienda, es inevitable pensar que las palabras incertidumbre, caída, disminución, contracción, déficit y sus sinónimos serán nuestros más cercanos vocablos durante los próximos meses. De acuerdo con las cifras proyectadas por gremios, entidades y analistas, la economía nacional se contraería entre un 3 % y un 7 %, generando una caída del PIB que oscila entre -5 % y el -8 %, además de presentar un déficit fiscal del orden del 8,2 % para 2020; sin embargo, existe una cifra que para el sentir de la ciudadanía es todavía más preocupante: el desempleo. Según el reporte de mayo presentado por el DANE, la tasa de desocupación se ubicó en 21,4 %, es decir, alrededor de 2,1 millones de colombianos más están desocupados si la comparamos con el mismo mes del año anterior. Además, si a ello sumamos la incertidumbre generada por el ansiado y lejano anuncio del “pico” de la pandemia, el incremento exponencial de los casos Covid-19 y la indisciplina generalizada de la población colombiana para hacerle frente a la emergencia, las preocupantes cifras de desempleo seguirán en un aumento vertiginoso. Sin duda, la presión constante de los diversos sectores inmiscuidos en esta espiral de afectaciones implica la toma de decisiones contundentes por parte del Gobierno Nacional para buscar salidas, entre ellas la reapertura económica parcial y paulatina, hecho que inquieta debido a la falta de capacidad del Sistema de salud para afrontar una propagación mayor. En el marco de lo anterior, se hace necesario para el Gobierno Nacional la obtención de nuevos ingresos. Antes de la pandemia se proyectaba un déficit del orden del 2.2 % del PIB y ahora, como lo estipula el Marco Fiscal de Mediano Plazo, este llegará a ubicarse cerca del 8.2 %. Es claro que los 12 billones de pesos posibles a través de la vía de las enajenaciones no serán suficientes para otorgar la liquidez que requiere la economía en general. En este escenario, sin lugar a duda en el largo plazo resulta necesario regresar a una senda sostenible en materia económica, la cual debe contar con la especial atención de la ciudadanía para que, por fin, después de 8 años y cuatro reformas tributarias, se logre plantear la tan anhelada reforma que cumpla verdaderamente con los principios de eficacia, eficiencia y progresividad de cualquier sistema tributario. Hoy por hoy es la clase media quien soporta una tasa efectiva de tributación elevada a través de las personas naturales y jurídicas, por lo que en aras de alcanzar una verdadera progresividad se requiere ubicar por parte de la DIAN a los rentistas de capital, mantener constante o permanente el impuesto al patrimonio, incrementar la tasa de tributación del impuesto a los dividendos, revisar de manera minuciosa las exenciones tributarias que se le han otorgado a través de la historia a sectores específicos como el petrolero e imponer una carga tributaria a las plataformas digitales que se ajuste a los millonarios ingresos diarios que obtienen, en especial, por pauta publicitaria. Indiscutiblemente, el país no podrá esperar a 2022 para obtener los resultados de la comisión de expertos sobre beneficios tributarios contemplada en el Decreto 855 de 2020, urge actuar con prontitud y eficacia. Si alguna enseñanza nos ha dejado este tiempo de cuarentena es que la población colombiana, en la gran mayoría de territorios, no tiene la disciplina y disposición de seguir por voluntad propia protocolos y medidas para convivir con la pandemia sin ser víctima de ella, además, se demostró que el Estado es débil para velar por el bienestar y la protección de sus ciudadanos en momentos de crisis y emergencias. La otra reforma tributaria se avecina y es necesaria, pero no puede significar un golpe más para la clase media colombiana. Daniel Felipe Toro Rendón Magíster en Comunicación Política- Universidad Externado de Colombia Especialista en Marketing Político y Estrategias de Campaña Comunicador Social y Periodista-Universidad de Manizales

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UNA OPORTUNIDAD PARA LA NAVEGABILIDAD DEL RÍO MAGDALENA

Actualidad, Columnistas, Opinión / revistacg

Aunque la emergencia por el Covid-19 ha obligado al Gobierno a destinar recursos no previstos a las poblaciones más afectadas para aliviar en parte la crítica situación, es clave que no se olvide el proyecto de navegabilidad del río Magdalena como eje de reactivación socioeconómica y desarrollo. La emergencia generada por la pandemia Covid-19 ha creado una profunda crisis en la gran mayoría de sectores que dinamizan la economía colombiana. El comercio ha sido uno de los renglones más afectados y el escenario se ha agravado aún más debido a los múltiples problemas relacionados con retrasos y altos costos en el envío y recepción de productos. De acuerdo con cifras presentadas por la Federación Colombiana de Transporte de Carga, ante la crisis existente las mercancías se están demorando un 35 % más en llegar a tiendas y almacenes, lo que significa un atraso considerable en el proceso logístico, a lo cual se suman los costos de transporte, que aumentaron cerca del 40 %. El panorama no es alentador y tiende a complicarse aún más teniendo en cuenta que, entre 2010 y 2019, Colombia volcó sus esfuerzos al trasporte de carga terrestre, es decir, actualmente cerca del 80 % de la carga es movilizada por carretera, mientras que apenas el 1,4 % se hace a través del modo fluvial, desaprovechando el gran potencial logístico que tiene Colombia mediante sus ríos, en especial, el Magdalena. 95 El río Magdalena comprende cerca de 1.550 kilómetros a lo largo de nuestro territorio nacional, de los cuales 1.024 (km) son aptos para la navegación y, ahora más que nunca, serán estratégicos para enfrentar la emergencia socioeconómica que estamos atravesando. Hacer navegable este afluente para conectar la región Caribe con el centro del país, desde Bocas de Ceniza (Atlántico) hasta el puerto La Dorada – Puerto Salgar, sería clave para reactivar la economía colombiana en estos tiempos de crisis, puesto que optimizar los procesos de logística y transporte a través de la navegabilidad del río permitiría un gran avance hacia la multimodalidad, el mejoramiento de la competitividad y el fortalecimiento de las regiones. En la actualidad, existe una baja calidad en la infraestructura logística debido a la ausencia de transporte multimodal, motivo por el cual Colombia ha tenido un rendimiento insuficiente en cuanto a tiempos y costos de transporte. Una muestra de ello es que Colombia requiere de 112 horas para exportar, mientras que el promedio latinoamericano es de 55.3 horas y el de países de la OCDE 12.7 horas. Estas cifras sumadas a los altos costos de transporte y los problemas de infraestructura ya mencionados nos ubican en el puesto 58 entre 160 países con una puntuación de 2,61 sobre 5, conforme al Índice de Desempeño Logístico del Banco Mundial. Con la navegabilidad del río Magdalena los costos de transporte actuales se reducirían entre un 10 % y 50 %, y se generaría una disminución importante en los tiempos de viaje, cargue y descargue. Aunque la emergencia generada por el Covid-19 ha obligado al Gobierno Nacional a destinar recursos no previstos a las poblaciones y sectores más afectados para aliviar en parte la crítica situación, es clave que no se olvide el proyecto de navegabilidad del río Magdalena como eje de reactivación socioeconómica y desarrollo. Si contamos con la zona de influencia correspondiente a la ribera del río navegable, el proyecto impactaría positivamente a 3 millones 514 mil 573 habitantes (7,3% del total de la población del país) y un área conjunta de 97.557 km2 (9,9% de todo el territorio nacional); además, si también se tiene en cuenta la logística de transporte ya existente que conecta a los departamentos a través de los modos de transporte terrestre, marítimo, aéreo y férreo, la posibilidad de un mayor desarrollo y crecimiento económico abarcaría a toda la nación. La navegabilidad del río es, en sí misma, un paso gigante hacia el progreso en otros aspectos fundamentales para el país como lo son el medio ambiente y el turismo. El sector transporte es uno de los principales emisores de gas invernadero en el país, siendo el subsector carretero el responsable del 90% de emisiones de gases de efecto invernadero, mientras que a través del río se estima que por cada tonelada transportada se reducirían en 64% las emisiones de CO2 generadas. Asimismo, el sector turismo también tendría grandes beneficios con la navegabilidad del río Magdalena, dado que con la ejecución y puesta en marcha del proyecto mejorarían las condiciones de comunicación fluvial, lo que permitiría la creación y acceso de más sitios turísticos y la promoción de las regiones como zonas de desarrollo nacional. El momento coyuntural por el que está pasando Colombia debe convertirse en una oportunidad para replantear el modelo de transporte utilizado en los últimos tiempos y avanzar en inversión hacia modos de transporte que le permitan al país aumentar su competitividad, esto implica hacer mayores esfuerzos en infraestructura para lograr por fin una verdadera multimodalidad.

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LA ENCRUCIJADA DE LA ECONOMÍA COLOMBIANA

Actualidad, Columnistas, Opinión / revistacg

A la hora de analizar la coyuntura actual, sobre todo en lo atinente al desempeño de las desastradas economías y las finanzas públicas, la línea del menor esfuerzo es endilgarle la causa y sus consecuencias a la pandemia del COVID-19. La actual crisis por la que atraviesa el país y el mundo tiene tres aristas, la de la salud, la de la economía y la social, interrelacionadas entre sí, de modo tal que la una sigue la suerte de las otras. El premio Nobel de Economía Amartya Sen lo ejemplifica muy bien: “si bien la presencia del virus mata gente, la ausencia de sustento también lo hace”. Dicho de otra manera, sin vida no hay economía y la plata para salvar vidas sale de la economía, son dos variables de una misma ecuación. Estamos en medio de una encrucijada en la que, como lo dice el más reciente Informe del Programa Mundial de Alimentos de la ONU, “están en juego muchas vidas y mu – chos medios de subsistencia perdidos”. Y añade que “el COVID–19 es potencialmen – te catastrófico para millones de personas que ya están pendiendo de un hilo” por la falta de empleo e ingreso. Siempre es bueno dar un vistazo hacia atrás, para saber de dónde venimos, porque, como lo afirma Humberto Eco, “si uno se entera de lo que ha pasado, muchas veces en – tiende lo que puede suceder”. A la hora de analizar la coyuntura actual, sobre todo en lo atinente al desempeño de las desastradas economías y las finanzas públicas, la línea del menor esfuerzo es endilgarle la causa y sus consecuencias a la pandemia del COVID-19. Pero, la pandemia sólo sirvió de detonante y catalizador a la vez, toda vez que la econo – mía global no había terminado de reponerse de la honda crisis financiera de los años 2008 y 2009. Entre tanto, las economías de Lati – noamérica estaban en plena resaca, después de embriagarse con el largo ciclo de precios altos de los commodities, 2003 – 2012, para los productos mineros y 2003 – 2014 para el petróleo. De allí que, después de muchos años durante los cuales el promedio de crecimiento de la región se situaba por encima del promedio global, se invirtieron los papeles y desde entonces su crecimiento ha estado por debajo de dicho nivel. Mientras se navegaba con el viento a favor se logró bajar los deplorables índices de pobreza en la región. En Colombia particularmente, para el año 2003, casi el 59 % de las personas encuestadas se percibían pobres, mientras que en el 2016 este porcentaje disminuyó al 39,6 %. Pero, como lo que por agua viene por agua se va, en el año 2008 se revirtió esta tendencia al pasar del 26.9% en 2017 al 27% en 2018 y 190.000 habitantes cayeron en la trampa de la pobreza. Además, un logro muy importante como fue que el porcentaje de clase media, 31%, superara el porcentaje de pobreza, el 40% de ella se tornó vulnerable, con un pie en la clase media y el otro pie en la pobreza. En muy buena medida este retroceso en los indicadores sociales se debió a la desaceleración del crecimiento de la economía, pasando del 6.9% en 2011 al 3.3% en 2019; además, después de ostentar un crecimiento potencial del 4.5% en 2012, a poco andar cayó al 3.5%. Pese a la promesa de catapultar las exportaciones merced a los tratados de libre comercio (TLC) que se firmaron a troche moche, a tontas y a locas, el déficit en la Cuenta corriente de la Balanza de pagos pasó del -3.3% en 2013 al – 4.3% en 2019. Y, para rematar, el desempleo, después de 6 años con un índice de desocupación de un solo dígito, desde el 2019 regresó a los dos, con un desempleo del 10.5%, al cual se vino a sumar una informalidad laboral del 47% (¡!). Según el DANE, de los más de 22 millones de personas ocupadas al cierre de 2019, el 42.4% de ellos (9.4 millones) se clasificaban como trabajadores por cuenta propia y de estos, según ANIF, 2.5 millones pueden considerarse como profesionales independientes. Es muy diciente que en Colombia más del 90% de las empresas se clasifican como MIPYMES. El menor crecimiento de la economía y el pésimo desempeño del sector externo han terminado por afectar las finanzas públicas, con el agravante de que las sucesivas reformas tributarias no han hecho más que erosionar la base impositiva y diezmar el recaudo, de modo que la participación de este en el PIB a duras penas llegaba en el 2016 a 15.7%, en contraste con el 19.2% del PIB del gasto público. Esta brecha de casi 4 puntos porcentuales se agiganta sin remedio debido a que según la Ley de Wagner, el gasto público tiende a crecer con el tiempo y el tamaño del Estado, tanto en términos absolutos como en proporción del PIB, dado que cada día debe asumir mayores responsabilidades. Ello explica el déficit fiscal estructural crónico que acusa la Nación, el cual pasó de – 1.8% del PIB en 2014 a – 2.5% en 2019.

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LO ESENCIAL

Actualidad, Columnistas, Opinión / revistacg

“Que la cuarentena sirva para reflexionar cómo vemos de otra manera el futuro de nuestro país donde la justica social sea una realidad” ¿Estábamos preparados para una situa – ción pandémica? Quizás ningún país lo estaba, al menos para contenerla dentro de sus fronteras. Por supuesto que, de la ca – pacidad económica, la fortaleza y eficiencia de los sistemas de salud y seguridad social de los países, así como la determinación y prioridad de los gobiernos, dependen los resul – tados sobre la lucha contra el Covid19. Los ciudadanos han sido espectadores y pro – tagonista en esta coyuntura. Por un lado, hemos visto como los gobiernos basan sus medidas en – tre mantener la economía o garantizar la vida de sus conciudadanos a cualquier costo. Sin lugar a duda no ha sido fácil afrontar este tipo de deci – siones, más difícil aun es soportar la carga desde abajo, tal cual lo están haciendo mayoritariamen – te los pueblos que poca o nula injerencia tienen en las altas esferas del gobierno. Son los pueblos más pobres, los sectores tra – bajadores, informales, los pequeños desde el punto de vista económico, los más vulnerables; estos muestran ser los protagonistas y víctimas mayoritarias de esta pandemia, reflejado en la exposición diferenciada y de clase a la que están sometidos millones de personas que no gozan de un sistema de salud y protección social. Los colombianos vemos como puede ser nuestro futuro, si toma un rumbo propio e inédito o se encausa en la tragedia de Francia, Italia, España, Reino Unido y Estados Unidos e incluso Alemania que ha tenido un compor – tamiento un poco diferenciado que se refleja en las víctimas mortales y número de contagiados. Tenemos por lo menos 15 días de ventaja, pues viendo el desarrollo de la pandemia en los países con dos semanas de diferencia a nuestro favor, es posible adoptar medidas con cierto grado de oportunidad para ser mas acertado y oportunos. Lo cierto es que tal situación ha revelado de manera generalizada la fragilidad humana, la avaricia del sistema financiero mundial, en es – pecial el colombiano y reafirma la precariedad del sistema de salud visibilizado en el maltrato laboral al que se tiene sometido a los trabaja – dores de la salud y personal médico; así como también la importancia de autoabastecernos de elementos esenciales para la vida mas que para el mercado, elementos para la supervivencia, salud y alimentación. ¡Devela la importancia de sustraer de las perversas lógicas del mercado los sistemas esenciales para la vida! Principalmente desde el gobierno nacional se ha promovido la idea de que los médicos son héroes, pero elude que en realidad han sido víctimas y de seguir su desprotección se convertirán en mártires. Como concebir héroes que no se les paga oportunamente y por el contrario se les adeudan numerosos meses de honorarios y salarios. Personal de salud que no cuentan con los mínimos de elementos de protección. Centros hospitalarios y clínicas que tienen deudas en los servicios de agua y energía con el riesgo de ser suspendidos, un personal de salud publica sometido al régimen comercial y no al laboral. Todo lo anterior precedido de una persecución sistemática a los defensores de la salud pública. Fueron muchos dirigentes del sector, especialmente del sindicato de ANTHOC los que salieron exiliados, desplazados y fueron asesinados por denunciar los niveles de corrupción y defender la salud como un servicio publico a cargo del Estado, esa misma consigna que hoy grandes dignatarios de países como el Reino Unido e Irlanda reconocen como necesaria. Quizás esta sea la primera de muchas otras situaciones donde nos toque como humanidad lidiar con calamidades parecidas, los más optimistas plantean ciclos intermitentes, lo que nos lleva a pensarnos mas a largo plazo lo preparado que debemos estar. El reto como sociedad es cambiar el rumbo de las políticas públicas, el gasto social y la necesidad de producir nuestra propia comida y ponerla en donde se requiera. Como sociedad tenemos una deuda histórica con nuestros campesinos. Deuda que aún ni en las más adversas condiciones reconocemos su importancia y necesidad. “Obras son amores” reza el viejo adagio popular, pues no es con aplausos y like en las redes sociales con que debemos reconocerles, sino con sus derechos a la tierra y la restitución de los predios despojados, pero sobre todo, como un actor poblacional que cuenta en la historia económica, social y cultural del país. Todos, de alguna forma somos descendientes de los campesinos; y en tal medida debemos honrar esta condición. Como congresista estoy comprometida con las causas de la justicia so cial y la democracia, la defensa del agua como elemento esencial para la sustentabilidad, así como con el reconocimiento de los campesinos, campesinas y el conjunto de trabajadores rurales para los cuales debemos valorar y reconocer materialmente sus derechos; una medida que contribuye a ello, es que el Estado y el conjunto de la sociedad reconozcan su actividad como esencial para la vida y por fuera de la incertidumbre del mercado. Es absurdo seguir pensando que la solución pasa por los bancos, o por las leyes del mercado capaces de regular hasta la peste más agresiva. No es una oportunidad de negocio, no es una mera enseñanza económica; es ante todo la necesidad de prepararnos para la vida de todos y la defensa del planeta, nuestra casa común. Ello implica sacar del pozo donde están sometidos la gran mayoría de los colombianos, acortar la brecha y zanjar cada día las diferencias materiales, sociales y políticas entre los pocos de arriba y los muchos de debajo de nuestra sociedad. Pues seguramente mientras unos continúan haciendo negocios, acumulando tierra improductiva y pensando en aplazar los viajes de vacaciones, la inmensa mayoría aún piensa en quehacer para comer el día de hoy. Que la cuarentena sirva para reflexionar cómo vemos de otra manera el futuro de nuestro país donde la justica social sea una realidad.

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“AL AMPARO DE LA PANDEMIA, RAPONAZO A LA NACIÓN”

Colombia, Columnistas, Congreso de la República, Opinión / revistacg

Al pasar entidades financieras como Finagro, el Fondo Nacional del Ahorro, el Icetex, el Banco Agrario, Findeter, Bancoldex, Fiduagraria, Fiduprevisora, y ocho instituciones más al Ministerio de Hacienda, se estarían privatizando valiéndose de la coyuntura del COVID-19. Con la firma del Decreto 492 de 2020 mediante el cual se establecen medidas para el fortalecimiento del Fondo Nacional de Garantías y se dictan disposiciones en materia de recursos, en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada en marzo pasado, el Gobierno Nacional adquirió poderosas atribuciones, entre ellas, el trasladar 16 entidades financieras a cargo del Ministerio de Comercio Exterior, una vez se haga su registro, esto es a los seis meses, al Grupo Bicentenario S.A.S., del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Lo que no entendemos es ¿cómo puede el Holding Financiero Estatal llamado Grupo Bicentenario, generar recursos líquidos para atender las urgencias de la emergencia sanitaria que atraviesa el país? Estas acciones solo vislumbran que estaríamos próximos a presenciar una subasta más, sobre el cada vez menos fornido patrimonio de la Nación, teniendo en cuenta que hace pocas semanas y en sigilo el Ministerio de las Tics subastó por encima de la ley y a precio de liquidación el uso del espectro radioeléctrico, un proceso vergonzoso donde ya la Procuraduría General de la Nación tomó acciones. No debemos olvidar que los decretos con fuerza de ley expedidos al amparo del Estado de Excepción son destinados exclusivamente a solventar los efectos de la emergencia, pero con los seis meses que se tomará el Ministerio para los registros y aportes de capital establecidos, es claro que esta acción debió ser presentada, discutida y aprobada en el Congreso de la Republica, pues de ninguna manera contempla una decisión de carácter inmediata ni relacionada específicamente con la emergencia. ¿Estaremos ante una subasta, venta o privatización de 16 entidades financieras del Estado bajo la excusa del COVID19?

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