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LA FRÁGIL ECONOMÍA Y EL CENTRALISMO

Actualidad, Columnistas, Opinión / revistacg

Necesitamos que el Gobierno aterrice en las regiones todas las políticas y decretos que se están implementando para la contención de la pandemia, el centralismo está causando profundas afectaciones en las poblaciones más vulnerables. Definitivamente son muchas las enseñanzas que nos está dejando esta crisis, a nivel espiritual, personal, familiar, social, político, de prevención, de la salud, entre muchos otros. Todos reconocemos que el mundo será diferente después de superar el Coronavirus pero está en nosotros el aprender y corregir los errores que se han visibilizado en medio de la pandemia. En esta oportunidad quiero referirme a dos aspectos importantes de nuestro país que han quedado en evidencia en estos tiempos; el primero es la fragilidad de la economía y el segundo es el grave daño que nos ha causado el centralismo egoísta que gobierna en Colombia. Si bien hay que reconocer la oportuna actuación del Gobierno Nacional para atender el avance de la pandemia con la implementación de políticas de confinamiento orientadas a la protección de la salud, hay que entender el importante efecto que estas medidas sanitarias han tenido y tendrán sobre nuestra economía. La drástica disminución en el ritmo de crecimiento, que se venía proyectando con cifras favorables a inicio de este año, frenó el avance que estábamos teniendo y evidenció la fragilidad de nuestro sistema económico. Ahora estamos sufriendo los efectos de las deficiencias del sistema que tenemos; en el que la mayoría de los trabajadores están en dificultades por laborar de manera informal e independiente, en el que hay una clase media con alto riesgo de recaer en la pobreza, en el que las pequeñas y medianas empresas no tienen recursos para pagar sus nóminas y los compromisos pendientes. La falta de diversificación de la producción nacional, el aumento del desempleo, la baja competitividad del aparato productivo, el volumen de las importaciones, la alta dependencia de las exportaciones mineras, la desindustrialización, entre otros, son realidades que están golpeando muy fuerte nuestra economía y en las que debemos trabajar para no volver a sufrir las consecuencias de estos errores que nunca se han corregido. Por ejemplo, no tener robustecidos sectores claves como la agricultura y la industria manufacturera nos está afectando en estos tiempos de crisis. Uno de los grandes retos que tenemos que asumir una vez superemos esta pandemia es la diversificación de nuestra producción nacional, somos un país con una economía basada más en servicios que en la producción de bienes, teniendo los recursos necesarios para potenciar la economía en todos los sectores productivos. Esta deficiencia nos ha hecho vulnerables ante la sorpresiva llegada del Covid-19, que está afectando profundamente sectores como el turismo. Mientras que los expertos realizan análisis, variables y estimaciones de los posibles escenarios de la crisis económica, con resultados de todo tipo, lo único que tenemos claro es que estamos ante una nueva realidad que nos exige un trabajo en equipo desde todos los frentes con nuevas acciones radicales enfocadas en la recuperación. Otra enseñanza que nos deja la pandemia; es que el centralismo en Colombia nos está causando mucho daño. Desde decisiones que se toman sin mirar a las regiones hasta la concentración de los análisis de las pruebas que se realizan en las distintas ciudades, hemos sido una vez más testigos del centralismo que gobierna en el país. Con la explosión de la pandemia, hemos visto cómo poco a poco se han ido relegando a las autoridades locales y se han centralizado las decisiones en el Gobierno Nacional, que tiene un gabinete que ignora las necesidades de las regiones, prueba de ello el Decreto 418 del Ministerio del Interior que limita la actuación de las autoridades locales y regionales. Aunque esta discusión que no es nueva, ha resurgido en medio de esta crisis por las complicaciones y traumatismos que ha generado el centralismo, especialmente para municipios de quinta y sexta categoría que cuentan con pocos recursos y muchas necesidades, son estos los que más han denunciado la ausencia de las múltiples ayudas anunciadas por el Gobierno Nacional. Si bien es cierto que en estos momentos hay que mantener la unidad y coordinación en las decisiones, no podemos aceptar que el centralismo profundice la ya grave crisis que estamos viviendo. Necesitamos que el Gobierno aterrice en las regiones todas las políticas y decretos que se están implementando para la contención de la pandemia, el centralismo está causando profundas afectaciones en las poblaciones más vulnerables. Una vez superemos esta crisis, nuestro país debe repensar su modelo económico y la manera de descentralizar las decisiones. Debemos buscar la forma de aumentar los niveles de bienestar de las familias colombianas, eliminar la pobreza y el trabajo informal con un modelo económico sostenible, que aproveche y desarrolle la producción local en todos los sectores de la industria. Lo único bueno que nos deja este Covid-19 es que nos ha demostrado que el virus más letal son las decisiones que se toman con poco oxígeno en el cerebro e ignorando a todas las regiones, desde oficinas a 2.600 metros de altura.

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PANDEMIA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

Columnistas, Opinión / revistacg

Para ilustrar la gravedad de lo que ocurre, si por cualquier razón se cerraran las importaciones a Colombia de maíz, trigo y otros productos, nos quedaríamos sin pan y sin pastas y sin huevos, carne de pollo, cerdo y cerveza, porque producirlos depende de los insumos agrícolas importados. En 2008 escribí: “Otra manera de ilustrar la importancia del acceso a la comida, importancia que algunos no entienden porque ingenuamente creen que los alimentos siempre estarán a la mano, es una reciente decisión que incluso se refiere al riesgo de que desaparezcan las propias semillas. Promovido por la ONU y la FAO, el Fondo Mundial de Diversidad de Cultivos, once importantes instituciones agrícolas y setenta países decidieron construir en Noruega unos silos subterráneos y blindados para depositar en ellos tres millones de semillas de diversas especies, con el propósito de precaver a la humanidad en caso de guerra nuclear, impacto de asteroides, atentado terrorista masivo, pandemia, catástrofes naturales o cambio climático acelerado, fenómenos que más que riesgos tienden a constituir certezas, si se mira en el largo plazo” Años después, Barack Obama defendió su propuesta de prepararse para una pandemia de salud como la que hoy azota a su país y a la humanidad: “No es solo un seguro, sino el conocimiento de que esto va a pasar, particularmente en un mundo tan globalizado”. Y su gobierno promovió la creación de la Unidad de Seguridad Sanitaria Global y Biodefensa de Estados Unidos, institución que Donald Trump, en error garrafal, desmanteló (bit.ly/2S6Pfhb). En tres ocasiones, el ministro de Álvaro Uribe que tramitó el TLC con Estados Unidos me dijo que no importaban los daños que ese Tratado le provocara a la producción de alimentos en Colombia, porque podían reemplazarse con comida extranjera que pagaríamos con las exportaciones de petróleo. Y en otra ocasión agregó: “Mil y mil gracias por los subsidios (agrícolas extranjeros), por – que nos permiten, por ejemplo, comprar trigo barato” (La Patria, May.16.04), ideas que han sido las de todos los gobiernos desde 1990 y que hoy nos tienen ante esta dolorosa realidad: importamos 14 millones de toneladas de productos agrícolas que podemos producir, no hay petróleo en abundancia y con los precios por el suelo y los alimentos son caros por la devaluación del peso. Y a pesar de la pandemia, ningún neoliberal ha renunciado a las falacias con las que han justificado los inmensos daños al agro –e incluso peores a la industria–, en momentos en que las importaciones están estrangulando la leche y el arroz, cuya producción debe reducirse a poco o desaparecer, por tarde, en 2027 y 2031, respectivamente, suerte a la que también tienen sentenciados al huevo, el pollo y el cerdo y amenazados a otros productos. Para ilustrar la gravedad de lo que ocurre, si por cualquier razón se cerraran las importaciones a Colombia de maíz, trigo y otros productos, nos quedaríamos sin pan y sin pastas y sin huevos, carne de pollo, cerdo y cerveza, porque producirlos depende de los insumos agrícolas importados. Así está de perdida la seguridad alimentaria nacional. El Coronavirus hizo trizas entonces la tesis obtusa de que los colombianos debemos ver nuestra seguridad alimentaria no como un problema nacional sino global, suponiendo, contra la evidencia, que siempre tendremos algún producto minero con qué pagar las importaciones y que, más obtuso aún, siempre se producirá la comida en algún sitio del mundo dónde comprarla y nunca se interrumpirán los flujos comerciales de abastecimiento. Pero esta doctrina, llamada de las ventajas comparativas, no la aplican las potencias que nos arrebatan la seguridad alimentaria nacional. No solo no la aplican, y ahora menos que nunca, sino que apertrechan con retórica deleznable a los importadores criollos, que se enriquecen con ella, y a sus teóricos. ¿Sí notaron que varios países desarrollados se negaron a exportar los bienes industriales que otros necesitábamos para enfrentar la pandemia? Lo único positivo que puede quedar del desastre de salud, económico y social que provocará el Coronavirus consiste en lograr cambios democráticos de diverso tipo, empezando por las relaciones internacionales de mula y jinete que padecemos. No para que se acaben los intercambios internacionales, sino para que los países como Colombia puedan adentrarse en la modernidad a la que estamos lejos de pertenecer. Y este puede ser un gran propósito nacional, que incluya incluso a quienes tienen contradicciones objetivas, como ocurre con los trabajadores y los empresarios, pues a los dos les interesa crear riqueza y empleo.

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¿Vale la pena rescatar a las aerolíneas?

Columnistas, Opinión / revistacg

“No es posible que a un par de compañías se les destinen, sin condiciones, más recursos de los que se han inyectado a todos los demás sectores de la economía en esta crisis” Sin aviación no puede subsistir el país. Es así de sencillo. No solamente por los 600.000 empleos directos e indirectos que genera esta industria, sino porque el servicio que presta es esencial para mantener viva la inversión, el turismo y los negocios. Tan es así que, por ejemplo, el año pasado 41.2 millones de personas se movilizaron por los aeropuertos colombianos. 27.9 millones en rutas nacionales y 14.1 millones en conexiones internacionales. Lo que significó un incremento del 9.1% respecto del 2018 que hizo posible que la inversión extranjera aumentara un 25% frente a ese mismo año y que Colombia tuviera la cifra más alta de turistas de toda su historia: 4.5 millones de personas. Sin embargo, como es bien sabido las cuarentenas y la propagación del coronavirus han puesto en jaque a la industria del trans porte aéreo. En total, la IATA, Asociación Internacional de Transporte Aéreo, calcula que este sector perderá $314 billones de dólares durante el 2020 a nivel mundial, una caída del 55% frente al 2019. Por eso, de manera unísona todas las aerolíneas están solicitando rescates económicos a sus respectivos países. Nada más por mencionar un caso, dentro del plan de recuperación económica de $2 trillones de dólares que se puso en marcha en Estados Unidos se destinaron $25 billones para proteger a sus aerolíneas. Eso sí, condicionándolas a no desmejorar las condiciones salariales de sus trabajadores. Por nuestra parte, en Colombia nos enfrentemos a un gran cuestionamiento: ¿Debe el Gobierno rescatar a las aerolíneas? La respuesta a esta pregunta tiene varias aristas. En primer lugar, más que salir a proteger a una aerolínea en particular, la prioridad del Gobierno debe ser garantizar la subsistencia del transporte aéreo en el país con el menor riesgo posible. Este es un servicio esencial sin el cual es imposible pensar en una reactivación económica a mediano plazo. En segundo lugar, el eventual rescate financiero no puede operar como un cheque en blanco a favor de las compañías de transporte. De darse, debe estar absolutamente condicionado a proteger los 71.000 empleos directos que genera la industria y a mantener viva la operación. Bajo ninguna circunstancia los recursos de los contribuyentes pueden terminar cancelando las deudas de las aerolíneas con sus acreedores. Ello implicaría, sencillamente, regalarle dineros públicos a los bancos sin que con ello se garantice el futuro de la aviación en el país. En tercer lugar, los recursos que se llegasen a entregar deben destinarse exclusivamente a sostener la operación dentro de Colombia. Es decir, no se puede permitir que con el eventual auxilio económico se mantengan inversiones de las empresas en otras naciones como Brasil, Chile o Perú. La prioridad en este momento es cubrir las necesidades locales de conectividad aérea. En cuarto lugar, el Gobierno no puede entregar recursos sin tener una garantía a cambio. Me explico: el rescate financiero a las aerolíneas es demasiado costoso. Por ejemplo, los $300 millones de dólares que está solicitando Avianca implican $1.2 billones de pesos. Con este dinero, podríamos financiar el 23% de las nóminas de las MiPymes del país, las cuales cuestan en total $5.2 billones para sostener 5.7 millones de empleos con salario mínimo. Por eso, una operación financiera de esta naturaleza exige una contraprestación clara que proteja los recursos de los colombianos. En Alemania, por mencionar otro caso, se está llevando a cabo una negociación donde el Estado le inyectaría $10.000 millones de euros a Lufthansa a cambio del 25.1% de sus acciones. Solamente tomando estas precauciones es viable contemplar un rescate del transporte aéreo en Colombia. No es posible que a un par de compañías se les destinen, sin condiciones, más recursos de los que se han inyectado a todos los demás sectores de la economía en esta crisis. Es obvio que el país necesita de este sector, pero una inversión de esta envergadura no se puede hacer con ingenuidad y asumiendo riesgos excesivos por parte de los contribuyentes.

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¿Tributar para qué?

Columnistas, Opinión / revistacg

La demanda que presentó el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, Dejusticia, contra el Estatuto tributario, Decreto 624 de 1989 y sus modificaciones, pone en la palestra pública el debate sobre qué tipo de tributación debe tener el país. Esta columna expone varias consideraciones sobre el tema, por las que creo se debe apoyar la demanda, algunas de las cuales coinciden con los argumentos que esta presenta. Para comenzar es necesario señalar que en materia fiscal la Constitución dicta, en el artículo 363, que el sistema tributario se fundamenta en los principios de equidad, eficiencia y progresividad. Con respecto a la equidad, el sistema tributario colombiano no la cumple. Las exenciones y beneficios cercanos a los 78 billones de pesos generan inequidades horizontales, lo que rompe con tal principio. Empero, es menester analizar las exenciones más que borrarlas todas, pues, por ejemplo, muchas corresponden al IVA y eliminarlas golpearía fuertemente el consumo de los sectores populares y medios –la mayor parte del país– que destinan la totalidad o una parte considerable de sus ingresos a los productos exentos o excluidos, atacando el principio de progresividad. El sistema tampoco es eficiente. Es costoso de administrar y es complejo por los distintos regímenes y beneficios, lo que favorece la evasión y la elusión, que generan inequidad y afectan la progresividad. Luchar contra estas también cuesta, por lo que se requieren más ingresos y una política penal que castigue con severidad a los evasores. Además, se debe tener en cuenta que si bien se pueden considerar “altas” las tasas tributarias nominales, el recaudo efectivo es irrisorio. Incluso, la tributación efectiva, en términos porcentuales, disminuye a medida que aumentan los ingresos y la riqueza, en especial en la parte más alta del decil más rico. Uno de los objetivos que debe tener la política fiscal es la redistribución. De ahí se deriva el principio de progresividad. Bello anhelo el de la Constitución que en un acápite del artículo 13 reza “El Estado promoverá que la igualdad sea real y efectiva”. Más allá de que la igualdad plena sea justa, –postura de la que discreparíamos muchos–, pocos aceptan como justa la distribución del ingreso y de la riqueza que hay en el país. La redistribución no se da, una variación mínima en el coeficiente de Gini tras la política fiscal es muestra de eso. Aunque no lo indique la demanda, en el fondo sigue latente la discusión sobre el papel del Estado, la función de su andamiaje y las formas en que se distribuye el producto del trabajo social. La lente liberal, y sobre todo sus implicaciones en la forma en que se aprehende la realidad, mantiene la discusión en términos de individuos libres e iguales –una robinsonada dirían por ahí–, que pierden recursos y bienestar en el costoso mantenimiento de un aparato opresor que vulnera el desarrollo individual y castiga el éxito. Tal postura desconoce la materialidad de las relaciones sociales, la forma en que se produce por el conjunto de la sociedad y como se concentra de forma particular. Hay un desperdicio de los recursos del país –una ojeada al desempleo da una idea–. Si se tienen en cuenta que el consumo jalonó el crecimiento económico el año pasado y la propensión marginal decreciente al consumo, una mayor progresividad debería impactar el crecimiento. Habrá que analizar la capacidad productiva del país para conocer el incremento de la producción al poner en marcha esos recursos ociosos y su efecto en la inflación; no obstante, eso requiere un estudio completo que excede el objeto de esta columna. Esperemos que la Corte, en ejercicio del control abstracto, acepte los argumentos empíricos y que un sordo formalismo no afecte a la realidad; pues, se constata que en los hechos se viola el artículo 363 superior.

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Llegó la hora del campo, si no es hoy ¿Cuándo?

Columnistas, Opinión / revistacg

“Estamos obligados como Estado, a garantizar a nuestros ciudadanos el abastecimiento de nuestros alimentos, producidos íntegramente en nuestro país, y generar excedentes para convertirnos en la despensa de aquellas naciones que así lo requieran” Con el aislamiento preventivo y de cuarentena obligatoria, hemos aprendido como nunca antes, valorar lo que llega a nuestra mesa. Y tal vez nos es indiferente el origen de producción de estos alimentos. Pero si indagáramos un poco más, nos sorprendería saber que muchos productos que hemos considerado producidos en nuestros campos, pueden tener su origen en diferentes partes del mundo, como, por ejemplo: maíz, cebolla, papa, frijol, alverja, carne, huevos, azúcar, café, arroz, entre muchos otros. Las recetas de nuestros platos típicos podrían elaborarse en muchos casos con productos importados en un 90%. Según el informe del DANE del mes de Febrero de 2020, del 100% de las importaciones realizadas en Colombia, el 14,6% corresponde a productos agropecuarios, alimentos y bebidas. Nuestro país y el continente americano, han tenido una vocación agrícola desde épocas prehispánicas. El maíz, el cacao y el tomate, entre otros, son originarios de nuestros suelos americanos y dados a conocer al resto del mundo en la época del descubrimiento y conquista de nuestras tierras por países europeos. La fertilidad de los suelos de nuestra patria y la diversidad de sus pisos térmicos, han permitido que muchos de nuestros productos agrícolas, tengan un reconocimiento mundial en su calidad cómo el café y las flores. A raíz de la apertura económica de los años 90 y a la globalización de la economía, comenzamos a recibir productos que tradicionalmente producen nuestros campos, mares y ríos, a unos precios mucho más bajos para el consumidor final así su calidad sea inferior en muchos casos. Las dificultades en comercialización, muchas veces realizada por intermediarios inescrupulosos, aunado a los altos costos de producción, especialmente en los insumos agrícolas, como abonos y herbicidas, son factores que han pauperizado el campo, pues muchos de nuestros campesinos han estado produciendo a pérdida y a pesar de sus múltiples necesidades, se han realizado incipientes esfuerzos por recuperar este sector de la economía. A esto se suma la presencia de grupos armados ilegales que históricamente han causado daño, reclutamiento forzado, despojo de tierras y desplazamiento a nuestros campesinos. A raíz de esta pandemia, al igual que muchos países del mundo, hemos visto la fragilidad de nuestra seguridad alimentaria, puesto que muchos de los productos vitales para consumo humano o materias primas para la elaboración de alimentos balanceados son importados, los cuales son vitales para la producción avícola, piscícola, porcícola y ganadera. A pesar de que El Presidente Iván Duque venía dando pasos en el cumplimiento de su propuesta de campaña “Campo con Progreso”, esta pandemia ha desnudado la gravedad del sector agropecuario, la cual requiere de acciones inmediatas para reactivar la producción agrícola, empoderamiento a los pequeños campesinos para que logren cosechas más productivas y estas tengan canales expeditos de comercialización, con unos precios vigilados por el Estado que le permitan tener rentabilidad. Ha llegado la hora de devolver al campo la importancia que requiere y merece en nuestra nación, para lograr más temprano que nunca y atravesar el túnel en que nos encontramos. Estamos obligados como Estado, a garantizar a nuestros ciudadanos el abastecimiento de nuestros alimentos, producidos íntegramente en nuestro país, y generar excedentes para convertirnos en la despensa de aquellas naciones que así lo requieran. Queremos que de nuestros campos sigan saliendo deportistas que han levantado nuestra bandera en los podios más encumbrados del mundo, como “El jardinerito” Lucho Herrera y Nairo Quintana.

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El coronavirus actualidad no da tregua en el mundo

Actualidad, Colombia, Covid-19, Economía, Especiales, Internacional, Opinión, Salud / revistacg

El brote del coronavirus, que apareció en diciembre pasado en la ciudad de Wuhan, en el centro de China, no da tregua en el mundo, donde más de 5.4 millones de personas han sido contagiadas y más de 346 mil han fallecido. En tan solo seis meses de circulación por los cinco continentes, el también llamado Covid-19, acabó de tajo con el crecimiento global alcanzado en la última década, ante la parálisis de un alto número de empresas y la pérdida de cerca de 30 millones de empleos, la mayoría de ellos en Estados Unidos, como consecuencia de la recesión económica mundial. Aunque los esfuerzos de las autoridades sanitarias y de los gobiernos se redoblan a diario para aplanar la curva de la pandemia y frenar el contagio masivo de la población, los casos positivos y los fallecimientos se mantienen en ascenso en la mayoría de países donde el virus se ha propagado de manera veloz. De acuerdo con los más recientes balances epidemiológicos, Estados Unidos sigue siendo la nación más golpeada, con más de 90 mil muertes, seguido de Reino Unid, Italia, España, Francia y Alemania que ya superaron en la cifra de contaminados a China, el foco inicial del germen infeccioso. El país norteamericano también encabeza los reportes de personas que han perdido sus puestos de trabajo durante la emergencia provocada por el Covid-19, con el récord histórico de 27 millones de desocupados, lo que ha llevado a muchos de ellos a elevar solicitudes de ayuda por desempleo para poder sobrevivir a la crisis. La difícil situación obligó al Presidente Donald Trump a realizar una inyección de dinero importante (dos billones de dólares) para impulsar el consumo y las ventas minoristas, la cual no fue suficiente, por lo que se vio en la necesidad de buscar nuevos recursos para enfrentar la amenaza viral, sobre todo en Nueva York, donde se concentra la mayor parte de los casos. El impacto que ha tenido la enfermedad en el mercado laboral a nivel global, está ligado, según los analistas, a las medidas de confinamiento decretadas por los gobernantes para atajar la epidemia en sus territorios. Según la firma Oxford Economics, Estados Unidos perderá por la pandemia unos 30 millones de puestos, sin contar con lo que sucederá en el resto de países, con consecuencias enormes en lo social. Por eso, los mandatarios han apretado el acelerador para amortiguar el golpe en las empresas, los trabajadores y familias, con normas excepcionales y solicitudes de créditos a la banca mundial. El impacto en Europa Luego de semanas difíciles, con cientos de miles de contagiados, Europa ha comenzado a flexibilizar las normas para ir reactivando su economía de manera gradual, pese a que los científicos han advertido sobre el riesgo de un repunte de los casos positivos en sus países, ante la decisión de los gobiernos de retornar a la normalidad lo antes posible para reabrir el aparato productivo y evitar un descalabro mayor. Por ejemplo, España, cuyo gobierno decretó el confinamiento social en marzo pasado ante el crecimiento exponencial del virus, inició la reapertura de algunas empresas que por la naturaleza de las actividades que desarrollan, tienen que operar en planta. Los empleados de sectores como la construcción y la industria manufacturera, retornaron a sus sitios de trabajo bajo rigurosas medidas de protección para evitar infectarse entre ellos o en su desplazamiento de una zona a otra. “Todos queremos volver a las calles, pero deseamos aún más ganar esta guerra y prevenir un repunte”, dijo el presidente Pedro Sánchez al explicar que la población más vulnerable al contagio deberá permanecer en casa como mecanismo de prevención. Al igual que el país ibérico, otras naciones como Italia, donde más de seis mil ancianos murieron en asilos durante el pico más alto de la pandemia, comenzó también a ceder en sus restricciones. Sin embargo, en la gran mayoría de estados europeos seguirán prohibidos los eventos públicos hasta los meses de junio y septiembre. “Si abrimos Dinamarca demasiado pronto, corremos el riesgo de que las infecciones repunten rápidamente y tengamos que volver a cerrar”, reconoció la primera ministra, Mette Frederikssen. El mismo temor lo expresó en días pasados, la canciller alemana, Angela Merkel, quien admitió que flexibilizar demasiado las normas podría poner en peligro los resultados alcanzados hasta ahora para preservar la vida de la gente. “Sería una pena que hubiese una recaída, y que tuviésemos que dar marcha atrás”. Y es que la Organización Mundial de la Salud (OMS), alertó sobre el riesgo de suspender tan rápido el aislamiento social, debido al comportamiento inusual que ha tenido la epidemia. En abril pasado, en un portaaviones francés, un total de 940 marineros dieron positivo por Covid-19, de los cuales 500 presentaban síntomas y 20 fueron hospitalizados. El origen de los contagios es un enigma, ya que la tripulación, en misión durante tres meses, no había estado en contacto con el exterior. Durante la cuarentena, la Plaza Mayor de Madrid, España, fue cerrada para evitar aglomeraciones que pusieran en riesgo a la población. La soledad reinó en las calles de las principales ciudades europeas durante varias semanas El Papa Francisco celebró la Semana Santa sin fieles en el Vaticano por el aislamiento social decretado en Italia. La pandemia en América Latina Guayaquil es una de las ciudades de Suramérica más golpeadas por el virus Si por Europa llueve, por América Latina no escampa. A pesar de la intensa labor de las autoridades sanitarias y de los gobernantes para contener la pandemia, la curva de contagios sigue su carrera ascendente, con más de 27 mil muertos y alrededor de 500 mil infectados en la región. El foco mayor está en Brasil, país que registra más de 16 mil fallecidos, cifra que podría crecer en los próximos días cuando la epidemia alcance su pico más alto. En la lista de naciones afectadas por la emergencia, figuran México, Ecuador, Perú, Argentina, Colombia, Chile, Paraguay, Venezuela y El Salvador, entre otras, donde los recursos se han orientado al fortalecimiento del

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Una pelea que afecta la expansión de las energías limpias

Actualidad, Columnistas, Opinión / revistacg

La implementación de energías renovables y el transporte eléctrico, sin embargo será difícil que con tribunales de arbitramento y posibles seguimientos clandestinos se pueda construir la confianza necesaria para apostar millones de dólares en limpiar el aire de la ciudad y generar ingresos para el desarrollo y progreso de la capital. Para nadie es un secreto que el contro – versial pleito entre la multinacional italiana Enel y el Grupo Energía de Bogotá (GEB) le está pasando altas facturas a ambas empresas, pero sobre todo a los bo – gotanos, quienes son los más afectados en este altercado. Los desacuerdos, rivalidades y desconfianzas generadas a raíz del conflic – to entre los socios, no solo han aumentado las tensiones, sino que además han frenado a el GEB en su apuesta por el desarrollo de las energías renovables. La preocupación que ha desencadenado esta batalla legal, no es para menos, tenien – do en cuenta que se trata de una dispu – ta millonaria entre dos grandes del sector energético de Colombia, que anualmen – te le aportan a la capital del país, cerca de 800.000 millones de pesos en utilidades. Esta unión que ha liderado con éxito las empresas Enel-Codensa y Enel-Emgesa, era en un principio un referente de buen desempeño en el sector, pero hoy se ha con – vertido en el blanco de quejas en Bogotá y sus alrededores por la disminución que ha presentado en la calidad del servicio energía con frecuentes apagones. A las actuales demandas ante tribunales de arbitramento realizadas por el Grupo Energía de Bogotá a Enel; por el desarrollo de iniciativas de energías limpias a través de Enel Green Power, y no de Enel-Emgesa; el cambio de los nombres de las empresas y la distribución de los dividendos, hay que sumarles el vergonzoso cóctel de chuzadas telefónicas que tienen a la presidente del GEB, Astrid Álvarez Hernández, en me – dio de una investigación por la firma de un contrato con la empresa que chuzó las comunicaciones del director general de Enel Colombia, Lucio Rubio Díaz. Son numerosas las dudas que han surgido alrededor del contrato que en 2018 firmaron el Grupo de Energía de Bogotá y la consultora Berkeley Research Group, implicada en las chuzadas ilegales al interior de la Fiscalía, cuyo monto asciende a más de $3.000 millones, los cuales no han sido justificados y son motivo de investigación por parte de la Contraloría de Bogotá. Ante este hecho, no podemos olvidar el antecedente que tiene la señora Álvarez, quien en 2007 se vio involucrada en un escándalo de grabaciones sobre contratos de transporte aéreo entre Ecopetrol y Helicol, propiedad de Avianca. Ojalá pronto se resuelva este bochornoso caso que enreda más el futuro de esta unión. Sabemos que la alcaldesa Claudia López quiere dejar su impronta en Bogotá con la implementación de energías renovables y el transporte eléctrico, sin embargo será difícil que con tribunales de arbitramento y posibles seguimientos clandestinos se pueda construir la confianza necesaria para apostar millones de dólares en limpiar el aire de la ciudad y generar ingresos para el desarrollo y progreso de la capital. Eso sin mencionar, la gran desventaja que significó para el GEB no participar en la subasta de energía renovable por las implicaciones en la disputa actual con Enel. La limitación que tiene el Grupo Energía de Bogotá para el desarrollo de la línea de negocios de generación de energía limpia, a causa de la discordia con sus socios, ha impactado de manera negativa a la empresa, que está perdiendo grandes oportunidades de avanzar en las renovables. Los desacuerdos con Enel en los negocios de energía renovable que según el GEB violan los acuerdos contenidos en el contrato de asociación, tienen al Grupo atado de manos en el desarrollo de estos proyectos porque el reclamo se encuentra en tribunal de arbitramento. Es lamentable que esta, la que fuera la alianza público-privada más larga en el tiempo y más exitosa, pase hoy por momentos de gran tensión que la exponen a una ruptura. Es hora de que se termine esta guerra que no está haciendo más que afectar el patrimonio de los bogotanos y detener la expansión de las energías renovables en la capital. Esperamos que pronto se aclare las acusaciones de las chuzadas y se reparen las relaciones entre los socios para que el oxígeno fresco de la nueva administración llegue al timón máximo de una de las empresas más admiradas y respetadas del país.

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Migración en Colombia, un problema que se agudiza

Columnistas, Opinión / revistacg

El Congreso debe con urgencia tramitar los proyectos de ley migratoria y de estatuto fronterizo que actualmente cursan en las comisiones segundas de Senado y Cámara. Y el gobierno nacional debe comprometer a la comunidad internacional en la atención de este drama humanitario. En Colombia, curiosamente y por fortuna, el asunto migratorio y en particular la ola migratoria venezolana, no ha hecho presencia en el debate político y en la definición de las preferencias electorales de la ciudadanía. En otras latitudes como en Europa y Estados Unidos, en cambio, el movimiento masivo de población ha producido, cuando menos, modificaciones importantes en el mapa político, en su mayoría articuladas a la explotación de la xenofobia que han dado origen o han alimentado proyectos políticos de la extrema derecha. Esta infortunada circunstancia en Colombia quizás obedezca a que buena parte de los ciudadanos venezolanos que han llegado a nuestras fronteras y principales ciudades son colombianos o hijos de colombianos, que habían emigrado al vecino país en busca de oportunidades laborales o de mejoras en su calidad de vida, o huyendo del conflicto armado interno. Quizás también a los lazos históricos y culturales que nos unen como pueblos y que constituye un dique de contención al nivel de rechazo o xenofobia de otros contextos. Idiomática y culturalmente hablando, el venezolano difícilmente puede ser considerado un extraño en nuestro país. Pero una circunstancia política particular ayuda a explicar esta relativa tranquilidad con la que hemos recepcionado la crisis migratoria venezolana. Por un lado, los sectores políticos de izquierda o de centroizquierda han tenido una actitud solidaria y comprensiva con los recién llegados, reconociendo sus derechos y respaldando las acciones del Estado colombiano para su atención. Y para la derecha política, representada especialmente en el Uribismo, acogerlos y reconocerlos es sobre todo una manera de insistir en la descalificación del régimen venezolano como una dictadura 83 El Congreso debe con urgencia tramitar los proyectos de ley migratoria y de estatuto fronterizo que actualmente cursan en las comisiones segundas de Senado y Cámara. Y el gobierno nacional debe comprometer a la comunidad internacional en la atención de este drama humanitario. Han llegado incluso a proponer que los venezolanos sean reconocidos como refugiados en nuestro país, con todo lo que ello implica en materia de derechos para las personas que gozan de este estatus en el derecho internacional. Sin embargo, las cifras Indican que el fenómeno migratorio colombiano es de los más grandes y desafiantes del mundo. La ACNUR calcula en 25 millones el número de personas que se movilizan al año expulsa – dos u obligados a salir de su lugar de origen. En Colombia, según datos oficiales, hemos recibido en los últimos cinco años cerca de un millón ochocientos mil personas provenientes del vecino país. En los momentos más críticos 32 mil personas cruzaron diariamente la frontera colombo-venezolana y, actualmente 40 mil circulan a diario en la zona fronteriza, de las cuales se quedan 3 mil en nuestro país. Situación que inevitablemente se agravará con las restricciones en la circulación de los venezolanos en las fronteras de Ecuador y Perú. Colombia definitivamente cambió su perfil migratorio. De ser un país expulsor de población pasamos a convertirnos en un país receptor. Esa circunstancia nos sorprendió sin una legislación y sin una institucionalidad suficientemente robusta para atender solidaria y productivamente la llegada de personas de otros países, cuando aún tenemos que lidiar con el desplazamiento interno de población víctima del conflicto y la violencia. El Congreso debe con urgencia tramitar los proyectos de ley migratoria y de estatuto fronterizo que actualmente cursan en las comisiones segundas de Senado y Cámara. Y el gobierno nacional debe comprometer a la comunidad internacional en la atención de este drama humanitario.

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Divisiones insensatas

Columnistas, Opinión / revistacg

El segundo vicepresidente del senado Dr. Alexander López Maya, junto a la bancada que se hace llamar alternativa, instauraron una tutela contra el presidente Iván Duque Márquez por violar los derechos fundamentales al debido proceso, el deber de control político y el principio de democracia participativa, debido a que el mandatario no ha enviado al Congreso el informe de las causas que determinaron el Estado de Emergencia derivado de la pandemia COVID –19. Argumentan que el 22 de abril de 2020, varios congresistas elevaron una solicitud al presidente para que allegara dicho informe y hasta la fecha no hay pronunciamiento alguno. Que insensatez por el amor de Dios, es increíble que algunos “padres de la patria”, se desgasten en mover el aparato judicial para obtener respuesta de algo que es de conocimiento público y constituye un hecho notorio. Hasta el más humilde e iletrado de los colombianos, tiene conocimiento de las causas de la declaratoria del Estado de Emergencia y desde el día uno que se anunció el mismo hasta la fecha, son públicas todas las medidas o decretos que ha expedido el gobierno con ocasión del coronavirus. En estos momentos de tragedia nacional y mundial, el país exige de sus máximos dirigentes que actúen con madurez, que actúen desprovistos de protagonismos insulsos, que entendamos de una buena vez que todos pertenecemos a la misma familia de seres humanos y como seres humanos lo más importante en esta coyuntura, es la salud y la alimentación, en esas dos direcciones deben estar concentrados todos los esfuerzos de nuestros “padres de la patria”, ya que el coronavirus desnudó lo mal que está el país en redes hospitalarias, pues departamentos como el Chocó no tienen una sola Unidad de cuidados intensivos (UCI)) para atender la emergencia sanitaria que hoy vive la nación. Por ello, señores congresistas, señores “padres de la patria”, actúen como verdaderos padres, BASTA YA, de divisiones insensatas, congresistas desgastándose si las sesiones deben ser virtuales o presenciales, todo, solo con cálculos electorales, antes que resolver los verdaderos problemas de los colombianos. Jesucristo murió por nosotros dejándonos el más importante mensaje “Ámense unos a otros como yo los he amado”, cumplamos a cabalidad esa frase y sin duda alguna se acabarán las divisiones sin sentido en nuestro país y el mundo entero.

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Y usted, ¿En qué se quiere mueve?

Actualidad, Opinión, Transporte / revistacg

Le llegó la hora al Congreso de entender que no podemos seguir viviendo en las cavernas y no podemos resolver problemas del presente, pensando en el futuro, con herramientas del pasado. ¿Cuánto vamos a esperar para regular las Plataformas de Transporte? ¿Vamos a dejar pasar el tren de la tecnología e innovación? ¿Vamos a seguir espantando la inversión extranjera? Equilibremos la cancha, demos al ciudadano la opción de elegir en que se quiere mover y avancemos. El pasado mes de noviembre radicamos junto al representante Edwin Ballesteros del Centro Democrático, el proyecto de Ley 292 de 2019 por medio del cual se regula el servicio privado de transporte intermediado por plataformas digitales. El eje central de la regulación planteada son los ciudadanos y su derecho a elegir en qué se quieren movilizar, de acuerdo a sus preferencias y necesidades. Los mecanismos propuestos buscan equilibrar la cancha entre los taxistas y conductores para que puedan competir en condiciones equitativas. Son cinco los principales puntos que contiene el proyecto. El primero de ellos es el referente a la compensación de cupos. Se busca desmontar gradualmente el esquema que existe actualmente, porque hoy la tecnología es la que mide la oferta y la demanda en tiempo real. A los taxistas se les compensará con un Fondo alimentado por el 1% de la facturación de las plataformas. El segundo es el tema de los seguros. La iniciativa obliga a las plataformas a tener exactamente los mismos seguros que los taxistas. El tercero es el referente a las licencias de conducción para que el tipo de licencia sea el mismo en ambos casos. El cuarto es el que obliga a que las plataformas paguen impuesto de renta sobre la tarifa completa en Colombia ya que actualmente lo que los usuarios pagan por cada servicio, se va directamente para sus casas matrices, y por lo tanto no constituyen un ingreso gravable en Colombia. Finalmente, el quinto punto del proyecto pretende darle la posibilidad a los taxis de tener una tarifa dinámica, siempre y cuando adopten medios tecnológicos y de GPS para dicho cálculo, con la única salvedad de que podrá ser hasta el doble de la tarifa en horas pico. Le llegó la hora al Congreso de entender que no podemos seguir viviendo en las cavernas y no podemos resolver problemas del presente, pensando en el futuro, con herramientas del pasado. Debemos legislar a favor de los ciudadanos y darles la libertad de elegir en que se quieren mover.

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