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Representantes se manifiestan sobre la situación de riesgo en Cundinamarca y Meta

Actualidad, Cámara: Cámara de Representantes, Congreso de la República, Cundinamarca / revistacg

En las últimas semanas, las comunidades del Oriente Cundinamarqués y de la cordillera del Meta se han visto fuertemente afectadas por constantes deslizamientos de tierra en medio de lluvias torrenciales y eventos sísmicos que han afectado a toda la región. Pérdidas materiales, de viviendas, de trabajos y de tranquilidad aquejan a habitantes de los municipios como Quetame (Puente Quetame), Medina y Guayabetal en Cundinamarca, y El Calvario en el Meta quienes, desde hace varias semanas, claman por el acompañamiento de los gobiernos locales, departamentales y del gobierno nacional. Dicha situación también ha generado que la región de la Orinoquia esté prácticamente incomunicada con el centro del país a raíz de la caída de material en los puntos críticos de la vía al Llano, lo cual ha llevado incluso a que los habitantes de los sectores aledaños al corredor vial hagan uso de su derecho a manifestarse pública y pacíficamente para exigir soluciones definitivas de parte de las autoridades, por ejemplo, en la intervención de, al menos, seis viviendas que necesitan ser reconstruidas en el municipio de Guayabetal. Celebramos el Plan de Contingencia Operativa concertado en el Puesto de Mando Unificado – PMU, los compromisos acordados para el tránsito de habitantes y trabajadores de los diferentes municipios afectados, labores de limpieza de la calzada, subsidio para comerciantes de la vía y mitigación del riesgo. No obstante, como miembros de la Comisión Accidental de Seguimiento al Sistema de Gestión del Riesgo de Desastres de la Cámara de Representantes, apoyamos la solicitud del alcalde de Villavicencio, Felipe Harman, en cuanto a la imperiosa necesidad de realizar una declaratoria de emergencia social y económica para atender la grave situación que atraviesa la región de los Llanos Orientales y las provincias de Oriente, El Guavio y Medina en Cundinamarca. También hacemos un llamado a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD, a las oficinas de Gestión del Riesgo del Meta y Cundinamarca, a la Concesionaria COVIANDINA y a las comunidades afectadas de los diferentes municipios a instalar una mesa de diálogo en el marco de esta comisión para hacer seguimiento a las soluciones a corto, mediano y largo plazo que permitan brindar apoyo a las comunidades que tanto lo necesitan en estos momentos. La gestión del riesgo es un tema de vital importancia para el país, sobre el que debemos estar preparados. Cuenten con el acompañamiento de los y las integrantes de esta comisión accidental como articuladores del proceso para el bienestar de los y las colombianas. Tomado por la Cámara de Representantes

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Por un Congreso más transparente: radican proyecto de rendición de cuentas y organizaciones se suman a la Comisión Anticorrupción de la Cámara de Representantes

Actualidad, Bogotá D.C., Cámara: Cámara de Representantes, Congreso de la República, Legislativo / revistacg

Un grupo multipartidista de congresistas radicó proyecto de ley para promover la transparencia entre el Congreso de la República y la ciudadanía. Así mismo, se formalizó compromiso con la MOE, el PNUD, Transparencia por Colombia, UniAndes, el Instituto Anticorrupción y el ICP para conformar la secretaría técnica de la Comisión Anticorrupción y de Integridad Pública. El pasado miércoles 23 de agosto, fue radicado el proyecto de ley estatutaria, de la autoría de los congresistas Cathy Juvinao, Angélica Lozano, Julio César Triana, Germán Blanco y David Racero, por medio del cual se promueve una cultura de apertura de la información, transparencia y diálogo entre congresistas y ciudadanos, estableciendo mecanismos para la rendición de cuentas. En coautoría respaldan el proyecto los congresistas Andrés Calle, Alejandro García, Jaime Raúl Salamanca, Elkin Ospina, Juan Sebastián Gómez, David Luna, Daniel Carvalho, Carolina Giraldo, Duvalier Sánchez y Wilder Escobar. El proyecto busca que senadores y representantes a la Cámara informen, expliquen y den a conocer su gestión a través de informes públicos, que podrá consultar la ciudadanía de manera digital, en donde reporten información como sus proyectos de autoría, proposiciones y constancias presentadas en comisiones y plenarias, debates de control político promovidos, denuncias ciudadanas, audiencias públicas y mesas técnicas convocadas, acciones adelantadas ante organismos del estado y los viajes internacionales realizados en calidad de congresista. Así mismo, se plantea que los congresistas convoquen espacios de diálogo público al finalizar cada legislatura para socializar su gestión de manera virtual o presencial. Juvinao expresó que este proyecto hace parte de la agenda de transformación del Congreso y añadió que “estamos cumpliendo un mandato de la ciudadanía que fue respaldado por 11 millones de personas en la consulta anticorrupción 2018 para que los congresistas fueran más transparentes en sus labores. Además, en mi calidad de vicepresidenta de ParlAméricas, impulsamos este compromiso que tiene el Congreso de Colombia como miembro de la organización para tener un parlamento abierto que materialice los reclamos ciudadanos y recobre legitimidad; esto solo se logra si la gente conoce lo que aquí hacemos a través de la rendición de cuentas”. Juvinao y Racero, coordinadores de la Comisión Anticorrupción y de Integridad Pública de la Cámara de Representantes, instalaron la secretaría técnica de la comisión, que está integrada por la Misión de Observación Electoral (MOE), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Transparencia por Colombia, la Escuela de Gobierno de la Universidad de Los Andes, el Instituto Anticorrupción y el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózafa (ICP) con el objetivo de brindar apoyo técnico y temático en materia de lucha contra la corrupción, promover iniciativas orientadas a este fin, hacer seguimiento y elaborar reportes de riesgos de corrupción en los proyectos y reformas en curso, generar espacios de discusión con expertos y academia y asesorar a la Comisión en controles políticos por casos de corrupción. Tomado por la Cámara de Representantes

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“El precario servicio de salud para las mujeres se presenta en zonas rurales y en barrios marginales de las ciudades”

Actualidad, Cámara: Cámara de Representantes, Congreso de la República, Mujeres / revistacg

Así lo advirtió el viceministro de Salud Pública, Jaime Urrego, durante una sesión formal de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer de la Cámara de Representantes. Una advertencia hizo este miércoles el viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios Jaime Hernán Urrego, en el Congreso de la República, al afirmar que, pese a que la Entidad invierte 47 billones de pesos para garantizar los servicios de salud de 25 millones de mujeres colombianas, los indicadores de gestión del riesgo son precarios. Para el viceministro Urrego, la deficiente cobertura de citologías, mamografías y demás enfermedades que afectan la salud de las mujeres, se presenta en zonas rurales y en los barrios marginales de las principales ciudades. En ese sentido, el funcionario, durante su intervención en la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer de la Cámara de Representantes, invitó a la reflexión de todos los actores involucrados y a la sociedad en general para abrir el debate acerca de qué tipo de modelo de salud se requiere en Colombia. “Nuestro desafío, desde el Ministerio de Salud, es vigilar que los recursos que hemos destinado para garantizar la salud de las mujeres se ejecuten como lo mandan la Constitución y la ley”, precisó el doctor Urrego. Así mismo, el Viceministro de Salud afirmó que el Ministerio invierte de manera directa cerca de 10 mil millones de pesos para atender a las mujeres en temas como derechos sexuales y reproductivos y prevención de la violencia. Durante su exposición, el doctor Urrego también dio a conocer 11 estrategias que la Entidad desarrolla en pro de la política pública de las mujeres para la vigencia 2023-2024, dentro de las cuales se destacan: – La recuperación, fortalecimiento y modernización de la red pública hospitalaria en zonas con baja oferta de servicios. – El fortalecimiento de los equipos interdisciplinarios territorializados permanentes y sistemáticos para garantizar la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad en las mujeres. – La formulación de políticas de derechos sexuales y reproductivos para las mujeres libre de violencia. Tomado por el Ministerio de Salud

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Senado aprobó en segundo debate proyecto de reducción de salarios a congresistas

Congreso de la República, Gobierno, Senado / revistacg

Con una votación de 84 votos, la plenaria del Senado aprobó este martes el Proyecto de Ley número 097 de 2022 Senado “Por medio de la cual se modifica el régimen salarial de los Congresistas de la República y se modifica la Ley 4 de 1992”. Previo a la discusión del articulado, que estuvo liderado por el autor y coordinador ponente el senador Jonathan Ferney Pulido Hernández (Alianza Verde), la plenaria del Senado escuchó al director de la Dian, Luis Carlos Reyes y a la directora de la Dirección Administrativa del Senado, Astrid Salamanca, quienes expusieron cuál es la base tributaria del salario de los congresistas. Al respecto el director Reyes, sostuvo que “al aprobar la reforma tributaria el Congreso aumentó el impuesto a cargo de todas las personas con altos ingresos, incluyendo a los miembros del Congreso y eso es un pago mayor y en la práctica una reducción de sus salarios”. Indicó que venían pagando anual 114 millones de pesos años y ahora pasarán a 169 millones de pesos, un aumento de casi 55 millones en tributación adicional. La directora Salamanca recordó que en la actualidad el salario de los congresistas es de $43.418.537, dividido así: Asignación básica $10.498.210, gastos de representación $18.663.490 y una prima de servicios de $14.256.837. Al momento de votar el articulado, el senador Pulido explicó que en la reducción salarial se busca quitar la prima especial. La también ponente, senadora Paloma Valencia (Centro Democrático) propuso que la reforma entre en vigencia a partir del día de la sanción de la ley, esto para respetar los derechos adquiridos. Sin embargo en la parte final se dispuso por la plenaria que la vigencia de la ley será desde el 20 de julio de 2026. El senador de Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa, le aprobaron una proposición con la cual se indica que el salario de los congresistas será el tope máximo de lo que puedan llegar a ganar los funcionarios públicos. “Cuando hablamos de disminuir brechas salariales tenemos que incluir los altos funcionarios del Estado, no solamente congresistas, también los de rama ejecutiva, judicial, organismo de control e independientes”, explicó Motoa. El presidente del Senado, Iván Name, tras la votación del proyecto, levantó la sesión y citó para el miércoles a las diez de la mañana. Tomado de: Senado

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Avanzan las garantías por los derechos de las personas buscadoras de víctimas por desaparición forzada

Actualidad, Cámara: Cámara de Representantes, Congreso de la República / revistacg

En un encuentro liderado por la representante del Huila Leyla Marleny Rincón Trujillo en el marco del proyecto de ley No. 242 de 2022. Se reunió la Red de Buscadoras y Buscadores del Sur en el Salón Luis Carlos Galán del Congreso de la República el 16 de agosto. En dicho evento, se buscó continuar el diálogo formativo y la construcción conjunta para reconocer y proteger de forma integral la labor y los derechos de las personas buscadoras de víctimas de desaparición forzada. La Red de Buscadoras y Buscadores del Sur “Tras las huellas de la vida” ha logrado articularse con más de 250 familias buscadoras de personas desaparecidas en el departamento del Huila, logrando una importante labor de incidencia para posicionar este tema en la opinión pública. La representante Leyla Marleny Rincón Trujillo destacó la importancia de reconocer y proteger la labor de las personas buscadoras de víctimas de desaparición forzada, señalando que su valor es una contribución vital a la sociedad. “Este encuentro representó una oportunidad para honrar la memoria de las víctimas y avanzar en la consolidación de la paz total en Colombia”, aseguró la congresista. Es importante destacar que el objetivo principal de la Red de Buscadoras y Buscadores del Sur es encontrar, en compañía de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, a las más de 1.200 personas que se han reportado como dadas por desaparecidas en el departamento del Huila, pero, además, la Red le apuesta a la articulación con diferentes actores estratégicos sociales e institucionales, que son necesarios para continuar en el trabajo de visibilizar la desaparición como fenómeno en el sur del país, garantizar la búsqueda como un derecho, buscar el acompañamiento psicosocial y psicoemocional a las buscadoras, consolidar estrategias de reparación y memoria, reconocer y reivindicar el rol de las personas que buscan y generar sostenibilidad para la Red misma como un espacio de contención colectiva. La Red de búsqueda continúa recolectando información documental para el proceso de acreditación colectiva como víctimas ante la Justicia Especial para la Paz (JEP). Durante el encuentro, los asistentes compartieron un emotivo momento en el que se presentó un gran telar en forma de mariposa que, simbólicamente, representa la esperanza de volar tras encontrar a sus seres queridos desaparecidos. Este telar fue hecho por habitantes de diversos municipios del Huila y recoge las historias de dolor y sufrimiento tras la desaparición de sus seres queridos. Asimismo, se invitó a los asistentes a firmar el telar como símbolo del compromiso con la búsqueda de personas desaparecidas, haciendo de esta iniciativa un gran pacto social en el que se comprometieron a luchar por la verdad, la justicia y la reparación de todas las víctimas del conflicto armado y la desaparición forzada en Colombia. En paralelo a este encuentro, se aprobó la semana pasada, en la Cámara de Representantes el Proyecto de Ley No. 242 de 2022, liderado por el ponente HR. Alirio Uribe Muñoz. Este proyecto de ley busca reconocer y proteger los derechos de las personas buscadoras de víctimas de desaparición forzada en Colombia, adoptando medidas de prevención, información, atención y sensibilización de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos y mandatos legales previos. Entre las medidas contempladas, se destacan los principios que guiarán la interpretación y aplicación de la ley, así como los deberes del Estado frente a las personas buscadoras. Asimismo, se reconoce el rol de estas personas como constructoras de paz y se establecen medidas de sensibilización pública y la rendición de un informe anual ante las comisiones de Derechos Humanos y Legal para la Equidad de la Mujer del Congreso de la República. La aprobación de esta ley representa un gran avance en la protección de los derechos de las mujeres y personas buscadoras de víctimas de desaparición forzada en Colombia y es vital para hacer justicia a las víctimas y reivindicar su labor en la sociedad. Tomado por la Cámara de Representantes

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Todo bajo control con los Juegos Nacionales y Paranacionales Eje Cafetero 2023

Actualidad, Congreso de la República, Deporte, Mindeporte / revistacg

La ministra, Astrid Bibiana Rodríguez, presentó un informe general del avance de los Juegos Nacionales y Paranacionales 2023 en el Congreso de la República. Con el paso del tiempo se disipan las dudas sobre la realización de los XXII Juegos Deportivos Nacionales y VI Juegos Paranacionales Eje Cafetero 2023. Así se confirmó el lunes con el lanzamiento oficial del certamen y la ministra del Deporte, Astrid Bibiana Rodríguez, lo reafirmó, este martes, en el control político que se llevó a cabo en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Acompañada por el director de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo, William Nieto, y el director de los Juegos Nacionales y Paranacionales, Baltazar Medina, la jefe de la cartera puntualizó sobre el cronograma que han seguido desde el comité organizador para cumplirle al Eje Cafetero y al país con la realización del evento. De igual manera, presentó un informe general del avance de los Juegos Nacionales y Paranacionales 2023, desde su gestión, y los compromisos adquiridos para que el certamen multideportivo más importante del país se lleve a cabo dentro del cronograma establecido. También, se enfocó en el legado que quieren dejar. La presentación de la ministra tuvo el respaldo del director de los Juegos, Baltazar Medina. “Los Juegos están garantizados. Quiero destacar que el nivel de desarrollo deportivo, con los logros que estamos obteniendo, tiene como base los Juegos Nacionales y Paranacionales. Este evento motiva a los gobiernos locales a invertir en el deporte con el sueño de que estos atletas representen, por lo alto, a sus departamentos a nivel nacional”, resaltó. “Los Juegos son una realidad”, precisó María Eugenia Lopera, presidenta de la comisión séptima. “Ha quedado reflejado el trabajo que se ha realizado desde el comité para que este evento se lleve a cabo bajo el cronograma establecido”, añadió Lopera, quien en conjunto con los representantes destacaron el compromiso que se ha demostrado desde el Ministerio del Deporte y el comité organizador de los Juegos para que el evento multideportivo más importante del país se lleve a cabo. Tomado por el Ministerio del Deporte

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Radicado proyecto de ley que crea el Sistema Nacional para la Garantía Progresiva del Derecho Humano a la Alimentación

Actualidad, Bogotá D.C., Cámara: Cámara de Representantes, Congreso de la República / revistacg

Hoy los representantes Eduard Sarmiento, David Racero, Tamara Argote, del Pacto Histórico, junto a Olga Lucía Velásquez, de la Alianza Verde y la senadora Gloria Flórez, radicaron el Proyecto de Ley cuyo fin es crear el Sistema Nacional para la Garantía Progresiva del Derecho Humano a la Alimentación. El corazón de este proyecto de ley es la creación de una nueva arquitectura institucional y normativa para la gobernanza alimentaria basada en los derechos humanos, en la que participen en la toma de decisiones de manera amplia y verdadera las y los titulares de derechos. Se busca configurar el escenario para la construcción de una Política Pública Nacional para la Garantía Progresiva del Derecho a la Alimentación y Nutrición Adecuadas, mediante un proceso amplio y participativo de quienes viven las realidades desde su territorio. Además, el proyecto establece otras medidas encaminadas a generar avances en la transparencia y rendición de cuentas frente a la situación del derecho a la alimentación, el monitoreo de la política pública y la promoción de una alimentación saludable y sostenible. Para este fin, entre otras instancias se destaca la creación del Observatorio de Derecho a la Alimentación y Nutrición Adecuadas (ODHANA). Como afirma Juan Carlos Morales González, director ejecutivo de FIAN Colombia, “Este proyecto de ley, que surgió de las organizaciones sociales, ayudará a superar la situación alimentaria del país transformando los condicionantes estructurales que nos han llevado al actual estado de cosas. El sistema dará coherencia a las distintas políticas alimentarias vigentes en Colombia con la participación de quienes son titulares de derechos”. Una de las maneras de proteger el sistema más allá de los sucesivos gobiernos, es consagrarlo en el marco de una Ley de la República. Así las cosas, no basta con que el Sistema quede dentro del Plan Nacional de Desarrollo, o planteado a través de decretos de gobierno, es importante asegurar su permanencia en el ordenamiento nacional y darle operatividad, presupuesto y dolientes a la realización y la garantía del derecho a través del sistema. Así mismo, el también autor y Representante del Pacto Histórico, Eduard Sarmiento dijo que: “para el gobierno del cambio es fundamental encaminar acciones para la consolidación de la soberanía, las autonomías y la seguridad alimentaria como escalas de realización del derecho humano a la alimentación como derecho fundamental para la vida digna, no podemos seguir viviendo en un país con hambre en nuestro país”. Otro de sus autores, el Representante a la Cámara por el Pacto Histórico, David Racero, afirmó: “el gran Acuerdo que debe construir este país es la erradicación del hambre. Es un compromiso y un deber, del Gobierno Nacional y del Congreso abordar esta problemática con una mirada multidimensional para dar respuestas estructurales, especialmente a las poblaciones y territorios más afectados por el hambre”. Tomado por la Cámara de Representantes

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Radicatón de proyectos por la Infancia y Adolescencia

Actualidad, Cámara: Cámara de Representantes, Congreso de la República / revistacg

Las Comisiones de Infancia y Adolescencia de Senado y Cámara de Representantes, radicaron un paquete de cuatro proyectos de ley cuyo propósito es beneficiar a los niños, niñas y adolescentes del país. Con el primero de ellos se busca crear la Comisión Legal de Infancia y Adolescencia, para promover el desarrollo integral de este sector de la población, desde temprana edad hasta la entrada a la juventud, a través de acciones y proyectos de ley que aseguren el respeto, protección y cumplimiento de sus derechos. Esta Comisión que sería de carácter bicameral, “estaría encargada de hacer seguimiento a la implementación de las políticas, programas y estrategias públicas que beneficien a los niños, niñas y adolescentes, así como de ejercer control político a las entidades e instituciones públicas encargadas de su ejecución”, indicó la presidenta de la Comisión de Infancia y Adolescencia, Erika Tatiana Sánchez. El segundo proyecto tiene como objeto generar una modificación y establecer el procedimiento especial administrativo y judicial, para la restitución internacional o la garantía del ejercicio efectivo del derecho de visita de niños, niñas y adolescentes, a través de un trámite rápido y eficaz que garantice su retorno al país de residencia habitual. Este procedimiento que normalmente debe tener un periodo de 60 días, actualmente se está tardando entre 4 y 5 años. A través de otra iniciativa se plantea la creación del Programa de Acompañamiento Integral a los jóvenes egresados o próximos a egresar del sistema de protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, sin cuidado parental, generando acciones que procuren su desarrollo integral, garantizando sus derechos, asegurando su efectiva inclusión social y dotándolos de herramientas y habilidades que les permitan el desarrollo de sus capacidades humanas, de su proyecto de vida y la adecuada transición hacia la vida autónoma e independiente. Un cuarto proyecto tiene que ver con la creación de entornos digitales sanos y seguros para los niños, niñas y adolescentes del país, a través del desarrollo de políticas que permitan articular esfuerzos entre diferentes entidades del gobierno con la finalidad de impulsar procesos de educación, promoción de hábitos saludables en el manejo de la tecnología y garantía de sus derechos. Tomado por la Cámara de Representantes

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Del dolor a la esperanza: senadora Blel impulsa proyecto contra la violencia vicaria en el país

Actualidad, Bogotá D.C., Congreso de la República, Senado / revistacg

Según la Organización Mundial de la Salud la violencia vicaria genera en la mujer terribles consecuencias psicológicas difícilmente reversibles pues ocasionan en ellas una tortura mental y el vivir con el miedo y terror. En respuesta al llamado de cientos de mujeres víctimas de violencia vicaria, la senadora Nadia Blel radicó este miércoles el proyecto de ley que busca reconocer, prevenir y sancionar este tipo de violencia de género en Colombia. La iniciativa que tendrá por nombre “Ley Gabriel Esteban”, en honor al pequeño de 5 años a quien le fue arrebatada la vida por su propio padre en octubre del año pasado, busca justamente visibilizar esta forma de violencia que tiene como objetivo producir sufrimiento a la mujer a través de sus seres queridos, especialmente de sus hijos, instrumentalizándolos e incluso infringiéndoles daño. “Con este proyecto queremos luchar contra una de las expresiones más crueles de la violencia de género, porque en la violencia vicaria el maltratador sabe que al lastimar a los hijos se le está causando un daño irreparable a la mujer, usan su amor de madre en contra de ellas”, afirmó la senadora Nadia Blel. La radicación, que contó con la presencia de la señora Consuelo Rodríguez, madre de Gabriel Esteban y víctima silenciosa de este doloroso hecho, visibilizó cómo actualmente en Colombia aunque se le impute un cargo al victimario por el delito perpetrado contra el menor, no existe aún una sanción penal específica que castigue el daño que se le hizo a la madre, por lo que en este caso la conducta quedó impune. “Sé que esta ley nos va a ayudar mucho a las mujeres porque irá en contra del sufrimiento que no se ve. Yo sé que mi hijo me está apoyando, y me da las fuerzas para estar acá y poder apoyar, afirmó la señora Consuelo. En este contexto de violencia, aunque la manifestación más devastadora radica en el asesinato de los menores, también se pueden observar conductas que incluyen la manipulación de los hijos con el propósito de alienarlos emocionalmente en contra de la madre, agredirla verbalmente en su presencia, incumplir con los horarios establecidos en las visitas o amenazar a su pareja con expresiones como “Te los voy a quitar”. Por eso con el proyecto de ley Gabriel Esteban se espera abordar la falta de legislación existente al reconocer y establecer la violencia vicaria como una conducta penal independiente, adicionando un artículo nuevo al Código Penal, asimismo se le brindarán medidas de protección adicionales a las mujeres e hijos víctimas de violencia intrafamiliar en los que se tenga prueba o indicios de violencia vicaria, estableciendo de manera provisional medidas relacionadas con régimen de visitas, la guarda y custodia del menor. Tomado por el Senado de la República

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Congresistas en alianza con más de 60 organizaciones y ciudadanos, radicaron nuevo proyecto de Ley de Salud Mental para Colombia

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Los representantes a la Cámara miembros de la Comisión Accidental de Salud Mental del Congreso, Olga Lucía Velásquez, Liliana Rodríguez y Jaime Raúl Salamanca, radicaron hoy un proyecto de Ley que busca la actualización de la normatividad vigente para prevención, promoción y atención en salud mental en Colombia. La iniciativa, surgió del trabajo conjunto entre los miembros de la Comisión e integrantes de la Red Nacional de Salud Mental (Conformada por congresistas y organizaciones públicas, privadas y representantes de la sociedad civil), y consolidado durante el último mes en seis mesas de trabajo con expertos del sector salud en un proceso de construcción colectiva con propuestas para salvaguardar, fomentar y asegurar el acceso a la salud mental y el bienestar psicosocial de todos los colombianos. Además, motivada por el preocupante panorama en el país que arroja cifras como: un 27% de incremento en la prevalencia de depresión y ansiedad después de la pandemia del Covid- 19; 920 mil ciudadanos que fueron diagnosticados en el último año con algún síntoma de enfermedad mental, un 70% de los jóvenes con alguna afección en esta materia; un 22% del personal de la salud que asegura enfrentar con frecuencia episodios depresivos y un 15% que ha tenido ideación suicida. Y, un lamentable registro en 2022 de 2.835 suicidios, de los cuales: 881 fueron de jóvenes entre 18 y 28 años, 297 de adolescentes entre 12 y 17 años y 18 de niños y niñas entre 6 y 11 años, según datos de Medicina Legal, el Ministerio de Salud y la Red de Salud Mental. Es así, que el proyecto 014 de 2023 pretende entre otras cosas: Generar herramientas desde la educación inicial con un enfoque de promoción y prevención; que exista una estructura administrativa encargada del cumplimiento y la operatividad de la Ley; la creación del Sistema Nacional de Información e Investigación en Salud Mental (SNIISM), para recoger, procesar y analizar recursos de ciencia, tecnología e innovación como base para la comprensión de las necesidades de la población con oportunidades de mejora de los servicios. La creación de la Red Mixta Nacional y Territorial de Salud Mental que contribuya al diseño, implementación y seguimiento de todos los planes, proyectos, políticas y acciones relacionados con la salud mental. Para la representante Olga Lucía Velásquez, este proyecto constituye la oportunidad de consolidar una reforma real de un sistema integral e integrado para el efectivo tratamiento de la salud mental en el territorio nacional. “Plantea atención integral, de acceso igualitario con garantías y un alcance más ambicioso para un tratamiento adecuado. Así mismo, el reconocimiento laboral y capacitación para el talento humano con los estándares que deben tener y la creación de la Dirección de Salud Mental al interior del Ministerio de Salud encargada de la implementación de la Ley y herramientas puntuales y ya definidas para la actualización constante de cifras relacionadas que sirvan como plataforma para la toma de decisiones y la aplicación a la normatividad”. Por su parte, la representante Liliana Rodríguez destacó el reconocimiento que la iniciativa le da a psicólogos y psiquiatras sobe la labor que desempeñan en el cuidado de quienes enfrentan algún trastorno de salud mental. “Estos profesionales promueven la identificación oportuna, el seguimiento y la atención de calidad para cada una de las personas y familias que enfrentan la realidad de trastornos de salud mental”. A su turno, el representante Jaime Raúl Salamanca, manifestó la satisfacción de poder entregar este proyecto de Ley para los colombianos como resultado de escuchar a la ciudadanía y del trabajo que por 9 meses ha adelantado la Comisión Accidental de Salud Mental para darle respuesta a sus preocupaciones sobre el escenario actual de la salud mental. “Ha sido una amplia conversación y trabajo en equipo que nos ayuda a darle peso a esta iniciativa tan importante que hoy permitirá entre otras cosas actualizar la Ley de Salud Mental que ya cumplió 10 años de vigencia, valorar el enfoque de promoción y prevención y llamar a la institucionalidad a que permita que haya una Dirección encargada de sacar adelante el cumplimiento de la Ley”. El proyecto pasó por: 42 revisiones para edición, 94 ajustes de contenido integrando cinco documentos de revisión; tuvo más de 354 aportes, 19 comentarios directos de ajuste técnico – jurídico y contó con la participación de más de 25 revisores finales de entidades gubernamentales regionales y nacionales, asesores, representantes a la Cámara, gremios, universidades, observatorios, y organizaciones del sector como el Colegio Colombiano de Psicólogos – COLPSIC-, la Asociación Colombiana de Psiquiatría y otros profesionales externos. Tomado por la Cámara de Representantes

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