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La Constitución del 91 y las demandas contra el Estado

La Constitución del 91 y las demandas contra el Estado Camilo Alberto Gómez Alzate Director General de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado La Constitución de 1991 no solo renovó de manera integral el contrato social colombiano, sino que modificó de forma sensible las relaciones de poder que operan en la sociedad colombiana. Los derechos adquirieron una nueva dimensión. La adopción de la acción de tutela, el reconocimiento a nivel constitucional de otras acciones judiciales como la acción de cumplimiento y las acciones populares y de grupo, y la consagración de un amplio catálogo de derechos (fundamentales, económicos, sociales, culturales, colectivos y del ambiente) son resultado de este cambio. La nueva Carta Política introdujo también en su artículo 90 un extenso régimen de responsabilidad a cargo del estado al establecer que este responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que pueda causar. La constituyente del 91 le dio así a la responsabilidad estatal el rango de garantía constitucional, cuando en otras latitudes ella opera solo de forma limitada e incluso a manera de potestad del Estado. Se trata, por lo tanto, de una especial prerrogativa de la cual disfrutamos los colombianos y de la que no suelen gozar –al menos no con tal alcance- los ciudadanos de otras naciones. La litigiosidad interna No obstante, como sucede con todos los derechos, su reconocimiento implica deberes. El derecho que tenemos los colombianos de solicitar al Estado que nos repare por los daños que nos ocasiona debe implicar un ejercicio equitativo y razonable de tal facultad. Sin embargo, esa no ha sido la realidad. La nación enfrenta hoy 410 mil demandas en su contra, cuyas pretensiones ascienden a cerca de $400 billones. Cerca del 40% del PIB y una y media veces el presupuesto nacional. De estas 410 mil demandas, 298.964 están relacionadas con cuestiones laborales lo que equivale a un 74% del total de procesos. De estos, los temas pensionales suman el 62% de los procesos. No obstante, los relacionados con aspectos laborales no corresponden a las mayores pretensiones. En total, suman $33 billones, 9% de las pretensiones totales en demandas contra el Estado. Lo anterior implica que el 26% de los procesos restantes acumulan el 91% de las pretensiones por un valor de $353 billones. El análisis detallado del universo de demandas no laborales nos arroja nuevamente un escenario donde hay una alta concentración del valor de las pretensiones según el tipo de acción. Así, las demandas por nulidad y restablecimiento del derecho son el 41% de los procesos de la jurisdicción administrativa pero solo dan cuenta del 15% de las pretensiones, por un valor de $58 billones. Caso contrario sucede con las demandas de reparación directa, en donde solo el 15% de los procesos, suman pretensiones por $128 billones o el 33% del total. También llama especialmente la atención las acciones de grupo por medio de las cuales se reclama al Estado cerca de $156 billones de pesos, el 40% del total, a través de 655 procesos, el 0,16% de todas las demandas contra el Estado. Muchas de esas demandas son legítimas y se originan en errores u omisiones que cometen las entidades públicas. Tenemos que realizar un trabajo arduo y constante en la implementación y seguimiento de políticas de prevención que corrijan las fallas en las que incurren las entidades y que mitiguen los riesgos asociados a las actividades que ellas acometen. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje) viene apoyando permanentemente desde su creación estos esfuerzos. Consecuencia de ello, más de 150 entidades públicas del orden nacional han logrado formular políticas de prevención del daño antijurídico. Sin embargo, es necesario insistir en que el éxito de estas acciones depende de que la prevención sea un objetivo común liderado por cada entidad. Más que ganar demandas se trata de evitar los hechos que las originan. Hay otras demandas –desafortunadamente no pocas- que no buscan el resarcimiento legítimo de un daño, sino que procuran sacar el máximo provecho de los vacíos normativos o de los errores de forma en los que pueda haber incurrido la administración. También es necesario mencionar que se producen condenas elevadísimas que no siempre obedecen a un análisis probatorio riguroso por parte de los jueces. Pero sí vamos a analizar qué sectores son los más demandados, la Rama Judicial es uno con más casos en su contra, tanto en número de procesos como en valor de las pretensiones. En el primer caso, ocupa el quinto lugar con un total de 32.579 demandas en su contra, antecedido solamente por los sectores de Trabajo, Educación, Defensa y Hacienda. Y en cuanto a las pretensiones, las demandas suman $63,9 billones, posicionándolo en el cuarto lugar después de Defensa, Hacienda y Minas. A nivel de entidades, la situación es muy similar toda vez que la Fiscalía General de la Nación y la Dirección Nacional Ejecutiva de Administración Judicial están dentro de las 10 más demandadas, ocupan el cuarto (24.436 procesos por $58,9 billones) y el sexto lugar (21.658 procesos por $30,7 billones), respectivamente. Resulta necesario señalar que la principal causa de demanda contra la Fiscalía es la privación injusta de la libertad, situación que se dio por la aplicación de un régimen de responsabilidad objetiva. En este tema, la Agencia conjuntamente con la Fiscalía, adelantó un análisis riguroso con el objetivo de buscar e implementar soluciones de carácter preventivo que permitan reducir el número de nuevas demandas por esta causa. Se logró una unificación de criterios a través de la Sentencia 072 de 2018 en la que se señala que, independientemente del régimen de responsabilidad que se aplique, la conducta de la víctima es un aspecto que debe valorarse. Se espera, por lo tanto, que las condenas en contra del Estado por esta causa disminuyan y así mismo el número de nuevas demandas. No fue necesaria una reforma legal ni constitucional y confiamos en que la nueva línea jurisprudencial tenga como efecto la disminución en el número de casos. Frente a este panorama se ha abierto

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¿Cuál es la reforma a la justicia que necesitamos?

Columnistas, Judicial, Opinión / revistacg

Por: Carlos Germán Navas Talero Representante a la Cámara por Bogotá D.C. Polo Democrático Alternativo En Colombia se ha convertido en un lugar común señalar que la justicia se encuentra en crisis, tanto por las denuncias de corrupción que involucran a sus diferentes actores (magistrados, jueces, partes y apoderados), como por la congestión de los despachos judiciales y la demora en la decisión de los procesos. Todos esos factores inciden sobre la legitimidad del sistema de justicia, entendida como la percepción de sus usuarios y actores sobre su capacidad para resolver cumplida e imparcialmente las disputas sometidas a su conocimiento, la cual depende para alcanzarla del proceder correcto de los órganos que la conforman con respecto a todos los procedimientos establecidos en el ordenamiento jurídico. En esa medida, la construcción de esa legitimidad implica no solo el reconocimiento sino la efectividad del derecho fundamental de las personas a la tutela judicial efectiva, que abarca la garantía de acceso a la jurisdicción, la razonable duración de los procesos y el cumplimiento efectivo de las sentencias, que no se pueden satisfacer sin la independencia efectiva del funcionamiento del poder judicial. De acuerdo con lo anterior, la ética y la eficiencia de los jueces y magistrados y los de su personal de apoyo son factores fundamentales para que la justicia alcance legitimidad y para lograrlos el diseño institucional influye, positiva y negativamente, para alcanzar ese cometido. Así, un sistema de justicia tendrá legitimidad si sus usuarios y actores advierten que sus reglas de organización y funcionamiento atienden tanto al ejercicio independiente de la función como a la oportunidad y efectividad de sus pronunciamientos. Iniciativas fallidas Ahora bien, en los últimos años las iniciativas gubernamentales y congresionales, que han resultado fallidas en su trámite, y la única que ha sido aprobada tuvo un severo revés en la Corte Constitucional, han estado centradas en el diseño constitucional de la institucionalidad de la rama judicial, y si bien ello es muy importante para la garantía del principio de separación de poderes y por ende del equilibrio y el control del abuso en el ejercicio del poder público, son cuestiones ajenas a los problemas que aquejan al ciudadano del común. Se requiere por tanto de una decisión política del más alto nivel que limite la cantidad de programas de derecho y reduzca la oferta en función de las necesidades reales de la sociedad. En esa medida, lo que se tendría que entrar a resolver son los asuntos que le dan contenido y aplicación a la tutela judicial efectiva. A pesar de que los problemas relativos a la congestión y a la mora judiciales no son novedosos y más bien han sido una constante, y en el pasado reciente trataron de ser resueltos con el cambio en el modelo de procesamiento mediante la adopción de un esquema mixto que incorpora la impulsión del trámite por audiencias concentradas y el uso de la oralidad, parecería ser que, con el paso del tiempo, la congestión y las demoras han ido tendiendo a las mismas cifras que se tenían con el sistema procesal anterior, por lo cual habría que indagar si la respuesta a estos problemas está en el diseño institucional, que es lo que ha concitado la atención de las propuestas normativas para resolverlos, o si la solución hay que buscarla en otra parte. Acceso a la administración de justicia En relación con el acceso a la administración de justicia se hace necesario incrementar el número de operadores del sistema de justicia, lo que incluye a jueces, comisarios y defensores de familia, fiscales, conciliadores, inspectores de policía etc., y distribuir esas plazas adecuadamente dentro del territorio nacional en función de la demanda efectiva y no satisfecha con el número actual. Ello significa que se tiene que hacer realidad la tantas veces postergada asignación presupuestal apropiada para la justicia, pero no enfocada únicamente desde la destinación específica para la rama judicial, sino desde el entendimiento sistémico de la problemática, que también incluye entidades y servidores públicos situados en la rama ejecutiva, pero que hacen parte del sistema de justicia, como los defensores de familia o los inspectores de policía. De allí que sea necesario realizar un inventario de la demanda no satisfecha de justicia por falta o insuficiencia de operadores, estimar los costos directos e indirectos que requeriría su creación y puesta en marcha y asignar los recursos presupuestales requeridos para cubrir este faltante. De manera complementaria, la garantía de la razonable duración del proceso está íntimamente relacionada con la suficiencia del sistema para evacuar oportunamente las decisiones en función de la carga por despacho. Parte del desbordamiento en la capacidad de respuesta se resolvería con un mayor número de oficinas y operadores, pero también se podría contribuir a la disminución del número de asuntos que el sistema debe soportar con medidas como la desjudicialización de ciertos conflictos, la renuncia a la recurrencia al derecho penal como solución para la conflictividad social, la utilización eficiente de los recursos tecnológicos que podrán aplicarse con mayor intensidad en los trámites ante los operadores del sistema. Pero sin duda un elemento central lo constituye el replanteamiento de la formación de los abogados y la evaluación del número de profesionales del derecho que la sociedad requiere. Así como Colombia es el segundo país con mayor nivel de desigualdad en el continente, solamente superado por Haití, situación que, sin duda, contribuye a la conflictividad que luego se judicializa, también es el segundo país del área con el mayor número de abogados por cada cien mil habitantes. Sin duda el exceso de profesionales en derecho termina presionando el aparato judicial por una elemental razón de subsistencia. A ello se añade la formación del abogado enfocada en el conflicto como eje de la solución a los problemas. Se requiere por tanto de una decisión política del más alto nivel que limite la cantidad de programas de derecho y reduzca la oferta en función de las necesidades reales de la sociedad; que los programas existentes sean materia de un riguroso

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Reforma a la justicia: una necesidad inminente

Actualidad, Gestión, Gobierno, Judicial, Ministerios / revistacg

Reforma a la justicia: una necesidad inminente Nancy Patricia Gutiérrez, Ministra del Interior El Estado, al actuar como un solo cuerpo, debe centrar sus esfuerzos en puntos esenciales que le permitan eliminar las trabas institucionales y, de esta forma, lograr consensos alrededor de una justicia accesible, oportuna y eficaz para todos los colombianos. En ese orden de ideas, un punto fundamental, para generar verdaderos cambios, es eliminar las facultades electivas y nominadoras de las altas cortes, que politizan y alteran su función esencial, es decir la de administrar justicia. Además de esto, los aspirantes a determinada elección, se ven en la necesidad de realizar verdaderas campañas políticas al interior de las altas cortes, lo que redunda en una alteración de la independencia y autonomía de las mismas, deslegitima sustancialmente el proceso de selección y desnaturalizan su función esencial. En esta misma línea, el Consejo Superior de la Judicatura tiene actualmente una estructura de alta corte, motivo por el cual se dificulta el ejercicio efectivo de sus funciones y competencias. Esto podría subsanarse implementando un modelo más ejecutivo, en el que se suprima el Consejo Superior de la Judicatura, para dar paso a la creación de una Dirección Ejecutiva de la Rama Judicial, compuesta por una Junta Directiva, que asumiría el papel de máximo órgano de administración de la rama judicial y un Gerente –no abogado- encargado de materializar las decisiones asumidas por dicha Junta. Mayor independencia La reforma a la justicia debe establecer un único y máximo tribunal que concentre las jurisdicciones administrativa, ordinaria y constitucional, según la ministra Asimismo, debería considerarse la eliminación del sistema de semicooptación entre las altas cortes, que también redunda en la politización de la justicia, pues concentra de forma mayoritaria grupos de interés y políticos que cooptan los mecanismos de elección, favoreciendo a personas de su mismo círculo y alterando así la autonomía de las altas cortes. Es por ello que pensar en un origen diverso de los candidatos a magistrados, podría garantizar independencia y objetividad de los mismos; una posibilidad es que las ternas fueran remitidas por la academia, el sistema de carrera judicial y el concurso de méritos equitativamente. La reforma a la justicia debe establecer un único y máximo tribunal que concentre las jurisdicciones administrativa, ordinaria y constitucional, tal y como existe en los Estados Unidos; es decir una verdadera Corte Suprema. Colombia requiere un órgano judicial idóneo, eficiente, oportuno y de cierre; integrado por salas especializadas correspondientes a las competencias constitucionales de las actuales altas cortes, esto encaminado a generar un verdadero precedente jurisprudencial, con el ánimo de mitigar la inseguridad jurídica derivada de las distintas decisiones judiciales de las altas cortes. Seguridad jurídica La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, en la Comisión Primera Constitucional Permanente del Senado, junto a los congresistas Eduardo Enríquez Maya, Luis Fernando Velasco, Rodrigo Lara Restrepo y el secretario general de la Comisión I, Guillermo León Giraldo Gil. Como factor determinante de la seguridad jurídica, también se requiere garantizar que los comunicados sobre las providencias de las altas cortes, únicamente puedan ser divulgados cuando el fallo haya sido suscrito por el funcionario competente y debidamente notificado o comunicado a los interesados. Se requiere reevaluar y regular el procedimiento para la investigación y juzgamiento de aforados, así como crear una instancia independiente que forme parte de la estructura de la Rama Judicial para adelantar los procesos que correspondan, conservando el antejuicio político como garantía institucional. Una reforma de este alcance, requiere de una reingeniería constitucional profunda que contemple el levantamiento político del fuero de los congresistas, los magistrados, el Contralor General de la República, el Procurador General de la Nación y los demás aforados. Decisión que estará a cargo de la Cámara y el Senado, guardando siempre el fuero constitucional del Presidente de la República.

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Sobre la reforma a la justicia en Colombia

Columnistas, Judicial, Opinión / revistacg

Por: Luis Fernando Velasco Chaves Senador de la República Partido Liberal El 14 de Mayo del 2017 el periódico El Tiempo publicaba los principales resultados sobre la demanda de justicia de los ciudadanos en un muy interesante capítulo que incluyó Planeación Nacional en la Gran Encuesta Nacional de Calidad de Vida que esta entidad realiza cada año: “Uno de cada cuatro colombianos que en los últimos años tuvieron que acudir al sistema judicial o a otro mecanismo para reclamar por alguna afectación a sus derechos lo hizo por problemas con el sistema de salud.” En los próximos días volveremos a debatir una reforma a la justicia. Cómo me gustaría que nuestros esfuerzos se concentren en resolver los principales y cotidianos problemas de los 45 millones de colombianos que pueblan todo el territorio. Respondieron 52.000 personas la encuesta, un universo bien interesante, en especial si tenemos en cuenta que la misma se desarrolló en todo el país. De los encuestados, el 10 % habían acudido al sistema, lo que estadísticamente se traduce en que en dos años, algo así como 3.4 millones de colombianos enfrentaron alguna necesidad en materia de justicia. A su vez, seis de cada diez personas encuestadas dijo que su problema no se resolvió, las más afectadas fueron las mujeres que de diez, sienten siete que no se les atendieron sus reclamos en demandas por problemas familiares, y si esa mujer es pobre, vive en la zona rural y hace parte de una comunidad étnica, la posibilidad de que logre una respuesta positiva a su reclamo puede ser cinco veces menor que el promedio nacional, resaltaba el informe periodístico. Al desagregar estas cifras, el informe concluye que la mala atención en salud es la principal causa de los reclamos, les siguen los problemas familiares, en tercer lugar las denuncias por delitos como hurto, después están los problemas entre vecinos y finalmente, la deficiencia en los servicios públicos. Cuando el señor presidente de la Comisión Primera del Senado me pidió un artículo sobre la justicia, confieso que acudí a mis viejos textos para encontrar en lúcidos autores definiciones e interesantes tesis, pero en medio de esa búsqueda encontré el artículo de El Tiempo con el cual inicio este escrito y ello me sirvió para hacerme una pregunta muy clara: ¿Quiénes tomamos decisiones legislativas, estamos conectados con lo que los ciudadanos esperan del servicio de Justicia por parte de su Estado?, la respuesta con mucho de autocrítica es no. En los últimos años nos hemos desgastado mucho tratando de mejorar el control que deben tener los altos magistrados de la rama (tema no menor), pero no hemos respondido con éxito a cómo resolver la demanda de un ciudadano que quiere ser atendido por el sistema de salud, y por ello dirigimos al ciudadano indefectiblemente ante un juez que ve cómo una deficiencia administrativa se le convierte en un problema litigioso. Una de cada cuatro veces que un ciudadano se acerca a un juez, se acerca con una tutela en temas de salud. Si nosotros pensáramos en una salida como en su momento lo fue la Ley 1266 de 2008 (Habeas Data) para resolver pequeños conflictos en la sociedad, no solo estos se resolverían más eficientemente, sino que los jueces podrían dedicar más tiempo a temas más complejos que llegan a sus manos. Cuando a un ciudadano se le habla de impunidad seguramente pensará en temas relacionados con la gran corrupción, pero también y en mayor escala se acordará del amigo que fue atracado y no pasó nada o del robo del celular o bicicleta cerca de su propia casa sin que se haya capturado a los responsables. Una sociedad que todo lo que no puede resolver lo convierte en delito, es una sociedad que vivirá esclava del concepto de justicia como venganza, y es una sociedad proclive a llegar a la “justicia privada” que terminará ineludiblemente en violencia. Mecanismos alternativos para solucionar conflictos en materia civil y de convivencia, hacerle ajustes al Código Nacional de Policía, convertir mucho de lo que hoy es delito en contravención con la posibilidad de sanciones restaurativas o servicios comunitarios, pensar en estos casos incluso en retirar de las calles al que rompe el orden social, debería ser estudiado en el marco de unas políticas de seguridad en donde los alcaldes cuenten con mayor protagonismo y se recuperen inspecciones de policía permanentes que actúen 24 horas y tomen decisiones en procesos administrativos, orales y abreviados, con controles excepcionales por parte de jueces. Todo esto podría hacer que el ciudadano sienta justicia en su entorno. En los próximos días volveremos a debatir una reforma a la justicia. Cómo me gustaría que nuestros esfuerzos se concentren en resolver los principales y cotidianos problemas de los 45 millones de colombianos que pueblan todo el territorio.

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Por un sueño de justicia…

Columnistas, Judicial, Opinión / revistacg

Por: Esperanza Andrade Serrano Senadora Partido Conservador Teniendo en cuenta el momento coyuntural por el que está pasando el país, mediado por las recientes decisiones judiciales sobre el señor “Jesús Santrich” y por el escándalo del “Cartel de la Toga”, entre otros desafortunados sucesos; una profunda reforma a la justicia es un clamor ciudadano y una necesidad sentida de la nación, la cual debe incluir fórmulas que aporten mayor celeridad en aquellos casos que lesionan gravemente la confianza pública y la legitimidad de las instituciones, pero sobre todo que proporcionen un mensaje de claridad y seguridad jurídica a los demás actores del sistema, y en general a todos los colombianos. Por ello, es imperativo que una reforma a la justicia incluya lo siguiente: Probidad, transparencia e integridad en la administración de justicia, en el sentido de garantizar que los jueces, y en especial los magistrados de las altas cortes, sean el referente ético de nuestra sociedad. En consecuencia, es pertinente y necesario eliminar las facultades electorales de las altas cortes y fortalecer el marco de inhabilidades para magistrados y altos dignatarios. Así mismo, es necesario generar reglas para evitar bloqueos institucionales, aumentar las medidas de protección de la confianza pública en las altas cortes, e incrementar los requisitos de experiencia para el cargo de magistrado. También toca establecer audiencias de confirmación para la elección de magistrados y otros altos funcionarios, y que los Comisionados de Disciplina Judicial sean elegidos por la Rama Judicial y no por el Congreso. Debe haber períodos institucionales en los altos cargos del Estado y la agilización de los procedimientos contra funcionarios aforados ante la Cámara de Representantes. Por último, se debe permitir la suspensión por parte de la Sala Plena de la misma Corporación, a aquellos magistrados que con sus actos de corrupción puedan minar la confianza en la administración de justicia. La eficiencia, eficacia y calidad de la administración de justicia, se concretaría con la sustitución del Consejo Superior de la Judicatura por una nueva institucionalidad, especializada y cualificada para las labores que exige la Rama Judicial, de la siguiente manera: Una Dirección General de la Rama Judicial, conformada por un Consejo Directivo y un Gerente, realizará las labores de gobierno y administración. Una Comisión de Carrera Judicial, conformada por comisionados con las más altas calidades jurídicas, y con requisitos de experiencia en cargos de la carrera judicial, encargada de elaborar las listas para candidatos a magistrado y administrar la carrera judicial. Todo esto, bajo la coordinación y articulación de una Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, que hoy existe por mandato legal. Por último, es necesario adoptar medidas de autonomía presupuestal para la Rama Judicial y ajustes específicos al sistema penal acusatorio para volverlo más eficiente. La Seguridad jurídica sería efectiva teniendo en cuenta las siguientes estrategias: establecer la función en las altas cortes de unificar la jurisprudencia y la facultad de seleccionar procesos para cumplir dicha función, con el propósito de evitar los llamados “choque de trenes”; regular la acción de tutela para que esta siga siendo un mecanismo inmediato de protección de los derechos fundamentales y no una tercera instancia de los litigios, ni una herramienta para el abuso del derecho. Definir la competencia y especialización de los jueces de tutela, y comunicar por las altas cortes sus sentencias cuando sean firmadas y no mediante comunicados de prensa. Después de 17 proyectos de reforma a la justicia fallidas y en medio de una evidente crisis de la justicia, consideramos de la mayor importancia apoyar un nuevo proyecto de ley que incluya todos estos temas tan transcendentales, estructurales y necesarios para efectivizar el propósito de avanzar en la consolidación de una justicia transparente, eficiente y de calidad… uno de los anhelos más sentidos de nuestro país.

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“La justicia demanda una reforma desde abajo”

Estado, Fiscalía, Gobierno, Judicial, Personajes / revistacg

“La justicia demanda una reforma desde abajo” Para Néstor Raúl Charrupi Hernández, jurista de la Universidad Externado de Colombia, es indiscutible que la administración de justicia en este país requiere de una reforma urgente, pero no a través de una Asamblea Nacional Constituyente, como se ha propuesto recientemente. Convencido que la congestión judicial es el real y verdadero problema que afronta la rama judicial, Charrupi Hernández propone, entre otras cosas, fortalecer los mecanismos alternativos de solución de controversias, y realizar un serio y eficaz diagnóstico y análisis del exceso de litigiosidad que se aprecia en la cultura patria, evitando así que toda controversia, desacuerdo y disputa, encuentre su solución sólo en un estrado judicial. Y es que, de acuerdo con Charrupi, una reforma a la justicia a través de una Asamblea Nacional Constituyente como la que se está proponiendo en estos momentos, apuntaría a modificar sólo el funcionamiento de las altas cortes del poder judicial, cuando el país lo que realmente necesita, es una justicia que beneficie directamente al ciudadano, al hombre o a la mujer de a pie que tiene un problema con un vecino y necesita una solución pronta y efectiva del mismo. “Las últimas reformas a la justicia terminan en conocimiento de la Corte Constitucional, órgano que por obvias razones, no se va a dejar reformar ni va a dejar que le quiten poder. Los problemas de la justicia no se solucionan haciendo modificaciones en la cúpula, en las altas cortes, o definiendo si los magistrados de la corte pueden o no tener funciones electorales, o si deben ocupar sus cargos por corto o largo tiempo, o si debe o no subsistir el Consejo Superior de la Judicatura, o deben o no intervenir en la escogencia del registrador nacional, no, la solución a los males judiciales está en garantizar una pronta, efectiva e impoluta justicia que permita el rápido y eficiente acceso por parte de la ciudadanía”, señala. Un problema de idiosincrasia La terrible congestión a la que se ha visto abocado el sistema judicial en el país tiene según Charrupi, dos orígenes. Por una parte, la propensión a llevar toda controversia al escenario judicial, problema histórico, atávico y cultural, heredado de los españoles, y de ahí que nuestro sistema judicial tenga exceso de demandas y denuncias. “En ese sentido, por ejemplo, en Bogotá los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecución de Sentencias Judiciales, tienen en su conocimiento alrededor de 60.000 expedientes, circunstancia que hace inviable cualquier ejercicio de oportuna justicia. Con ejemplos como éste, podríamos tener a las personas más competentes e intachables del país, y en todo caso, no habría manera o forma de atender y despachar esta ingente cantidad de casos. Por eso toca evitar que llegue tanto conflicto y litigio a la administración de justicia”. Malas herencias de la constituyente del 91 De acuerdo con el jurista, la congestión judicial es uno de los problemas más apremiantes que enfrenta el sistema de justicia colombiano, y por eso una de las soluciones que plantea para resolver este problema, es promover la conciliación. Y la otra causa por la cual el sistema de justicia se ha ensombrecido en medio de la congestión judicial, paradójicamente, tiene su origen en la propia Constitución de 1991, Carta Política que, aunque ha tenido muchos aciertos, particularmente en la rama judicial tuvo desaciertos. Por ejemplo, el Consejo Superior de la Judicatura, que nació allí, es un organismo que está politizado, y que no tiene estándares de eficiencia y calidad, por otro lado, la acción de tutela, que surgió como un mecanismo de protección de los derechos fundamentales del ciudadano, desembocó, lastimosamente, en una herramienta para desconocer providencias judiciales adoptadas en el seno de las distintas competencias de la justicia ordinaria, distorsionando su verdadero propósito, al permitir reabrir casos que han sido objeto décadas de estudio, análisis, práctica de pruebas y decisiones de jueces especializados en la materia. Adicionalmente, la centralización del sistema político y judicial, así como la urgente necesidad de tener una colegiatura de abogados, son otros de los problemas más apremiantes que Néstor Charrupi cree que tiene la justicia colombiana. “Hay que fortalecer los diferentes circuitos judiciales, darles mayor peso y autonomía, y dejar a la Corte Suprema sólo como órgano de cierre, que proceda a unificar, decantar y depurar la jurisprudencia en casos excepcionales que enmarquen debates de interés jurídico nacional. Las demás decisiones se le deben dejar plena y autónomamente a los Tribunales de Distrito Regional y a los Jueces de cada provincia que conocen de primera mano los problemas locales”, asegura el abogado. Este abogado de la Universidad Externado de Colombia, recibió el premio Polítika 2018 Gestión y Liderazgo por la labor desarrollada en beneficio del sector empresarial del país. Una reforma ideal Por último, Charrupi considera que Colombia debe explorar mecanismos alternativos de solución de conflictos, fortalecer la mediación, la amigable composición, las casas de justicia, la conciliación y la administración de justicia en cabeza de particulares, como mecanismos idóneos para evitar que toda disputa llegue a la administración pública de justicia, y otorgarle dientes a esos mecanismos para que no todo llegue a conocimiento de los jueces, excepto aquellos que si requieren de una decisión de un juez de la república. Para el connotado jurista, la mala y politizada escogencia de los administradores de justicia ha hecho que la ciudadanía no tenga confianza en sus jueces, “y no hay nada peor para una democracia, que una sensación de injusticia o impunidad porque ahí es cuando las personas deciden tomar la justicia por mano propia, generandose una conflictividad aún peor”. Este abogado de la Universidad Externado de Colombia, recibió el premio Polítika 2018 Gestión y Liderazgo por la labor desarrollada en beneficio del sector empresarial del país. “No hay nada peor para una democracia que una sensación de injusticia o impunidad, porque ahí es dónde se origina y gesta la desafortunada opción de hacer la justicia por mano propia, generandose una conflictividad aún peor”, dice Charrupi.

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Justicia sin forma y sin reforma

Columnistas, Judicial, Opinión / revistacg

Por: Santiago Valencia Senador de la República Centro Democrático Son muchas las cosas que nos han llevado a pensar que la justicia en nuestro país no tiene forma y ahora resulta, que no podemos hacerle una reforma. Constantemente se han presentado proyectos para modificarla y por una u otra razón se hunden en medio de debates que se tornan displicentes por parte de muchos que consideran que por venir del gobierno que no es de sus afectos, ni el país, ni su gente la merece. Esta justicia como la conocemos no aguanta más, es imperativo reformarla para que todos podamos creer y sentir que no estamos sumidos en la más profunda impunidad, que los grandes criminales de la historia no terminarán bailando sobre la sangre de sus víctimas mientras a ellos, los consume el dolor por solo tener la certeza de no haber encontrado nunca, verdad, justicia, reparación ni garantías de no repetición. Nuestra justicia necesita tener forma de justicia, y eso solo pasará cuando seamos capaces de entender que los crímenes atroces nunca podrán ser conexos a los delitos políticos, cuando no se premie a los victimarios con curules y a las víctimas con la indiferencia, cuando las cortes no tengan enormes mantos de duda sobre ellas y cuando las penas impuestas a los criminales no sean tan simbólicas que parezcan casi invisibles y hasta ridículas. Los colombianos merecemos una reforma de fondo que nos garantice la correcta aplicación de penas y la no impunidad y es nuestro deber hacer que pase. ¿Será que la incapacidad institucional del Congreso para reformar la justicia y las obstinadas trabas para reformar la JEP en una justicia tradicional que nos represente a todos los colombianos, nos va a dejar la única opción de una Asamblea Nacional Constituyente? Los colombianos merecemos una reforma de fondo que nos garantice la correcta aplicación de penas y la no impunidad y es nuestro deber hacer que pase. No podemos pretender curar con paños de agua tibia un cáncer, el 21 de mayo dimos un gran paso al aprobar en segundo debate en plenaria del Senado un proyecto de acto legislativo, para que quienes cometan delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes sean juzgados por la justicia penal ordinaria. Pero sobre todo, para que nunca más pueda entenderse que delitos tan abominables como éstos, tienen algo que ver con la rebelión y el conflicto armado y sean beneficiados con tratamientos penales diferenciados. La justicia es un pilar fundamental y un eje definitorio dentro de la concepción del estado social de derecho que tiene nuestro país, y como congresistas es nuestro deber generar las reformas legislativas necesarias para una recta e imparcial administración de justicia.

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Una mirada al futuro de la justicia en Colombia

Actualidad, Especiales, Judicial / revistacg

Como un insumo para que el Gobierno presente el proyecto de reforma a la administración de justicia, describió el presidente de la Comisión Primera del Senado de la República, Eduardo Enríquez Maya, la edición especial que sobre el tema, publicó la Revista El Congreso Siglo XXI en la ciudad de Pasto, en el marco de la rendición de cuentas de su labor al frente de este órgano legislativo. Durante la rueda de prensa, el senador respaldó el trabajo que por más de 25 años ha realizado la revista en defensa de la institucionalidad, en particular la edición que, de la mano de la comisión, recogió el pensamiento de altas autoridades del país sobre las reformas que requiere con urgencia el sistema judicial. “Yo tengo el privilegio de ser abogado de la universidad de Nariño y haber enseñado en dicha academia y desempeñarme ahora como legislador. Un país que no tenga justicia ese país que no tiene futuro, entonces parte de la tarea que desempeñé en este año como presidente de la Comisión Primera Constitucional fue haber logrado la edición de esta revista llamada el Congreso, revista buena, sana, sin antecedentes de ninguna especie y el Sr. director nariñense de tiempo completo, el periodista Álvaro Erazo Paz me permitió que dirija la edición de este documento histórico, que contiene cerca de 40 ponencias sobre justicia, empieza el sr. Presidente de la República, los presidentes de las altas cortes, el fiscal, el procurador, el contralor, congresistas, representantes de la academia, del litigio, entre ellos el ex ministro Gómez Méndez, el expresidente de la corte José Gregorio Hernández, Sierra Porto, con la misma dignidad, etc. Esto va a ser un insumo para que el Gobierno presente el proyecto de reforma a la administración de justicia, me siento honrado de haber logrado este documento que lo vamos a entregar hoy en la antesala nacional al pueblo de Nariño , a los que nos acompañen a esta rendición de cuentas. Yo quiero hablar sobre un tema sobre la crisis de la justicia en Colombia, ojalá los lectores tengan la paciencia de leerme y de opinar porque eso enriquece el horizonte para la recta administración, de una parte, en segundo lugar ya lo acabo de expresar que el conservatismo está unido, nosotros estamos apoyando las aspiraciones de una persona que no tiene antecedentes penales ni disciplinarios, ni fiscales, que no ocuparon cargo público en su vida, el Dr. Damír Bravo un médico para que cure las dolencias de nuestra patria chica y estamos esperando que el teja las alianzas con la finalidad de que su candidatura esté por encima de cualquier político, pensando en el porvenir de la región”.

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Lanzamiento Edición Justicia

Actualidad, Congreso de la República, Especiales / revistacg

Este lunes, en la rendición de cuentas del presidente de la Comisión Primera del Senado, Eduardo Enríquez Maya, en la ciudad de Pasto, fue exaltada la labor editorial y periodística de la Revista El Congreso Siglo XXI, publicación que realizó una edición especial dedicada a la justicia colombiana. Durante el evento, el director de la revista, Álvaro Erazo Paz, en compañía de Rolando Erazo Paz, presidente del medio de comunicación, hicieron entrega al senador de la portada de la “Edición Justicia” como reconocimiento al trabajo que realizó desde la Comisión Primera de la corporación legislativa, para hacer realidad este proyecto, que servirá de insumo para los futuros debates que se darán en torno a este tema. A lo largo de 134 páginas, las más altas autoridades y conocedores de la justicia en Colombia expresaron su punto de vista sobre las reformas que se deben hacer al sistema judicial colombiano para que recupere la confianza y credibilidad de la sociedad. Así mismo, en el evento la Alcaldía de Pasto exaltó la labor de todos los que han dado vida a esta publicación durante más de 25 años de historia, en defensa de la democracia y las instituciones colombianas. Durante el acto, se destacó la implementación de herramientas digitales para potenciar la labor periodística y el servir de puente entre los poderes centrales y las regiones para la solución de sus necesidades. “La Revista el Congreso Siglo XXI, además de abordar temas asociados a la educación, salud, cultura, ambiente, obras públicas, transporte, justicia, entre otros; en sus artículos ha destacado el trabajo de alcaldes, gobernadores, ministros, embajadores y empresas privadas que a través de su gestión aportan al desarrollo del país”, señala el decreto 0525 del 15 de julio 2019 mediante el cual se reconoce la labor desempeñada por esta publicación.

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Reformar la justicia

Columnistas, Judicial, Opinión / revistacg

Por: Paloma Susana Valencia Laserna Senadora de la República Centro Democrático Una necesidad, un imperativo, una obligación. La justicia es un pilar del Estado de Derecho, tal vez, el más significativo. Resolver los problemas de los ciudadanos por un tercero imparcial es la manera más efectiva de acabar con la justicia por la propia mano, que para tristeza de nuestro país tiende a aumentar. Sin embargo, nuestra justicia está desprestigiada por su ineficiencia, por su carencia de seguridad jurídica y sobre todo por la corrupción, que como a toda nuestra sociedad, la ronda y la mancha. Analizados los asuntos que explican sus fallas encuentro cuatro grandes temas, el proyecto de reforma a la justica que reúne el del gobierno, el de Cambio Radical y el nuestro -mío y de algunos congresistas del Centro Democrático (CD)- que da respuesta a estas inquietudes. Ese proyecto que no tuvo éxito, requiere insistencia, que daremos en el siguiente periodo. Una justicia parecida a la tutela, ha sido mi consigna para pensar este asunto. Necesitamos simplificarla. Fortalecer la primera instancia, de manera que todos los casos tengan una sola puerta de acceso, y los jueces puedan avanzar en una carrera con ascensos y mantenerse como jueces. Así vamos consolidando la carrera judicial y capitalizando la formación y el conocimiento que los jueces adquieren. Una buena primera instancia cambiará el destino de la justicia y por eso también hemos propuesto que en el gasto de la rama el buen funcionamiento de aquella sea la prioridad. Una segunda instancia que resuelva las apelaciones, y ojalá una sola alta corte, de cierre, dedicada a unificar la jurisprudencia, con un recurso de amparo constitucional. Así le daremos prelación al derecho sustantivo y unicidad y coherencia a la jurisprudencia. Una justicia donde cada juez falla como le parece, y un resultado es tan factible como el otro, genera desconfianza y espacio para la corrupción. Esto es necesario para garantizar la seguridad jurídica, que es la capacidad de saber con certeza cómo o cuál va a ser la decisión de la jurisdicción necesitamos una jurisprudencia unívoca. Requerimos que por disposición de la ley, unifique las posiciones de la rama en una sola corte de cierre. Una justicia donde cada juez falla como le parece, y un resultado es tan factible como el otro, genera desconfianza y espacio para la corrupción. Debemos tener sentencias que unifican las posiciones y son obligatorias, de manera que todos los casos iguales son fallados en el mismo sentido. Una sola corte solucionaría el asunto de manera definitiva, pero no he encontrado, aún, suficientes aliados para mi propuesta. Por eso al menos debemos buscar unificar la jurisprudencia incluso entre las altas cortes y sus salas. Solo así lograremos tener un cuerpo de decisiones claras y precisas que permitan que todos los casos iguales sean juzgados de idéntica manera. La rama se queja de que su sistema de administración, el Consejo Superior de la Judicatura y el gerente no son capaces de ejecutar adecuadamente los recursos que reciben. Por eso, se ha planteado una separación total del tema disciplinario, del tema de carrera judicial y de la administración. Todo ello coordinado por una comisión donde estén representados todas las instancias de la rama, jueces, tribunales, altas cortes, Fiscalía y empleados que dispongan la línea de acción. En lo administrativo, con gerente coordinado por una junta directiva. Este diseño permite organización y eficacia. Necesitamos poder juzgar a todos los llamados “aforados”. Hubiera preferido eliminar todos los fueros, y que no existan justicias especiales para los de cuello blanco, pero tampoco encontré aliados para ello, por ahora. Entonces buscaremos un tribunal independiente que los juzgue a todos en dos instancias y que pertenezca a la rama judicial. Además necesitamos magistrados que no utilicen las cortes para catapultar su carrera profesional, sino que la terminen ahí. Por eso exigiremos edad mínima de ingreso de 50 años, 25 años de experiencia profesional y periodos de 12 años buscando que salgan pensionados con inhabilidades de litigio en su jurisdicción vitalicias y limitaciones al acceso a la política por cuatro años. Ojalá podamos sacarla adelante en la próxima legislatura. Colombia como estado de derecho, hoy con todas las decisiones polémicas de las Cortes, requiere confianza en sus instituciones.

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