Judicial

El abigeato es un delito tipificado en algunos códigos penales como la comisión de hurto o robo del ganado. Es tan viejo, que en el derecho romano el jurista Domicio Ulpiano, nacido 170 años después de Cristo, lo definió como “ladrón de bestias”. Pese a que el presidente Iván Duque sancionó la Ley 1944 de diciembre de 2018, que le dio la connotación de delito autónomo a esta práctica que fijó penas de entre 5 y 10 años de prisión, el abigeato tiene contra las cuerdas a los ganaderos del país. La situación es compleja, a pesar de la norma actual establece multas entre los 25 a 50 salarios mínimos, es decir, hasta algo más de los $40’000.000 y permite a las autoridades iniciar procesos de extinción de dominio sobre bienes usados para el robo de ganado. “Esta práctica ilegal y va en contraposición de la reactivación económica. Está afectando a los ganaderos que luchan por su sostenibilidad y la seguridad alimentaria del país y la economía de la región”, explicó Amanda Rocío González (Centro Democrático). Ante esta realidad, la Comisión Quinta del Senado, encargada de régimen agropecuario, ecología, medio ambiente y recursos naturales, entre otros, realizará un debate de control político para conocer qué está haciendo el gobierno para contrarrestar este flagelo. Una de las tantas víctimas de robo de ganado ha sido el cantante vallenato Beto Zabaleta. En dos ocasiones los delincuentes han ingresado a sus fincas en el municipio de Baranoa, en la vía al corregimiento de Caracolí (Malambo) en el departamento de Atlántico. “Al parecer, en el sector hay una banda delincuencial denominada ‘Los Malamberos’, que tiene injerencia en esta zona y actúan robando el ganado y dejando los restos abandonados después de sacrificarlas”, dijo la Policía en su momento. Actualmente, 5 departamentos (Tolima, Cundinamarca, Bolívar, Cesar y Casanare) son los más perjudicados por el abigeato. Solo en el último año, este delito aumentó en un 6%, y en ese lapso de tiempo han sido capturadas 208 personas. En ese sentido, el senador Didier Lobo Chinchilla (Cambio Radical) destacó que “los alcaldes como primera autoridad de los municipios son los que tienen que hacer el llamado de atención a la Fuerza Pública y a los inspectores de precios, para que se tomen medidas y se trabaje de manera articulada para disminuir los altos índices de robo de ganado”. Según Miguel Ángel Lacoutere, experto en derecho agropecuario, se debe ejercer verdaderos controles en los expendios de carne ilegales para poder evitar la quiebra del sector ganadero. Cortesía del Senado. 

El monto de inversión del Gobierno para el 2022, contemplado en el Presupuesto General de la Nación aprobado por las comisiones económicas del Congreso, es una respuesta solidaria con los colombianos más vulnerables, busca generar empleo e impulsar la reactivación económica, dijo la directora del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Alejandra Botero Barco. Las comisiones económicas del Senado y la Cámara aprobaron el Presupuesto General por un total de $350,4 billones para el año entrante, de los cuales, $68,2 billones corresponden a inversión, monto que aumenta en un 16% frente a lo que se ejecuta en el 2021. “El crecimiento de 16% del presupuesto de inversión para el 2022, frente al de este año es una respuesta solidaria con los colombianos más vulnerables, que busca generar empleo e impulsar la reactivación económica”, expresó la Directora del DNP. Los aumentos de los recursos de inversión se concentran en los sectores de Inclusión Social (21,1% del total incrementado), Minas y Energía (16,4%), Transporte (8,3%) y Vivienda (7,5%). La partida para inclusión social y reconciliación fue reforzada en $1,3 billones, lo que permitirá irrigar recursos adicionales para Familias en Acción y Jóvenes en Acción, así como a los programas de Obras para la Prosperidad, Compensación del IVA, entre otros, informó el DNP. Con estos recursos, el presupuesto de inversión del sector ascenderá a $21,3 billones lo que evidencia el compromiso con la política social. Para Minas y Energía se adicionan $979.000 millones, de los cuales cerca de $700.000 millones se destinarán a los subsidios eléctricos y de gas. También se destinarán recursos adicionales para el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para Zonas no Interconectadas (IPSE) y el Fondo de Energía Social (FOES). El incremento para el sector Transporte es de $495.000 millones y alcanzará un total de $10,8 billones. En particular, se adicionan recursos para el programa Colombia Rural, así como asignaciones adicionales para la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y otras inversiones. De esta manera, el crecimiento total del sector, con respecto al 2021, será de 8,8%, lo que permitirá cumplir los compromisos de los programas de reactivación económica. Para la financiación de vivienda, la partida aumenta en $446.000 millones, destinándolos principalmente a los programas de subsidios para la adquisición de vivienda, y a proyectos de agua potable y saneamiento básico. Cortesía de la Presidencia de la República.

La Comisión Séptima de la Cámara de Representantes aprobó, este miércoles 22 de septiembre, la ponencia que busca dignificar la labor ejercida por los trabajadores del sector de la salud. El Proyecto de Ley No. 020 de 2021, presentado en primer debate por los ponentes,  Representante Jairo Giovany Cristancho Tarache, del Partido Centro Democrático, por el Departamento  del Casanare, y Juan Diego Echavarría Sánchez, Representante a la Cámara por el departamento de Antioquia,del partido Liberal  fue aprobada con 17 votos a favor.   La iniciativa busca brindarle a los trabajadores pagos oportunos y justos, a la vez que dignifica su labor. Esto luego de que se identificaran una serie de problemas en el sector, como lo son: la falta de pagos, bajos salarios, jornadas extensas, falta de insumos que les permitan realizar su labor, contrataciones por prestación de servicios o la estigmatización hacia los trabajadores de este sector.   El representante del departamento del Casanare, Jairo Cristancho, aseguró que con esta iniciativa se busca que haya un respeto por la dignidad del trabajador de la salud, más allá de reconocerlos como héroes. Asimismo, afirmó que además de formalizar a los trabajadores, debe existir un capítulo de sanciones por el no pago de los salarios al personal.   Por medio del proyecto de ley se espera que las vinculaciones de los diferentes trabajadores de la salud, no sea por prestación de servicios, sino que por el contrario, estos tengan contratos que les garanticen unas condiciones salariales y prestacionales mínimas.   Además, en caso de incumplimiento del plazo oportuno para realizar el pago –  realizado máximo durante los 15 días calendario siguientes a la presentación de la cuenta de cobro – se reconocerán intereses de mora. Sumado a esto, se busca prohibir cualquier tipo de vinculación que permita la intermediación o tercerización laboral, pues esto termina afectando aún más a los trabajadores.   Sin embargo, los especialistas serían la excepción, es decir, estos podrán seguir trabajando bajo la modalidad de prestación de servicios, ya que de no ser así, no solo sus ingresos se verían afectados, sino también el servicio que prestan a la población que habita en las zonas más apartaras del país.   Durante la presentación de la ponencia se contó con la participación de representantes de diferentes asociaciones médicas que expresaron sus opiniones frente al proyecto de ley, y cómo éste podría ser mejorado para responder a la realidad de sus trabajadores.   El próximo martes 28 de septiembre se realizará el debate sobre los artículos que conforman esta propuesta de ley, y, de ser aprobados, pasaría a segundo debate en Sesión Plenaria de la Cámara. Cortesía de la Cámara de Representantes.