junio 27, 2026

Especiales

Una mirada al futuro de la justicia en Colombia

Como un insumo para que el Gobierno presente el proyecto de reforma a la administración de justicia, describió el presidente de la Comisión Primera del Senado de la República, Eduardo Enríquez Maya, la edición especial que sobre el tema, publicó la Revista El Congreso Siglo XXI en la ciudad de Pasto, en el marco de la rendición de cuentas de su labor al frente de este órgano legislativo. Durante la rueda de prensa, el senador respaldó el trabajo que por más de 25 años ha realizado la revista en defensa de la institucionalidad, en particular la edición que, de la mano de la comisión, recogió el pensamiento de altas autoridades del país sobre las reformas que requiere con urgencia el sistema judicial. “Yo tengo el privilegio de ser abogado de la universidad de Nariño y haber enseñado en dicha academia y desempeñarme ahora como legislador. Un país que no tenga justicia ese país que no tiene futuro, entonces parte de la tarea que desempeñé en este año como presidente de la Comisión Primera Constitucional fue haber logrado la edición de esta revista llamada el Congreso, revista buena, sana, sin antecedentes de ninguna especie y el Sr. director nariñense de tiempo completo, el periodista Álvaro Erazo Paz me permitió que dirija la edición de este documento histórico, que contiene cerca de 40 ponencias sobre justicia, empieza el sr. Presidente de la República, los presidentes de las altas cortes, el fiscal, el procurador, el contralor, congresistas, representantes de la academia, del litigio, entre ellos el ex ministro Gómez Méndez, el expresidente de la corte José Gregorio Hernández, Sierra Porto, con la misma dignidad, etc. Esto va a ser un insumo para que el Gobierno presente el proyecto de reforma a la administración de justicia, me siento honrado de haber logrado este documento que lo vamos a entregar hoy en la antesala nacional al pueblo de Nariño , a los que nos acompañen a esta rendición de cuentas. Yo quiero hablar sobre un tema sobre la crisis de la justicia en Colombia, ojalá los lectores tengan la paciencia de leerme y de opinar porque eso enriquece el horizonte para la recta administración, de una parte, en segundo lugar ya lo acabo de expresar que el conservatismo está unido, nosotros estamos apoyando las aspiraciones de una persona que no tiene antecedentes penales ni disciplinarios, ni fiscales, que no ocuparon cargo público en su vida, el Dr. Damír Bravo un médico para que cure las dolencias de nuestra patria chica y estamos esperando que el teja las alianzas con la finalidad de que su candidatura esté por encima de cualquier político, pensando en el porvenir de la región”.

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Lanzamiento Edición Justicia

Este lunes, en la rendición de cuentas del presidente de la Comisión Primera del Senado, Eduardo Enríquez Maya, en la ciudad de Pasto, fue exaltada la labor editorial y periodística de la Revista El Congreso Siglo XXI, publicación que realizó una edición especial dedicada a la justicia colombiana. Durante el evento, el director de la revista, Álvaro Erazo Paz, en compañía de Rolando Erazo Paz, presidente del medio de comunicación, hicieron entrega al senador de la portada de la “Edición Justicia” como reconocimiento al trabajo que realizó desde la Comisión Primera de la corporación legislativa, para hacer realidad este proyecto, que servirá de insumo para los futuros debates que se darán en torno a este tema. A lo largo de 134 páginas, las más altas autoridades y conocedores de la justicia en Colombia expresaron su punto de vista sobre las reformas que se deben hacer al sistema judicial colombiano para que recupere la confianza y credibilidad de la sociedad. Así mismo, en el evento la Alcaldía de Pasto exaltó la labor de todos los que han dado vida a esta publicación durante más de 25 años de historia, en defensa de la democracia y las instituciones colombianas. Durante el acto, se destacó la implementación de herramientas digitales para potenciar la labor periodística y el servir de puente entre los poderes centrales y las regiones para la solución de sus necesidades.  “La Revista el Congreso Siglo XXI, además de abordar temas asociados a la educación, salud, cultura, ambiente, obras públicas, transporte, justicia, entre otros; en sus artículos ha destacado el trabajo de alcaldes, gobernadores, ministros, embajadores y empresas privadas que a través de su gestión aportan al desarrollo del país”, señala el decreto 0525 del 15 de julio 2019 mediante el cual se reconoce la labor desempeñada por esta publicación.

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Más mujeres en la política, el reto

Más Mujeres En La Política, El Reto En una época en la que la discusión sobre equidad de género va haciéndose cada vez más amplia en el mundo, es necesario que Colombia avance mucho más para garantizar y promover la participación de las mujeres en la política y, lo más importante, asuman un rol determinante en la toma de decisiones que marcan el rumbo del país. Ya los primeros pasos se han dado con una bancada femenina en el Congreso que busca empoderlas y fortalecer su presencia en los cargos de poder. La baja participación de las mujeres en la política colombiana ha sido una constante en las tres últimas décadas, pues si bien gracias a la aplicación de la llamada “Ley de Cuotas”, han aumentado su presencia en corporaciones como el Congreso de la República, esta sigue sin superar el 30 %. Aunque se ha logrado un avance significativo en el ámbito político, el camino sigue siendo largo. Es primordial elevar la presencia femenina en cargos de decisión y poder a un 50 %, para generar un cambio cultural sobre la labor que puede ejercer en ese campo. Antes y después de las mujeres en el Congreso Según un informe de la ONU Mujeres, su participación en el Congreso ha aumentado de manera importante desde la entrada en vigencia de la Constitución de 1991, que les permitió abrirse campo en la política, al pasar del 7,7 % (en ese cuatrenio) al 20,8 %, tal como se vio reflejado en las elecciones legislativas de 2018. El aumento en la cuota parlamentaria se debe, primordialmente, a la aprobación de la ley 1475 de 2011, que establece que en las listas compuestas por cinco o más candidatos deben incluirse al menos el 30 % de mujeres. “El mayor esfuerzo que tiene que hacer hoy cualquier corporación es conseguir al menos ese 30 % de mujeres.  Se debe mostrar la importancia de que esta participe en política, porque los estudios han registrado que en la medida que la mujer tome posiciones de liderazgo, el entorno y la política pública mejoran”, expresa la senadora del Centro Democrático, María del Rosario Guerra. Esta situación ha hecho que Colombia esté en el puesto 22 en el ranking de participación política de las mujeres en el continente americano, cuyos primeros lugares son ocupados por Bolivia, Nicaragua, México, Argentina, Ecuador y Costa Rica, que cuentan con una legislación de paridad parlamentaria. Con el acceso de la mujer a cargos de poder y diplomáticos, se van derribando creencias culturales de que son espacios designados a los hombres. Propuestas para aumentar participación de mujeres Es claro que el trabajo debe empezarse en la legislación y continuarse con los esfuerzos de las agrupaciones políticas para crear confianza en sus capacidades. Como primera medida, tendría que aumentarse el porcentaje de participación del género femenino en las elecciones legislativas. “En la reforma política lo hemos intentado, pero fue imposible, hay resistencia absoluta a cerrar las listas y a llegar a la paridad” que se busca, afirma la senadora de la Alianza Verde, Angélica Lozano.  Para Ángela María Robledo, excandidata a la vicepresidencia de la República, el actual Congreso sigue siendo muy patriarcal y ortodoxo. Por ello considera que “una reforma política que no toque de manera contundente la apertura para las mujeres, no tiene mucho significado porque ellas son fundamentales en la democracia”, agrega. Cualquier avance en ese sentido, requiere la voluntad por parte de todos los actores, principalmente del Gobierno Nacional y el Congreso de la República para que sea posible un cambio en las reglas de juego.  El trabajo conjunto de instituciones como el Congreso y ONU Mujeres debe fortalecerse aún más. ¿Qué hace falta? Es necesario que la bancada de mujeres del Congreso impulse activamente proyectos que garanticen más participación del género en la política colombiana. Para conseguir la paridad representativa, es fundamental que los partidos también tengan voluntad política y se pongan en la tarea de atraer a las mujeres a la actividad proselitista, ya que ese es el principal obstáculo a la hora de fortalecer la presencia del género en los cargos de elección popular en Colombia. Según la senadora María del Rosario Guerra, su colectividad trabaja intensamente en preparar las mejores candidatas con talleres que las eduquen en el tema político. “Hay que tener ganas, capacidad de interlocución, dedicación y argumentación. Eso es lo que hay que promover para que las mujeres jóvenes se interesen”, subraya.  La senadora Ana Paola Agudelo, del Partido MIRA, asegura que las listas de su organización política para el Senado siempre han estado encabezadas por mujeres y han preservado el equilibrio de géneros. Según la parlamentaria, se cuenta con una escuela de gobierno que capacita las lideresas de base. “Se han ido dando pasos, pero hay que avanzar más”, agrega. Por su parte, aunque reconoce que faltan mujeres en el Legislativo, la congresista de la lista Decente, Aída Avella, considera que quienes aspiren a ser candidatas a corporaciones públicas, deben ser eficientes, porque no se trata de poner “rellenos”. La senadora va más allá, al afirmar que “deben dar ejemplo de cumplimiento, honradez, estar siempre muy preparadas, no solamente en los debates, sino para dar ejemplo de vida”.

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María Juliana Ruiz: una dama de primera

María Juliana Ruiz: una dama de primera María Juliana Ruiz, Primera Dama de la Nación. Luego de que por primera vez en la historia de Colombia una mujer fungiera como Primera Dama en 1934, su figura ha ido tomando gran relevancia en el escenario político del país. Es así como discreta pero de fuertes convicciones, María Juliana Ruiz ha transformado el papel protocolario de la esposa de un Presidente, abanderando las más importantes causas sociales en Colombia y demostrando una vez más que el rótulo de Primera Dama no le produce ningún temor. Su labor ha hecho cada vez más eco, demostrando una vez más que el liderazgo social es fundamental para construir país. Más allá de aprovechar su capacidad de convocatoria para apoyar las funciones del Jefe de Estado, María Juliana Ruiz asumió su rol de Primera Dama en uno menos formal, más accesible y relevante. Su trayectoria profesional la posicionan como una mujer de altas competencias para promover proyectos encaminados a fortalecer la parte social del país, incluidos el combate a la pobreza y la protección a la juventud y la niñez. María Juliana estudió Derecho en la Universidad Javeriana e hizo una maestría en Leyes con énfasis en Negocios Internacionales en American University. También se formó en Johns Hopkin University y en el Institut Catholique en París, lugar en donde también dictó clases de salsa y trabajó como niñera. Pero quizás su trabajo más relevante fue en la Organización de Estados Americanos (OEA) por más de 10 años. Allí inició como pasante y escaló posiciones hasta llegar a hacer parte de la Secretaría General del organismo. ¡Unidos en la lucha contra el hambre y la desnutrición! Pese a que su cargo como Primera Dama no es remunerado, ni genera obligaciones, la gestión que ha realizado en este primer año de gestión, la convierten en una abanderada y en un referente de las causas sociales de Colombia. María Juliana ha puesto sobre la mesa diversos asuntos que asegura requieren de especial atención como es el tema de la seguridad alimentaria en el país. No se ha quedado quieta y ha puesto al servicio su experticia para representar a Colombia en el Comité Mundial de Seguridad Alimentaria de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, por sus siglas en inglés) para discutir las políticas y los instrumentos innovadores y así poner fin al hambre y la pobreza rural en América Latina y el Caribe. En su intervención, María Juliana expuso la visión del Gobierno y los ejes centrales en donde enfocará el trabajo para erradicar el hambre y la pobreza extrema en Colombia. María Juliana asumió su rol de Primera Dama en uno menos formal y más accesible a la comunidad y las las labores sociales. A pocas semanas de cumplir su primer año asumiendo tan icónico cargo, María Juliana Ruiz le apunta a dejar a Colombia con los más altos índices en materia de equidad social. Durante una reunión en la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CISAN), en el Chocó, destacó la disminución en un 32%, de las notificaciones de muertes de niños y niñas menores de cinco años asociadas a la desnutrición. Se trata de los primeros resultados de las acciones adelantadas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), a través de la Estrategia Ni1+, que arrancó a principios de este año. Ruiz ha aprovechado el espacio para convocar a todos los sectores del país (público, privado, cooperación internacional, organismos multilaterales, academia, fundaciones y sociedad civil) a unirse a la Gran Alianza por la Nutrición de la Niñez de Colombia, estrategia que cuenta con la participación de la Consejería Presidencial para la Niñez y la Adolescencia y la Fundación Éxito, y cuyo propósito es aumentar la competitividad, la inteligencia emocional y la capacidad intelectual de la población colombiana, a través de una intervención nutricional oportuna. En favor de las víctimas de violencia sexual La Primera Dama ha aprovechado el espacio para buscar alianzas con organismos internacionales y así crear estrategias en favor de las víctimas de violencia sexual. El trabajo de María Juliana no solo radica en promesas, sino en acciones. Prueba de ello es la inauguración del Internado de Protección contra Víctimas de Violencia Sexual, que será operado por la Fundación Renacer, en Riohacha, La Guajira. La Primera Dama explicó que este centro es posible gracias al trabajo articulado entre la institucionalidad, el sector privado y la cooperación internacional, “para alinear esfuerzos con objetivos específicos que se materializan en función y en pro de las personas vulnerables, de quienes hoy en día tienen el derecho de rescatar, retomar, alinear un proyecto de vida, olvidar y sanar cualquier maltrato o vulneración del que hayan sido víctimas”. La compañera de vida de Iván Duque sigue siendo la madre y esposa que asiste  a las reuniones de padres de familia en el colegio y que mantiene a su núcleo familiar unido a pesar de las responsabilidades que trae consigo ejercer las tareas de Primera Dama. Esta institución, que albergará a 50 niñas, niños y adolescentes, entre los 7 y 17 años, busca que sus integrantes recuperen confianza, reconstruyan sus proyectos de vida y hagan realidad cada uno de sus sueños. “Encontramos, quizás, los índices más elevados de tasas como el suicidio, que tenían causas asociadas a la exposición al reclutamiento forzoso, la explotación sexual y un índice muy elevado en el inicio en la drogadicción, por lo que quisimos empezar a trabajar en una oferta totalmente contraria a esa que están recibiendo, una oferta positiva, propositiva, con contenido solidario, una oferta que pueda invitarnos a pensar en un futuro, a soñar y a no verlo truncado”, asegura María Juliana Ruiz. María Juliana combina a la perfección su rol de Primera Dama con su labor de esposa y madre. Sacúdete Crea Su trabajo con los niños, niñas y adolescentes, ha sido permanente. Lo que busca es crear proyectos que le generen una mejor calidad de vida a este sector de la población. Con

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Marta Lucía Ramírez: su camino a la Vicepresidencia

Marta Lucía Ramírez: Su Camino A La Vicepresidencia Marta Lucía Ramírez, la primera mujer Vicepresidenta que ha tenido Colombia en toda su historia republicana, se ha destacado en la política nacional e internacional precisamente por eso: por haber sido la primera mujer en ocupar el segundo cargo más importante de la Nación. Aunque tiene méritos de sobra y una carrera brillante en el servicio público para destacarse en cualquier ámbito, ella siempre será recordada por haber sido la primera en más de una ocasión. Por eso, la Revista El Congreso quiso hacer un recorrido por su vida pública y responderse a la pregunta de, ¿quién es esta mujer y cómo llegó a la Casa de Nariño? Haciendo de su carrera una especie de reivindicación para las mujeres en Colombia, ella dejó claro su rol de liderazgo desde el día uno. “Me siento muy orgullosa de llevar la voz de 26 millones de mujeres colombianas. Tengo una gran responsabilidad de representarlas dignamente y a pesar de que no todas pensemos igual, sé que todas debemos tener iguales oportunidades y lucharé por que así sea”, dijo cuando Iván Duque fue designado como el presidente número 59 de Colombia.  Y es que, tras haber sido seleccionada como fórmula vicepresidencial de Iván Duque, Marta Lucía Ramírez, una mujer de arraigados valores y tradiciones conservadoras, se convirtió en la alianza perfecta para un gobierno de centro derecha con una agenda programática cercana a la del Partido Conservador, colectividad a la que ella estuvo afiliada por años, con la que presentó su candidatura presidencial en el año 2014, pero a la que renunció en diciembre de 2017 por los escándalos de corrupción en los que se encontraban envueltos algunos de sus líderes y la falta de apoyo de esa organización política a su aspiración. En aquel entonces, Ramírez lamentó que la mayoría de su bancada en el Congreso hubiera sido copartícipe del “deterior que ha llevado a niveles de desfavorabilidad sin precedentes a las tres ramas del poder público (…) Es una triste ironía tener que retirarme del Partido Conservador para defender desde afuera los principios conservadores. 21 años después sigue teniendo razón Álvaro Gómez Hurtado cuando decía que en Colombia existe más conservatismo que Partido Conservador”, aseguró en su carta de renuncia.  Si bien es cierto que esta decisión podría tomarse como el punto de partida de su carrera hacia la Presidencia de la República, su extensa trayectoria política fue un excelente trampolín para llegar a la Casa de Nariño. Con una formación profesional prolífica que se repartió entre la Universidad Javeriana, la Universidad de los Andes y un fellow del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de Harvard (Estados Unidos), Marta Lucía Ramírez comenzó su vida pública con la dirección del Instituto Colombiano de Comercio Exterior, Incomex. Al frente de la seguridad democrática Senadora, ministra, consultora jurídica, empresaria y presidenta de varias entidades financieras y gremios, la vicepresidenta de la República se ha sabido mover en los sectores público-privado con éxito y ha buscado llegar a la Presidencia de la República en más de una ocasión. Ministra de Comercio Exterior durante el Gobierno de Andrés Pastrana y embajadora de Colombia en Francia durante el primer semestre de 2002, Marta Lucia regresó al país para convertirse en la titular de la cartera de Defensa Nacional (en donde estuvo 19 meses) en uno de los años más convulsos en materia de seguridad. Como una fuerte apuesta del entonces Presidente, Álvaro Uribe Vélez, quien apenas la conocía, le entregó las llaves de una de las políticas más importantes del gobierno de aquel entonces: la seguridad democrática. Desde ese importante cargo, trató de modernizar el Ministerio, así como de crear unos indicadores de éxito diferentes para las Fuerzas Militares. Esto fue, lo que eventualmente, provocó su abrupta salida de esta dependencia.  Así, convirtiéndose en la primera y única mujer en ostentar este cargo en la historia del país, en aquel entonces la actual Vicepresidenta abogó, como lo hizo desde el Congreso de la República, por el bienestar de los miembros de las Fuerzas Armadas, tema transversal en su carrera política. Pero no fue fácil. “Yo llegué a meterme en muchas áreas en donde no era tradicional que se metieran tanto los ministros civiles. El primer ministro de Defensa civil había sido Rafael Pardo no hacía mucho tiempo, entonces yo, civil, mujer… tenía claro que tocaba ejercer y no solo hacer un control civil”, dijo en su momento, tras reconocer que tuvo tropiezos con el General Mora, tropiezos que además, fueron evidentes para el país, a razón de que en su paso por la cartera de Defensa, ella buscó centralizar todas las compras que hacía este ministerio. Una carrera hecha a pulso Al haber sido designada por el entonces Presidente, Álvaro Uribe Vélez, como ministra de Defensa Nacional, a Marta Lucía Ramírez le dieron la titánica labor de ponerse al frente de una de las políticas más importantes para aquel gobierno: la seguridad democrática. Habiendo sido senadora por el partido de ‘La U’ entre el 2006 y el 2009 con más de 70 mil votos, podría decirse que a sus 63 años (nació el 4 de julio de 1954 en Zipaquirá, Cundinamarca) la Vicepresidenta de Colombia se ha sabido mover por varias ramas del poder público y el sector privado, en donde se desempeñó por más de 15 años como consultora jurídica, empresaria y presidenta de varias entidades financieras y gremios. Aunque ni en las elecciones presidenciales del 2014, ni en los comicios del 2018, Marta Lucía Ramírez logró conquistar la Presidencia de la República, es probable que lo consiga y que solo sea cuestión de tiempo. Alguna vez ella contó una anécdota en la que se estaba mirando al espejo-no tendría más de 24 años- y tras observarse detenidamente, se volteó y le dijo a su marido: “algún día seré presidente de este país”. Para entonces, ella trabajaba para la Superintendencia Bancaria y la habían nombrado Directora de Bancos. Ante el nuevo cargo alcanzado, su mamá, quien

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¿Llegó la hora de replantear relaciones?

¿Llegó La Hora De Replantear Relaciones? Aunque para el Gobierno esta legislatura fue positiva porque se logró sacar adelante el Plan Nacional de Desarrollo (PND), considerado la hoja de ruta del Presidente Iván Duque Márquez en estos cuatro años, algunos congresistas creen que el balance no es el esperado, porque en su concepto, el Ejecutivo no ha logrado construir la gobernabilidad que se requiere para garantizar el trámite de iniciativas importantes como las reformas política y judicial. La postura de los partidos Liberal, Cambio Radical y La U -con las mayorías en el Legislativo- de distanciarse del Gobierno le restaron capacidad de maniobra al mandatario, quien se resistió a darles participación a las fuerzas políticas en su administración, como parte de su nuevo estilo de gobernar, en el que priorizó el nombramiento de ministros y funcionarios técnicos durante sus primeros meses de gestión. Analistas consideran necesario un replanteamiento en las relaciones con el Congreso de la República, pensando en los proyectos que se vienen y en la campaña electoral que se cruza con la próxima legislatura, en la cual estará en juego el poder regional.  La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, encargada de impulsar y coordinar las iniciativas y acciones del Gobierno ante los congresistas, admite que el esquema que se planteó era distinto, pero muy positivo para la democracia colombiana. “Creo que eso es constructivo para el país y eso es una relación sana de respeto entre el Ejecutivo, el Legislativo y la Rama Judicial. Es la separación real de poderes”, afirma.  Y es que a pesar de las dificultades para conseguir el respaldo parlamentario, como se evidenció en la votación de las objeciones a la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el equipo gubernamental logró sacar avante el Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” en este periodo de sesiones. Según la jefe de la cartera de asuntos políticos, el PND era la gran apuesta oficial para este semestre y con su aprobación en el Senado y la Cámara de Representantes se legisló para los próximos cuatro años, luego de una concertación con las regiones y los sectores políticos, económicos y sociales del país.  La reforma política se quedó sin aire Ante el poco ambiente en el Congreso para salvar la reforma política, que había sido modificada en sus partes sustanciales, la ministra del Interior desistió de continuar con su trámite. Las pocas probabilidades que existían de revivir las listas cerradas para las elecciones a corporaciones públicas llevaron a la funcionaria a darle sepultura a la iniciativa en esta legislatura. “Ante la imposibilidad de continuar con el trámite de la lista cerrada y la equidad en la representación de las mujeres, el Gobierno no insistirá en adelantar la reforma política”, escribió Gutiérrez en su cuenta de Twitter.  Con el proyecto, se buscaba depurar el ejercicio de la política, eliminando el voto preferente con el cual obtienen una curul los candidatos que alcancen un mayor número de votos al interior de sus partidos, sin importar el orden en que aparezcan registrados en el tarjetón electoral. Ello ayudaría a evitar prácticas como el clientelismo o la compra de votos.  La reforma, una de las promesas del entonces candidato Iván Duque, hacía parte del paquete de medidas anticorrupción anunciadas por el Ejecutivo para fortalecer los partidos, reducir los costos de las campañas y garantizar transparencia en la forma de hacer política en Colombia. Pero el Gobierno no se da por vencido y desde ya buscará el apoyo de las distintas bancadas para impulsar un nuevo proyecto a partir del 20 de julio. Un cambio necesario La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, espera el apoyo de los partidos a la reforma política que se presentará en julio próximo. Para garantizar el trámite de los proyectos del Gobierno, incluida la reforma política que será presentada nuevamente en la próxima legislatura, es indispensable un replanteamiento de las relaciones entre el Ejecutivo y el Congreso de la República lo antes posible para poder avanzar en las iniciativas que aún están pendientes. Así lo considera el politólogo y académico, Fernando Rojas, quien ve poco probable que se mantenga el modelo con el que el Presidente Iván Duque Márquez ha querido gobernar por el costo político que le puede generar. “Le toca hacer un giro para lo que quiere, porque a pesar de las buenas intenciones, su estilo no le ha dado los resultados esperados”, señala. Aunque se logró la aprobación del PND, en el que se establecen los objetivos, programas e inversiones para el cuatrienio, el analista cree que el Gobierno “no logró encontrar el camino para sacar adelante los demás temas de la agenda legislativa (en este periodo de sesiones), ni tampoco generar confianza”. Por eso coincidió en que un acuerdo con las fuerzas políticas es el camino para destrabar los proyectos clave, como las reformas a la justicia y las pensiones o de lo contrario, habría dificultades para garantizar la gobernabilidad en lo que resta de gestión. Desde ya se rumora sobre una reestructuración de la relación con los partidos tradicionales que podría derivar en una crisis ministerial, así como en su participación en la administración, ad portas de cumplirse un año del ascenso del entonces candidato del Centro Democrático al poder. La gran pregunta que surge frente al nuevo panorama que se plantea, es si el partido oficialista estaría dispuesto a aceptar que otras organizaciones políticas tengan representación en el Gobierno, para contar con nuevos aliados en el Congreso. A pesar de las dificultades para conseguir el respaldo parlamentario, como se evidenció en la votación de las objeciones a la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el equipo gubernamental logró sacar avante el Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”. Lo que si se descarta es un revolcón. En caso de presentarse los cambios en el gabinete, estos se darían de manera gradual. La reestructuración habría comenzado con la salida de Gloria María Borrero

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Se abren paso alianzas para alcaldías y gobernaciones

Comienza cuenta regresiva para elecciones A cuatro meses de las elecciones para renovar alcaldías y gobernaciones, ya se vislumbran alianzas entre los grandes partidos políticos para inclinar la balanza a favor de uno u otro candidato. Es el caso de la Gobernación del Atlántico, para la cual se ha venido consolidando el nombre de la exministra de Vivienda, Elsa Noguera, gracias al apoyo de la poderosa casa Char, el Centro Democrático y los liberales. Y es que en un país polarizado, los consensos de cara a los comicios regionales del 27 de octubre próximo, están a la orden del día. Eso le abriría el camino a Jaime Pumarejo para convertirse en el nuevo alcalde de Barranquilla. Por los lados del Valle del Cauca, la candidatura de Álvaro López Gil, quien cuenta con el apoyo de los conservadores, ha tomado fuerza en las últimas semanas, constituyéndose en un contendor de peso para la exdirectora de Coldeportes, Clara Luz Roldán en su aspiración de llegar a la Gobernación. Mientras tanto en Antioquia, el exdirector del IDEA, Mauricio Tobón, arrancó en firme su campaña para ocupar el primer cargo de ese importante departamento del país, con el aval de más de 100 mil firmas ciudadanas, distinción a la que también aspira Andrés Guerra, candidato del Centro Democrático. Para la alcaldía de Medellín, el uribismo le apuesta con todo al exsenador Alfredo Ramos Maya. En el Tolima, sigue ganando apoyos la candidatura de Alberto Girón Rojas a la Alcaldía de Ibagué, mientras en Nariño se posicionan los nombres de John Rojas -con el respaldo de más de 150 mil firmas- y del médico y empresario, Damir Bravo, para la Gobernación. Aunque el sonajero nacional es amplio, serán pocos los escogidos. Por lo pronto, el 27 de junio se dará inicio al periodo de inscripción de los aspirantes, que podrían superar los 120 mil. En otras ciudades y departamentos

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Así quedan las regiones en el Plan de Desarrollo

Así quedan las regiones en el Plan de Desarrollo El alcalde de Valledupar, Augusto Ramírez Uhía; el gobernador del Cesar, Francisco Ovalle Angarita; la directora de Planeación, Gloria Alonso y el Presidente Iván Duque, durante la sanción del Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” en la ciudad de Valledupar. El Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, sancionado por el Presidente Iván Duque, que contempla inversiones por 1.096 billones de pesos, fue construido con una visión de progreso para los territorios, que contarán en estos cuatro años con 851,9 billones de pesos, es decir el 78% del valor total de los recursos anunciados, para mejorar la educación y la conectividad, apostarle al emprendimiento y lograr una mayor productividad con miras a garantizar un nivel de crecimiento sostenible. El desafío será consolidar un cambio social que permita cerrar las brechas que existen entre el campo y la ciudad. Para avanzar en la transformación de Colombia, bajo los principios de legalidad, emprendimiento y equidad, el Gobierno Nacional espera sacar a más de tres millones de personas de la pobreza extrema y monetaria en este cuatrienio, así como crear 1,6 millones de empleo, duplicar los estudiantes en jornada única en colegios oficiales y cubrir a 2 millones de niños con educación inicial. También se propone convertir la productividad en la fuente primordial de crecimiento de los próximos cuatro años, aprovechando las potencialidades de las regiones para mejorar su competitividad y conectividad. La administración central priorizará, además, a los sectores de la salud, vivienda, servicios públicos, transformación digital e infraestructura. En el primero de ellos se buscará elevar el índice de desempeño de los 922 hospitales públicos para mejorar la atención a los usuarios y se implementarán proyectos de telesalud dirigidos a las poblaciones apartadas del país, mientras en el segundo, se beneficiará a 600.000 hogares con el mejoramiento de su vivienda, se otorgarán subsidios de arrendamiento para ahorrar y adquirir casa nueva a 200.000 familias y se iniciarán 520.000 unidades habitacionales de interés social para brindar mayor bienestar a la población urbana y rural. En servicios públicos, el Gobierno mantendrá los subsidios de energía para los estratos 1, 2 y 3, proveerá de agua potable a tres millones de colombianos nuevos, beneficiará a 150.000 hogares con programas de sustitución de electrodomésticos de mayor eficiencia energética y vinculará a otras 100.000 familias al servicio de electricidad y a un millón al servicio de gas. Transformación digital e infraestructura Para el Presidente Iván Duque, la transformación digital es tal vez una de las metas más grandes que tiene por alcanzar en estos cuatro años de gestión. Es así como se propone lograr que 11,8 millones de hogares (70%) estén conectados a internet (hoy lo están 7,4 millones), que la administración pública se modernice con la digitalización y automatización masiva de trámites y que se utilice el Big Data en la lucha contra la corrupción. En infraestructura, la estrategia gubernamental plantea otras fuentes de financiamiento para la sostenibilidad de los distintos medios de movilización. También el apoyo del Estado a la implementación de sistemas de transporte público colectivo o masivo, tanto terrestres, marítimos o fluviales en cualquier lugar del territorio nacional y la cofinanciación por parte de la Nación, cuando se usen vehículos de cero emisiones, es decir eléctricos. Sector agro y productividad En esos dos frentes, que serán clave para el crecimiento regional, el Gobierno se dispone pasar de 200 a 4.000 el número de empresas apoyadas a través del programa de fábricas de productividad, aumentar el porcentaje de las que sean innovadoras al 25% para romper la tendencia a la caída de los últimos 10 años e incrementar la productividad laboral de sectores no minero-energéticos en el país. Como parte de las acciones que buscan fortalecer el campo colombiano, el PND contempla la asistencia técnica a 550.000 productores, para lo cual se espera que, al terminar el segundo semestre de 2019, alrededor de 20.000 de ellos hayan sido atendidos con el servicio público de extensión agropecuaria, así como beneficiar a 300.000 productores con agricultura por contrato. Hasta la fecha, gracias al programa de “Coseche y Venda a la Fija”, se han firmado 5.746 entre agricultores y compradores. Pero lo que tiene en mente el Gobierno va mucho más allá, como por ejemplo, expandir y rehabilitar cerca de 150.827 hectáreas en el cuatrienio, aumentar el área de cobertura de los distritos de riego y avanzar en la formalización de 24.350 títulos sobre predios privados y 24.160 títulos que otorgan acceso a tierras. Bogotá, a la cabeza en recursos En los próximos cuatro años, las inversiones para Bogotá en el Plan Nacional de Desarrollo ascenderán a 119.6 billones, recursos que estarán dirigidos a la construcción del Metro, la ampliación de la planta de tratamiento de aguas residuales Salitre, las troncales de Transmilenio y la extensión del aeropuerto Eldorado, entre otras obras. Pero también la capital del país le apostará a proyectos de apertura y ampliación de vías para mejorar la movilidad de ciclistas y peatones, y a la intervención del hospital San Juan de Dios, el Instituto de Inmunología y el Materno Infantil, como patrimonio cultural de la Nación. Plaza de Toros la Santamaría y planos del Metro que se construirá en Bogotá. No menos importante, será la descontaminación del río Bogotá, la financiación de parques regionales y la operación del Sistema Integrado de Transporte Masivo (Transmilenio) por la Troncal Avenida Ciudad de Cali- Soacha y la Troncal de la Avenida Boyacá desde la 170 hasta la Autopista Sur. Del total de 119,6 billones de pesos, 83,4 billones irán para el pacto por la equidad, 6,3 billones al transporte y 8,4 billones a la descentralización y conexión de territorios. Departamentos con mayor presupuesto Antioquia, el departamento con mayor aporte al Producto Interno Bruto (PIB) nacional se ubica en el primer lugar en materia de inversiones en el Plan de Desarrollo 2018-2022, con un total de 96 billones de pesos, que estarán encaminados a formalizar el trabajo

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Revocatoria de visados: La factura de cobro norteamericana

Revocatoria de visados: La factura de cobro norteamericana Las objeciones presidenciales a seis de los 159 artículos de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, terminaron convirtiéndose en una lupa que magnificó todas las grietas que se han derivado de lo que se acordó con las FARC en La Habana en 2016. Permeando a la Corte Constitucional (que le dedicó un año y un mes a su revisión), y con un paso por el Congreso que lo único que dejó claro fue la evidente incapacidad para lograr consensos al interior del Legislativo, en mayo pasado el turno fue para las relaciones bilaterales Colombia-Estados Unidos. ¿Qué le está cobrando el país del norte al gobierno colombiano? La revocatoria de las visas por parte del gobierno de Donald Trump a varios miembros de la rama judicial se ha convertido en uno de los desplantes diplomáticos más significativos de los últimos tiempos. Sin mayores explicaciones por parte de la embajada norteamericana en Bogotá, el tema trató, en vano, de ser contenido, y hoy es claro que lo que se esconde detrás del mismo, tiene nombre y apellido: el aumento en los cultivos ilícitos y la extradición.  Un antecedente vergonzoso En década de los años noventa, durante el gobierno del Presidente, Ernesto Samper Pizano, Estados Unidos, en cabeza de Bill Clinton, le revocó la visa al mandatario colombiano. Aunque no son casos directamente comparables, la mañana del 12 de julio de 1996, Colombia y el mundo se despertaron con un titular que ponía en entredicho la legitimidad y la transparencia del gobierno colombiano: Estados Unidos había hecho realidad su amenaza de cancelarle el visado al Presidente Ernesto Samper Pizano, por haber “participado a conciencia en negociaciones con el narcotráfico. Hay certeza de que entraron dineros de está procedencia en su campaña electoral. La sanción es personal, no contra el gobierno colombiano, y Samper no es bienvenido en Estados Unidos”.  Dicha declaración, pronunciada por el entonces portavoz del Departamento de Estado en una rueda de prensa en Washington, fue el comienzo de un periodo vergonzoso para las relaciones diplomáticas bilaterales. Más allá de la desacreditación mundial del Ejecutivo colombiano, el margen de maniobra en la escena internacional por parte del Gobierno se disminuyó y si no fuera porque Ernesto Samper tenía la presidencia de Movimiento de Países No Alineados (Noal), su gestión y capacidad de operación en el exterior habría sido casi nula.  En aquel entonces, la respuesta por parte de la Casa de Nariño fue corta y contundente: “El gobierno se manifiesta indignado por esta medida unilateral e intervencionista (…) y la sanción sienta un inaceptable precedente intervencionista en el que el Gobierno de Estados Unidos desconoce el sistema jurídico de Colombia”, fue el comunicado que emitió entonces la Presidencia en Bogotá.  El caso del expresidente Samper es un buen ejemplo de cómo Estados Unidos ha recurrido en más de una ocasión a esta modalidad de presión a través de la cancelación de las visas por razones políticas. No obstante, en esta oportunidad hay un hecho sin precedentes para la historia de las relaciones bilaterales entre ambos países: históricamente y como lo ocurrido con Samper, el gobierno de turno norteamericano revocaba las visas a razón de acusaciones de narcotráfico o delincuencia, pero nunca se habían dado, como lo aseguran varias personalidades políticas, por diferencias de opinión en decisiones judiciales. La presión diplomática hoy A los magistrados de la Corte Constitucional, Antonio José Lizarazo (izquierda), Diana Fajardo (Centro), y al presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Eyder Patiño (derecha), se les revocó su derecho de entrada a Estados Unidos durante el mes de marzo, aunque a dos de ellos se les reestableció el visado poco después. Y es que lo que pasó durante los meses de abril y mayo, sí responde a una práctica usual de castigo y de presión diplomática que Estados Unidos siempre ha aplicado a sus vecinos del sur (hizo lo mismo contra los juristas del Tribunal Supremo de Nicolás Maduro), pero nunca por las razones que al parecer le está aplicando en estos momentos a los magistrados de la Corte Constitucional, Antonio José Lizarazo y Diana Fajardo, al presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Eyder Patiño y al representante a la Cámara, John Jairo Cárdenas, quien ha dicho que este es un claro mensaje del gobierno norteamericano al legislativo colombiano. Pero, ¿cuál es el mensaje? Y lo que es aún más relevante: ¿por qué ahora?  Es cierto que un país tiene todo el derecho a decidir quién ingresa a su territorio, pero revocarle la visa a un magistrado, al parecer por haber sido ponente de la Ley Estatutaria de la JEP, y porque ello podría tener implicaciones opuestas a los intereses norteamericanos en procesos de extradición, es un hecho nunca antes visto. Al parecer lo mismo le pasó a la magistrada Diana Fajardo, quien hizo parte de los debates relacionados con el proceso de paz.  En un escueto comunicado la delegación diplomática norteamericana en Bogotá dijo que los expedientes de visas son confidenciales, por lo que no se hacen comentarios sobre casos individuales. “El Departamento de Estado tiene amplia autoridad para revocar visas basándose en información, que salga a la luz en cualquier momento, que indique que el titular de la visa puede ser inadmisible en Estados Unidos, o no cumpla con los requisitos de visa. Todas las decisiones con respecto a la elegibilidad para una visa se basan en las leyes y regulaciones de Estados Unidos”. Ante este ejercicio de poder blando (aquella capacidad de un determinado actor político, como un Estado, para incidir en las acciones o intereses de otros actores valiéndose de medios culturales e ideológicos, con el complemento de medios diplomáticos), de acuerdo con el profesor de política exterior norteamericana y experto en seguridad hemisférica de la Pontificia Universidad Javeriana, Emerson Forigua, aunque aún no son claras las razones por las cuales Estados Unidos adoptó esa postura (las hipótesis se han limitado a la especulación

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La justicia pasó la prueba

La justicia pasó la prueba El exjefe de la desmovilizada guerrilla de las FARC, Jesús Santrich, al momento de abandonar la prisión. Aunque el caso Santrich, que derivó en la renuncia del Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez y de la vicefiscal María Paulina Riveros, no generó una crisis institucional, si dejó en evidencia la fragilidad de un sistema judicial, que pese a estar constituido desde hace más de 100 años, tiene dificultades para acoplarse al modelo de justicia transicional que nació de los acuerdos de paz firmados entre el Estado colombiano y la entonces guerrilla de las FARC, en 2016. Más allá de lo ocurrido con la decisión de la JEP sobre la no extradición del exjefe rebelde a Estados Unidos, donde se le acusa de narcotráfico, lo que la situación mostró de nuevo es la gran polarización que existe en el país. Aunque la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de ordenar la libertad de Jesús Santrich, precipitó el remezón en la Fiscalía General de la Nación y provocó desacuerdos entre los poderes, congresistas y académicos coinciden en que no hubo crisis institucional y que se trató de un Los integrantes de la JEP tienen la responsabilidad de investigar los delitos cometidos durante el conflicto. momento coyuntural que puso a prueba la fortaleza del sistema judicial colombiano, de cara a los retos que se vienen con la entrada en funcionamiento del modelo de justicia transicional. “Coincido en que no hubo crisis. Por el contrario, yo creo que esto lo que ha demostrado es la vigencia de la institucional. Tampoco considero que haya un choque de poderes, sino que cada uno planteó su postura y todo se resolvió finalmente por los canales correspondientes”, afirma el experto en Derecho Penal, Francisco Bernate, quien recuerda que antes todo se solucionaba en Colombia decretando un estado de sitio o una conmoción interior. Sin embargo, reconoce que la decisión que adoptó la JEP con respecto al excomandante de las FARC generó dificultades porque “se privilegiaron las posturas personales sobre la institucionalidad”. Martínez decidió renunciar al cargo de Fiscal General, en protesta por la orden de la JEP de liberar a Santrich, a quien Estados Unidos reclama en extradición para juzgarlo por el intento de envío de cocaína a ese país. Según el gobierno de Washington, el exguerrillero habría participado en la negociación para el traslado de droga a territorio norteamericano, en una fecha posterior a la firma del acuerdo de paz. ¿Qué desencadenó los hechos? El excomandante de las FARC, cuyo verdadero nombre es Seuxis Paucias Hernández Solarte, fue arrestado en abril de 2018, luego que Estados Unidos lo señalara de conspirar para enviar cocaína a ese país y lo pidiera en extradición. En su condición de desmovilizado, se acogió a la JEP, tribunal que fue creado a instancias de las negociaciones de paz para juzgar los delitos cometidos durante cinco décadas de conflicto armado en Colombia. Quienes se sometan al modelo alternativo de justicia, pueden acceder a penas de prisión reducidas y a la garantía de no extradición, beneficios que pierden si reinciden en actividades ilegales tras la firma del acuerdo con las FARC, por lo que el caso pasa a manos de la justicia ordinaria. Aunque el gobierno de Washington y la Fiscalía colombiana aseguran tener pruebas de la participación de Santrich en el intento de envío de droga a Estados Unidos, en una fecha posterior a la entrada en vigencia del tratado de paz, la JEP detuvo en mayo pasado su extradición y dispuso su libertad por carecer de evidencias suficientes para establecer cuando se cometió el delito. Sin embargo, el exguerrillero fue recapturado por la Fiscalía cuando salía de la cárcel, bajo una nueva acusación: concierto para delinquir con fines de narcotráfico. Días después la Corte Suprema de Justicia ordenó que lo dejaran libre por tener fuero de congresista y le abrió una investigación formal. El entonces Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, renunció tras la decisión de la JEP de negar la extradición de Santrich a Estados Unidos. Tras el fallo de la justicia transicional, el Fiscal Martínez anunció su renuncia irrevocable al cargo, medida que también tomó el mismo día la vicefiscal María Paulina Riveros. Acto seguido, la Procuraduría informó que apelaría la decisión que adoptó la JEP a favor del exnegociador de paz. Gloria Borrero, saliente ministra de Justicia. Margarita Cabello, nueva ministra de Justicia. En la misma semana, el Presidente de la República, Iván Duque, aceptó la dimisión de la ministra de Justicia, Gloria María Borrero y nombró a la exmagistrada Margarita Cabello en su reemplazo. Aunque se quiso ligar su salida del cargo con el caso Santrich, expertos aseguran que desde hace algún tiempo se hablaba del interés de Borrero de cambiar de rumbo. “Es algo coyuntural, porque la entonces ministra ya había manifestado o se sabía que no iba a continuar. Con relación al Fiscal, yo creo que una decisión personal lo llevó a adoptar una medida como esa. Fue una semana difícil, donde la institucionalidad salió avante y se demostró que somos una democracia vigorosa”, señala Bernate. Lo que piensan en el Congreso El representante a la Cámara, Germán Navas Talero, considera que no se ha vulnerado la justicia y que siempre que existan dos jurisdicciones, habrá conflictos entre ambas por colisión de competencias. “En Colombia ha habido miles de casos como ese, este no es un invento de controversia jurídica, es un hecho propio de los colombianos”, asegura el legislador del Polo Democrático Alternativo. Por su parte, el senador de Cambio Radical, Rodrigo Lara, cree que en el caso Santrich lo que hay es un problema probatorio por resolver. “Yo no creo que sea tan frágil la justicia colombiana, porque al fin y al cabo ha desarticulado organizaciones criminales tal vez de las más peligrosas del mundo. Ha desmantelado la narcopolítica del cartel de Medellín con el proceso 8.000 y ha desmantelado la parapolítica”, afirma.  El parlamentario no descarta que se pueda repetir

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