La justicia pasó la prueba

Aunque el caso Santrich, que derivó en la renuncia del Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez y de la vicefiscal María Paulina Riveros, no generó una crisis institucional, si dejó en evidencia la fragilidad de un sistema judicial, que pese a estar constituido desde hace más de 100 años, tiene dificultades para acoplarse al modelo de justicia transicional que nació de los acuerdos de paz firmados entre el Estado colombiano y la entonces guerrilla de las FARC, en 2016. Más allá de lo ocurrido con la decisión de la JEP sobre la no extradición del exjefe rebelde a Estados Unidos, donde se le acusa de narcotráfico, lo que la situación mostró de nuevo es la gran polarización que existe en el país.

Aunque la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de ordenar la libertad de Jesús Santrich, precipitó el remezón en la Fiscalía General de la Nación y provocó desacuerdos entre los poderes, congresistas y académicos coinciden en que no hubo crisis institucional y que se trató de un

momento coyuntural que puso a prueba la fortaleza del sistema judicial colombiano, de cara a los retos que se vienen con la entrada en funcionamiento del modelo de justicia transicional.

“Coincido en que no hubo crisis. Por el contrario, yo creo que esto lo que ha demostrado es la vigencia de la institucional. Tampoco considero que haya un choque de poderes, sino que cada uno planteó su postura y todo se resolvió finalmente por los canales correspondientes”, afirma el experto en Derecho Penal, Francisco Bernate, quien recuerda que antes todo se solucionaba en Colombia decretando un estado de sitio o una conmoción interior. Sin embargo, reconoce que la decisión que adoptó la JEP con respecto al excomandante de las FARC generó dificultades porque “se privilegiaron las posturas personales sobre la institucionalidad”.

Martínez decidió renunciar al cargo de Fiscal General, en protesta por la orden de la JEP de liberar a Santrich, a quien Estados Unidos reclama en extradición para juzgarlo por el intento de envío de cocaína a ese país. Según el gobierno de Washington, el exguerrillero habría participado en la negociación para el traslado de droga a territorio norteamericano, en una fecha posterior a la firma del acuerdo de paz.

¿Qué desencadenó los hechos?

El excomandante de las FARC, cuyo verdadero nombre es Seuxis Paucias Hernández Solarte, fue arrestado en abril de 2018, luego que Estados Unidos lo señalara de conspirar para enviar cocaína a ese país y lo pidiera en extradición. En su condición de desmovilizado, se acogió a la JEP, tribunal que fue creado a instancias de las negociaciones de paz para juzgar los delitos cometidos durante cinco décadas de conflicto armado en Colombia. Quienes se sometan al modelo alternativo de justicia, pueden acceder a penas de prisión reducidas y a la garantía de no extradición, beneficios que pierden si reinciden en actividades ilegales tras la firma del acuerdo con las FARC, por lo que el caso pasa a manos de la justicia ordinaria.

Aunque el gobierno de Washington y la Fiscalía colombiana aseguran tener pruebas de la participación de Santrich en el intento de envío de droga a Estados Unidos, en una fecha posterior a la entrada en vigencia del tratado de paz, la JEP detuvo en mayo pasado su extradición y dispuso su libertad por carecer de evidencias suficientes para establecer cuando se cometió el delito. Sin embargo, el exguerrillero fue recapturado por la Fiscalía cuando salía de la cárcel, bajo una nueva acusación: concierto para delinquir con fines de narcotráfico. Días después la Corte Suprema de Justicia ordenó que lo dejaran libre por tener fuero de congresista y le abrió una investigación formal.

Tras el fallo de la justicia transicional, el Fiscal Martínez anunció su renuncia irrevocable al cargo, medida que también tomó el mismo día la vicefiscal María Paulina Riveros. Acto seguido, la Procuraduría informó que apelaría la decisión que adoptó la JEP a favor del exnegociador de paz.

En la misma semana, el Presidente de la República, Iván Duque, aceptó la dimisión de la ministra de Justicia, Gloria María Borrero y nombró a la exmagistrada Margarita Cabello en su reemplazo. Aunque se quiso ligar su salida del cargo con el caso Santrich, expertos aseguran que desde hace algún tiempo se hablaba del interés de Borrero de cambiar de rumbo. “Es algo coyuntural, porque la entonces ministra ya había manifestado o se sabía que no iba a continuar. Con relación al Fiscal, yo creo que una decisión personal lo llevó a adoptar una medida como esa. Fue una semana difícil, donde la institucionalidad salió avante y se demostró que somos una democracia vigorosa”, señala Bernate.

Lo que piensan en el Congreso

El representante a la Cámara, Germán Navas Talero, considera que no se ha vulnerado la justicia y que siempre que existan dos jurisdicciones, habrá conflictos entre ambas por colisión de competencias. “En Colombia ha habido miles de casos como ese, este no es un invento de controversia jurídica, es un hecho propio de los colombianos”, asegura el legislador del Polo Democrático Alternativo. Por su parte, el senador de Cambio Radical, Rodrigo Lara, cree que en el caso Santrich lo que hay es un problema probatorio por resolver. “Yo no creo que sea tan frágil la justicia colombiana, porque al fin y al cabo ha desarticulado organizaciones criminales tal vez de las más peligrosas del mundo.

Ha desmantelado la narcopolítica del cartel de Medellín con el proceso 8.000 y ha desmantelado la parapolítica”, afirma. 

El parlamentario no descarta que se pueda repetir un desacuerdo entre las cortes en futuros procesos que se abran contra excomandantes de las FARC. “Es posible, ya que la JEP tiene la obligación de definir la fecha de

comisión de un delito y si no tiene los elementos probatorios para poder hacerlo, es probable que esto se presente. Por eso es muy importante fortalecer los mecanismos de cooperación judicial con los Estados Unidos para que problemas de esa naturaleza no se presenten”.

La senadora del Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), Victoria Sandino, se aparta de quienes piensan que las decisiones de la JEP han puesto a tambalear la justicia en Colombia. “Este es un asunto de falta de garantías jurídicas por parte de la institucionalidad que es capaz 

consideren que deben afectar y en este caso a quienes hemos firmado el acuerdo de paz”.

Otra cosa piensa la representante a la Cámara por el Centro Democrático, Margarita Restrepo, quien cuestiona el trabajo realizado por la Jurisdicción Especial para la Paz en el caso Santrich. “La JEP es una justicia amañada, que todos los días nos demuestra más la falta de idoneidad de sus jueces y magistrados, la falta de transparencia en su contratación y la falta de credibilidad ante a los colombianos. Me parece también que tiene muchos vacíos por la forma como fue concebida, en el tema de narcotráfico, de tierras y especialmente en el tema de derechos humanos”. La legisladora considera que la jurisprudencia que ha primado por muchos años en Colombia es admirada por la mayoría de países de la región por su estructura y solidez. “Pienso que hay que protegerla y hacerla respetar por el Congreso, por los ciudadanos, pero sobre todo por las cortes”. No duda en afirmar que el caso Santrich ha generado un precedente y que, de ahora en adelante, la JEP será mucho más “cuidadosa” a la hora de tomar sus decisiones.