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Secretaria de Salud de La Guajira inició plan de inspección a las IPS

Actualidad, La Guajira, Salud / revistacg

El objetivo es encontrar oportunidades de mejora y corregir falencias en la prestación de este servicio La entidad departamental de salud empezó una ruta de inspección, vigilancia y control a los hospitales de La Guajira con el propósito de evaluar, identificar riesgos y prevenir efectos adversos para los pacientes. El seguimiento a las IPS en la atención materno perinatal busca fortalecer la adecuada situación de higiene y seguridad para las usuarios. Primer centro médico inspeccionado El hospital Nuestra Señora de los Remedios en Riohacha fue el primero en esta ruta de vigilancia que dejó como resultados el fortalecimiento del triaje Obstrético para la adecuada clasificación en riesgo de pacientes embarazadas, implementación del sistema de estimación de la pérdida hemática y del equipo de respuesta inmediata, según el comunicado de la Gobernación en su portal web. Por su parte, las instituciones prestadoras de saluda deberán hacer un plan de mejoramiento luego de las respectivas visitas de la Secretaria junto a la Gobernación de La Guajira. El informe debe tener en cuenta los procesos prioritarios de atención, la capacidad instalada, la idoneidad de talento humano y la capacidad de atención para emergencias obstétricas, entre otros.

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¿Quiénes podrán salir a partir del 1 de junio?

Actualidad, Colombia, Coronavirus, Covid-19, Gobierno, Ministerios, Pandemia, Presidencia, Regiones, Trabajo / revistacg

El Presidente Iván Duque y los 18 ministros, firmaron el Decreto 749 del 28 de mayo de 2020, en el cual se ordena el Aislamiento Preventivo Obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, del 1° de junio de 2020, hasta las cero horas del 1° de julio de 2020, en el marco de la Emergencia Sanitaria por causa del coronavirus covid-19. Sin embargo, el decreto cuenta con 43 excepciones que viabilizan la recuperación de la vida productiva y permitirá que en estos casos los colombianos que cuenten con acreditaciones o identificación en el ejercicio de sus funciones puedan desarrollar sus actividades, cumpliendo con un protocolo de seguridad que evite la propagación del coronavirus. 1-Asistencia y prestación de servicios de salud. 2- Adquisición y pago de bienes y servicios. 3- Asistencia y cuidado a niños, niñas, adolescentes, personas mayores de 70 años, personas con discapacidad y enfermos con tratamientos especiales que requieren asistencia de personal capacitado. 4- Por causa de fuerza mayor o caso fortuito. 5- Las labores de las misiones médicas de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y de todos los organismos internacionales humanitarios y de salud, la prestación de los servicios profesionales, administrativos, operativos y técnicos de salud públicos y privados. 6- La cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, transporte, comercialización y distribución de medicamentos, productos farmacéuticos, insumos, productos de limpieza, desinfección y aseo personal para hogares y hospitales, equipos y dispositivos de tecnologías en salud, al igual que el mantenimiento y soporte para garantizar la continua prestación de los servicios de salud. El funcionamiento de establecimientos y locales comerciales para la comercialización de los medicamentos, productos farmacéuticos, insumos, equipos y dispositivos de tecnologías en salud. 7- Las actividades relacionadas con los servicios de emergencia, incluidas las emergencias veterinarias. 8- Los servicios funerarios, entierros y cremaciones. 9- La cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, transporte, comercialización y distribución de: insumos para producir bienes de primera necesidad; bienes de primera necesidad -alimentos, bebidas, medicamentos, dispositivos médicos, aseo, limpieza, y mercancías de ordinario consumo en la población-; reactivos de laboratorio; alimentos, medicinas y demás productos para mascotas, así como los elementos y bienes necesarios para atender la emergencia sanitaria, y la cadena de insumos relacionados con la producción de estos bienes. 10-La cadena de siembra, fumigación, cosecha, producción, empaque, embalaje, importación, exportación, transporte, almacenamiento, distribución y comercialización de: semillas, insumos y productos agrícolas, pesqueros, acuícolas, pecuarios y agroquímicos -fertilizantes, plaguicidas, fungicidas, herbicidas-, y alimentos para animales, mantenimiento de la sanidad animal, el funcionamiento de centros de procesamiento primario y secundario de alimentos, la operación de la infraestructura de comercialización, riego mayor y menor para el abastecimiento de agua poblacional y agrícola, y la asistencia técnica. Se garantizará la logística y el transporte de las anteriores actividades. Así mismo, las actividades de mantenimiento de embarcaciones y maquinaria agrícola o pesquera. 11-La comercialización presencial de productos de primera necesidad se hará en abastos, bodegas, mercados, supermercados mayoristas y minoristas y mercados al detal en establecimientos y locales comerciales a nivel nacional, y podrán comercializar sus productos mediante plataformas de comercio electrónico y/o para entrega a domicilio. 12- Las actividades de los servidores públicos, contratistas del Estado, particulares que ejerzan funciones públicas y demás personal necesario para prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitaria por causa del coronavirus covid-19, y garantizar el funcionamiento de los servicios del Estado. 13-Las actividades del personal de las misiones diplomáticas y consulares debidamente acreditadas ante el Estado colombiano, estrictamente necesarias para prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitaria por causa del coronavirus covid-19. 14-Las actividades de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y organismos de seguridad del Estado, así como de la industria militar y de defensa, y los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. 15-Las actividades de los puertos de servicio público y privado, exclusivamente para transporte de carga. 16-Las actividades de dragado marítimo y fluvial. 17-La ejecución de obras de infraestructura de transporte y obra pública, así como la cadena de suministros de materiales e insumos relacionados con la ejecución de las mismas. 18-Las actividades del sector de la construcción, ejecución de obras civiles y la remodelación en inmuebles, así como el suministro de materiales e insumos exclusivamente destinados a la ejecución de las mismas. 19-La operación aérea y aeroportuaria de conformidad con lo establecido en el artículo 8 del decreto, y su respectivo mantenimiento. 20-La comercialización de los productos de los establecimientos y locales gastronómicos, incluyendo los ubicados en hoteles, mediante plataformas de comercio electrónico, por entrega a domicilio y por entrega para llevar. 21-Las actividades de la industria hotelera para atender a sus huéspedes, estrictamente necesarias para prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitaria por causa del coronavirus covid-19. 22- El funcionamiento de la infraestructura crítica -computadores, sistemas computacionales, redes de comunicaciones, datos e información- cuya destrucción o interferencia puede debilitar o impactar en la seguridad de la economía, salud pública o la combinación de ellas. 23- El funcionamiento y operación de los centros de llamadas, los centros de contactos, los centros de soporte técnico y los centros de procesamiento de datos que presten servicios en el territorio nacional y de las plataformas de comercio electrónico. 24- El funcionamiento de la prestación de los servicios de vigilancia y seguridad privada, los servicios carcelarios y penitenciarios. 25- El servicio de limpieza y aseo, incluido el doméstico y servicio de lavandería. 26- Las actividades necesarias para garantizar la operación, mantenimiento, almacenamiento y abastecimiento de la prestación de: servicios públicos de acueducto, alcantarillado, energía eléctrica, alumbrado público, aseo (recolección, transporte, aprovechamiento y disposición final, reciclaje, incluyendo los residuos biológicos o sanitarios) y recuperación. de materiales; de la cadena logística de insumos, suministros para la producción, el abastecimiento, importación, exportación y suministro de hidrocarburos, combustibles líquidos, biocombustibles, gas natural, Gas Licuado de Petróleo (GLP); de la cadena logística de insumos, suministros para la producción, el abastecimiento, importación, exportación y suministro de minerales, y el servicio de internet y telefonía. 27- La

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Hacer empresa con alta responsabilidad social sí se puede

Defensa, Empresa / revistacg

Seguridad Nacional Limitada es una empresa que ofrece soluciones integrales en seguridad física y electrónica, que, a lo largo de sus 42 años de presencia en el mercado, se ha destacado por el fuerte compromiso que mantiene con sus empleados. Con 42 años de funcionamiento, Seguridad Nacional LTDA se ha convertido en una de las principales compañías de su género en Colombia. Sus servicios se ofrecen en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Armenia, Manizales, Barranquilla, Santa Marta, Cartagena y Pereira, donde está ubicada su sede principal, empleando a cerca de 1.600 trabajadores directos. Mauricio Cardona Jaramillo, quien hoy ejerce como gerente general de la empresa, lleva 20 años vinculado con la compañía que ofrece, además, servicios de consultorías e investigación. Su labor la ha desarrollado gracias a un equipo de trabajo comprometido y valioso, razón por la cual hoy Seguridad Nacional puede darse el lujo de contar con personas que trabajan en sus oficinas desde hace más de 30 años. Cuatro décadas de servicio integral “La compañía tiene servicios de vigilancia con guardias profesionales y todo lo relacionado con la seguridad electrónica y tecnológica”, señala el directivo, quien está convencido de que gracias a las alternativas que brinda, en concordancia con la demanda del mercado, ha fortalecido su portafolio con soluciones integrales y de calidad. Este tipo de gestión ha permitido que la empresa se consolide en los sectores privado y público, prestando sus servicios en cerca de un 75% al primero y en un 25% al segundo, con resultados positivos. “La asesoría tiene cerca de 200 clientes en cuanto a guardas de seguridad y, aproximadamente, 3 mil usuarios en la rama electrónica, o sea, los monitores de alarmas, televisión y controles inteligentes de acceso, entre otros”, agrega Cardona. Una empresa con compromiso “El plus de Seguridad Nacional, a parte de la legalidad y del amplio portafolio de servicios, es trabajar en su gente por medio del pago justo y los programas de responsabilidad social”, asegura el gerente de la empresa que, además, tiene entre sus planes a muy corto plazo adentrase en el mercado panameño. Para ello, la compañía tiene una filosofía de trabajo muy marcada, la cual busca agregarle valor al trabajador, entendiendo que este es el recurso más preciado con el que cuenta la organización. “Es un tema de trabajo de adentro hacia afuera. Hacia afuera con servicios de calidad y hacia adentro con un gran respaldo e inversión en nuestro recurso humano”, explica Cardona. Uno de los programas que Seguridad Nacional desarrolla para sus colaboradores es Estudio Seguro, un proyecto que se encarga de premiar con el pago del 100% de la carrera universitaria al mejor bachiller hijo de alguno de los empleados de la organización. “Mantener esos proyectos de responsabilidad social y de reconocimiento a nuestro personal nos permiten contar hoy con personas fieles a la compañía”, subraya el empresario. Es así como la calidad y los planes laborales están en primer orden. “Queremos vernos como una empresa comprometida con su personal, que le da todas las garantías a sus trabajadores. Creemos que el respetar el derecho de su gente le da ventajas competitivas y triunfos a todos”.

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Elecciones ponen a prueba sistema electoral

Actualidad, Estado, Presidencia / revistacg

Ni las explicaciones, ni las disculpas del Registrador Nacional del Estado Civil, Juan Carlos Galindo, a los votantes, han apaciguado las dudas y críticas de las campañas políticas a lo ocurrido el 11 de marzo pasado, cuando por un problema de distribución se agotaron los tarjetones electorales para las consultas interpartidistas en 26 puestos de votación. Son varias las voces que reclaman reformas profundas al sistema electoral para evitar fallas que pongan en tela de juicio la transparencia de la elección presidencial. A pocas semanas de una nueva jornada electoral, esta vez para escoger quién gobernará el país en los próximos cuatro años, representantes de los distintos partidos políticos han exigido al Estado colombiano garantías para que los ciudadanos puedan depositar su voto, sin ninguna suspicacia ni reparos que erosionen la credibilidad y confianza en la institución. Aunque el registrador ha manifestado que el problema se resolvió en hora y media con el plan de contingencia activado en las mesas afectadas, lo sucedido el 11 de marzo pasado ha dejado un sin sabor en la opinión. Para hacer frente a la ausencia de tarjetones en determinados puestos de votación, la Registraduría avaló el uso de fotocopias. Las consultas interpartidistas del 11 de marzo fueron claves para la recta final de las presidenciales. “Es inadmisible que en un país donde hay elecciones no exista material electoral, eso lo que nos muestra es que nuestro sistema electoral es anacrónico y se presta a toda clase de fraudes y de trampas”, asegura el senador del Polo Democrático Iván Cepeda, quien está convencido de que se debe promover una reforma a fondo que “nos lleve, por ejemplo, al voto electrónico”, como una forma de ofrecer seguridad al participante. Para el congresista es inaceptable que el pueblo tenga que votar a través de fotocopias porque se agotaron los tarjetones de las consultas interpartidistas para ejercer el derecho a sufragar. Debe existir una vigilancia especial Aunque la Misión de Observación Electoral (MOE) considera que no hubo intencionalidad frente a lo ocurrido con el material, admite que hubo fallas en la organización que pudieron haberse previsto para una mejor distribución. En su concepto, se superó de lejos la expectativa de votación que se tenía con las consultas en algunas zonas del país, lo que pudo haber generado la situación. “Es absurdo que pase esto en el siglo XXI, que se acaben los tarjetones. Se le está vulnerando el principal derecho al ciudadano en una democracia, que es ejercer el derecho al voto”, sostiene la representante a la Cámara por el Centro Democrático María Fernanda Cabal. Ante lo sucedido el 11 de marzo, la congresista propone que de ahora en adelante haya una vigilancia especial de la Procuraduría General de la Nación para evitar un problema similar. A la legisladora no le cabe duda de que eso afectará la confianza en el sistema electoral de cara a la primera vuelta presidencial del 27 de mayo. “Esto nunca había pasado en la historia, que se acabe el documento que finalmente certifica que ese voto existió, sacar fotocopias es como si fuéramos un país del quinto mundo, esto es inaudito”, agrega. Polémica por recursos La escasez de tarjetas electorales para las consultas que definieron a los candidatos presidenciales Iván Duque y Gustavo Petro, en representación de los sectores de la derecha y la izquierda colombiana, de manera respectiva, enfrentó al registrador Juan Carlos Galindo y al ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, por los recursos que fueron asignados para su organización. Según Galindo, la manera de evitar el inconveniente era contar con 36 millones de tarjetas de una consulta y 36 millones de la otra, para garantizar que el 100% de los colombianos habilitados pudiera votar, pero no se contaba con el presupuesto para eso. Otra cosa dijo Cárdenas, para quien la dificultad presentada no fue originada en la falta de plata. “A nosotros la Registraduría nos solicitó fondos para imprimir 30 millones de tarjetones, cosa que se hizo. Se asignaron esos recursos. Sin embargo, se utilizaron nueve millones y medio, es decir que sobraron más de 20 millones de tarjetas electorales”, explicó el ministro. Eso demuestra, según el titular de la cartera de Hacienda, que el problema no fue la ausencia de material, sino la mala planificación. Error de cálculo El ministro del Interior, Guillermo Rivera, ofreció una declaración pública eximiendo al Gobierno Nacional de cualquier responsabilidad en el incidente. El ministro del Interior, Guillermo Rivera, considera que la Registraduría debe repensar sus criterios de distribución para evitar que se repitan hechos como los del 11 de marzo. Insiste en que no es responsabilidad del Gobierno el que se haya agotado el material, porque se imprimió la cantidad que solicitó entonces la autoridad electoral, ni tampoco hubo injerencia oficial en la forma como se hizo la repartición. “Se equivocó en calcular el número de tarjetones, luego eso ante una futura consulta deben preverse, es mejor que sobre y no que falte, como dice la sabiduría popular”, señala la legisladora del partido Alianza Verde Angélica Lozano. Para la congresista, pasó algo mucho más grave durante la jornada, el “empadronamiento ideológico que se realizó, al coger el nombre, apellido y cédula de las personas que votaron en las consultas. Eso es gravísimo, esto atenta contra el secreto del voto, que es pilar fundamental de una democracia”, agrega. Según Lozano, en países con regímenes autoritarios, los votantes identificados han sido víctimas de persecuciones, exclusión de programas públicos y expulsión del empleo que ejercían. Por ello, pidió que se investigue y sancione lo sucedido para proteger a las personas que votaron en las consultas interpartidistas, de las que dijo: “hoy están expuestas al riesgo”. La representante a la Cámara de la Alianza Verde Angélica Lozano, denunció un “empadronamiento ideológico” en las consultas interpartidistas. El senador liberal Juan Manuel Galán ha insistido en la necesidad de diseñar un nuevo código electoral. Una revisión a fondo El senador del Partido Liberal, Juan Manuel Galán, coincide en que se deben revisar a fondo las fallas presentadas

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