Ni las explicaciones, ni las disculpas del Registrador Nacional del Estado Civil, Juan Carlos Galindo, a los votantes, han apaciguado las dudas y críticas de las campañas políticas a lo ocurrido el 11 de marzo pasado, cuando por un problema de distribución se agotaron los tarjetones electorales para las consultas interpartidistas en 26 puestos de votación. Son varias las voces que reclaman reformas profundas al sistema electoral para evitar fallas que pongan en tela de juicio la transparencia de la elección presidencial.
A pocas semanas de una nueva jornada electoral, esta vez para escoger quién gobernará el país en los próximos cuatro años, representantes de los distintos partidos políticos han exigido al Estado colombiano garantías para que los ciudadanos puedan depositar su voto, sin ninguna suspicacia ni reparos que erosionen la credibilidad y confianza en la institución. Aunque el registrador ha manifestado que el problema se resolvió en hora y media con el plan de contingencia activado en las mesas afectadas, lo sucedido el 11 de marzo pasado ha dejado un sin sabor en la opinión.
“Es inadmisible que en un país donde hay elecciones no exista material electoral, eso lo que nos muestra es que nuestro sistema electoral es anacrónico y se presta a toda clase de fraudes y de trampas”, asegura el senador del Polo Democrático Iván Cepeda, quien está convencido de que se debe promover una reforma a fondo que “nos lleve, por ejemplo, al voto electrónico”, como una forma de ofrecer seguridad al participante. Para el congresista es inaceptable que el pueblo tenga que votar a través de fotocopias porque se agotaron los tarjetones de las consultas interpartidistas para ejercer el derecho a sufragar.
Debe existir una vigilancia especial
Aunque la Misión de Observación Electoral (MOE) considera que no hubo intencionalidad frente a lo ocurrido con el material, admite que hubo fallas en la organización que pudieron haberse previsto para una mejor distribución. En su concepto, se superó de lejos la expectativa de votación que se tenía con las consultas en algunas zonas del país, lo que pudo haber generado la situación. “Es absurdo que pase esto en el siglo XXI, que se acaben los tarjetones. Se le está vulnerando el principal derecho al ciudadano en una democracia, que es ejercer el derecho al voto”, sostiene la representante a la Cámara por el Centro Democrático María Fernanda Cabal.
Ante lo sucedido el 11 de marzo, la congresista propone que de ahora en adelante haya una vigilancia especial de la Procuraduría General de la Nación para evitar un problema similar. A la legisladora no le cabe duda de que eso afectará la confianza en el sistema electoral de cara a la primera vuelta presidencial del 27 de mayo. “Esto nunca había pasado en la historia, que se acabe el documento que finalmente certifica que ese voto existió, sacar fotocopias es como si fuéramos un país del quinto mundo, esto es inaudito”, agrega.
Polémica por recursos
La escasez de tarjetas electorales para las consultas que definieron a los candidatos presidenciales Iván Duque y Gustavo Petro, en representación de los sectores de la derecha y la izquierda colombiana, de manera respectiva, enfrentó al registrador Juan Carlos Galindo y al ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, por los recursos que fueron asignados para su organización.
Según Galindo, la manera de evitar el inconveniente era contar con 36 millones de tarjetas de una consulta y 36 millones de la otra, para garantizar que el 100% de los colombianos habilitados pudiera votar, pero no se contaba con el presupuesto para eso. Otra cosa dijo Cárdenas, para quien la dificultad presentada no fue originada en la falta de plata. “A nosotros la Registraduría nos solicitó fondos para imprimir 30 millones de tarjetones, cosa que se hizo. Se asignaron esos recursos. Sin embargo, se utilizaron nueve millones y medio, es decir que sobraron más de 20 millones de tarjetas electorales”, explicó el ministro.
Eso demuestra, según el titular de la cartera de Hacienda, que el problema no fue la ausencia de material, sino la mala planificación.
Error de cálculo
El ministro del Interior, Guillermo Rivera, ofreció una declaración pública eximiendo al Gobierno Nacional de cualquier responsabilidad en el incidente.
El ministro del Interior, Guillermo Rivera, considera que la Registraduría debe repensar sus criterios de distribución para evitar que se repitan hechos como los del 11 de marzo. Insiste en que no es responsabilidad del Gobierno el que se haya agotado el material, porque se imprimió la cantidad que solicitó entonces la autoridad electoral, ni tampoco hubo injerencia oficial en la forma como se hizo la repartición. “Se equivocó en calcular el número de tarjetones, luego eso ante una futura consulta deben preverse, es mejor que sobre y no que falte, como dice la sabiduría popular”, señala la legisladora del partido Alianza Verde Angélica Lozano.
Para la congresista, pasó algo mucho más grave durante la jornada, el “empadronamiento ideológico que se realizó, al coger el nombre, apellido y cédula de las personas que votaron en las consultas. Eso es gravísimo, esto atenta contra el secreto del voto, que es pilar fundamental de una democracia”, agrega. Según Lozano, en países con regímenes autoritarios, los votantes identificados han sido víctimas de persecuciones, exclusión de programas públicos y expulsión del empleo que ejercían. Por ello, pidió que se investigue y sancione lo sucedido para proteger a las personas que votaron en las consultas interpartidistas, de las que dijo: “hoy están expuestas al riesgo”.
Una revisión a fondo
El senador del Partido Liberal, Juan Manuel Galán, coincide en que se deben revisar a fondo las fallas presentadas en las elecciones del 11 de marzo. “Es claro que hubo una mala distribución, unos errores logísticos que se deben corregir, pero lo que hay de fondo en esto es que el país está pidiendo a gritos un nuevo código electoral, porque el que tenemos es absolutamente obsoleto”, subraya el congresista.
En su opinión, se necesita una Corte electoral fuerte, independiente, con capacidad de decisión y autonomía. “Necesitamos una biometría universal, facilitar al votante el derecho a sufragar y manejar y controlar los recursos en efectivo que circulan en las campañas para comprar votos porque, si nosotros no superamos este sistema feudal que tenemos, el país no va a progresar ni recuperar su institucionalidad democrática”, expresa.
Se superó la abstención
Una de las mejores noticias del pasado 11 de marzo fue la reducción de la abstención.
Al margen de lo sucedido con los tarjetones, que para muchos se convirtió en el gran lunar de la jornada electoral, los partidos políticos destacan la masiva participación de votantes, que permitió reducir el porcentaje de abstención. “Lo importante es el hecho histórico de que un 25% más de los habitantes se animó a salir a las urnas, con relación a las elecciones de hace cuatro años. Eso es muy positivo, porque muestra que hay una población colombiana con deseo de manifestarse, de pronunciarse, de participar, de no quedarse callada y eso es digno de resaltar también”, asegura el senador Galán.
Para la representante Angélica Lozano lo que pasó el 11 de marzo “es excelente”, porque derrotó la apatía electoral que había predominado en anteriores votaciones. Sin embargo, admite que la mala distribución del material en las consultas interpartidistas, la “improvisación” y el “empadronamiento ideológico” que se evidenció, podría incidir de manera negativa en el ánimo del electorado de cara a las presidenciales de mayo.
Se descartan irregularidades
La polémica sobre las imprevisiones con el material electoral se mantiene pese a que el registrador ha descartado irregularidades durante el proceso de votación. Según Galindo, no hay nada ilegal en el recurso de fotocopiar los tarjetones para hacer frente a la emergencia presentada a mitad de jornada y, por consiguiente, no hay razones que empañen la labor realizada por la entidad a su cargo. Con la certeza de haber actuado con transparencia, el funcionario avanza en la organización de la elección presidencial, en la que se pondrá de nuevo a prueba el funcionamiento del sistema electoral.
