abril 30, 2026

#RegistraduríaGeneralDeLaNación

Entre 600 y 700 mil millones de pesos podría costar la consulta popular según la Registraduría

La respuesta del Gobierno al freno a sus reformas por parte del Congreso de la República, es la consulta popular propuesta por el presidente Gustavo Petro, instrumento que desde su anuncio ha desatado un gran debate político en el país, desde la escena política se dice entre otras cosas que se trata de una campaña presidencial anticipada, mientras que, para su entorno y simpatizantes, la iniciativa es un instrumento legal destinado a darle voz a los ciudadanos. Cabe destacar que al interior de la administración Petro, la decisión ya está tomada, amén de las opiniones divididas, frente a su realización, el Ministerio del Interior ya ha dado algunas luces sobre los contenidos a abordar en la consulta pues ya están determinando las preguntas que deberán ser presentadas al Congreso de la República. Se estima que el formulario esté listo en las próximas semanas. Costos de la consulta En reciente entrevista Hernán Penagos, Registrador Nacional habló sobre los preparativos para el tema y cuánto dinero se tendría previsto invertir para consolidar la aspiración gubernamental. Penagos insistió durante la entrevista en que los valores hasta ahora son estimados, pues el número final de preguntas definirá los costos, pero que el estimado está entre los 600 mil millones y 700 mil millones de pesos, cifra que podría incrementarse luego de su aprobación por parte del Senado, lo que obligaría a organizar una jornada pedagógica en todo el país. “Si esa consulta se hiciera con otras elecciones, se podrían tener economías de escala, pero no es posible, no por voluntad de la Registraduría, sino porque la ley y la Constitución, en su artículo 104, lo prohíben”, expresó el alto funcionario. De igual forma aclaró “A la Registraduría lo único que le corresponde es, una vez convocada la consulta, construir el calendario electoral y garantizar toda la logística para los ciudadanos que quieran participar. Estamos esperando que se surtan esos pasos”.

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A partir del 1 de marzo, la Registraduría Nacional ajusta las tarifas de los servicios que presta a los ciudadanos

La Registraduría Nacional del Estado Civil estableció, mediante la Resolución 1174 de 2025, las nuevas tarifas para los servicios que presta la entidad, tanto en Colombia como en el exterior, que empezarán a regir a partir del próximo 1 de marzo. El ajuste en las tarifas fue del 5,20 %, cifra correspondiente a la variación porcentual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) para el año anterior, porcentaje certificado como de inflación por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Teniendo en cuenta, que la resolución rige a partir del 1 de marzo de 2025, los ciudadanos que realicen pagos para la prestación de servicios con las tarifas actuales tendrán plazo de adelantar el respectivo trámite hasta el próximo 28 de febrero. De no ser así, deberán dirigirse nuevamente a la entidad bancaria o corresponsal de servicio autorizado por la Registraduría Nacional y cancelar la diferencia sobre la tarifa que regirá a partir del próximo 1 de marzo. Para efecto de los pagos, las entidades bancarias y corresponsales de servicio autorizados por la Registraduría Nacional son: Oficinas del Banco de Bogotá a nivel nacional (convenios 254 y 262). Corresponsales aliados al Banco de Bogotá: Efecty, SuperGiros, Bemovil, Practisistemas, Megared y Punto de Pago (convenios 25407 y 26207). Oficinas del Banco Popular: cuenta de ahorros nro. 220-012-11008-6 a nombre del Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Corresponsal Matrix Giros y Servicios a nombre del Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Conozca las nuevas tarifas, vigentes a partir del 1 de marzo de 2025, de los principales servicios que presta la Registraduría Nacional:

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Senadora Angélica Lozano calificó de “golpe a la democracia” el recorte al presupuesto de la Registraduría para 2025

La congresista del partido Verde, Angélica Lozano indicó en reciente entrevista que para 2025 el monto de recursos pasaría de 3,2 billones a 0,7 billones de pesos, cabe destacar que la parlamentaria se refiere a los dineros que llegarían a las entidades gubernamentales, y especialmente a una de las instituciones más importantes para el país, como lo es la Registraduría Nacional del Estado Civil, que enfrentaría una reducción del 77% en el venidero año. Inquietante panorama para la Registraduría Explicó Lozano que el presupuesto de la entidad pasaría de 3,2 billones a 0,7 billones de pesos, sin que se haya tomado en cuenta que en ese mismo año se debería adelantar la contratación de la logística electoral para los comicios de Congreso y Presidencia para 2026. Asegura que en la ponencia que presentó el Gobierno, le quitan recursos a una entidad que es completamente autónoma y en un año en el que necesita recursos para garantizar los comicios del 2026, ante lo expuesto la funcionaria indicó que es un “exabrupto inaceptable”. Asimismo, indicó la Senadora “Es muy grave porque el Ministerio de Hacienda le quitó recursos a la Registraduría, una autoridad independiente que tiene que organizar las elecciones el próximo año. Es realmente un golpe muy duro para la autonomía y la independencia de la entidad”. Para Angélica Lozano este planteamiento es un “golpe a la democracia”, e indicó que el país necesita una explicación para saber por qué la Registraduría tiene más presupuesto en 2024 que en 2025. La Registraduría advierte el riesgo Por su parte Hernán Penagos, registrador Nacional, indicó también al respecto que la falta de presupuesto pone en riesgo la independencia y autonomía que debe tener la autoridad electoral en Colombia. “En relación con los riesgos en los procesos electorales, uno de los principales riesgos en Latinoamérica está relacionado con la autonomía presupuestal de las autoridades electorales. Hoy en día, se ha ido perdiendo un poco de esta autonomía, principalmente por un factor: el presupuesto. La mayoría de los organismos electorales derivan sus presupuestos de exigencias o solicitudes al gobierno, lo que, de alguna manera, compromete su labor como árbitros de la democracia”, afirmó.

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