mayo 30, 2026

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El negocio del “oro negro” que financia la violencia

Una lucrativa red de tráfico de coltán, mineral estratégico para la industria tecnológica y aeroespacial, está enriqueciendo a grupos armados en la Orinoquía colombiana. Según inteligencia militar, el ELN y la Segunda Marquetalia extraen ilegalmente alrededor de 200 toneladas mensuales, con un valor estimado de 130 millones de dólares en el mercado internacional. El mineral, desatendido históricamente por el Estado, se ha convertido en una fuente de financiación para el terrorismo, mientras las comunidades indígenas son explotadas en condiciones precarias. En enero de 2025, en un campamento clandestino en Apure (Venezuela), líderes de la Segunda Marquetalia y el ELN sellaron un pacto para controlar la extracción y comercialización del coltán. Entre los asistentes estuvieron “Jhon 40”, cabecilla del frente Acacio Medina, y “Pedro Pablo” o “Copete”, jefe del frente José Daniel Pérez del ELN. El coltán se extrae de manera artesanal en Guainía, Vichada y Vaupés, regiones abandonadas por el Estado. Los indígenas, obligados a trabajar bajo amenazas, reciben apenas $30.000 por kilo, mientras en el mercado negro el precio se multiplica. El procedimiento es rudimentario: se humedece el suelo, se excavan pozos de tres metros y se extrae el mineral en masa lodosa. Sin embargo, la actividad está devastando bosques y contaminando ríos, sin beneficio real para las comunidades. El mineral viaja por tres vías principales: A pesar de los golpes, el negocio sigue activo. La Policía y Homeland Security Investigations (EE.UU.) rastrean a los compradores internacionales, mientras los grupos armados convierten el coltán en armas para seguir sembrando terror. Mientras tanto, la Orinoquía sigue sangrando: su tierra saqueada, su gente esclavizada y su futuro hipotecado por la codicia de la guerra.

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Aprobada Zona de Reserva Campesina en el Catatumbo, que beneficiará a más de 1.800 familias

La Agencia Nacional de Tierras (ANT) aprobó en la sesión 109 de su Consejo Directivo la conformación de la Zona de Reserva Campesina (ZRC) Paz y Unión Campesina del Catatumbo, la cual contará con un área de más de 59.000 hectáreas y beneficiará a más de 1.800 familias (7.005 personas) de los municipios La Playa de Belén, Ábrego, Bucarasica y Hacarí, en Norte de Santander. Lina María Salcedo, subdirectora de Administración de Tierras de la ANT, manifestó que la creación y delimitación de esta ZRC en el Catatumbo se alinea con los objetivos estratégicos del Gobierno nacional para fortalecer la política pública rural y garantizar los derechos de las comunidades campesinas. “Celebramos la decisión del Consejo Directivo de la constitución y limitación de la Zona de Reserva Campesina Paz y Unión Campesina del Catatumbo. Estaremos trabajando desde las territorialidades campesinas, de la mano con el ministerio de Agricultura, para brindar todas las garantías en la implementación de los planes de desarrollo sostenible que así nos impone la normativa de las ZRC”, manifestó. La subdirectora agregó que “este es un hito para la subregión del Catatumbo, que tanto ha sido violentada, y sobre todo para el movimiento campesino, que ha reivindicado sus derechos”. Aleider Contreras, vocero de la Asociación por la Unidad Campesina del Catatumbo, afirmó que la ZRC es un mecanismo que va a empoderar al campesinado de la región. “Estos procesos deben permitir la decisión abierta y plena del campesinado, sin amedrentamientos, sin señalamientos, sin estigmatización, a que hagan su propio ejercicio las comunidades, porque esta figura empodera al campesinado”, recalcó. Según lo establecido en la Ley 160 de 1994, las Zonas de Reserva Campesina son instrumentos de ordenamiento social, ambiental y productivo de la propiedad rural y del territorio que, mediante la formación, organización y participación comunitaria, permiten generar condiciones para el desarrollo rural integral, enmarcadas en los derechos humanos y la construcción de paz. Por esto, la ANT destacó la constitución de la ZRC en esta región marcada por la histórica presencia de grupos armados y diversas formas de violencia, la cual demanda intervenciones integrales que fomenten la paz, el desarrollo sostenible y el arraigo territorial de sus habitantes. Líneas estratégicas de paz La Zona de Reserva Campesina Paz y Unión Campesina del Catatumbo cuenta con seis líneas estratégicas, mediante las cuales espera poner en marcha diez programas y 53 proyectos productivos. Las líneas estratégicas son: 1. Sostenibilidad, restauración y conservación ambiental para la regeneración del territorio. 2. Conservación y desarrollo sostenible. 3. Situación jurídica de la tenencia de la tierra en la ZRC. 4. Bienestar integral para sujetos de especial protección constitucional. 5. Bienestar integral para el desarrollo de la población rural. 6. Derechos humanos y gobernanza para la convivencia armónica en el Catatumbo.

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Tres atentados con explosivos en menos de un mes afectan a La Guajira

La línea férrea de Cerrejón se caracteriza por ser la principal vía de La Guajira en transitar carbón. Por lo que, su correcto funcionamiento es fundamental no solo para este departamento, sino para todo el país. Afortunadamente, no se presentaron heridos, pero si daños al paso férreo. En menos de un mes ya se han presentado tres atentados con explosivos. El primero se dio el día 25 de diciembre, en el kilómetro 82, en la ruta hacia Puerto Bolívar. Este fue ocasionado por explosivos que perjudicaron la vía y a un vagón que se encontraba estacionado en ese espacio. Mientras que, el segundo atentado ocurrió el 6 de enero, en el kilómetro 51, a la altura del municipio de Uribia. El último ataque se dio el pasado 20 de enero del 2025, en horas de la noche, afectando no solo la seguridad de la vía, que va desde la mina de Cerrejón en el municipio de Albania hasta Puerto Bolívar, en la Alta Guajira, sino a la población de Uribia y Manaure, quienes se vieron afectados y reportaron esta calamidad. Este hecho se registró sobre el kilómetro 78 de la vía, muy cerca de donde se registra una manifestación de funcionarios del ICBF en la zona y también otra de docentes wayúus, quienes bloquearon el paso por la entrada de Uribia, para reclamar el pago de liquidaciones y condiciones laborales. Sin embargo, se confirmó que este tipo de protestas no guardan ninguna relación con lo ocurrido. De la misma manera, se vieron damnificados los trabajadores de la empresa minera Cerrejón, la cual comunicó lo siguiente: “Rechazamos enérgicamente este tipo de actos violentos, que no solo ponen en riesgo la seguridad de las comunidades cercanas que diariamente transitan por este sector, sino también la de nuestro equipo de trabajo, además de afectar el orden público en la región”. También agregaron: “Cerrejón hace un llamado urgente a las autoridades competentes para que se tomen las medidas necesarias que permitan identificar a los responsables y adoptar acciones preventivas que garanticen que este tipo de incidentes no se repitan”. Por otra parte, el presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), Juan Camilo Nariño afirmó: “Este atentado con explosivos es un acto injustificable que debe enfrentarse con la firmeza necesaria para garantizar el respeto a la institucionalidad y la seguridad nacional”. Cabe destacar que, esta línea férrea de Cerrejón es fundamental para transportar el carbón hacia los mercados internacionales, por lo que su afectación repercute en la economía regional y nacional. Por otro lado, Las autoridades continúan trabajando para obtener más detalles de lo sucedido y garantizar la seguridad de la vía y de los habitantes y trabajadores de esta zona.  

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Atentado contra patrulla de la Policía en Cesar deja Siete heridos

El atentado contra efectivos de la Fuerza Pública ocurrió en la vía que comunica la vereda Los Pinos con el casco urbano, hasta ahora las autoridades manejan la hipótesis de que los hechos obedecen a la escalada de violencia que vive el país por cuenta de las acciones terroristas del Eln. El ataque al escuadrón del Grupo de Operaciones Especiales (Goes) dedicado a la protección de las fuentes de hidrocarburos, se dio con la utilización de artefactos explosivos y hasta ahora deja un saldo de al menos siete uniformados heridos en el municipio de Pelaya, Cesar. Los hechos se registraron la madrugada de este viernes, mientras el escuadrón del Grupo de Operaciones Especiales (Goes) efectuaba su habitual patrullaje de control en la vía que comunica al casco urbano con la vereda Los Pinos y fue detonada la carga explosiva, que hasta ahora no deja víctimas fatales. Rechazo del gobierno departamental Ante lo ocurrido la Gobernación del departamento mediante un comunicado se pronunció “El Gobierno del Cesar rechaza el atentado ocurrido anoche contra una patrulla de la Policía, en la vereda Los Pinos, jurisdicción de Pelaya. Tras conocido el hecho, la gobernadora @elviamilenasd entró en contacto con la @PoliciaDeCesar, recibiendo como balance que 7 uniformados resultaron heridos. En articulación, las autoridades buscan establecer responsables del hecho”. Una de las hipótesis sugiere que el atentado podría estar relacionado con la escalada de violencia desatada desde el jueves por la guerrilla del ELN en el vecino departamento de Norte de Santander y otros sectores del país, caracterizada por ataques contra la Fuerza Pública y las disidencias de las Farc. Entre los heridos por la detonación se encuentran el intendente Gustavo Morales Rendón y el patrullero Luis Contreras Contreras.

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