Narcotráfico.

Óscar Sánchez León Representante a la Cámara, Partido Liberal Los fenómenos de microtráfico, narcomenudeo y consumo de sustancias psicoactivas presentan un aumento significativo en Colombia. Al hablar de microtráfico y narcomenudeo se tiene que hacer referencia a estructuras delictivas muy bien organizadas que controlan y conocen todas las variables del “negocio”, es decir, variables de comercialización, precios, tarifas, elaboración y distribución; variables legales, territoriales, institucionales y sociales, las cuales son utilizadas a la perfección por estructuras delictivas con el objeto de lucrarse y, de paso, destruir núcleos y pilares esenciales de la sociedad como lo son  familias, niños, niñas y adolescentes. Dentro de estas, la que más ha llamado la atención es la de tipo legal, específicamente lo relacionado con la dosis para uso personal y de aprovisionamiento, ya que, según la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, muchas de las personas detenidas portando sustancias psicoactivas por encima de los gramos permitidos por la ley aducen o argumentan que la sustancia está destinada a su consumo personal, generando entonces una ventana de oportunidad para las estructuras criminales, para de esta forma burlar la ley y la autoridad dedicada a esta tarea. Según el Fiscal General de la Nación, 276 capturados quedaron en libertad bajo el argumento de que la cantidad de la sustancia que portaban era o iba a ser destinada para su aprovisionamiento. Lo anterior, amparados en  la interpretación a la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, la cual presenta un importante análisis sobre el tratamiento que debe tener la institucionalidad del Estado y la sociedad en general con las personas que consumen sustancias psicoactivas; análisis que se sustenta, entre otros, en disposiciones de las Naciones Unidas con el objeto de tratar al consumidor como enfermo y no como un delincuente, posición que de por sí es aceptada y compartida desde todos los puntos de vista y que, para lo cual, existen disposiciones legales y de política pública encaminadas a ello. Sin embargo, la dosis de aprovisionamiento en un contexto como el colombiano, donde muchas de las políticas, planes y programas encaminados a la disminución del consumo de sustancias psicoactivas no cuentan con una debida y formal evaluación por parte del Gobierno, puede llegar a generar más perjuicios que beneficios, tanto para el consumidor como para la sociedad.