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En su último informe, el Instituto de Estudios para la Paz (Indepaz) pidió reevaluar el protocolo de cese al fuego pactado entre el ELN y el Gobierno Nacional. El aumento de extorsiones, secuestros y atentados contra la población civil a partir de enero del 2024 ha generado preocupación entre la ciudadanía, sobre todo por parte de quienes sufren la violencia en las regiones más apartadas del país. El país ha experimentado un escalamiento de la violencia debido a los enfrentamientos de grupos armados como el ELN y el Estado Mayor Central (EMC). De acuerdo con Indepaz, el ELN ha perpetrado por lo menos 8 ataques directos por mes contra comunidades, en lo que va del 2024.  “En el caso del ELN es notorio el desescalamiento de las acciones a partir de agosto de 2023 cuando se instala el Mecanismo de Monitoreo y Verificación del Cese al Fuego con este grupo armado. Sin embargo, en enero de 2024 hay un aumento que es considerable de 15 acciones y 18 en febrero, lo que se acerca al promedio del primer semestre de 2023 que era de 19 acciones.”, se lee en el informe.  “En promedio los ataques directos a la población civil han sido de 8 por mes, las disputas o enfrentamientos con otros grupos armados, así como los enfrentamientos con Fuerza Pública han sido de 4 por mes. Lo anterior pone de manifiesto la necesidad de evaluar los protocolos y su cumplimiento que parecen tener múltiples interpretaciones por las partes”, agrega.   Ante esta grave situación humanitaria, líderes sociales de departamentos como Cauca, Nariño y Norte de Santander han hecho llamados urgentes al Gobierno, pero no han recibido una respuesta clara. Líderes comunitarios de Cúcuta aseguran que no tienen garantías para ejercer su labor.  “Ahora el miedo y la incertidumbre está, no solamente en nosotros como líderes sociales, sino que también en cada una de las personas que habitan la ciudad”, indicó la lideresa social de Cúcuta, Yuleima García, a medios locales.