julio 7, 2025

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El propósito del #GobiernoDelCambio es que en 2026 esté superado el estado de cosas inconstitucional en materia penitenciaria: MinJusticia

El ministro Néstor Osuna dijo que es una meta ambiciosa, “pero es lo mínimo que puede hacer un gobierno comprometido con una situación que ciertamente es heredada”. El ministro de Justicia y del Derecho, Néstor Iván Osuna Patiño, afirmó que el #GobiernoDelCambio se fijó como propósito para el 2026 superar el estado de cosas inconstitucional en el sistema penitenciario y carcelario, que declaró la Corte Constitucional hace más de 25 años. “Parece muy ambicioso dada la situación en la que estamos, pero creo que es lo mínimo que puede hacer un gobierno comprometido con una situación que ciertamente es heredada”, aseguró Osuna Patiño durante un debate de control político en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes sobre la infraestructura carcelaria. En la sesión, en la que también intervinieron los directores del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), coronel Daniel Fernando Gutiérrez Rojas, y de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), Ludwing Joel Valero Sáenz, el ministro insistió en que tener miembros de la policía custodiando en estaciones de la institución a personas privadas de la libertad, dificulta que los uniformados desarrollen o participen en acciones de seguridad ciudadana. “¿Qué más sensato que ampliar la planta del INPEC para que pueda asumir esa función y descargar de ese cuidado a la policía?” preguntó el ministro, quien estuvo acompañado por el viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Camilo Umaña Hernández. El jefe de la cartera de justicia enfatizó en que construir cárceles y administrar el sistema penitenciario no es algo que reporte réditos políticos, pero reconoció que es una carga que tiene que asumir el Estado. “Probablemente es más propicio que lo haga la Nación que una alcaldía o una gobernación, pero eso implicaría aumentar los presupuestos del INPEC y la USPEC. He dicho que es necesaria una reestructuración para acomodar las cifras y hacer un presupuesto completo con metas y responsabilidades para la administración penitenciaria”, señaló. Osuna Patiño planteó como solución  nacionalizar el servicio penitenciario y quitarle ese compromiso a los municipios y departamentos. “Necesitamos trabajar de la mano con el Ministerio de Hacienda porque esto implica asumir partidas presupuestales a mediano plazo y proyectarlo en el presupuesto de 2025. Puede ser la solución para un problema que lleva 25 años”. En cuanto al proyecto de ley que busca humanizar el sistema penitenciario y carcelario, el ministro Osuna confirmó que la iniciativa volverá a ponerse a consideración del Congreso.​ “Creemos que es parte de la solución y permite tomarnos en serio la resocialización. Mi ideal es que todas las personas privadas de la libertad estén trabajando o estudiando. Hoy eso apenas lo logramos muy parcialmente, solo unos pocos pueden realizar una de estas actividades. Sé que es un proyecto largo, técnico y controvertible, pero vendremos aquí a defenderlo”, puntualizó.​ Tomado por el Ministerio de Justicia y del Derecho

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MinJusticia solicitó al Congreso facultades extraordinarias para que el presidente reforme el INPEC y la USPEC

MinJusticia solicitó al Congreso facultades extraordinarias para que el presidente reforme el INPEC y la USPEC

El ministro de Justicia y del Derecho, Néstor Iván Osuna Patiño, reveló que solicitó al Congreso de la República otorgar, por el término de seis meses, facultades extraordinarias al presidente Gustavo Petro para reformar el Instituto Penitenciario y Carcelario (INPEC) y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), “con la finalidad de hacer más eficiente el gasto y que administrativamente esos $ 3.2 billones anuales tengan mejores frutos”. Radiqué solicitud de otorgar facultades extraordinarias al presidente que permitan reformar al @INPEC_Colombia y a la @USPEC_Colombia, con la finalidad de hacer más eficiente el gasto y que administrativamente esos $ 3.2 billones al año tengan mejores frutos: @MinjusticiaCo pic.twitter.com/kj6bJbTJQr — MinJusticia Colombia (@MinjusticiaCo) March 2, 2023 En su intervención en el conversatorio ‘Hacia la humanización del sistema penal’, organizado por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, el jefe de la cartera de Justicia aseguró que la política penal y penitenciaria actual es un fracaso. “No disminuye significativamente la criminalidad ni la reincidencia, no repara a las víctimas y conduce a una situación de flagrante de violación de derechos humanos en la población privada de la libertad”.  Osuna Patiño dio la bienvenida a la discusión pública sobre el Proyecto de Ley para la Humanización y Modernización del Sistema Penitenciario y Carcelario, y agregó que esta iniciativa “es apenas una puerta que se abre, un ensayo moderado en línea de proponerle a la sociedad colombiana que vuelva a pensar en algunas de sus preguntas básicas: ¿Para qué castigar? ¿Cuál es el sentido del castigo? ¿Qué esperamos cómo sociedad de las cárceles?” Así mismo explicó que la iniciativa contempla estímulos para la resocialización de las personas privadas de la libertad, con beneficios por trabajo, educación, reparación a las víctimas; y aclaró que el proyecto no le apuesta a una rebaja general de las penas ni tampoco pretende una excarcelación masiva.  “Cuando algunas personas dicen que el ministro quiere hacer de las cárceles unos hoteles, yo con humildad y modestia les digo: visiten una cárcel y digan en qué se les parece eso a un hotel. Las circunstancias en las que se viven son terribles (…) Es inaplazable mejorar las condiciones de vida allí”, sostuvo.  Al ser consultado por la nueva política de drogas que prepara el #GobiernoDelCambio, el ministro de Justicia explicó que se busca una transformación progresiva del prohibicionismo y apostarle al cumplimiento del compromiso del Acuerdo de Paz, que es cesar la persecución penal de aquellos campesinos pobres que cultivan hoja de coca para subsistir.  Aclaró que “no vamos a dar un paso adicional hasta que la comunidad internacional dé pasos en este mismo sentido, pero tenemos que pensar también en el comercio internacional de Colombia, en las relaciones internacionales y por eso en eso esto también puede ser el reflejo penal de un giro en la política de drogas”.  El ministro también expuso lo que se espera con la propuesta de despenalizar el delito de inasistencia alimentaria y recordó que el Congreso en 2021 aprobó la Ley 2097 que creó el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM). “Esa ley contiene unos mecanismos fuertes para llevar a los padres irresponsables a cumplir con sus obligaciones. El que aparezca como deudor moroso en esta red pierde la potestad para darle permiso a sus hijos para salir del país; no podrá celebrar negocios por escritura pública, ser servidor público, celebrar contratos con el Estado, es decir, es una situación que realmente va a obligar al deudor a pagar porque prácticamente es una muerte civil lo que acarrea estar registrado allí”, puntualizó.  En el conversatorio también participaron el representante a la Cámara, Juan Sebastián Gómez; el presidente de la Comisión Asesora de la Política Criminal del Estado, Rodrigo Uprimny; la presidenta de la Fundación Acción Interna, Johana Bahamón; el director del Grupo de Prisiones de la Universidad de los Andes, y la directora de Conocimiento de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, Diana Britto Ruíz. Tomado del Ministerio de Justicia y del Derecho. 

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Nuevos casos de Covid-19 en la cárcel de Villavicencio

Las autoridades sanitarias del Meta confirmaron nuevos casos de contagio en esa prisión, elevándose a 89 los infectados por el virus. La difícil situación por la que atraviesa el centro de reclusión, obligó a la Alcaldía a extremar las medidas de prevención entre la población carcelaria. La pandemia ya deja 206 muertos en el país y más de 4 mil contagiados, la mayoría de ellos en Bogotá. El Ministerio de Justicia, en cabeza de Margarita Cabello, emitió el pasado 14 de abril el decreto 546 que permitirá la excarcelación de entre 4.000 y 7.000 presos, bajo las siguientes condiciones: personas con enfermedades de base como cáncer y diabetes, así como mayores de 60 años y madres gestantes. Aquellas personas condenadas por delitos graves, corrupción, agresiones sexuales y narcotráfico, no estarán amparadas por las medidas excepcionales. Pasada una semana de que se conociera el decreto, ningún recluso ha salido de las cárceles, lo que acelera el nivel de contagio entre los internos y el personal administrativo de los centros de reclusión del país. Los nuevos casos corresponderían a guardianes de la institución, por lo que la Gobernación del Meta pidió practicar pruebas a todos los presos y personal que labora en las instalaciones carcelarias para confirmar o descartar la presencia de más personas infectadas por el virus. Según el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), esta semana saldrán los primeros mil internos, de los 4 mil previstos en el Decreto 546, que reglamenta las excarcelaciones transitorias hacia la detención domiciliaria por la crisis que ha generado la epidemia en todo el país.  

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Entrega de elementos de protección y prevención a entidades de la fuerza pública en Amazonas

La Administración Departamental dirigida por el gobernador Jesús Galdino Cedeño, por medio de la secretaría de Gobierno y Asuntos Sociales ha estado realizando entrega de motomochilas (bomba de fumigación a motor) y traje para protección de fumigación a la Fuerza Aérea, Brigada de Selva No. 26, Armada, Defensa Civil, Cruz Roja, Departamento de Policía Amazonas, Bomberos, Alcaldía de Leticia (solo trajes) INPEC y para el uso propio de la Gobernación del Amazonas. Con el fin de apoyar el lavado y desinfección que se está llevando a cabo, especialmente en espacios más sensibles en la actual situación decretada, tales como la proximidad de centros sanitarios, supermercados y centros de distribución de alimentos, así como, zonas de la ciudad con asentamientos urbanos fijos o de pernocta de personas sin hogar. Esta desinfección sigue las indicaciones al respecto del servicio de Prevención de Riesgos Laborales y Ministerio de Salud y Protección Social. Información tomada desde la Gobernación del Amazonas.  

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Mueren dos reclusos por coronavirus en Villavicencio

Este domingo el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, confirmó la muerte de dos internos en la cárcel de la capital del departamento. La situación obligó al cuerpo penitenciario a cerrar el lugar, pues es una de prisiones más hacinadas del país. Se trata de un hombre de 63 años, quien salió del centro de reclusión el pasado 1 de abril y, otro de 78 años quien se encontraba hospitalizado desde principios de este mes. Ambos fallecieron en la madrugada de este domingo. Por su parte, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) aseguró que hay otros tres detenidos hospitalizados con síntomas respiratorios en la región y uno de ellos es positivo para Covid-19. La situación encendió la alarma por parte de las autoridades sanitarias, cuerpo administrativo, guardianes, equipo médico y reclusos que estuvieron en contacto con los fallecidos, quienes se encontraban en el pabellón Santander, donde hay 537 internos. Según el reporte del Inpec, se desconoce la línea de contagio dentro de las instalaciones. Por su parte, ante la crítica situación, las principales entidades territoriales avanzan en nuevas medidas para mitigar la propagación del brote y resguardar a los internos. El alcalde de Villavicencio, Felipe Harman, se dirigió al Presidente de la República, Iván Duque, y le solicitó acelerar las medidas para declarar “casa por cárcel” a unas 10.000 personas privadas de la libertad, especialmente adultos mayores, reclusos con enfermedades crónicas y quienes estén por cumplir con la condena. El pasado 23 de marzo, se decretó emergencia carcelaria por el amotinamiento en 13 cárceles del país, que dejó una cifra de 23 muertos.

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Gobierno decretó emergencia carcelaria

Desde hace dos décadas la cárcel La Modelo de Bogotá no presentaba escenas de violencia como las que se registraron la noche del sábado 21 de marzo. Hechos que fueron transmitidos por los mismos reclusos desde el interior de la prisión, en donde protestaban frente a las condiciones inhumanas en las que se encuentran, sumado al temor por la propagación del nuevo coronavirus, Covid-19, en el centro penitenciario. La situación que demandó la intervención del Inpec, la Policía y unidades del Ejército, también se replicó en los penales La Picota y El Buen Pastor en la capital. El motín dejó un saldo de 83 heridos, nueve guardas lesionados y 23 internos muertos. Los disturbios que tuvieron lugar en Bogotá, empezaron al mismo tiempo en otras doce cárceles del territorio nacional como en Popayán, Jamundí y Cartago, donde no se reportaron heridos, ni fallecidos. Los hechos que llamaron la atención de todo el país, obligaron a una reunión de urgencia entre el Inpec y los ministros de Justicia y Defensa, para decretar emergencia carcelaria, teniendo en cuenta que esta medida permitirá decisiones como el traslado de los internos. La jefe de la cartera de Justicia, Margarita Cabello, y el director general del Inpec, Norberto Mujica Jaime, adelantan un censo de quienes saldrían en detención domiciliaria transitoria. Esto mediante el decreto que será emitido en las próximas horas por el Gobierno Nacional, para descongestionar las cárceles frente al coronavirus. Los reclusos a los que cobijaría la iniciativa son adultos mayores de 60 años, madres gestantes, personas que padezcan enfermedades graves como VIH o cáncer y quienes estén en condición de discapacidad, así como los presos que hayan cumplido las tres quintas partes de la pena y cuenten con permiso de 72 horas. Cabello dejó en claro que por ningún motivo se otorgará el beneficio a acusados de delitos de lesa humanidad, sexuales o contra el Estado. Se calcula que serían al menos 10.000 reclusos los que recibirían la detención domiciliaria transitoria.

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Muere alias Popeye, jefe del brazo armado del cartel de Medellín

El exjefe de sicarios del cartel de Medellín, Jhon Jairo Velásquez Vásquez, alias “Popeye” falleció este jueves en el Instituto Nacional Cancerológico en Bogotá, informaron fuentes oficiales. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), por medio de un comunicado, aseguró que Velásquez padecía de cáncer de esófago en etapa terminal, lo que finalmente le produjo la muerte esta madrugada. Velásquez, quien era considerado uno de los hombres de confianza del extinto narcotraficante Pablo Escobar, estaba hospitalizado desde el pasado 31 de diciembre del 2019 y “murió como consecuencia de la progresión del adenocarcinoma de esófago que padecía después de haber recibido cuidados paliativos durante su proceso final de vida”, según los médicos. Fue recapturado después de haber cumplido su pena y salir en libertad en agosto de 2014 tras pagar 23 años de cárcel, efectiva y con reducción en su condena . Las autoridades lo acusaron de los delitos de concierto para delinquir y extorsión. Cabe recordar que Velásquez, quien murió a sus 57 años de edad, formó parte de la estructura criminal del Cartel de Medellín hasta 1993, cuando se entregó a la justicia colombiana. Se le consideraba uno de los principales lugartenientes de Pablo Escobar, cuya organización libró en la década de los 80 una guerra sin cuartel contra el Estado colombiano para impedir la extradición de sus hombres a Estados Unidos, la cual costó la vida a políticos, jueces, periodistas, civiles y policías colombianos..

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Funcionario investigado por caso Merlano, continuará en el INPEC

El excomandante de vigilancia implicado en la fuga de Aida Merlano, David Pérez, fue trasladado a una de las áreas administrativas del instituto penitenciario en el occidente del Valle del Cauca. Pérez está siendo investigado por abusar de sus funciones y por, presuntamente, haber favorecido a la ex senadora en el escape de la cárcel El Buen Pastor. Sin embargo, el director del INPEC, Norberto Mujica, decidió trasladarlo a territorio vallecaucano, en donde cumplirá funciones netamente administrativas, según información de Blu Radio.   Entre sus funciones estará el acompañamiento de la coordinación de las necesidades de las cárceles de los departamentos de Cauca, Nariño y Putumayo.  Pese a su condición, la institución argumenta que no ha sido encontrado culpable de ningún delito y que, por lo tanto, goza del derecho de presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario. 

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Investigaciones en el INPEC por hallazgos de elementos prohibidos en La Picota

Las investigaciones en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) se llevaron a cabo por recientes hallazgos de elementos prohibidos en las celdas de testigo contra el expresidente Uribe por falsos testigos en La Picota en Bogotá.  A pesar de que en los últimos 20 días el INPEC confirmara que se están haciendo operativos sorpresa en diferentes cárceles como La Picota, la de Jamundí y la de Cucúta, recientemente se abrieron una serie de investigaciones disciplinarias que buscan encontrar los implicados en permitir el acceso de elementos prohibidos en la celda de Juan Guillermo Monsalve, principal testigo contra el expresidente y actual senador Álvaro Uribe Vélez, en el proceso que se adelanta en la Corte Suprema de Justicia por los falsos testigos.  De acuerdo con fuentes del INPEC, dentro de los investigados se encuentran algunos dragoneantes de La Picota, pues dentro de la celda fueron halladas dos botellas de licor, 10 cervezas, seis celulares, dos computadores, dos Ipad y una impresora, objetos que, según la institución, no estarían dirigidos solamente a Monsalve sino también a otros internos como Leonardo Pinilla, conocido como ‘Porcino’, condenado por su participación en el cartel de la toga y José Elías Melo, expresidente de Corficolombiana. Por su parte, RCN Radio conoció que los funcionarios hallados cómplices del acceso de estos objetos podrían ser multados, suspendidos provisionalmente de sus cargos o destituidos de la institución.   

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Temporalmente el INPEC ya tiene nuevo director

La ministra de Justicia, Margarita Cabello, anunció que mientras sigan buscando un perfil que se adapte al cargo, el nuevo director del INPEC será el coronel Manuel Armando Quintero. Quintero se venía desempeñando como Director de Custodia y Vigilancia del Instituto Nacional Penitenciario, pero después de la fuga de la ex senadora Aida Merlano y la renuncia por parte del ex director de la institución, el general William Ernesto Ruiz, fue designado temporalmente como nuevo director del INPEC.  “Apenas llegue a Bogotá me reuniré con él para conversar sobre los planes de choque y hablaremos sobre las determinaciones posteriores que tomaremos como medidas que permitan solucionar la problemática en Inpec”, informó la ministra.  De igual forma, aseguró que se seguirán evaluando y analizando las diferentes hojas de vida para que, en los próximos días, se haga el nombramiento oficial y permanente de quien será el director del Inpec en propiedad. 

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