Víctor Manuel Ortiz Joya Representante por Santander, Partido Liberal Al mismo tiempo que los colombianos seguían la transmisión de la instalación del nuevo Congreso en Bogotá y los ojos se centraban en la clase política que va a regir el país, a casi 400 kilómetros un camión con 40 venezolanos llegaba a Bucaramanga. Todos con la esperanza de un nuevo comienzo, pero equipados únicamente con lo que podían cargar en hombros. Esta grave situación es la consecuencia de una dictadura que, amparada en demagogia, represión y corrupción, llevó al vecino país a la peor crisis económica de Sudamérica. Esta situación se presenta día tras día, visibilizando una problemática que requiere de la atención inmediata del nuevo Congreso y el Presidente Iván Duque, teniendo en cuenta los pros y los contras de esta migración. Es necesario que en las estrategias incluyan una iniciativa en la que doten a las regiones de las herramientas necesarias, para brindarles una ayuda digna a los cerca de 870.093 venezolanos que hoy necesitan nuestro apoyo (según el censo realizado por Migración Colombia). Aplaudo desde esta tribuna el decreto 1288 del 2018, a través del cual se les permitirá a los 442.000 venezolanos que hicieron el Registro Administrativo acceder a la oferta institucional y un Permiso Especial de Permanencia, PEP, el cual les facilitará afiliarse al Sistema General de Seguridad Social. En cuanto a al sistema educativo, el Ministerio tendrá 3 meses para reglamentar y validar los títulos de educación superior de los migrantes venezolanos y facilitar el ingreso de los menores a la educación colombiana. Sin embargo, a este decreto le será difícil prosperar si no existe un compromiso presupuestal, tanto en inversión como en el Sistema General de Participaciones, para dotar a los departamentos de los recursos necesarios, con los cuales puedan cubrir estos servicios. “Es necesario que en las estrategias incluyan una iniciativa en la que doten a las regiones de las herramientas necesarias, para brindarles una ayuda digna a los cerca de 870.093 venezolanos, que hoy necesitan nuestro apoyo” El llamado que hago al Gobierno es el de garantizar una destinación presupuestal específica para los entes territoriales que acojan este arribo. En Santander, por ejemplo, se encuentran 30.450 venezolanos registrados por el censo, 3.542 migrantes han recibido servicios de salud, cuyos costos, que aún no se han pagado, ascienden a 4.100 millones de pesos a junio de 2018. A este valor se le debe sumar la deuda que tienen las Entidades Prestadoras de Salud (EPS) con los hospitales, que a la fecha suman alrededor de 350.000 millones en el departamento. Estas cifras sobre salud son las que manejan el Hospital Universitario de Santander (HUS) y el Instituto de Salud de Bucaramanga (ISABU), entidades que atienden a los extranjeros como ‘población pobre no asegurada’ puesto que no tienen seguridad social, como lo manifestó el secretario de Salud de Santander Luis Alejandro Rivero Osorio. Uno de los retos que tiene este nuevo Gobierno es superar cualquier riesgo de seguridad y drama social que genere esta migración para el país, el Fiscal afirmó a comienzos de año que, desde el 1 de enero del 2017 hasta el 5 de febrero de 2018, fueron capturados 1.869 venezolanos en flagrancia, siendo Santander el cuarto departamento en donde se han producido más arrestos. De acuerdo con la Fiscalía, las zonas con mayor cantidad de capturas son Norte de Santander con 643 casos, Bogotá (198), Guajira (148) y Santander con 140 casos. Es necesario que el nuevo Gobierno construya una política seria, que valore los beneficios económicos generados por esta migración de modo que se cubra el aumento en la demanda de servicios públicos. Así lo viene advirtiendo el Banco Mundial: «los inmigrantes pueden reactivar las economías de muchas maneras: pueden aportar innovación, ideas e inversión», son las palabras de Alberto Rodríguez, director del Banco para Venezuela, Perú, Ecuador, Chile y Bolivia.
