mayo 2, 2026

Crisis venezolana

Súplicas para entender al migrante venezolano

Por: Diana Moreno Politóloga de la Pontificia Universidad Javeriana   Pensar en Venezuela hace unos años era sinónimo de buena vida y esperanza. Muchos connacionales viajaron para tener mejores oportunidades o por causa de la violencia política a la que Colombia se enfrentaba, mezclada con los sanguinarios tiempos del narcotráfico, tiempo en el que Venezuela comenzaba su boom petrolero. Ahora, hemos cambiado nuestro referente, pensamos en los miles de migrantes venezolanos que vemos en televisión tratando de cruzar una frontera, o en cada historia que nos vienen a contar en el transporte público y en algunos establecimientos comerciales. Lo cierto es que su presencia no es fácil de ignorar y nos han dado dos puntos de vista: La xenofóbica, el porque nos asustamos de perder nuestro empleo; y la humanitaria que se ha preocupado por escuchar las múltiples historias, entender la situación y organizar alternativas para coexistir sin afectar la población receptora. Por supuesto, a riesgo de ser criticada, me referiré a la humanitaria. La hiperinflación actual ha afectado seriamente el poder adquisitivo alimentario del salario mínimo oficial para un mes, es decir, un salario mínimo promedio al cambio no oficial (6 dólares por mes) no alcanza para sobrevivir, así que el empleado debe tomar más de dos empleos para poder alimentar a su familia. A esta situación, súmele la escasez de alimentos en el país junto con el acaparamiento de alimentos básicos a precio accesible. Según el sistema de monitoreo de la nutrición de Caritas, el 85% de las familias estas recurriendo a fuentes inusuales de acceso al alimento y degradantes como la mendicidad y los contenedores de basura. Las familias, entonces, recurren a la venta de sus activos para poder comprar alimentos o en ciertos casos migrar. No hay medicamentos, el 81% de los hospitales reporta escasez de material quirúrgico y no tener un servicio de agua potable regular. Y así puedo seguir enumerando más datos que al lector lo pueden dejar sorprendido y tal vez conmovido. “…le pido querido lector que no sienta lástima sino empatía.” Ahora quiero plantearle un panorama de la vida de un venezolano en Colombia. Para regularizarse en territorio colombiano es obligatorio tener pasaporte, bien sea porque desee acceder a una visa o porque haya ingresado a territorio colombiano antes del 8 de febrero y acceda al permiso especial de permanencia (PEP). Para sacar un pasaporte, cada ciudadano venezolano debe esperar en promedio un año, adicional debe pagar cerca de 2 millones de pesos y tener “contactos”. Con suerte, podrá ingresar al territorio de manera regular, de otra manera pasará por trocha, arriesgándose a ser cooptado por bandas criminales y trata de personas. Apostillar y hacer validar los títulos universitarios no es tarea fácil, comenzando porque el Estado venezolano no está agilizando ciertos trámites, y Odiseo hubiera podido llegar más fácil a Ítaca. ¿Qué queda si no hay pasaporte, dinero, estudios? Sobrevivir. Y es aquí donde le pido querido lector que no sienta lastima sino empatía. Usted como jefe de hogar, como madre, esposa o hijo, estoy segura haría todo lo posible para salir si percibe que sus condiciones de vida se tornan precarias; si, aparte, no está de acuerdo con el gobierno de turno y ve cómo no puede acceder a ninguno de los bienes y servicios del Estado. Lo invito a que escuche sus historias, revise los últimos datos producto del registro administrativo a migrantes venezolanos y reconozca que la situación amerita medidas económicas y políticas, que, si bien pueden afectar a un país, es necesario que existan como ruta de atención a esta nueva población que llega.

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“Daremos la pelea por salvar a La Guajira”

Es mucho lo que Tania María Buitrago González, gobernadora de La Guajira, ha hecho por su departamento en tan solo seis meses de gestión. Su trabajo se destaca por la determinación con la que ha apagado los incendios que estaban consumiendo a la región. Su administración llegó pisando fuerte y es así como, sin dudarlo, se ocupó de encontrarles soluciones a problemas como la falta de agua potable, la desnutrición infantil y las limitaciones en los servicios de salud y educación. Determinante, perseverante y soñadora, así se define Tania María Buitrago González, quien en noviembre del 2017 asumió el gran desafío de trabajar por el departamento de La Guajira como gobernadora designada por el presidente Juan Manuel Santos. Con tan solo seis meses en el cargo, la mandataria local le ha puesto el pecho a las innumerables dificultades que aquejan a esa región del norte del país, gestionando proyectos en tiempo récord para responder a las necesidades de la población. Su carácter firme le ha permitido abrirse paso en medio de un escenario en el que predomina el sexo masculino. “Llegar como mujer, trabajar y ganarse el respeto por las capacidades que uno tiene, no es fácil”, afirma la gobernadora. Sin embargo, en medio de la incertidumbre y desconfianza que puede generar un departamento estigmatizado por la corrupción, Tania María se ha llevado la admiración de sus colegas e, incluso, de la misma comunidad. “Cuando yo llegué muchos no me conocían y se hicieron comentarios desacertados sobre mí. Se decía, por ejemplo, que yo era una mujer simpática, pero ¿qué podía llegar a hacer?”, en una región con tantos problemas como esa, recuerda. Es mucho lo que se puede hacer Para la mandataria, es mucho lo que se puede hacer por La Guajira. La fortaleza que le da ser madre de tres hijos, tener pasión por lo que hace todos los días, tras encomendarse a Dios, y luchar por sus ideales y metas, la han llevado a llenarse de optimismo frente a cómo sacar el departamento de la crisis por la que atraviesa. Mucho ha sido lo que ha resuelto y gestionado desde que asumió el cargo. Su sencillez quedó plasmada el día en que se posesionó, cuando después de asistir a la ceremonia “entaconada”, se puso el overol para tomar las riendas de la Gobernación. Aunque permanece en un “corre, corre” por su agenda tan apretada, la mandataria no sufre de estrés. Quizás su trayectoria de 20 años en el sector oficial, le da los elementos suficientes para saber mantener la calma y sortear cualquier situación. Tania María ha trabajado en entidades como la Controlaría General de la Nación, ha sido asesora del despacho del gobernador, secretaria de Educación del municipio de San Juan del Cesar, además de alcaldesa encargada en varias oportunidades. “Años después llegué como asesora del director general de la Unidad Nacional de Protección. Allí estuve por dos años, fue una experiencia maravillosa, hasta que se dio todo el proceso para pasar a la Gobernación de mi región”, señala Buitrago. Una gobernadora empoderada Reconoce que, cuando llegó a la Gobernación de La Guajira, encontró una situación crítica. “Me enfrenté con la intervención, por parte del nivel central, de los sectores más importantes como la salud, educación, agua potable y saneamiento básico”, sostiene la gobernante. Las dificultades eran muchas y el panorama era desalentador. El departamento estaba desquebrajado, con una Universidad en una situación financiera delicada, los hospitales endeudados, una crisis humanitaria en la frontera con Venezuela al rojo vivo debido al éxodo masivo de ciudadanos del vecino país hacia Colombia y los problemas de desnutrición en crecimiento. Poco a poco, la mandataria le ha dado soluciones a cada situación. Inició su gestión buscando una salida al tema de la Universidad de La Guajira, la cual contaba en ese momento con una deuda de 65 mil millones de pesos. “Nosotros iniciamos un trabajo con el cuerpo directivo de la institución y, por supuesto, con la Secretaría de Hacienda. A la fecha, hemos logrado la mayor cantidad de giros en cinco meses, hablamos de 32 mil millones de pesos, gracias a un esfuerzo grandísimo que nos ha permitido mantener la universidad en condiciones de funcionamiento ordinario”, afirma la funcionaria, quien continúa trabajando para encontrar soluciones a mediano y largo plazo a la crisis y garantizar el pago del subsidio de matrícula que beneficiaría a los 15 mil estudiantes del plantel educativo. La gobernadora también ha conseguido mantener en pie, con un acompañamiento continuo, a los 16 hospitales que tienen presencia en 15 de los municipios del departamento. “Encontramos unos centros de salud asfixiados, sobre todo el de Maicao, con este hemos hecho unos giros considerables, el último fue de 3 mil millones de pesos. Al mismo tiempo, hemos avanzado en unas mesas de seguimiento, donde trabaja el secretario de la cartera pertinente y, si nos portamos bien, esperamos que este año nos hagan la devolución del sector salud, el cual se encuentra intervenido”, agrega. Éxodo venezolano La mandataria ha tenido que enfrentar, además, situaciones de orden público complejas, adicional a los problemas que genera la migración venezolana que para las autoridades departamentales ha venido en ascenso este año. A la fecha, se tiene el registro de 60 mil personas censadas en el departamento de La Guajira, situación que ha obligado a la gobernadora a unir esfuerzos con la Cancillería, el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar (ICBF) y la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), para enfrentarla. “Yo tengo una frontera por la que al día ingresan 1.500 migrantes y tengo además una trocha de las 184 que hay, por la que entran y salen 15 mil venezolanos. Ante esto, tenemos que ser lo más solidarios posibles con la población que llega procedente de ese país, pero hay que ser conscientes de que no tenemos la capacidad institucional de respuesta para atenderlos”, admite. De apagar incendios a trabajar por el desarrollo Pero la gobernadora de La Guajira no solo llegó para apagar incendios, sino para proponer

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Un éxodo imparable

La petición de la comunidad internacional de encontrar una salida democrática a la crisis económica, política y social que afronta Venezuela sigue sin respuesta. Mientras tanto, el éxodo de ciudadanos de ese país hacia Colombia no se detiene, desbordando todos los estimativos de ayuda. La situación ya empieza a preocupar al Gobierno, a las autoridades y, por supuesto, a la sociedad civil que ve a diario cómo poco a poco se agrandan las estadísticas sobre la llegada masiva de venezolanos en busca de mejores condiciones para vivir. Como un problema lejos de solucionarse, el abismal debacle político y económico que enfrenta Venezuela ha provocado que en los últimos tres años más del 34% de sus ciudadanos opten por marcharse de su país para buscar refugio en otras naciones. Históricamente, la frontera entre Colombia y Venezuela ha sido una de las más dinámicas, con mayor intensidad en Cúcuta, Villa del Rosario, Arauca y Arauquita. En estos pasos fronterizos, el movimiento poblacional ha sido permanente e incluso hace unas décadas los colombianos viajaban en búsqueda de un futuro prometedor al vecino país y el turismo era muy activo.   Hoy por hoy, Colombia ha tenido que enfrentarse de lleno a este fenómeno de éxodo masivo, lo que le ha significado grandes retos en materia política, social y económica. Según un informe de Migración Colombia, más de un millón de venezolanos ingresaron a territorio nacional por los pasos internacionales de los departamentos de Arauca, La Guajira y Guainía. Una cifra alarmante si se tiene en cuenta que ambas naciones comparten más de 2 mil kilómetros de frontera, lo que la convierte en un punto histórico de fácil acceso. Una nueva y mejorada reforma migratoria El éxodo masivo ha representado para Colombia dificultades presupuestales y sociales. Ante este panorama, la diáspora de ciudadanos venezolanos, está poniendo a prueba la política migratoria de Colombia. La respuesta a este desafío ha llevado a un sinnúmero de aplausos, pero también de cuestionamientos. Mientras que unos alegan que dichas normas se han quedado cortas y que hay que reestructurar la ley con intervenciones rápidas y efectivas, otros lo ven como una gran oportunidad para que el país se presente como un actor humanitario en la política internacional. “Si para los colombianos las condiciones de vida son difíciles- en buena medida por un Estado ineficiente-, para la población vecina lo será aún más si deciden residir en el país”, asegura Juan Francisco Gómez, politólogo de la Universidad de los Andes, quien considera que el presidente que asuma funciones el 7 de agosto próximo, tendrá que pensar en una nueva y mejorada política migratoria que le permita a un porcentaje de venezolanos acceder a trabajos formales en Colombia. Acciones coordinadas para mitigar la crisis De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en el último mes se alcanzaron a cuantificar 50.000 ingresos de ciudadanos venezolanos por las diferentes líneas fronterizas. Una cifra que va en aumento ya que hasta hace dos meses se había reportado un flujo diario de 35.000 personas con planes de establecerse de manera definitiva en el país andino. La canciller colombiana, María Ángela Holguín, considera que es deber de todos los países latinoamericanos hacerle frente a la crisis humanitaria que vive Venezuela. Pese al fenómeno migratorio, los organismos internacionales reconocen que el Gobierno colombiano haya puesto sus cartas sobre la mesa, con acciones coordinadas entre los alcaldes, gobernadores fronterizos y el sector empresarial para mitigar su impacto. Según la canciller colombiana, María Ángela Holguín, la atención de los migrantes venezolanos no está solo en manos de Colombia. “Una crisis migratoria como esta tiene origen en los problemas económicos, sociales y políticos que vive hoy Venezuela y no podemos resolverla desde Colombia”, enfatiza. Lo cierto es que, pese a poseer la más importante reserva petrolera del planeta y proyectarse como un país en expansión, las decisiones del presidente venezolano, Nic olás Maduro, han hecho que esa nación suramericana se convierta en una economía cerrada y sin posibilidades de crecimiento.

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 Grupo de Lima impondrá sanciones a Venezuela, tras elecciones

El Grupo de Lima, conformado por 14 países, entre ellos Colombia, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Guatemala, Honduras y Perú,  anunció este lunes fuertes sanciones contra Venezuela, después de que se dieran a conocer los resultados electorales en la vecina nación que dieron como ganador al presidente Nicolás Maduro.  También informó que llamará a consultas a sus representantes diplomáticos en Caracas y convocará a los embajadores de Venezuela para expresarles su protesta. El bloque, creado en 2017 ante la crisis que vive el país suramericano,  explicó que se tomarán “acciones para que los organismos financieros internacionales y regionales procuren no otorgar préstamos al Gobierno de Venezuela”. Adicionalmente, el grupo solicitó a las autoridades competentes de cada país  que hagan circular en el sector financiero y bancario un boletín que transmita el riesgo en el que podrían incurrir si realizan operaciones con el electo Gobierno venezolano. “De igual forma, se solicita a las Unidades de Inteligencia Financiera y a las autoridades competentes de cada país, que emitan y actualicen guías, circulares o boletines a nivel nacional que alerten a las instituciones financieras sobre la corrupción en el sector público venezolano y los métodos que los servidores públicos y sus redes pueden estar usando para esconder y transferir recursos procedentes de actos de corrupción”, indicó la instancia multilateral en un comunicado. Estas medidas fueron tomadas debido a que el Grupo de Lima desconoce la legitimidad de la jornada electoral que tuvo lugar este domingo en el país  andino, la cual, en su concepto, no cumplió “con los estándares internacionales de un proceso democrático libre, justo y transparente”.

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Arauca, un ejemplo de transparencia

Además de la modernización de las instalaciones, el secretario de Hacienda del departamento de Arauca, Manuel Calderón Sánchez, ha impulsado la unificación de todos los sistemas para una mayor eficiencia en la información y un manejo adecuado de los recursos públicos que garantice transparencia en la gestión. Entre sus logros, se destaca la creación de grupos especializados para frenar el contrabando, recaudar impuestos y combatir la evasión fiscal. Bajo su administración, son muchos los avances alcanzados para beneficio de la población, como la ampliación de las oficinas de la Secretaría de Hacienda, para que quienes lleguen a cumplir con sus obligaciones tributarias cuenten con un lugar apropiado para pagar sus impuestos. También se desarrolló un software para unificar todos los sistemas con el fin de contar con la información en tiempo real, dinamizar el trabajo y lograr eficiencia y resultados en el corto y mediano plazo. La planificación y organización se han convertido en su obsesión. Es por ello que promovió, desde su despacho, la creación de cuatro grupos, los cuales han sido indispensables para el aumento de los recursos propios del departamento: uno operativo, otro de fiscalización, un tercero de cobro coactivo y un cuarto de auditoría; este trabajo articulado ha permitido controlar la evasión, elevar el rendimiento financiero y mejorar el ambiente para los empleados de la entidad y los contribuyentes. Además, el secretario señala que uno de sus más grandes logros fue la realización de una convocatoria pública para las principales cuentas bancarias de la Gobernación, lo que permitió un aumentó del 3% efectivo anual al 7,01%, lo que significó un aumento del rendimiento financiero de cerca del 130%. “Arauca estaba cobrando sus impuestos en efectivo, recaudaba en una Tesorería y, a partir de junio 2017, logramos que con el banco se unificaran las plataformas y se pudieran recaudar los impuestos en todo el departamento”, explica Calderón.   Autosostenible en salud Sin dejar a un lado el tema del posconflicto y los acuerdos de paz, el secretario de Hacienda dirigirá sus esfuerzos en lo que resta de administración a fortalecer el sector salud para que sea autosostenible. “En la investigación que hice me di cuenta de que el departamento lo estaba haciendo mal, porque estaba colocando unos recursos, pagando una duplicidad de unas funciones que son propias de las EPS. El gobierno departamental tiene una responsabilidad en una rentabilidad social, no es solamente económica y, si yo puedo sacar un proyecto de complemento en salud pública, lo voy a hacer”, señala el funcionario. Sin dudarlo un momento, cree que el mayor obstáculo que tienen las regiones para operar como se debe es la concentración de recursos en Bogotá, así como la excesiva carga de obligaciones que se le ha trasladado a las ciudades y municipios, lo que impide la ejecución a tiempo de los programas de gobierno en materia de salud, educación, infraestructura vial, saneamiento básico y vivienda. Los efectos de la crisis venezolana El impacto social y económico de la crisis venezolana en el departamento ha sido fuerte, sobre todo en el tema ligado a la salud. Se calcula que solo en el Hospital San Vicente de Arauca la deuda por atención a la población que ha llegado procedente del vecino país alcanza los $4.500 millones de pesos. “El Gobierno realizó un giro, de acuerdo a las normas que han salido a nivel nacional, del cual le correspondió a Arauca un monto de 45 millones de pesos. Mirando proporcionalmente la cifra, el peso presupuestal y social lo deben soportar los mismos territorios, lo cual es injusto”, agrega. La migración venezolana también se ha sentido en el campo laboral. Muchas de las personas que han llegado al departamento se han empleado como vendedores ambulantes, obreros de construcción y mujeres estilistas, con un salario bajo, lo que ha afectado la mano de obra de los colombianos en esa región. “Para un venezolano que se gané cinco mil pesos diarios, es mucho dinero, si se tiene en cuenta el sistema cambiario”, sostiene Calderón. Arauca y el posconflicto El secretario de Hacienda de Arauca está convencido de que la firma de los acuerdos de paz ha sido positiva para el país, entre otras cosas, porque se han evitado alrededor de 4.600 muertes violentas. Como contacto entre el territorio, la Gobernación y el Alto Comisionado para la Paz, Calderón considera que los beneficios de la desmovilización de las FARC son altos en materia de seguridad. “Tuve la oportunidad de mirar el informe del Ejercito Nacional en el que se reporta una reducción del 98% de las acciones militares en el territorio que conforman Casanare, Arauca, parte de Boyacá y parte de Santander”, afirma. Por ello, con certeza, defiende la salida negociada al conflicto armado colombiano. “En ningún país del mundo, ni en ninguna época del mundo, se ha ganado una guerra con guerra, después de Cristo”, recuerda. Aunque reconoce que esa región no ha recibido hasta el momento ningún beneficio económico con el posconflicto, sí destaca su impacto en lo social. “Arauca acaba de ser declarado el primer departamento libre de coca, después de que era el segundo productor más grande de Colombia”, lo que, en su concepto, encubará una gran inversión para proyectos productivos integrales. Se inició en el departamento de Arauca con la erradicación de cerca de 600 hectáreas de cultivos ilícitos en el departamento de Arauca. Unidad de Salud de Arauca realizó segundo Comité de Vigilancia Epidemológica (COVE) departamental, 2018.

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