mayo 1, 2026

Corrupción

La violencia en Cauca, incrementa el temor de la población

Durante las últimas semanas, se han evidenciado ataques en la región del Cauca a candidatos postulados a las próximas elecciones, como también a líderes sociales y de comunidades indígenas de este territorio. Los asesinatos y amenazas por parte de bandas criminales, especialmente en Toribio y Corinto, han incrementado el desplazamiento de la población por temor a nuevos hechos de violencia. El crimen de Karina García, la candidata a la alcaldía de Suárez, y los cinco acompañantes que viajaban con ella, mantiene en alerta a las autoridades. Y es que en lo que va transcurrido del año 2019, se ha cometido entre 22 y 23 asesinatos de líderes sociales en diferentes zonas del departamento. La violencia que se vive en la región del Cauca es un tema que no puede pasar desapercibido; además de la pobreza, por su ubicación geográfica, la zona es estratégica para los grupos armados, para el cultivo ilícito, el desplazamiento de las comunidades, y las crudas matanzas que se presentan en el territorio. Tras el acuerdo de paz firmado en 2016, se superaban las expectativas frente a la situación crítica que no solo vive el Cauca, sino otros departamentos colombianos que han sufrido masacres y atentados que se asocian con el conflicto armado. “Aunque no podemos hablar de una guerra en pasado, pues en nuestro territorio el conflicto armado sigue vigente con la presencia de grupos armados y las amenazas que seguimos  recibiendo, tenemos la esperanza de que la Comisión incluya nuestra verdad en su informe final y que reconozca que en medio del conflicto tenemos unas afectaciones particulares” Afirmo la líder social, Clemencia Carabalí.  

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Fiscalía captura a Silvia Gette

La exrectora de la Universidad Autónoma del Caribe, Silvia Gette, vinculada con el desfalco del centro educativo fue condenada a nueve años de prisión por el delito de abuso de confianza a raíz de un “autoprestamo” por un millón de dólares en 2007. La decisión contra Guette fue dada a conocer el pasado 29 de mayo, sin embargo solo hasta el día de hoy se procedió a su captura. De acuerdo a lo anunciado por funcionarios del INPEC, la exrectora ya había sido condenada por un juez y en un proceso diferente a 6 años y medio de prisión domiciliaria, la Fiscalía debía esperar a que ese juez tomara una decisión frente al caso, dado que no podía aplicarse las dos medidas al mismo tiempo. De acuerdo con el ente investigador, en las próximas horas se procederá a trasladar a Guette a la cárcel el buen pastor por decisión del INPEC.

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Peligra investigación contra los implicados en el “cartel de la toga”

El exfiscal anticorrupción, Luis Gustavo Moreno, extraditado por el “cartel de la toga” denunció por medio de una comunicación, enviada al Presidente Iván Duque y al Procurador General Fernando Carrillo, la cercanía del vencimiento de términos en su caso, también advirtió que sus testimonios y denuncias no podrían ser utilizados en ningún proceso. De acuerdo con la denuncia de Moreno, el fiscal del caso no ha adelantado las acciones pertinentes para solicitar la extensión del principio de oportunidad, que le brinda garantías y beneficios judiciales mientras este siga colaborando con la justicia colombiana. “Entiendo que ni siquiera ha sido solicitada por el Fiscal del caso; y de no prorrogarse la suspensión de la acción penal como lo ordenó el juez dentro del año que esta pronto a vencerse, mis declaraciones y testimonios no podrán ser utilizados de forma alguna, lo que implicaría que las decisiones judiciales que han hecho parte de esta investigación podrán anularse, y en resumen se retornaría la libertad a las personas detenidas y serán reintegradas en sus cargos”, sostiene en la carta. Entre los implicados en el “cartel de la toga” se encuentran expresidentes de la Corte Suprema de Justicia y exsenadores de la República. La misiva de Moreno advierte que el próximo 17 de mayo será la fecha límite para lograr una prorroga y de momento no hay fecha prevista para la realización de la audiencia que conduzca a una extensión. Desde el pasado 28 de marzo el apoderado de Moreno, Pedro Enrique Aguilar, le solicitó al fiscal Jaime Camacho pedir la audiencia para extender el principio de oportunidad “con suficiente antelación”.

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El expresidente del Perú Alan García se suicidó antes de su detención

El expresidente peruano era requerido por la justicia de su país por haber recibido pagos ilegales por parte de la firma brasilera Odebrecht. La fiscalía había emitido una orden de detención preliminar por 10 días. Cuando la policía entró a su vivienda en el distrito de Miraflores, con la intención de hacer efectiva la orden de captura en su contra, el expresidente se disparo en la cabeza. De inmediato las autoridades lo trasladaron al hospital Casimiro Ulloa, donde el exmandatario ingresó aún con vida. García sufrió tres paros cardiorrespiratorios mientras era atendido en el hospital, informó la ministra de Salud, Zulema Tomás Gonzáles, quien en horas de la mañana había advertido de la delicada situación del exmandatario. Hacia las 10:40 am dos dirigentes Apristas, partido al que perteneció García, confirmaron la noticia del fallecimiento del expresidente. “Compañeros, ha fallecido Alan García. ¡Viva el Apra!”, anunció Ricardo Pinedo, secretario personal del exmandatario a los medios y personas congregadas a las afueras del centro médico. Por su parte el ministro del Interior, Carlos Morán, explicó que las fuerzas de seguridad actuaron de acuerdo con las órdenes impartidas por la fiscalía. A su llegada al domicilio del exmandatario la policía le informó a este de la orden judicial en su contra. El expresidente indicó que iba a realizar una llamada a su abogado, ingresó a su habitación y cerró la puerta. A los pocos minutos se escescu el disparo. De inmediato la policía entró al lugar y lo trasladó al hospital, donde posteriormente falleció.

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Procuraduría pide pérdida de investidura de Musa Besaile

Este miércoles, la Procuraduría General de la Nación solicitó al Consejo de Estado acoger la solicitud de pérdida de investidura del senador Musa Besaile, por indebida utilización de recursos públicos. A través de un comunicado, la dependencia aseguró que, “para el Ministerio Público es claro que los dineros que hacían parte del presupuesto del departamento de Córdoba, provenientes de los contratos de hemofilia, fueron utilizados en actos de corrupción”. Según la Procuraduría, los recursos fueron usados por Besaile para el pago de coimas multimillonarias con el fin de “manipular decisiones judiciales” que lo habrían afectado dentro del proceso por parapolítica que avanzaba en ese momento en la Corte Suprema de Justicia. A la investigación, también están vinculados el entonces gobernador de Córdoba, Alejandro Lyons y el senador Luis Ignacio Lyons. Los dineros fueron entregados a través del abogado de este último, con el propósito de evitar una orden de captura en contra de Besaile. De acuerdo con la dependencia, Musa Besaile “incurrió en la causal de indebida destinación de recursos públicos, comportamiento doloso que desplegó de manera libre y consciente”.

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Francisco Santos solicita libertad bajo fianza de Andrés Felipe Arias

El embajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco Santos, solicitó al director de la División Criminal del Departamento de Justicia, Christopher J. Smith, que le permitiera al exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, salir de la cárcel tras el pago de una fianza. “El Gobierno de Colombia apreciaría la rápida implementación de los pasos necesarios para asegurar que el señor Arias pueda ser liberado bajo fianza, para que él pueda pasar tiempo con su esposa y sus pequeños hijos, especialmente durante la temporada de días festivos. El señor Arias no representa un riesgo de huida y, únicamente basados en motivos humanitarios, su liberación inmediata tendría un gran impacto en su familia e hijos”, pidió el embajador. Para Santos, la liberación del exministro, mientras se resuelve una apelación en el caso, sería un acto humanitario con su familia y especialmente con sus hijos. Arias fue condenado por la Corte Suprema de Justicia a 17 años y cuatro meses de prisión por las irregularidades presentadas al otorgar subsidios del programa Agro Ingreso Seguro (AIS). En otras oportunidades se han negado solicitudes del exministro para salir bajo fianza de la cárcel.

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Funcionarios y contratistas del Estado tendrían que revelar su patrimonio de aprobarse acto legislativo de levantamiento de la reserva

“Este proyecto, presentado el 8 de agosto, forma parte de uno de los temas con los que se comprometió el presidente Iván Duque  en la lucha contra la corrupción. Esta iniciativa debe salir adelante a petición de la opinión pública y a compromiso de los partidos y del Gobierno”, afirmó la Ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, sobre el proyecto de levantamiento de reserva de la declaración de renta. La iniciativa señala que antes de ingresar a laborar y después de dejar el cargo, cada servidor del Estado, y los particulares que ejerzan funciones públicas o administren recursos estatales , deberán revelar su patrimonio. En efecto, este acto legislativo aprobado por la plenaria del Senado, permite levantar la reserva de la declaración de renta de los mismos, cuando las autoridades fiscales y disciplinarias competentes lo soliciten. El proyecto, que continúa su trámite en segunda vuelta en el Congreso, también establece que los miembros de los grupos armados al margen de la ley, así como los integrantes de la fuerza pública, que se hayan acogido a la justicia transicional y que no hayan sido condenados por delitos dolosos posteriores al acuerdo de paz y no estén efectivamente privados de la libertad de manera preventiva, podrán celebrar contratos con el Estado y ser  servidores públicos. La prórroga a la Ley del orden público, la reforma política, y el acto legislativo sobre delitos conexos también fueron aprobados en el Congreso de la República. Así las cosas, ya son cuatro las iniciativas del Gobierno Nacional aprobadas por las cámaras. Con información del Ministerio del Interior 

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Gobierno anuncia cierre de EPS por corrupción

Reconoció que el desequilibrio que presenta el sector salud está en las EPS corruptas. El viceministro de Salud, Iván González, informó que varias Entidades Prestadoras de Salud (EPS) perderían su habilitación tras la depuración que está realizando la Superintendencia de Salud. De acuerdo con el funcionario, el problema radica en las prestadoras “malas y corruptas”.  “Cuando habla con las buenas (EPS) todas dicen que la plata les alcanza, el desequilibrio está en los recobros”. En entrevista con Caracol Radio, agregó que el Gobierno está trabajando en tres ejes sobre el acuerdo de punto final, que incluyen: liquidez,equilibrio y acciones de no repetición. “Lo que se está planteado es tomar estas deudas y el saldo que nos queda de la liquidación de Caprecom para fortalecer el sistema y en este caso se está trabajando con seis EPS para depurar esas deudas”, dijo. González explicó que de la mano con el Presidente Iván Duque han venido liderando dicho acuerdo. “Es un tema complejo, pero le diría es que al sistema de salud le entran todos los meses inmensas cantidades de dinero, hay dos regímenes, todos los meses giramos $1.6 billones y todos los meses 1.5 para el subsidiado, es un sistema que recibe poco más de $3 billones”. “Hay nuevas tecnologías, y esas atenciones reciben un pago, lo que promete el ministro es tomar deudas que estimamos están en $2.5 billones, y un saldo que nos queda de $500.000 millones para hacer un fondo de $4.5 billones para la liquidez del sistema”, concluyó el funcionario.

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Vídeo buscaba silenciar hechos de corrupción de Odebrecht: Petro

Petro denunció que el vídeo se presentó en el debate de Odebrecht “para silenciar el hecho de corrupción más grande en Colombia después de la parapolítica”. El excandidato a la Presidencia, Gustavo Petro, les ofreció disculpas a sus más de ocho millones de electores por haber recibido dinero en efectivo de un amigo en su apartamento. En un video publicado por el congresista en sus redes sociales contó su versión de los hechos expuestos por la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia. “Juan Carlos Montes (la persona que le entregó el dinero) ha sido un amigo de mi vida. No es una persona ilegal o que representa nada ilegal, de ahí mi confianza. Se vinculó a la actividad en el joven movimiento político y allí nos volvimos a encontrar y nos hicimos amigos. Montes me acompañó en mi frustrada campana al senado en 1994, puso su carro al servicio de la campaña, cuyo cuadro directivo solo lo conformábamos él y yo”, explicó Petro. En el debate de control político sobre el caso de corrupción de la multinacional Odebrecht, al que asistió el fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, la congresista Paloma Valencia publicó una grabación en la que el senador de la Colombia Humana recibe dinero de Juan Carlos Montes, contratista de la máquina tapa huecos. El legislador explicó cómo conoció a Montes y a Simón Vélez y aclaró que el dinero tenía como destino las elecciones internas del partido Polo Democrático en 2005 de cara a las votaciones para el Congreso de la República, negando así la versión del abogado Abelardo de la Espriella, en la que aseguró que los hechos ocurrieron en 2009. “El abogado del diablo (Abelardo de la Espriella) dice que el vídeo no puede ser del año 2005 porque no había elecciones ese año. Se equivoca de cola a rabo, o de rabo a cola. Tuvimos dos, la del Congreso de la Unidad y las que empezaban para el Senado y la Cámara, que fueron ni más ni menos mis últimas elecciones al Congreso de la República (…) de esas elecciones son las que hablamos en el vídeo, por eso mencionamos a Javier Cáceres, que encabezaba uno de los esfuerzos internos del Polo en la Costa, diferente al nuestro”, añadió. “El cometido de conseguir algunos recursos se lo di a mi amigo y flamante gerente caribeño de mi campaña fracasada en 1994, Juan Carlos Montes, y él buscó a sus amigos ingenieros y arquitectos, y a nuestro amigo común Simón Vélez. Y lo logró: $20 millones que fue lo único que conseguí en billetes de $5.000 de los tarros de la cocina del arquitecto Simón Vélez, que quiso ayudar en el esfuerzo de Juan Carlos Montes como flamante cabeza de lista de Sucre y de Petro a nivel nacional para el Congreso de la Unidad del Polo. El acto quedó debidamente registrado en la grabación que el mismo ingeniero Montes realizó en su casa (…), el mismo lugar donde había vivido yo por cerca de dos años”, puntualizó.

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​Unidad Anticorrupción de la Contraloría evalúa pruebas en caso Electricaribe

Las investigaciones corresponden al presunto uso indebido de subsidios que debían girarse a los usuarios más pobres de la Electrificadora y a las repetidas irregularidades que se dieron en varios proyectos de normalización eléctrica. La Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la Contraloría General de la República asumió los dos casos más importantes de irregularidades que ha detectado este organismo de control en Electricaribe, uno por $220 mil millones y otros por $6 mil millones, adelanta la etapa probatoria de rigor y próximamente decidirá si imputa cargos a los involucrados. Los dos procesos fueron inicialmente abiertos por la Gerencia Departamental Colegiada de la CGR en el Atlántico, pero se trasladaron a la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción dada la cuantía involucrada y por tratarse de recursos que iban destinados a las clases menos favorecidas de la Costa Atlántica. El primer proceso que se adelanta es por más de $220 mil millones de pesos y tiene que ver con el presunto uso indebido de subsidios que debían girarse a familias pobres de todo el Caribe. El segundo es por más de $6 mil millones de pesos y está relacionado con recursos de normalización energética que no se invirtieron en zonas subnormales. Adicionalmente, la Gerencia Atlántico tiene abiertos 3 procesos por más de $11 mil 600 millones, también por presuntas irregularidades en el tema de normalización energética. Al igual que en los casos declarados de impacto nacional, estos se encuentran en etapa de pruebas y próximamente se tomará decisión de imputación o archivo. Daño patrimonial por uso indebido de subsidios El daño patrimonial que habría causado por Electricaribe, por el indebido uso de subsidios dirigidos a la población más pobre de la Costa Atlántica, está en la mira de la Contraloría General de la República hace cerca de dos años. En agosto de 2017, la Contraloría Delegada de Minas y Energía inició una indagación preliminar en Electricaribe para revisar en detalle la aplicación de los subsidios de energía recibidos desde el 2010 y hasta el 2014, con el propósito de verificar si los usuarios fueron beneficiados. Y la indagación se dio que luego la Contraloría verificara que en 2015 y 2016 los recursos no llegaron a los usuarios, desnaturalizándose su propósito, pues no fueron empleados para subsidiar el costo del consumo de energía eléctrica de usuarios ubicados en zonas de difícil gestión, sino para cubrir las pérdidas de la empresa por la prestación del servicio de energía a dichas zonas. El resultado de la indagación preliminar fue escándalo nacional: Electricaribe incurrió en esta práctica durante 6 años continuos analizados por la Contraloría, que comprenden las vigencias julio de 2011 a julio de 2017- La empresa no aplicó en las facturas de los usuarios, la totalidad de los descuentos correspondientes al subsidio que les otorga el Fondo de Energía Social – FOES a la población de los estratos 1 y 2 de zonas especiales, y destinó estos recursos a la disminución de sus pérdidas. Para determinar esta situación, la Contraloría recurrió a un avanzado sistema de inteligencia de datos (big data), para descubrir como Electricaribe habría embolatado alrededor de $216.000 millones en subsidios para los usuarios de bajos recursos de la Costa Caribe. Investigación por irregularidades en proyectos de normalización de redes eléctricas El otro tema que ha generado investigaciones fiscales de la CGR en Electricaribe tiene que ver con los hallazgos detectados en la Auditoría Especial de Fiscalización practicada a los recursos provenientes del PRONE (Programa de Normalización de Redes Eléctricas) y FAER (Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de Zonas Rurales), transferidos por el Ministerio de Minas a la empresa durante las vigencias 2008 a 2014. Las pruebas aportadas en el traslado del hallazgo, testimoniaron la ocurrencia de hechos irregulares relacionados con varios contratos suscritos por Electricaribe. Los contratistas recibieron recursos por $6.078 millones sin que los proyectos (que debían ejecutarse en los departamentos de Atlántico, Guajira; Bolívar y Córdoba) se hubiesen ejecutado a cabalidad, conforme a las cláusulas respectivas. En este caso, no se cumplió con los fines previstos destinados a la inversión social y al mejoramiento de la calidad de vida de los beneficiarios. La cuantía del presunto monto o daño patrimonial es la suma de $6.078 millones. Son varias las situaciones irregulares que determinó la Contraloría: obras con baja ejecución física y donde sin embargo se han pagado alto anticipos; proyectos terminados y que no han entrado en operación; proyectos suspendidos indefinidamente; y, en general, una muy baja ejecución de los recursos dispuestos. Con información de la Contraloría General de la República

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