abril 21, 2026

Corrupción

¿Quién es Dina Boluarte? la presidenta destituida por el congreso de Perú

La medida, que fue aprobada por 121 votos de 130 posibles en el legislativo de ese país, fue impulsada por una presunta negligencia en el manejo de la seguridad y la corrupción Luego de un periodo de dos años y diez meses, marcado por reiterados escándalos sobre la gestión de la seguridad nacional y violaciones a los derechos humanos, así como la procedencia de ciertos bienes, la primera presidenta mujer de Perú, Dina Boluarte, fue destituida por el congreso de ese país luego de que legisladores opositores presentaran cuatro mociones de vacancia. Boluarte fue citada por el congreso peruano para ejercer su derecho a la defensa, el cual podía realizar en persona o a través de su abogado, Juan Carlos Portugal. Sin embargo, este último se pronunció a través de la red social X, asegurando que rechazaban el proceso adelantado por el legislativo, al considerar que a su cliente no se le dio el tiempo necesario para preparar su defensa, violando el debido proceso. “Un debido proceso parlamentario —cuya decisión afecta derechos constitucionales — tiene mínimas y esenciales exigencias. El derecho a la defensa, y su preparación dentro de un plazo razonable, es una de ellas. Hoy, el parlamento nacional, ese seno democrático de debate, por excelencia, renunció a esta garantía y consumará su violación. El debido proceso es un derecho, no una ilusión, un acto decorativo o de simple formalidad”, afirmó Portugal. A raíz de lo anterior, las denuncias fueron sometidas a votación, siendo aprobadas por 121 votos de 130 posibles, ejecutando así la destitución de Boluarte por lo que el congreso peruano calificó como una “incapacidad moral permanente” para gobernar. ¿Qué les respondió Boluarte? La expresidenta no se limitó al pronunciamiento realizado por su abogado, sino que, horas más tarde, salió en un video junto a los integrantes de su gabinete ministerial para hablar del tema, defendiendo la gestión que realizó durante su mandato y la forma en la que llegó a la presidencia. “Ante este contexto, no he pensado en mí, sino en los más de 34 millones de peruanos y peruanas que merecen, merecemos, un crecimiento con estabilidad democrática y un Gobierno que trabaje sin corrupción, como lo hemos venido haciendo”, destacó Boluarte en medio de su alocución. ¿Quién es Dina Boluarte y por qué la destituyeron? Dina Ercilia Boluarte Zegarra es abogada de la Universidad San Martín de Porres en Lima, Perú, de donde también tiene una maestría en Derecho Notarial y otros titulos relacionados con el derecho y la administración pública. Trabajó en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, y en 2021 quedó como vicepresidenta del entonces electo Pedro Castillo, a quien sucedería luego de que el primero fuese destituido por tratar de disolver el congreso. Para el profesor, historiador y analista con enfoque en América Latina de la Universidad Javeriana, Ariel Svarch, elementos tales como la baja popularidad de Boluarte (desaprobación del 93%, según una encuesta de Datum Internacional), así como sus constantes peleas tanto con la oposición peruana como con la coalición conservadora que la llevó al poder, fueron factores clave para su eventual destitución. A lo anterior, se suman los escándalos de presunta corrupción que protagonizó Boluarte, como su polémica cirugía de nariz, cuya realización e incapacidad posterior no le notificó al congreso, o la procedencia sospechosa de joyas y relojes de alta gama (el llamado Rolexgate), en el cuál fue acusada de enriquecimiento ilícito. Ya son seis presidentes con mandatos incompletos Desde 2016 Perú tiene una seguidilla de presidentes que no han completado sus mandatos, como Pedro Pablo Kuczynski, que renunció en 2018 por las protestas ocurridas a raíz del indulto concedido al expresidente Alberto Fujimori; Martín Vizcarra, destituido en 2020 por “permanente incapacidad moral”, igual que Boluarte; o Manuel Merino, quien renunció cinco días después de recibir el cargo en 2020, tras una jornada de protestas que dejó dos muertos. Otros mandatarios que duraron poco en el cargo, fueron Francisco Sagasti, presidente interino hasta 2021 por ocho meses, para garantizar elecciones y solucionar la crisis política; y Pedro Castillo, destituido y encarcelado luego de 18 meses en 2022, por un intento de golpe estado fallido al tratar de disolver el congreso. ¿Qué sigue ahora para Perú? Por el momento, el presidente del congreso de Perú, José Jerí Oré, asumió la presidencia interina del país mientras llegan las próximas elecciones presidenciales, que se realizarán en abril del 2026, afirmando que “liderará un gobierno de transición, empatía y reconciliación nacional, asumiendo el cargo con humildad y compromiso con todos los peruanos”. Por su parte, la fiscalía de Perú solicitó que a la expresidenta Dina Boluarte se le impida poder salir del país, acusándola por los delitos de “aprovechamiento indebido del cargo”, y “lavado de activos”, hecho sobre el que su abogado ya se había pronunciado, declarando que la exmandataria no solicitará asilo en otro país. Desde la perspectiva expuesta por Svarsh, el futuro político de Perú está envuelto en incertidumbre por ahora, dado que, actualmente, no hay coaliciones fuertes en el panorama político peruano para tomar la presidencia de Perú, ni candidatos o ideologías predilectas por el sector político o el poder popular.  

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Colombia solicita a Nicaragua reconsiderar otorgamiento de asilo a Carlos Ramón González

Los ministerios de Relaciones Exteriores y de Justicia y del Derecho de Colombia manifiestan que no comparten la decisión del Gobierno de la República de Nicaragua de otorgar asilo político al señor Carlos Ramón González Merchán, teniendo en cuenta que el ciudadano es requerido por la justicia colombiana por la presunta comisión de delitos de carácter común. En ese sentido, el Gobierno de Colombia se permite precisar que: 1. Colombia reconoce y respeta la figura del asilo concedido a las personas que tengan justificación para invocarlo de acuerdo con los instrumentos internacionales de los cuales nuestro país es Estado Parte. 2. En virtud de dichos instrumentos internacionales, este derecho no podrá ser invocado por las personas respecto de las cuales existan motivos fundados de que han cometido delitos comunes o se haya entablado una acción judicial originada por dichos delitos. 3. El señor Carlos Ramón González Merchán enfrenta un proceso penal en Colombia por la presunta comisión de delitos comunes tipificados en la legislación penal colombiana. 4. La decisión de conceder asilo político al señor González Merchán desconoce lo establecido en el Tratado de Extradición entre el Gobierno de la República de Colombia y la República de Nicaragua de 1929, en el entendido de que en el marco de este Instrumento ambos Estados convinieron entregar mutuamente a las personas procesadas o condenadas en uno de ellos. 5. Colombia solicita al Gobierno de la República de Nicaragua tener en cuenta las pruebas aportadas por la Fiscalía General de la Nación y, en consecuencia, reconsiderar su decisión para revocar dicha protección internacional, con el propósito de que el señor González Merchán pueda entregarse a la justicia colombiana, la cual le brindará todas las garantías procesales.

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Sandra Ortiz declara que hacen falta personas por ser vinculadas en el escándalo UNGRD

Sandra Ortiz, exconsejera para las regiones, fue la funcionaria de más alto rango es ser judicializada por el escándalo de corrupción de Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD. Ortiz, actualmente se encuentra retenida en una guarnición militar, lugar desde el cual manifestó que a aún falta investigar a varias personas involucradas en este caso. También Ortiz afirmó que “Cuando hablábamos de complot, hay una persona muy cercana al presidente. Y sí, es una mujer” también añadió que “les ofreció a unos empresarios el cargo de la UNGRD”, por $12.000 millones. Sin embargo, la exconsejera no dio detalles de los nombres de las supuestas personas involucradas, pero aseguró que esa información la puede utilizar para exigir garantías e hizo un llamado a organismos internacionales a realizar acompañamiento para conservar su seguridad. Entre sus declaraciones Ortiz aseguró la existencia de un testigo “que sabía todo”, el cual fue asesinado. También, dijo “Siempre actué siguiendo las órdenes del Gobierno” y aseguró que todas sus decisiones eran consultadas con Carlos Ramón González, su jefe inmediato y también implicado en el escándalo. Asimismo, sostuvo que cuando notó irregularidades con el contrato de los carros tanques se lo notificó a Laura Sarabia, quien era directora del Departamento Administrativo de la Presidencia. Por otra parte, Sandra Ortiz realizó un llamado a presidencia y a las autoridades internacionales porque teme por su seguridad, debido a que todavía posee información por contar, pero no cuenta con garantías de protección.  Igualmente, comentó que ha sido víctima de dos atentados por parte “de gente muy poderosa”. Es necesario recalcar, que Ortiz expresó que la historia real aún no ha sido contada. Por lo que señaló que “Nosotros demostramos ante la juez que el desplazamiento de Sneyder, que supuestamente dice que llevó un dinero conmigo a la casa de Name, nunca pasó. Lo demostramos técnicamente, y no con pruebas de nosotros, con pruebas de la propia Fiscalía”.

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César Manrique Soacha renuncia a la dirección de Función Pública

En las últimas horas se pudo conocer que por medio de una carta presentada al Gobierno Nacional el actual director de Función Pública César Manrique Soacha, presentó su renuncia al cargo. Ante estos graves señalamientos Manrique, prefirió dar un paso al costado y salir de la dirección, además se conoció que entre las razones que esgrime en la carta de renuncia, refirió presuntas amenazas contra su vida e integridad, así como quebrantos de salud. El alto funcionario ha sido uno de los directivos señalados por parte de la Fiscalía de participar en el entramado de corrupción de la UNGRD, entidad que lo acusa de haber acordado la facilitación de la devolución del dinero a cambio de coimas en los contratos de la Unidad de Gestión del Riesgo. Como se recordará, la Fiscalía presentó un organigrama en el que ubicó a Manrique Soacha como presunto cabecilla de la red que perpetró el desvío de fondos de la entidad adscrita al Estado. Puntualmente el Ministerio Público expresó que César Manrique junto a Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la Unidad, serían los responsables de la malversación de los recursos que debieron ser utilizados para atención de desastres, incluso el propio Olmedo López, señaló a Manrique de hacer parte de la organización criminal. Durante la diligencia judicial la fiscal delegada María Cristina Patiño indicó que Olmedo López, junto con Luis Carlos Barreto Gantiva y César Manrique Soacha, gestionaron el desvío de 100 mil millones de pesos que la UNGRD tenía en convenio con la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Según la Fiscalía López habría facilitado la adjudicación de contratos a empresarios aliados, como proveedores de las plantas desalinizadoras, de almacenamiento, molinos, carrotanques y pozos subterráneos.

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Fiscalía General de la Nación capturó a tres personas más en Cundinamarca por caso de corrupción en la UNGRD

En horas de la mañana, las autoridades realizaron captura formal de tres personas señaladas de participar en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo y de Desastres (UNGRD), a través de un comunicado la Fiscalía General de la Nación anunció, que presentará a los capturados ante un juez de control de garantías, para la legalización formal de los mismos, el operativo se llevó a cabo en el departamento de Cundinamarca, por lo que serán trasladados en el transcurso del día a la ciudad de Bogotá. La lista de implicados incluye a: Luis Carlos Barreto Gantiva, exsubdirector para el conocimiento del riesgo de la UNGRD; Pedro Andrés Rodríguez Melo, exasesor de Olmedo López en esta entidad; y el abogado Édgar Eduardo Riveros Rey. Estas capturas se unen a la de los exfuncionarios Olmedo López, Sneyder Pinilla y Luis Eduardo López, quienes el pasado 31 de agosto en audiencia en el juzgado 35 penal municipal con función de control de garantías de la ciudad de Bogotá el juez Cidulfo Hernández, les impuso medida de aseguramiento. En el caso de Olmedo López y Pinilla, se trasladaron al Cantón Militar Caldas mientras que Luis Eduardo López Rosero, fue enviado a la Estación de Carabineros, decisión que se determinó con el fin de mantener la integridad de los capturados, dado que, en ocasiones anteriores, estos han hecho énfasis en que temen por su vida. Estos exfuncionarios están vinculados al caso de corrupción en la UNGRD, el cual refiere la compra de carrotanques para proveer suministro de agua en La Guajira, donde se revelaron sobrecostos en las contrataciones de más de $200 mil millones de pesos, asunto que se encuentra en manos de las autoridades competentes, para su investigación y judicialización.

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Contraloría iniciará indagación preliminar a RTVC por irregularidades

 La Contraloría General de la Nación halló irregularidades fiscales por más de $9 mil millones en RTVC. De acuerdo con el ente de control, el medio de comunicación estatal ha presentado deficiencias en la ejecución de los recursos, específicamente en el cumplimiento del contrato 2039 de 2020, mediante el cual se contrató una plataforma para centralizar todas las aplicaciones de la entidad; un contrato suscrito con la Agencia Nacional de Tierras para la realización de eventos y actividades logísticas.  Asimismo, se identificaron irregularidades en la solicitud de los recursos para al  Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (FUTIC) en 2023, pues no se cumplió con los requerimientos necesarios.  No es la primera vez que la entidad se encuentra en el ojo del huracán por cuenta de las denuncias de corrupción. En marzo del 2024 se dio a conocer el famoso ‘roscograma’, un entramado de celebración de indebida de contratos, pagos irregulares a proveedores, contrataciones a personas sin idoneidad y hasta violación a la intimidad de los empleados de TVC. 

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Fiscal Burgos fue relevado en el caso de Nicolás Petro

La Fiscalía General de la Nación encontró fundada la recusación presentada contra el fiscal Mario Burgos, y señaló que el funcionario está impedido para seguir investigando el caso que se adelantaba contra Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, por el escándalo de los ‘narcopagos’.  La Fiscalía anunció que “La Delegada para la Seguridad Territorial determinó que la decisión disciplinaria del pasado 7 de junio constituye, por sí sola y de manera objetiva, causal de impedimento para el doctor Burgos Patiño. Por ello, este fiscal ante Tribunal Superior de Distrito no podrá continuar como delegado para adelantar la investigación contra el ciudadano Nicolás Petro”.  El presidente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial formuló tres cargos por dos faltas gravísimas y una falta grave consagradas. “Por permitir como director del proceso que se filtraran los videos realizados dentro de la investigación penal contra Nicolás Petro Burgos, los cuales aparecieron publicados en medios de comunicación el 30 de septiembre de 2023 y el 15 de marzo de 2024, relacionados con el interrogatorio y la captura del mencionado ciudadano”.  Así mismo, se planteó el inicio del juicio disciplinario por supuestamente “haber realizado presiones indebidas en el interrogatorio a Nicolás Petro, para que declarara en contra de su familia y obtener con ellos beneficios (…) Y por cuestionar la responsabilidad de personas ajenas al proceso”. El abogado Ricardo Gaviria, defensor de Nicolás Petro, señaló en su momento que “La ley establece que un pliego de cargos de manera objetiva e inmediata debe acarrear la salida del cargo, porque él perdió cualquier objetividad con respecto al caso contra Nicolás Petro”.

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Pliego de Cargos a Exministra del Deporte por cancelación de los Panamericanos

La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos en contra de Astrid Bibiana Rodríguez Cortés exministra del Deporte, quien salió de la entidad por el presunto incumplimiento de las obligaciones adquiridas con Panam Sports Organization, en relación a la sede de los Panamericanos que se llevarían a cabo en la ciudad de Barranquilla, lo que provocó la rescisión del negocio jurídico y el retiro de la sede de los Juegos Panamericanos 2027. Para la Procuraduría tanto Rodríguez como el secretario general, Luis David Garzón Chaves, a quien también se incluyó en el expediente, obraron en detrimento de la ciudad por un monto que alcanza los 2 millones 250 mil dólares, mismos que ya había pagado la Alcaldía como parte de las negociaciones establecidas con anterioridad y que tras los hechos se perdieron por impago. Ante lo expuesto la Extitular de la cartera de Deportes habría quebrantado los principios de eficacia, diligencia y celeridad de la función pública al decidir el 27 de diciembre de 2023 no suscribir el contrato y dejar de honrar el compromiso asumido de hacer efectivo el monto pactado de acuerdo con el plan de pagos establecido el 30 de diciembre. Asimismo, la Procuraduría indica que el secretario y ordenador del gasto, pasó por alto el principio de eficacia al supuestamente detener el proceso contractual para modificar la forma de pago. Finalmente, el Ministerio Público expresa que los servidores actuaron de manera consciente y libremente, pasando por alto las advertencias de los efectos negativos que tendría incumplir el contrato, produciéndose las consecuencias referidas, por lo que calificó de manera provisional la presunta conducta de los funcionarios como falta gravísima cometida a título de dolo.

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Condenan a 5 años de cárcel a Rodolfo Hernández

  El excandidato presidencial, Rodolfo Hernández, fue condenado a cinco años y tres meses de cárcel por el caso Vitalogic.  Un juez del circuito penal de Bucaramanga sentenció a Hernández por interés indebido de contratos a título de autor, en hechos que se cometieron cuando fue alcalde de Bucaramanga, entre 2016 y 2019.  En mayo del 2023 la Procuraduría General falló en primera instancia contra Hernández, al hallar irregularidades en el proceso de selección destinado a la asignación del contrato para el aprovechamiento y disposición final de residuos sólidos a la unión temporal Vitalogic RSU; la asignación de este contrato buscaba beneficiar económicamente a su hijo.  En el fallo se estableció que el entonces alcalde sostuvo diálogos con los representantes de la empresa a la que se le asignó el contrato, a quienes les entregó información sobre cómo hacer viable la adjudicación.  Este jueves 13 de junio se anunció la condena contra Hernández, a quien se le concedió casa por cárcel por su edad y el cáncer terminal que padece. 

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Laura Sarabia, directora del Dapre “la democracia se protege y se defiende cuando se respetan las instituciones”

Laura Sarabia, directora del Dapre, durante su intervención en el Congreso de Asobancaria, que se llevó a cabo desde la ‘heroica’ Cartagena en el departamento de Bolívar, defendió la posición del Gobierno Nacional frente a la polémica propuesta de Constituyente del presidente Gustavo Petro Urrego, en donde llamó a respetar a las instituciones de este país. Sarabia, quien anteriormente estuvo al frente del Prosperidad Social expresó de manera enfática su respaldo a la constituyente y el papel del poder judicial en esta polémica propuesta presidencial. “Lo único que diré es que la democracia se protege y se defiende cuando se respetan las instituciones”, Para Laura Sarabia resulta “inapropiado” exponer o debatir temas que, a su juicio, se deben dirimir en instancias judiciales. “Creo que es inapropiado y sobre todo irrespetuoso exponer o debatir acusaciones o episodios que deben ser resueltos exclusivamente por el Poder Judicial, por lo cual no me voy a referir a ellos.”, aseveró la Directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

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