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“Ha disminuido significativamente la participación de las víctimas en los subsidios de vivienda, pasando de 73,4% en 2013 a 11,9% en 2023.” La Contraloría General solicitó al Gobierno Nacional intensificar sus esfuerzos fiscales para la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. En un reciente informe, el organismo de control, subrayó la insuficiencia de recursos y medidas destinadas a atender a las víctimas, evidenciando la necesidad urgente de reformas para garantizar una atención efectiva y equitativa. De acuerdo con el análisis del organismo, “entre 2024 y 2031 se requerirían aproximadamente $303,9 billones de pesos para implementar plenamente la Ley de Víctimas. Esto implica una necesidad anual de $37,9 billones. El desglose de estas necesidades incluye $118 billones para vivienda, $83,6 billones para indemnizaciones, $36,8 billones para generación de ingresos, $12,9 billones para subsistencia mínima y $7,1 billones para educación superior”. Problemáticas y sus posibles soluciones Uno de los problemas más críticos identificados, es el déficit habitacional que enfrentan más del 77% de las víctimas, que requieren el mejoramiento y ampliación de sus viviendas. Además, ha disminuido significativamente la participación de las víctimas en los subsidios de vivienda, pasando de 73,4% en 2013 a 11,9% en 2023. La contralora delegada para el posconflicto, Luz Amparo Echeverry, presentó estos hallazgos en el undécimo informe de monitoreo y seguimiento a la Ley de Víctimas, elaborado en colaboración con la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y representantes de víctimas. Echeverry subrayó: “Continuaremos con la labor de seguimiento y control fiscal sobre los recursos destinados a la política pública de víctimas, asegurándonos de que cumplan con su finalidad e impacto en la mejora de las condiciones y estabilización socioeconómica de las víctimas”.