noviembre 6, 2024

Transporte

Reclamamos autonomía para manejo de recursos: Franklin Libardo Benavides

Los alcaldes del país hicieron un nuevo llamado al Gobierno Nacional para que se les dé autonomía a las regiones en el manejo de los recursos. “Lo que pedimos siempre es que se cumpla con la descentralización administrativa”, dijo el mandatario del municipio de Santiago, Putumayo, Franklin Libardo Benavides, quien insistió en la eliminación de los OCAD. La declaración se presentó durante del Congreso Nacional de Municipios 2018 que se celebró en Cartagena de Indias.   Vídeo con fallas de origen el el audio Declaraciones de Franklin Libardo Benavides, alcalde de Santiago, Putumayo. Cartagena la ciudad amurallada es una vez más es el epicentro del Congreso Nacional de Municipios.  Con gusto siempre asistimos para atender la planificación del país. Hemos escuchado al alto gobierno, hemos escuchado también a las personalidades del país entorno a lo que va a ser el desarrollo regional. Los Alcaldes siempre pedimos que se dé cumplimiento al espíritu de la Constitución Nacional,  cual fue la descentralización administrativa. No es justo para con nuestras regiones que a través de los OCAD, la centralización vuelva a florecer y vamos pidiendo, hace dos o tres años, que los OCAD municipales dejen de existir. El mejor balance que podemos dejar de este congreso es que el Gobierno Nacional, mediante el acto administrativo correspondiente llámese decreto, ley o como sea necesario, deje que los municipios sean autónomos en el manejo de sus propios recursos. Está muy bien que las regalías lleguen a todo el país, pero tienen que tener en cuenta a los municipios y departamentos productores. Dos expectativas enormes frente a la economía territorial.

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Paro armado del EPL afecta transporte y comercio en el Catatumbo

El paro armado que anunció una facción disidente del Ejército Popular de Liberación (EPL) en el nororiente del país, provocó este lunes una parálisis del transporte desde y hacia la región del Catatumbo, ante el riesgo de acciones insurgentes contra pasajeros y vehículos que ignoren la orden de no circular por las vías de la zona. La decisión de los transportadores se tomó luego que en la vía Cúcuta-Tibú, hombres armados interceptaron una buseta del servicio público y le prendieron fuego, luego de obligar a sus ocupantes a descender del automotor. El paro armado hace parte del enfrentamiento que sostienen el EPL y el ELN en el Catatumbo por el control territorial de la zona, donde hay presencia importante de cultivos ilegales. Además del transporte, está afectado el comercio y las clases en los municipios de El Tarra, Convención, Teorama, San Calixto y Tibú. “En estos pueblos los días domingo se registra una presencia masiva de comunidades que llegan a los cascos urbanos a mercar y así tener víveres para toda la semana. Ayer, todo fue muy distinto, las plazas de mercado estaban cerradas y los campesinos resguardados en sus veredas”, declaró el personero de Hacari, Diógenes Quintero, según publicó Blu Radio en su página web. El responsable de la seguridad en la zona, coronel George Quintero, dijo que se está tratando de “sopesar la situación para garantizar a los ciudadanos que puedan movilizarse” por la región.

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Gobierno autoriza vigencias futuras para Ruta del Sol II

El Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, informó este lunes que a través del Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS), se aprobaron $480.000 millones en vigencias futuras para el Instituto Nacional de Vías (INVIAS), que buscan atender las inversiones para el proyecto Ruta del Sol II y la construcción de la variante de San Gil, en Santander. Según el jefe de la cartera de Hacienda, las obras se contratarán por medio de cinco licitaciones, que beneficiarán a los trayectos entre El Korán y San Roque, y Ocaña y Gamarra. Se tiene previsto que la Agencia Nacional de Infraestructura culmine en los próximos meses los términos de una nueva asociación público-privada que se encargará de todo este corredor vial. “El propósito es avanzar en la construcción de la doble calzada en 50 km y en la terminación de puentes que fueron iniciados por el anterior constructor”, expresó el director de Invías, Carlos García. En la segunda aprobación del Confis, se aseguraron vigencias futuras por $180.000 millones para la construcción de la variante de San Gil, necesaria porque, según García, la vía que va de Bogotá a Bucaramanga pasa por el centro del municipio generando muchos accidentes. El director de Invías dijo que espera abrir este lunes una licitación para contratar la obra, luego de publicarse los pliegos de condiciones. Se tiene previsto que la adjudicación se haga en los próximos dos meses.

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¡Taxistas, es hora de cambiar el taxímetro por tabletas!

A los 22.000 taxistas de Bogotá, les llegó la hora de hacer uso de la nueva tecnología en sus vehículos. Este proceso de migración se llevara a cabo hasta el próximo 28 de mayo, cuando los conductores tendrán que someterse a las nuevas disposiciones o de lo contrario enfrentarán la inmovilización de sus automotores y sanciones.

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Procuraduría investigará a secretario de movilidad de Bogotá

La Procuraduría General le abrió investigación disciplinaria al secretario de Movilidad de Bogotá, Juan Pablo Bocarejo, por las presuntas irregularidades en la licitación para la gestión del servicio de patios y grúas en la capital del país. Por las mismas anomalías, el Ministerio Público vinculó también a la subsecretaria de Servicios de Movilidad, Diana Vidal, a la directora de Asuntos Legales, Carolina Pombo, y a la directora del Servicio Ciudadano, Laura Carvajal. “Para la Procuraduría en el proceso de adjudicación no se habrían realizado los estudios técnicos necesarios y suficientes para prever y resolver las posibles circunstancias que pudieran presentarse a futuro y evitar así poner en riesgo la administración pública”, señaló el organismo de control disciplinario en un comunicado. El Ministerio Público busca determinar si las acciones ejecutadas por los funcionarios de la Secretaría siguieron los mandatos constitucionales para la protección del patrimonio público. “Se hace necesario verificar si las decisiones tomadas fueron debidamente planeadas para asegurar el mejor interés de la ciudad”, agrega la misiva. Para la entidad, los funcionarios de la Alcaldía no observaron los principios de planeación y economía en la contratación estatal.

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