julio 1, 2026

Senado

Avanza discusión sobre cadena perpetua en Colombia

Continúa el debate en el Senado con la audiencia pública convocada por la Comisión Primera la cual contó con la participación de un amplio grupo de ciudadanos, miembros del Gobierno Nacional, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, entre otros; quienes desde diferentes perspectivas expresaron los argumentos que buscan enriquecer el debate antes de someter a votación este Proyecto de Ley. El Gobierno Nacional dejó claridad en la legalidad del proyecto, así lo confirmó el viceministro de Justicia Francisco Chaux quien dijo: “El proyecto no es violatorio de la constitución”, como representante del Ministerio del Interior el viceministro de Relaciones Políticas, Juan Pablo Díaz Granados manifestó: “Este proyecto no busca nada distinto que proceder a lo que ya iniciamos, en lo personal y en lo gubernamental nos ayuda a enfrentar de la mejor manera la lucha contra de este delito, como gobierno celebramos este tipo de escenarios y sabemos que el debate en el congreso será muy importante, estamos dispuestos a entregar los argumentos necesarios para completar los debates anteriores, enviando un mensaje contundente ante los criminales que atentan contra los niños y que sepan que en este gobierno no se escatimará en castigarlos”. Por su parte Antonio Emiro Thomas Arias, viceprocurador Procurador General de la Nación, afirmó que el proyecto desestima los procesos de resocialización, pues así cumpla estos procesos al condenado le faltarían 25 o 30 años, en el mismo sentido David Cruz de la Federación Colombiana de Juristas indica: “A mi modo de ver es necesario que esperemos a la decisión de la Corte Constitucional, para que la norma que lo reglamente no tenga consecuencias de inconstitucionalidad, creemos que este tipo de debates son muy importantes, nuestra postura es que no consideramos que el aumento de penas implique la protección de niños y niñas, lo que protege a los niños son la creación de políticas públicas” Para José Carretero, profesor del Grupo de Litigio Estratégico Carlos Gaviria Díaz, al someter a alguien a una prisión sin fin, se le estarían acabando los derechos básicos de la dignidad humana y sería inconveniente continuar con este PL, cuando está basado en un acto legislativo que se hizo con vicios. Pero para los defensores de este proyecto como Martha Elizabeth Rico representante del Ministerio de Justicia y Luis Andrés Fajardo, vicedefensor del Pueblo, el proyecto de ley busca es cumplir con ese máximo de nivel de protección ante los niños niñas y adolescente y así puedan tener la libertad de desarrollarse, sin tener que estar expuestos en la sociedad a estos crímenes atroces. La próxima semana continuará el trámite legislativo para someter a votación en comisión primera el futuro de este proyecto. Cortesía del Senado. 

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El senador Eduardo Enríquez Maya falleció a causa del covid-19

  El congresista de 72 años, quien desde hace  varios días se encontraba en cuidados intensivos, falleció este miércoles en horas de la tarde, debido al covid-19. El fallecimiento del senador del Partido Conservador Eduardo Enríquez Maya fue confirmado durante una cesión de la Comisión Primera del Senado. “Debo informarle a la Comisión Primera del Senado una lamentable noticia que acaban de confirmar. Nuestro compañero de Comisión, expresidente de este periodo de la Comisión, Eduardo Enríquez Maya, ha fallecido. Perdemos un gran compañero, un gran jurista, un gran congresista. Quiero expresar en nombre de toda la Comisión nuestro saludo fraterno, solidario, de condolencias” informó  el senador Miguel Ángel Pinto tras notificar acerca del deceso. El Partido Conservador por medio de su cuenta de twitter expresó condolencias por  la lamentable perdida de uno de sus miembros, “Hoy decimos adiós a un gran conservador, defensor como ninguno de la doctrina y pensamiento de nuestra colectividad. Gracias Senador Eduardo Enríquez Maya por su servicio al  Partido Conservador y al país. Descanse en paz”. A pesar de que varios congresistas han dado positivo para covid-19, el caso del legislador conservador es el que ha tenido mayor gravedad hasta el momento.

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A sanción presidencial proyecto de ley que regula el Trabajo en Casa

La iniciativa legislativa, que ya había surtido tres debates anteriores y cuyo objetivo es regular la habilitación de trabajo en casa como una forma de prestación del servicio en situaciones ocasionales, excepcionales o especiales, que se presenten en el marco de una relación laboral, legal y reglamentaria con el Estado o con el sector privado, sin que conlleve variación de las condiciones laborales establecidas o pactadas al inicio de la relación laboral, fue aprobada en la Plenaria Mixta de Senado. Con 83 votos a favor y 4 en contra. El ponente del proyecto de ley, el senador Carlos Fernando Motoa (Cambio Radical) manifestó su complacencia con el resultado de la aprobación, “Estamos entregando una herramienta o instrumento jurídico fundamental, como lo he dicho en varias oportunidades, para proteger el empleo de país, asegurar la salud de los colombianos y tratar de enfrentar los efectos negativos de la pandemia por el covid-19”. De acuerdo con el orden del día, se procedió a la discusión Proyecto de Ley número 210 de 2019 Senado: «Por medio del cual se aprueba la “convención para homologar el tratamiento impositivo previsto en los convenios para evitar la doble imposición, suscritos entre los estados parte del acuerdo marco de la alianza del pacífico”, inscrita en Washington, Estados Unidos, el 14 de octubre de 2017». La senadora Ana Paola Agudelo García (MIRA) ponente para segundo debate del proyecto de ley en su exposición dijo que, “Con la votación de este proyecto, mejoramos la parte técnica y buscamos que los fondos de pensión se reconozcan como persona, para que queden en el marco de la doble tributación. Algo que nos está afectando en Colombia, es que se restringen las oportunidades de inversión de los extranjeros en nuestro país, esto nos ayudaría a dinamizar las inversiones extranjeras”. Por su parte, el senador Berner León Zambrano (Partido de la U) segundo ponente de la iniciativa manifestó, “A través de este proyecto, se está haciendo la respectiva corrección Para que haya una mayor competitividad con estos recursos y que tengan esa posibilidad de no estar tributando doblemente”. Los senadores Wilson Arias (Polo Democrático), Eduardo Emilio Pacheco (Partido Colombia Justa Libres), Aída Avella (Decentes-UP), Julián Gallo (Partido Comunes), Jorge Enrique Robledo (Partido Dignidad), Antonio Sanguino (Alianza Verde), se pronunciaron en contra del proyecto por considerarlo inconveniente para el país y por argumentar que necesita un debate más profundo. Por el contrario, el senador Carlos Meisel (Partido Centro Democrático) se mostró optimista frente a la iniciativa y dijo, “El mundo hoy le apuesta a fortalecer diferentes regiones y diferentes integraciones entre los diferentes países”. Finalmente, con una votación de 57 votos a favor y 24 en contra, fue aprobado el Proyecto de Ley número 210 de 2019 Senado en segundo debate y continuará su trámite legislativo. Cortesía del Senado. 

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Comisión Legal para la Equidad de la Mujer aprueba agenda de trabajo

Durante la sesión ordinaria, realizada el día de hoy, la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, aprobó varias proposiciones presentadas por las congresistas, con el fin de continuar con su labor en beneficio de las colombianas. Inicialmente la senadora Esperanza Andrade Serrano (Partido Conservador), propuso la realización de un foro sobre la creación de alertas tempranas para atender los casos en niñas y adolescente, Así mismo la senadora Aída Avella (Decentes- UP) propuso llevar a cabo una audiencia pública que aborde el tema de la tenencia de la tierra, para tratar las condiciones de pobreza de las mujeres rurales. Otra de las proposiciones presentadas fue por la representante Catalina Ortiz, para realizar una audiencia sobre el fomento del desarrollo empresarial y emprendimiento femenino y la participación de las mujeres en las convocatorias del Estado. Las proposiciones sobre debate de control político, fueron presentadas por las congresistas Sandra Ortiz (Alianza Verde), para hacer seguimiento al programa de Empleo formal. Otro presentado por la representante Jesmy Barraza, para abordar la lactancia materna y las medidas que promuevan este tipo de alimentación. Por último, también se propuso hacer control político a la situación laboral y sanitaria de las mujeres en la pandemia Por otra parte, la presidenta de la Comisión Nora García Burgos (Partido Conservador), y la senadora Ruby Chagüí (Centro democrático), presentaron una constancia sobre la situación que se está presentando en el departamento de Córdoba, con respecto a los feminicidios, la legisladora manifestó, “En lo que va corrido del año, en Córdoba, mi departamento, se han registrado 7 feminicidios en circunstancias repudiables. Hechos desgarradores que no pueden seguir ocurriendo y mucho menos quedar en la impunidad. La violencia contra la mujer es el abuso más generalizado de los derechos humanos y el feminicidio es su expresión extrema. Una forma virulenta de abuso y discriminación que no conoce de razas, edad, ni clases sociales. Hoy, me uno al clamor y a la gran preocupación de las mujeres de mi región, ante el miedo y el peligro al que están expuestas, lo que requiere de una intervención concreta, con un enfoque integral que incluya un amplio abanico de actores”. En la parte final de la constancia, expresó, “Mientras el mundo lucha contra el impacto de la pandemia de Covid-19, una ola de violencia e inseguridad acaba con la vida de las mujeres, no solo en Córdoba, sino también en distintas partes del país. Toda mi solidaridad con las familias de las víctimas y un rechazo rotundo a estos actos tan atroces, exigimos justicia para ellas. No queremos más mujeres violentadas en Colombia, no queremos más agresiones, ¡Ya basta!”. Cortesía del Senado. 

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Según un informe presentado ante la JEP fueron más de 400 Víctimas de la comunidad kankuama por grupos al margen de la ley

En el marco del conflicto armado y como consta en informe presentado ante la Justicia Especial para la Paz, fueron más de 400 muertos de la comunidad kankuama, víctimas de los grupos al margen de la Ley y del mismo Estado. La familia Torres Maestre, como muchas otras, no fue ajena a este flagelo de la violencia y como cuenta el Cabildo Menor de la Comunidad de Atanquez, Jhon Torres Maestre, vivieron en carne propia un capítulo en sus vidas que jamás quisieran repetir. “El 5 de agosto de 1997, hace su primera incursión el paramilitarismo, de eso quedaron 4 personas asesinadas en frente de la plaza, todas las familias las obligaron a ir a la plaza para que presenciaran el acto criminal y como no teníamos fuerza pública, en ese entonces, a algunos se los llevaron y los fueron matando en la carretera y nosotros atrás en los carros de la comunidad, los mismos que ofrecían el transporte público, en esos mismos vehículos recogimos a nuestros muertos para darle cristiana sepultura. Pero no sólo era eso, la guerrilla también presionaba por el otro lado”. Jhon, no puede ocultar el dolor que aún siente por el recuerdo de ese episodio trágico que vivió en su comunidad, entre lágrimas cuenta que en el año 99 tuvo que trasladarse a Valledupar, huyendo de la violencia y buscando nuevos horizontes, pero solo fueron promesas, asegura, porque el conflicto siguió creciendo. “El conflicto era muy fuerte, eran asesinatos selectivos por parte de los paramilitares, pero también por parte de la guerrilla. Comenzó una guerra fría entre los grupos armados. El alcalde de Valledupar de la época nos prometió todo para regresar al pueblo, pero fueron mentiras, el conflicto siguió creciendo”. El Congreso de la República no ha sido ajeno al tema de Ley de Víctimas, el senador Didier Lobo Chinichilla, del partido Cambio Radical, explicó el proceso de justicia transicional. “La Ley 1448 de 2011 y Los Decretos Ley 4633, 4634 y 4635 de 2011, específicos para las comunidades y pueblos étnicos establecen, en el marco de un proceso de justicia transicional, un conjunto de medidas administrativas individuales y colectivas, en beneficio de las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. Desde el Congreso, seguiremos en pie de lucha para que nuestras víctimas del conflicto sean dignificadas a través de la materialización de sus derechos constitucionales”. Fueron 500 familias de Atánquez, las que salieron desplazados por la violencia de la época, compuestas por aproximadamente 3 mil personas. Pero el conflicto era una bola de nieve que crecía y destilaba sangre a su paso, cobró la vida de otro integrante de la familia Torres Maestre y la cabeza de la familia, el padre, fue declarado objetivo militar. “En el año 2003 el ELN asesinó a mi hermano a la salida de Atanquez, eso hizo que nos desplazáramos hacia Valledupar, mi papá se enfureció, lo extorsionaban, le robaron sus animales, no lo dejaban ir a la finca, sin embargo, nunca nos abandonó”, recuerda Jhon. Con Impotencia, dolor y llanto, pero la esperanza de salir adelante, asegura que no estaba dispuesto a pasar hambre en Valledupar y regresó a su territorio. Allí, comenzó otra odisea: su hermano Randy Julio Torres ingresa a las filas de los paramilitares.   En el año 2015 confirmaron que la guerrilla de la FARC, fue la que se llevó a su hermana y en este momento están a la espera que la Unidad para las Victimas, le entreguen los restos para darle sepultura.   La comunidad de Atánquez, a pesar de los episodios amargos, ha respaldado por varios años a Jhon, como Cabildo Menor. Su liderazgo y trabajo en equipo, ha hecho que todos legitimen sus decisiones porque es un hombre que ha actuado en justicia y lo único que quiere ahora es salir delante de la mano de su gente para que las cicatrices no lleguen nunca al alma y el corazón. Cortesía de el Senado. 

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Comisión II del Senado escuchó propuesta ambiental para San Andrés y Providencia

Posterior a la lectura del orden del día y a la votación de algunas actas se les dio paso a los representantes raizales provenientes de la Isla de San Andrés, quienes sustentaron la propuesta de construir la reserva de biosfera transfronteriza Seaflowers. En la exposición donde se contextualizó la esencia de los pueblos nativos, el representante de los raizales, Graybern Livingston, manifestó: “Somos el resultado de muchos pueblos que se reunieron para poblar y constituir un modelo de sociedad, siendo hoy un patrimonio ancestral”. Asimismo, el ex gobernador de San Andrés y Providencia Kent Francis James, expresó que, “Somos parte de un mismo pueblo que vive de cara al mar y cuyo futuro depende de acciones ambientales en un muy corto plazo”. La campaña para la creación del Gran Seaflower propone una hoja de ruta basada en el diálogo y la firma de un preacuerdo, la creación de una mesa interestatal permanente con representación de todos los gobiernos para redactar el acuerdo y posteriormente, un acuerdo final de cooperación ambiental en la región. “Nuestro sistema marítimo es un sistema estratégico y llamativo ante le mundo siendo hoy Patrimonio de la Humanidad declarada por la Unesco.” Con este dato cerró la intervención el representante de los Isleños. Por su parte el senador Antonio Sanguino (Alianza Verde) invitó a todas las fuerzas políticas que se unan en torno a esta causa que hoy traen las comunidades raizales de San Andrés, para lograr la creación de la Reserva Biósfera Transfronteriza, como dinamizador del dialogo regional junto a sus vecinos del Caribe Suroccidental (Costa Rica, Honduras, Jamaica, Nicaragua y Panamá). Cortesía del Senado. 

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Senadores de la Comisión V buscan fortalecer la producción nacional

Creación de un pacto nacional que genere fuentes de empleo, programas de innovación, importación de materiales genéticos, fomento de la agroindustria y transformación productiva, fueron otras de las propuestas durante el debate de control político. En debate de control político de la Comisión Quinta del Senado de la República, donde se analizó el incremento de las importaciones agropecuarias en el país y la afectación a los productores nacionales, citado por los senadores Jorge enrique Robledo (Dignidad Colombia), Jorge Eduardo Londoño (Alianza Verde) y Guillermo García Realpe (Liberal), quedó evidenciado que el país, pasó de importar 282 millones de dólares en bienes agropecuarios en 1991, a 6.005 millones de dólares en 2020, un incremento del 2.000 por ciento. Como senador citante, Jorge Enrique Robledo, precisó que la apertura económica significó la inundación de las importaciones agrícolas, pero con los TLC fue “la quiebra del agro colombiano”. Sobre las importaciones agropecuarias en Colombia, Robledo hizo énfasis en que llegaron a 78 millones de toneladas de productos agrícolas, lo cual representa 49 mil 580 millones de dólares y “696 mil millones de dólares valen las importaciones industriales de ese tiempo a acá. Yo no me opongo a que se importe, lo que uno no debe hacer es renunciar a lo que sí se puede producir”. “Pasamos de 2.8 millones de toneladas a 5.6 millones de toneladas, es decir, un incremento del doble”, sostuvo Robledo sobre las exportaciones. El congresista concluyó su intervención proponiendo un pacto nacional con el fin de crear fuentes de empleo en el agro, donde actúen el capital y el trabajo en pro del desarrollo del país, teniendo en cuenta, una política que apunte a la exportación y al mismo tiempo a la sustitución de importaciones.   Para Jorge Eduardo Londoño (Alianza Verde), también citante del debate, aseguró que en Colombia se carece de condiciones técnicas, fitosanitarias y económicas para competir en igualdad de condiciones con la producción subsidiada de otros países. “En el país, los campesinos producen el 70% de los alimentos que consumimos, sin embargo los pocos recursos que se invierten en el sector se concentran en grandes productores, el país debe volver a la economía del agro” precisó. Respecto a la producción agropecuaria nacional del 2000 al 2010, Londoño, explicó que esta, creció 0,91% anual, registrando de 2010 a 2018 un crecimiento anual del 4,6%, en lo corrido de este gobierno se estancó en el mismo 4,6%, estancamiento que ocasionó en el 2020 la pérdida de ocupación a 330.000 personas del sector rural, de las cuales 185 mil pertenecen al sector agropecuario.   Durante su intervención, el ministro de Agricultura, Rodolfo Zea Navarro, se refirió a las exportaciones en el sector agropecuario, piscícola y pesquero, indicando que las del año 2020 en dólares han sido las más alta de la historia según las estadísticas que registran. “esto se logra a través de la penetración y admisibilidad de productos colombianos en nuevos mercados y que podamos llegar al exterior. el año pasado se exportaron aproximadamente unos 7 mil 856 millones de dólares y se importaron 6 mil 488 millones de dólares”, puntualizó Zea Navarro. El jefe de la cartera agrícola nacional, además de resaltar el crecimiento de importaciones en aceite de palma, azúcar, carne bovina y ganado en pie, habló sobre la importancia de los productos en dichas exportaciones, especificando, “las no tradicionales, sacando café, flores y bananos, hemos ido diversificando año a año, por ejemplo en uno de los productos mencionados en el debate, el aguacate, llega a exportaciones en el 2020 a 146 millones de dólares”. Según datos de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) en Colombia de las 40.075.960 hectáreas, (35%) del territorio continental hacen parte de la frontera agrícola nacional, donde se permite el desarrollo de actividades económicas agrícolas, pecuarias, forestales, acuicultura y pesca. Dentro de esta frontera agrícola solo el (30%) de los suelos se cultiva actualmente. Al cierre del debate, la senadora Nora García Burgos, en calidad de presidente de la Comisión Quinta, anunció que se convocará la próxima sesión por secretaría. Cortesía del Senado. 

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La Ley de víctimas fue prorrogada por 10 años más para continuar atendiendo y reparando a las víctimas de la violencia

Un gran avance en materia de atención integral a las víctimas del conflicto armado ha sido la ley 1448 de 2011 más conocida como ´Ley de Víctimas´, que no solo se centra en indemnización monetaria o la restitución de bienes, si no que va más allá y persigue la inclusión de medidas de satisfacción, rehabilitación, indemnización, restitución, vivienda, fuentes de ingreso, acceso a crédito, educación, salud y garantías de no repetición. La ley no solo ampara a quienes fueron desplazados contra su voluntad, o sufrieron despojo o abandono forzado de tierras, también protege a las víctimas de homicidio, secuestro, tortura, desaparición forzada, reclutamiento de menores, minas antipersona y delitos contra la libertad sexual. Asimismo, se destaca la inclusión de La Unidad de Restitución de Tierras y el Centro Nacional de Memoria Histórica como entidades que forman parte de la Ley 1448 y contribuyen desde sus fines misionales a la reparación y la atención integral a las víctimas del conflicto. Ley prorrogada por 10 años Otro hecho de valiosa importancia y que se convierte en la más ambiciosa reparación de víctimas que ningún Estado ha asumido antes en una guerra interna o conflicto interno, ha sido la ampliación de los alcances de la ley por una década más, lo que significa que todas las víctimas del conflicto podrán ser atendidas y reparadas. En su momento el senador Roy Barreras, uno de los promotores de la renovación de la Ley de Víctimas, explicó por qué era necesario dar este trámite en el Congreso: “Hemos aprobado prórroga de la Ley de Víctimas por 10 años más. La ley aprobada en 2011 se vencía el próximo 2021 y de 9 millones de todo tipo de víctimas en el conflicto armado colombiano, por lo menos 7 millones siguen sin reparar”. Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las victimas El 9 de abril de cada año, el Congreso de la República en pleno se reunirá para escuchar a las víctimas en jornada de sesión permanente, como lo estipula el Artículo 142 de la ley 1448 de 2011, además por parte del Estado se realizarán eventos de memoria y reconocimiento de los hechos que han victimizado a los colombianos afectados. Ley de víctimas en cifras De acuerdo con información de la Unidad de Víctimas: 1.100.000 víctimas han sido indemnizadas 89 % por desplazamiento forzado 12 % víctimas de homicidio 5 % víctimas de amenazas 2 % víctimas de desaparición forzada. Por su parte, la Unidad de Restitución de Tierras indica que en estos nueve años de la Ley de Víctimas se han devuelto, 380.455 hectáreas de tierra beneficiando a 70.277 colombianos que forman parte de comunidades campesinas y étnicas que fueron víctimas de despojo y desplazamiento forzado. Cortesía del Senado. 

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Senado da garantías a las bancadas de oposición

Para dar cumplimiento a la Ley 1909 de 2018, se ha concedido amplio registro a las Intervenciones, constancias, proposiciones, ponencias, derecho de réplica, entre otros, de los senadores de oposición.   Los partidos y movimientos políticos con asiento en el Senado de la República, y declarados en oposición al Gobierno, han contado con todas las garantías para expresar sus respectivas posiciones ante los medios de comunicación del Estado, tal como lo determina el Estatuto de la Oposición, que ha dispuesto más espacios de participación de las minorías políticas para el fortalecimiento y desarrollo de la democracia en el país. La Oficina de Información y Prensa del Senado les ha garantizado a todos los congresistas, incluidos los declarados en oposición e independencia, su participación en el Noticiero del Senado, en variados programas del Canal Congreso, en la página Web de la Corporación y en el programa radial Voces del Senado, que se transmite por la Radio Nacional de Colombia. De la misma forma se les ha realizado el registro de sus declaraciones en la cuenta oficial de Twitter, la red social de mayor movimiento con más de 400 mil seguidores, tras los respectivos cubrimientos de la agenda legislativa en comisiones constitucionales, legales y plenarias, información que es replicada por los diferentes medios de comunicación a nivel nacional. Dentro de los registros hechos a través de la página web se destaca la propuesta de los congresistas de la Bancada de la Oposición para que la vacuna del Covid-19 en Colombia sea universal y gratuita el 27 de julio  de 2020. También, entre otros, el registro de la citación por parte del senador Iván Cepeda a la canciller Claudia Blum, por posible intervención de funcionarios del Gobierno en campaña de reelección de Donald Trump, en la Comisión Segunda del Senado y la radicación por parte de congresistas de la oposición del proyecto de ley para asegurar la Matrícula Cero en 2021. También tuvo amplio cubrimiento a través de los medios de la entidad de la radicación por parte de congresistas de la oposición de un proyecto de ley que pretende reformar profunda y efectivamente a la Policía Nacional, el pasado  9 de octubre de 2020. La iniciativa busca darle el carácter civil y que no siga perteneciendo al Ministerio de Defensa. La iniciativa fue presentada con el respaldo de más de 20 mil firmas de ciudadanos y por los senadores Iván Cepeda, Angélica Lozano, Gustavo Petro, Iván Marulanda, Alexander López, Antonio Sanguino, Jorge Enrique Robledo, Aida Avella, Gustavo Bolívar, Jorge Londoño, Sandra Ortíz, Juan Luis Castro, Wilson Arias, Jose Aulo Polo, Feliciano Valencia. Cortesía del Senado.

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Radicado proyecto de ley que protege derechos de usuarios de telefonía móvil en el país

Con la autoría del senador Efraín Cepeda Sarabia(Partido Conservador), junto con un grupo de congresistas, radicaron ante la Cámara de Representantes, el proyecto, que busca regular el servicio de Telefonía Móvil Celular, y se crea el régimen único sancionatorio; para endurecer sanciones a los operadores de telefonía móvil, que incurran en abusos contra persona natural o jurídica que haya contratado servicios con la empresa, sea en modalidad de prepago o pospago. La sanción iría de 20 mil a 100 mil SMLV. La iniciativa tiene como objeto establecer el régimen de protección de los derechos y obligaciones de los usuarios de telefonía móvil celular, así como las obligaciones de los operadores que prestan este servicio dentro del territorio nacional y crear un régimen sancionatorio para las empresas que realicen acciones violatorias de estas disposiciones. Después de hacer la radicación, el senador Cepeda manifestó el agradecimiento a todos los congresistas que firmaron la iniciativa, la cual pretende proteger los derechos de los colombianos, que hacen uso del servicio de telefonía celular. “Radicamos con múltiples firmas, un proyecto para ponerle coto a los abusos de los operadores de telefonía celular. Son muchas las quejas que se reciben a través de las redes sociales. Se habla de cambiar los términos contractuales sin consentimiento del usuario, rompiendo el contrato firmado. Al igual que las fallas continuas en este servicio, la penalización por terminar anticipadamente los contratos, entre otras quejas”, explicó el senador. Indicó que Congreso ha aprobado leyes, en la que se permite prepagar la deuda con las entidades financieras, sin penalización y los operadores de telefonía celular, imponen altas penas, si no se anuncia con muchos meses de anterioridad. “Para restaurar el servicio, sólo se requiere una llamada, pero, para cancelarlo, se requieren muchos meses y casi nunca se logra”. Cepeda agregó, “hoy le decimos a estos operadores de telefonía celular basta ya de abusos y de atropellar al pueblo colombiano, sólo les pido que le den transito rápido y no se permita a los lobistas, porque estamos buscando es defender los derechos de los colombianos”. Cortesía del Senado.

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