julio 1, 2026

Senado

Plenaria de Senado legisló en favor de la niñez colombiana

Con el fin de visibilizar lo importante que es la niñez para esta Corporación, la plenaria del Senado de la República votó 6 proyectos que pronto se convertirán en leyes de la República y que reivindican los derechos de los niños, especialmente en temas de educación, alimentación y conectividad. Es el caso del proyecto de ley No 318 de 2020 Senado, “por medio del cual se fomenta la orientación socio-ocupacional en los establecimientos oficiales y privados de educación formal para la educación media”, del cual fue ponente la senadora Ana María Castañeda Gómez (Cambio Radical) quien explicó que esta iniciativa busca “definir los ámbitos de trabajo para la educación media en todos los establecimientos oficiales y privados de educación formal, como herramienta para brindar a los educandos los elementos suficientes para tomar una decisión adecuada, informada y objetiva sobre su futuro académico y proyección laboral”. Así, la idea es reducir la tasa de deserción estudiantil, entregar un diagnóstico sobre sus aptitudes e intereses a los estudiantes de educación media y prepararlos hacia el mercado laboral. Internet como servicio público esencial En cuanto a conectividad, se aprobó en segundo debate el proyecto de ley 324 de 2020 Senado, denominado ‘Ley internet como servicio público esencial y universal’, el cual pretende establecer que, dentro de las telecomunicaciones, el acceso a Internet sea de carácter primordial, dado que 24 de los 32 departamentos del país se encuentran por debajo de la media nacional en cuanto a conexión básica. La senadora ponente Ana María Castañeda Gómez (Cambio Radical) justificó la necesidad de este proyecto, por medio del cual se modifica la Ley 1341 de 2009, por cuanto “7,67 millones de hogares en Colombia cuentan con acceso fijo de internet, lo que significa que por cada 100 habitantes tan solo 15,22 cuentan con este servicio”. Seguridad alimentaria En el tema de seguridad alimentaria, la plenaria de la Corporación aprobó el proyecto de ley 292 de 2020 Senado, que renueva el ‘Convenio sobre cobro Internacional de alimentos para los niños y otros miembros de la familia’, hecho en la Haya, Reino de los Países Bajos, el 23 de noviembre de 2007. Se trata de un “instrumento de cooperación multilateral que busca promover el trámite para la obtención de alimentos en el extranjero, basado en los convenios de La Haya y de las Naciones Unidas”, argumentó la senadora ponente Paola Andrea Holguín Moreno (Centro Democrático). Día de la Niñez Indígena Capítulo aparte merece la declaración del ‘Día nacional de la niñez indígena colombiana’, fecha que espera conmemorarse gracias a la aprobación en segundo debate del proyecto de ley No 250 de 2020 Senado, promovido por el senador Feliciano Valencia Medina (Movimiento Alternativo Indígena y Social), quien indicó que “es muy significativo darle esa prioridad a la niñez y adolescencia indígena. Es de alto valor para nosotros conmemorar estas semillas de vida, como nosotros las definimos”. Valencia Medina, miembro de la comunidad indígena Nasa del departamento de Cauca, precisó que “declarar el 26 de agosto como el ‘Día nacional de la niñez indígena colombiana’”, es un reconocimiento a la memoria de niños de su comunidad que han fallecido y “a los 12 mil hijos e hijas del pueblo Wayú que han fallecido por hambre en la Guajira y en todo el país”. Así mismo fue aprobado el proyecto que establecen parámetros para la protección y cuidado de los menores de edad en estado de vulnerabilidad especial, el cual contó con la ponencia positiva de la senadora de Centro Democrático, Milla Patricia Romero Soto. De esta manera, el Senado de la República destaca la prioritaria atención que merecen nuestros niños, niñas y adolescentes, a través de iniciativas legislativas que buscan el mejoramiento integral de su calidad de vida. Cortesía del Senado. 

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Junta Directiva del Banco de la República rindió informe de gestión en Comisión III

El Banco Emisor destacó las medidas que ha tomado en el marco de la emergencia generada por el Covid-19, presentó resultados macroeconómicos de 2020, y sus perspectivas para 2021; describió además la composición de las reservas internacionales y su rendimiento, situación financiera de la Entidad y proyecciones, y gestión cultural. En debate de control político, citado por Comisión Tercera, la Junta Directiva el Banco de la Republica rindió su informe de gestión, bajos los siguientes temarios: carácter de la crisis y respuesta del Banco de la República, actividad económica y empleo, inflación, balance externo y reservas internacionales, utilidades del Banco de la República, y por último situación fiscal y debate sobre crédito. Leonardo Villar Gómez, gerente general del Banco Emisor, sostuvo en su exposición que la crisis económica originada por la pandemia del Covid 19, es el mayor desafío que el Banco de la República ha enfrentado en sus casi 100 años de existencia, “esta crisis se diferencia de las anteriores, no solo por la mayor gravedad de sus efectos, sino porque su origen no es de tipo económico sino sanitario, esto hace que sus impactos económicos sean particularmente inciertos y difíciles de manejar, desde la política monetaria, cambiaria y crediticia”, manifestó contundente; “las medidas que ha tomado el Banco de la República, en complemento con las adoptadas por el gobierno nacional y los gobiernos locales, han logrado mitigar los efectos de la crisis y la recuperación económica que ya está en curso”. En su intervención, Villar destacó que la Junta Directiva del Banco de la República reconoció el carácter excepcional de la crisis, el peligro que representaba para la estabilidad económica del país, y cómo el Banco centró sus objetivos en proteger el sistema de pago, y estabilizar el mercado cambiario, y el de títulos públicos y privados, para que el crédito fluyera a la economía. Según el directivo, “entre las medidas adoptadas por la Junta Directiva del Banco de la Republica para enfrentar los efectos negativos de la pandemia se encuentran la liquidez transitoria: extensión de montos, contrapartes, garantía admisibles y plazos; compras definitivas de títulos públicos y privados; reducción del encaje; venta de dólares forward con cumplimiento financiero; y la reducción de la tasa de interés de política”. Todas estas, tenían como objetivo en proteger el sistema de pagos, preservar la oferta de crédito, estabilizar mercados esenciales bajo presión, y estimular la actividad económica (efecto directo). En este contexto, los senadores de esta célula legislativa expresaron sus puntos de vista y analizaron si el informe surtía las expectativas por las que el país atravesaba a costa de la pandemia. Cortesía del Senado. 

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Comisión de Paz recibió informe presentado por Instituto Kroc de Estudios Internacionales para la Paz

Durante sesión, los integrantes de la Comisión de Paz escucharpn el informe con el propósito de conocer los avances en materia de la implementación del Acuerdo de paz. Al inicio de la sesión, el senador Roy Barreras, contextualizó los puntos a tratar en la reunión, refiriéndose primero al informe bimestral que el Instituto Kroc entregó a la Comisión de Paz, sobre los avances de la implementación del Acuerdo de Paz, segundo definir la realización de una reunión presencial en el departamento del Cauca, “porque la situación en el departamento, es sintomática de la pérdida total del control del territorio” y tercero abordar el tema de la “inconveniencia de las declaraciones ante la ONU” de Claudia Blum, canciller de Colombia. Vale la pena aclarar que el Instituto Kroc, tiene el mandato de monitorear el proceso de la implementación del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera (Acuerdo Final) y brindar apoyo técnico al Componente Internacional de Verificación (CIV) y a la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI). Por lo tanto, Daniel Cano, representante del Instituto, inicia su intervención con las ideas generales del informe, que se seguirá presentando bimestralmente a la célula legislativa: “1. Si bien se reconocen los avances en materia de implementación normativa del Acuerdo de Paz, existe el atraso en los compromisos pendientes, siendo este aspecto una de las principales dificultades para el avance de la implementación del mismo. 2. Es clave generar acuerdos y consensos políticos para avanzar en la implementación normativa. 3. Las normas que ya han sido en la discusión aprobación y expedición de leyes se debe garantizar la incorporación de los enfoques transversales de género étnico y territorial así como los aportes de la sociedad civil y las instancias especiales. 4. En la discusión aprobación y expedición de leyes se debe garantizar la incorporación de los enfoques transversales de género étnico y territorial, así como los aportes de la sociedad civil y las instancias especiales.” Oportunidades de mejora Luego de la exposición de cada uno de los puntos del Acuerdo, donde se presentaron los avances y los requerimientos de cada uno de ellos, se dieron a conocer las oportunidades que se deben tener en cuenta a la hora de una implementación integral: 1. Promover una agenda legislativa de paz a corto plazo, con proyectos de ley en trámite, enfocados en la parte agraria y el tratamiento penal diferenciado. 2. Promover una agenda legislativa de paz a mediano plazo, con proyectos de ley para cumplir con las prioridades normativa asignadas en el Punto 6 del Acuerdo Final, con sanción para quienes avalen candidatos/as sancionados/os penalmente. 3. Promover la agenda legislativa de largo plazo con proyectos de ley necesarios para la implementación de disposiciones del acuerdo final. 4. Promover la consulta previa de medidas legislativas de implementación del acuerdo final que afectan los derechos e intereses de comunidades étnicas y exigir su garantía en la reglamentación de normas aprobadas.   Intervienen los senadores El senador Iván Cepeda, (Polo Democrático), preguntó al expositor sobre el porcentaje del avance de la implementación en todas las 578 disposiciones, a lo que el delegado de Kroc le respondió que “el avance es de un 27%”. Mientras que el senador Antonio Sanguino (Parido Alianza Verde) indagó sobre “¿cuáles son las acciones de Gobierno, contrarias al Acuerdo y que afectan su implementación? Por ejemplo, el anuncio de las fumigaciones con glifosato revierte las prioridades que estaban establecidas en el Acuerdo”. Para el senador Julián Gallo (Partido Comunes) es preocupante el Informe presentado “porque demuestra que no se está trabajando en el avance de la implementación del Acuerdo de paz, especialmente en el tema de seguridad en los territorios”. En su intervención, el senador Guillermo García (Partido Liberal) manifestó “total solidaridad con la comunidad del departamento del Cauca, que ha asumido con valentía la confrontación con los grupos armados ilegales, cosa que no ha hecho el Estado colombiano”. En este mismo sentido, la senadora Griselda Lobo (Partido Comunes) también mostró su solidaridad con los habitantes del Cauca y las familias del municipio de Andes, Antioquaia, y además manifestó su preocupación por “la persecución y la estigmatización de la que somos víctimas los firmantes de la paz”. Cortesía del Senado. 

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Integrantes de la Comisión de Derechos Humanos aboga por los empresarios colombianos

En la tarde de este jueves se reunieron integrantes e invitados en la Comisión de DDHH con el fin de escuchar y debatir diferentes aspectos en torno a al llamado que hacen los empresarios sobre la vulneración en sus derechos humanos. Siendo el senador Edgar Enrique Palacio (Colombia Justa Libres) quien presidió dicha audiencia, dio inicio con la introducción al tema desde donde resaltó el tiempo coyuntural en el que viven los colombianos en este momento; donde día a día viven enfrentados a escenarios desoladores por los altos porcentajes de desempleo e informalidad laboral en el país. “En este momento hay un ambiente inapropiado de crecimiento económico en el país. Esto afecta grandemente a los empresarios, quienes toman riesgos sin estabilidad de leyes, ni seguridad de sus empleados y empresas.” Aseveró el senador Edgar Enrique Palacio. Dentro de los invitados al debate estuvo el empresario Arturo Calle, quien expuso varios escenarios que vivió y aún hoy ve reflejados:  “Como empresario veo que se nos están violando los derechos humanos. No es justo, ya que estamos pagando impuestos y generando empleos a diario. Necesitamos el apoyo del Gobierno de manera más palpable”. Asimismo, María Camila Agudelo, directora de Asuntos Públicos de la ANDI, se refirió a los esfuerzos hechos por parte de los empresarios con el fin de poder sobre llevar los altibajos que ha traído la cirisis económica.  Temas como seguridad, oportunidades, y avance fueron abordados por los participantes. Al concluir manifestaron la necesidad que el Gobierno regule situaciones como la tramitología, se aumenten los incentivos para evitar que los empresarios y comerciantes no tengan que cerrar sus negocios. “En el marco de la pandemia, la relación con las empresas y la reactivación económica con los Derechos Humanos hacen parte de nuestra prioridad”, manifestó Andrés Felipe Villamizar Ortiz representante de la Defensoría del Pueblo. La senadora Griselda Lobo (Partido Comunes) sobre los problemas expuestos por los empresrios dijo que “Tenemos desigualdad en la distribución de la riqueza en el país. El flagelo del narcotráfico afecta a nuestra sociedad y ha permeado la economía. Las ventas del comercio minorista disminuyeron y estos empresarios se expresan por el derecho a la igualdad y merecen que el Gobierno, los escuche y trabaje para solucionar los porbelmas que aqeujan al sector”. Por su parte la senadora Paloma Valencia (Centro Democrático) afirmó que a pesar de la situación los empresarios colombianos saldrán adelante junto a sus familias. “No se debe estigmatizar al empresario en Colombia. No es lo mismo los pequeños, medianos y grandes empresarios. Las políticas tienen que ser graduales para ellos según tamaño y tiempo.” Finalmente se agradeció la participación de todos los asistentes y Javier Sarmiento delegado de la Procuraduría, puntualizó ante la audiencia: “La procuraduría estimulará el diálogo entre el gobierno, el sector empresarial y las comunidades. Estableceremos compromisos de impacto y seguimiento con las denuncias aquí reflejadas, para de esta manera tomar medidas permanentes para la seguridad de todos los empresarios.” Cortesía del Senado. 

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En defensa de la clase media trabajadora, Comisión IV adelantó debate sobre Ley de Sostenibilidad

El debate de control político citado por la Comisión Cuarta, en sesión virtual, inició con un minuto de silencio por el fallecimiento del senador Eduardo Enríquez Maya y el subsecretario de la Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes, Carlos Triana,a causa de la Covid-19. Los senadores citantes del debate, Wilson Neber Arias Castillo del partido (Polo Democrático), John Milton Rodríguez González del partido Colombia Justa Libres, explicaron sus puntos de vista sobre la Reforma Tributaria y propusieron soluciones para la recaudación de los fondos que el país necesita. Inicialmente el senador Wilson Arias consideró que “este proyecto de reforma no solo va a afectar la población, sino también el aparato productivo Nacional”. Por su parte, el senador John Milton Rodríguez solicitó al Gobierno Nacional explicaciones frente a las dificultades derivadas de la crisis pandemia Covid-19 en sectores de la economía colombiana que se sienten no atendidos de la manera debida y las posibles soluciones para no afectar a la clase media y trabajadora del país. Dentro de su presentación, Rodríguez propuso al Gobierno Nacional “limitar las deducciones de las empresas hasta el 40% y no modificar las naturales. Sostener la sobretasa al sector financiero y minero energético del 3%”, por considerar que “con estas dos medidas se tendrían $ 7.8 billones”. En el debate de control político también intervino, en sesión informal, la actriz Alejandra Borrero quien manifestó su preocupación por la difícil problemática económica que está viviendo el sector cultural y artístico, al tiempo que consideró que “esta reforma tributaria acabaría con herramientas de ayuda, las cuales generan muchos empleos en el gremio artístico”. Voces del Gobierno Nacional La primera intervención estuvo a cargo del director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), Lisandro Junco Riviera,quien afirmó que en la construcción de la Reforma Tributaria se contó “con el apoyo de 5 comisionados internacionales de las mejores condiciones profesionales y técnicas”, los cuales concluyeron que “el sistema tributario colombiano siempre ha buscado ser más eficiente y equitativo. Por ello hemos tenido 12 reformas tributarias en los últimos 20 años. Sin embargo, la primera conclusión a la que se llegó, es que la carga tributaria en Colombia recae principalmente sobre las empresas, cuando debería caer también en las personas naturales”. Acto seguido, intervino el viceministro Técnico del Ministerio de  Hacienda, Juan Zárate quien expresó: “La Ley de Solidaridad Sostenible es una de las herramientas de la política fiscal, que se debe complementar con una reducción del gasto en más de 3 puntos del PIB”. Así mismo, el superintendente Financiero, Jorge Castaño, aseguró que: “a pesar de las dificultades tan grandes que presenta esta crisis sanitaria, la Superfinanciera logrado desarrollar su función, muy de la mano con las demás autoridades económicas.” Cortesía del Senado. 

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Archivado proyecto de ley que prohíbe el uso del glifosato en Colombia

En sesión no presencial que se extendió por más de 4 horas sobre la consideración de proyectos de ley en primer debate, la Comisión Quinta archivó la iniciativa No 120 de 2020 Senado “Por medio del cual se prohíbe el uso del glifosato y sus derivados en la política nacional de drogas y se dictan otras disposiciones”. Durante el debate, se escucharon las diferentes posturas de los senadores, quienes plantearon ponencias negativas y positivas sobre el uso del glifosato, herbicida que tiene alrededor de 300 mil estudios a favor y en contra. Ponencia negativa La discusión inició con la exposición de la ponencia negativa, presentada por el senador Alejandro Corrales (Centro Democrático), quien argumentó en su intervención que hoy en día la aspersión con glifosato se puede dar a baja altura, con sistemas de georeferenciación que llega solo a los cultivos de coca sin afectar a otros cultivos, a las fuentes hídricas y a las poblaciones. “Algunos dicen que el daño ambiental lo hace el glifosato sin un estudio científico en que basarse, olvidan la deforestación y los químicos que vierten en las fuentes hídricas producto de la coca. Eso si es un daño real y visible”, sostuvo Corrales. De manera enérgica, el legislador del Centro Democrático expresó “El enemigo es el narcotráfico, el enemigo es la violencia que se da en nuestro país a costa de la coca, no acompaño un proyecto que prohíbe la mayor herramienta de erradicación, el glifosato”. Ponencia positiva El encargado de liderar esta parte, que considera al glifosato como un mecanismo costoso e ineficaz en la lucha contra el narcotráfico, que además atenta contra la salud y el ambiente de las comunidades, fue el senador Guillermo García Realpe (Liberal) quien contundentemente manifestó “a lo largo y ancho de Colombia se han erradicado miles de hectáreas a altos costos, de miles de millones de dólares del Plan Colombia, sin los frutos esperados”. Asimismo, García Realpe dijo “la Contraloría General de la República indicó que la aspersión aérea y las fumigaciones en general le han costado al país medio billón de pesos, además que se realizan dichas fumigaciones sin los requisitos de la consulta previa con las comunidades étnicas y campesinos”. Por su parte, el congresista, Jorge Eduardo Londoño (Alianza Verde) precisó que las afectaciones del glifosato van desde el deterioro irreparable al ambiente, a los recursos naturales, la seguridad alimentaria y daños significativos en la salud. “La aspersión con glifosato se tiene que realizar 33 veces para poder reducir una sola hectárea. Súmele el alto costo de inversión de más de 70 billones de pesos al año. Además existe un alto nivel de resiembra”, indicó Londoño. “Es necesario que Estados Unidos reduzca la salida de insumos y controle el consumo, a la vez que se realice una investigación sobre los dineros del narcotráfico y se realicen campañas educativas para frenar el consumo”, senador Jorge Enrique Robledo (Dignidad Colombia). Por el partido de la Unidad Nacional, se pronunció la senadora Maritza Martínez invitando a tener en cuenta el pronunciamiento de la Corte Constitucional de “suspender las fumigaciones mediante sentencia en la que pide al Estado regular las medidas para que no ocasione riesgo en la comunidad, en la aplicación de glifosato”. Con una votación de 8 por el Sí y 5 por el No, senadores de la Comisión Quinta aprobaron la proposición con que termina la ponencia negativa de archivar el proyecto de ley 120 de 2020 Senado que buscaba prohibir el uso del glifosato en Colombia, firmada por los congresistas Alejandro Corrales, José David Name y Didier Lobo Chinchilla. En su momento, como autor del proyecto en mención, el senador Antonio Sanguino (Alianza Verde) resaltó la realización del debate y agradeció a todos los participantes, ratificando  que “esta es una discusión que no termina con el archivo del proyecto, vamos a seguir insistiendo en que el país tiene que avanzar en reconocer el cambio climático”. Para finalizar el debate, el presidente de la Comisión Quinta, senador Guillermo García Realpe levantó la sesión y citó para el próximo martes 27 de abril al debate de control político sobre los peajes en el sur de Colombia y el día miércoles 28 para la consideración de proyectos de ley. Cortesía del Senado. 

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Acceso a Internet para todos los colombianos, prioridad en debate de Comisión VI

En debate de control político realizado por la Comisión Sexta en sesión no presencial, se escuchó al director ejecutivo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, Sergio Martínez, sobre el ingreso de nuevos operadores de telecomunicaciones móviles, niveles de competencia, planes de acción y de inversiones que se están desarrollando frente a la emergencia del Covid 19. El funcionario citado resaltó la labor que ha venido desarrollando la Comisión Sexta en esta legislatura, y destaco la Ley 1978 de 2019, de transformación, de regulación del sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en Colombia, “esta ley ha venido dando beneficios tangibles concretos a los colombianos”, afirmó Sergio Martínez. En su intervención igualmente destacó la participación de la ministra de las TIC, Karen Abudinen Abuchaibe, por su compromiso en llevar la conectividad a todas las regiones del país, frente a las necesidades de los territorios y está ejecutando acciones para que, en conjunto con la industria en comunicaciones, los colombianos logren el sueño de avanzar en le cierre de la brecha digital. Para el director de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, se debe aprovechar la oportunidad que se ha presentado por la pandemia para el sector a pesar de las dificultades, para trabajar en conjunto entre todos los órganos del Estado y posibilitar el desarrollo de la conectividad. Además, “Sabemos qué hay que trabajar muchísimo en la conectividad del sector rural”, anotó Martínez. Debido a la pandemia, el 2020 fue un año muy difícil, los colombianos quedaron confinados en casa, todos iban a habilitar sus servicios de comunicaciones, “desde la comisión expedimos 24 normas en tiempo récord, que van desde digitalizar la factura, evitar aglomeraciones en los centros de atención, el trabajo articulado que hicimos con muchas empresas y entidades regionales para que las cuadrillas pudieran seguir prestando el servicio”, anotó el director de CRC Sergio Martínez, así mismo expresó: “Lanzamos programas de formación virtual, completamente gratuitos, para que cualquier Colombiano pueda acceder a ellos”. Cortesía del Senado. 

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Efectos de la Reforma Tributaria en clase media colombiana, principal preocupación de la Comisión III

Con la propuesta de realizar ajustes fiscales estructurales y no una Reforma temporal, la senadora Emma Claudia Castellanos citó y lideró hoy el debate al Ministerio de Hacienda, la DIAN, el DPN y el Banco de la República, anticipándose a lo que será la discusión sobre la Reforma Tributaria. La sesión, que se denominó ‘La realidad tributaria y fiscal del país’, se desarrolló en la Comisión Tercera del Senado de la República. “Deberíamos enfocarnos más en la inversión social, que en el gasto social. Necesitamos que con inversión se haga más productiva a la población, que acceda más a oportunidades de empleo y emprendimiento, para que sean libres de buscar sus sueños y sean autosostenibles. Es importante no generar una dependencia al Estado”, expuso la congresista citante. La senadora también argumentó que “el poder redistributivo del gasto social está en menos impuestos y un gasto con inclusión productiva, es decir, más empleo y más emprendimiento”. Con respecto a los impuestos, “el cargar a la clase media y trabajadora con Renta, para que en el 2023 paguen los de siempre es un abuso, sobre todo si no se han endurecido las medidas contra la corrupción, la elusión y la evasión. Además, hoy la clase media está muy cargada tributariamente”, concluyó Castellanos, quien propuso “replantear el pago de Renta por encima de 5 salarios mínimos, que sería a partir de $4.5 millones de pesos”. En este mismo sentido, Sergio Clavijo Vergara, economista, académico y ex codirector del Banco de la República, coincidió en que “el palo no está para cucharas, dado que el IVA tiene una tasa nominal del 19%, pero la tasa real es del 9%, por las exenciones. Por eso se debe focalizar los impuestos y dejar la canasta familiar quieta. En Colombia, el 46% de los ítems se tranzan al 19%. En otros países, el IVA es del 22%, pero se invierte en gasto social que se devuelve en educación y salud gratuita de buena calidad”. El debate también contó con la participación de Juan Pablo Zárate Perdomo, viceministro Técnico del Ministerio de Hacienda y Crédito Público; Leonardo Villar Gómez, gerente del Banco de la República; Gabriel Armando Piraquive, director de Estudios Económicos del Departamento Nacional de Planeación (DNP); Lisandro Junco Riveira, director de la DIAN; Carlos David Castillo Arbeláez, contralor delegado para Economía y Finanzas Públicas de la Contraloría General. Cortesía del Senado. 

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Foro en Comisión III: “Consecuencias del coronavirus en la educación colombiana”

Ante la necesidad de encontrar nuevas soluciones a las crecientes afectaciones de la pandemia a estudiantes, docentes e instituciones educativas, este 22 de abril se cumplirá el foro “Retos de la Educación en Colombia, análisis en el marco de la pandemia”, en la Comisión Tercera, del Senado de la República, entre las 8:00 a.m. y la 1:00 p.m. “El foro fue pensado para analizar los mayores desafíos y retos de la educación en Colombia en tiempos de pandemia, así como para buscar alternativas que concurran en facilitar la gestión del conocimiento sobre los temas educativos críticos derivados del aislamiento obligatorio, a fin de garantizar el derecho a la educación de todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes”, señaló el senador, Richard Aguilar Villa, convocante del foro. El evento contará con la presencia de las ministras de Educación, María Victoria Angulo; de las TIC, Karen Abudinen; de los rectores de las universidades Nacional, Valle, Santo Tomás, Sergio Arboleda, Unidades Tecnológicas de Santander y de la Guajira. Así mismo, participarán la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), docentes independientes, y representantes de la Federación de estudiantes de Colombia, al igual que de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación y estudiantes sin agremiación. Presencia internacional En el foro también habrá presencia de representantes de las embajadas de Finlandia, Suecia, Chile, que hablarán acerca de cómo reaccionaron los sistemas educativos de sus países a la pandemia. Así mismo, se espera la presencia de funcionaros de la Comisión Económica para América Latina (Cepal), que abordarán el tema desde cómo las afectaciones a la educación aumentan las brechas de inequidad en la región. Cortesía del Senado.   

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Comisión VI convoca a especialistas para construir ley de seguridad farmacéutica

La iniciativa contempla diferentes mecanismos que permiten un ejercicio seguro del manejo de las patentes y de la modernización de esa industria en el país.   Aquí estamos haciendo un avance en la salud para los colombianos, buscando dinamizar la economía con la generación de empleos, por lo tanto vemos  que la posición del superintendente de Industria y Comercio  Andrés Barreto,  es contraria, cuando pide  el archivo de esta iniciativa porque viola según él la propiedad  intelectual”, así  lo manifestó el senador Iván Darío Agudelo (Partido Liberal) en audiencia pública de la Comisión Sexta sobre la socialización del proyecto de ley 372 de 2020 que establece normas para la  seguridad Farmacéutica,” donde intervinieron los interesados en la construcción de la ley. Para el Presidente del colegio nacional de Químico, Hernando Cuellar, “la química farmacéutica desde el año 1962  viene  haciendo una función especial en el crecimiento del país,  es mucho lo que se viene dando  frente a esta área, en la industrial  y en la farmacéutica, todos estos trabajos de propiedad intelectual deberían estar  reglado en este proyecto  de ley, en el tema de cómo se otorgan las patentes, proyectos de inversión abierta, debemos trabajar  cuando  o no se debe dar una patente,  y tener en cuanta  el tema sobre propiedad industrial e intelectual, el país debe manejar estos criterios en conjunto para sacar una buena ley en todos los ramos”. Según Aurelio Mejía, director de regulación del Ministerio de Industria y Comercio, “en el capítulo II del proyecto de ley que contempla la propiedad intelectual, las disposiciones vigentes hoy en día sobre los derechos de autor, permiten la flexibilidad. Advierte que allí la adquisición de bienes públicos esta medida es considerada como discriminatoria porque viola el principio de trato nacional, incorporado en la legislación vigente, y pasar de licencias automáticas a licencias obligatorias”.  Oscar Lizarazo, investigador y docente de la universidad nacional “estoy de acuerdo con varios aspectos que propone el proyecto de ley se debe trabajar en pulir algunos aspectos importantes, valoro la posición del Gobierno pero es importante que todo esté sujeto  a observaciones porque tendrían algunos faltantes, la Superintendencia de Comercio  se equivoca al decir  que las patentes salvan vida cuando lo que salvan vida son los medicamentos.  se ha hecho mucho énfasis en innovar pero vale la pena trabajar en asimilar o imitar legalmente como lo hacen países como Corea, Argentina, Brasil, además la regla general es  que uno puede imitar, pero no aprovechar de manera indebida la reputación ajena, tal como hace Argentina, que hoy en día por su capacidad tecnológica puede fabricar  vacuna porque tiene la guía de patentes más estricta”. Finalmente el senador  Iván Darío Agudelo (Partido Liberal) anunció que “mi interés es por Colombia, por lo tanto no declinaré en  avanzar con este proyecto de ley, hemos tenido una escases en el tema de abastecimiento de las vacunas, Colombia debe proteger sus creaciones científicas para convertirse en exportador de tecnologías y mirar no solo a Singapur, sino a  Brasil Y Argentina porque a propiedad intelectual no es un campo de restricción absoluta no podemos insistir  en dar las mismas respuestas de antes y negarnos a avanzar”. Cortesía del Senado. 

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