Senado

La ley hace un reconocimiento de las comunidades negras que han venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción y el derecho a la propiedad colectiva.   También establece mecanismos para la protección de la identidad cultural y de los derechos de las comunidades negras de Colombia, como grupo étnico, y el fomento de su desarrollo económico y social, con el fin de garantizar que estas comunidades obtengan condiciones reales de igualdad de oportunidades frente al resto de la sociedad colombiana. Adicional a lo anterior, de acuerdo a lo previsto en el Parágrafo 1o. del artículo transitorio 55 de la Constitución Política, esta ley se aplicará también en las zonas baldías, rurales y ribereñas que han venido siendo ocupadas por comunidades negras que tengan prácticas tradicionales de producción en otras zonas del país y cumplan con los requisitos establecidos en esta ley. Los congresistas pertenecientes a esta Comisión, han expresado su inconformidad por las demoras en le reglamentación de la ley 70 de 1993, y por tanto se ha imposibilitado el desarrollo de los procesos de tierras y del fortalecimiento de la identidad cultural y otros derechos de las comunidades afrodescendientes del país. Para la senadora Victoria Sandino (Partido Comunes) debe haber mayor voluntad del Gobierno, para activar esta ley que beneficia a las comunidades afrocolombianas del país y expresó que “Los pueblos de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras exigimos la reglamentación de la Ley 70 para fortalecer nuestros pueblos”. En la misma línea, diferentes líderes de organizaciones afrocolombianas y del espacio de consulta, instaron al Gobierno Nacional, para que se agilicen los trámites necesarios para lograr la reglamentación de la ley y avanzar con las herramientas allí contempladas para fortalecer a las comunidades afro, raizales y palanqueras del país. Durante su intervención el presidente de la Comisión Pedagógica Nacional, Oscar Lenis, expresó que “las comunidades negras hemos sido sitiadas no solamente en el marco del paro que lleva un mes, si no hace mucho tiempo sin la reglamentación de la Ley 70 de 1993” Ministros del Interior y de Ambiente se pronunciaron El ministro del Interior, Daniel Palacios Martínez, explicó que el Gobierno tiene toda la voluntad en dejar reglamentada la ley 70 de 1993, como un instrumento muy importante para resolver muchas problemáticas de las comunidades afro, raizales y palenqueras de Colombia. “Queremos que para cuando finalice el Gobierno, tengamos reglamentada en su totalidad la ley 70, este Gobierno ha avanzado mucho en ese proceso”, explicó el funcionario, quien agregó que para la población afrocolombiana se han establecido diferentes programas sociales, culturales y económicos. Por su parte el ministro de Ambiente, Carlos Eduardo Correa, también manifestó la voluntad y la celeridad con la cual se está avanzado para poder reglamentar la ley. “A nosotros no compete el capítulo cuarto referente al uso de la tierra y la protección de los recursos naturales y se han dado importantes pasos para poder reglamentar y usar esta ley en beneficio de nuestras comunidades afrocolombianas”. Delegados de los ministerios de Educación, Salud y Minas, también expresaron la voluntad de las carteras en avanzar con prontitud en la reglamentación de los aspectos que le corresponden a cada cartera y proceder a su reglamentación. El presidente de la Comisión Legal Afro, representante a la Cámara John Arley Murillo, pidió fechas concretas para conocer los avances de la reglamentación, “28 años después de promulgada la ley, es increíble que no esté reglamentada y no irradie las bondades para nuestras comunidades y podamos resolver un sinnúmero de problemáticas que nos aquejan”. Finalmente fue ue aprobada la creación de una subcomisión con el fin realizar seguimiento en los ministerios que tienen que ver con el proceso de reglamentación. Cortesía del Senado. 

Empresarios y líderes gremiales del sur occidente colombiano expusieron la crítica situación económica por la que atraviesan empresas y empleados de diferentes sectores quienes se han visto afectados debido a los bloqueos en el marco del paro nacional. Entre las mayores preocupaciones están la suspensión de contratos, el no generar ingresos para cumplir con los compromisos y el impedimento en activar la productividad sin la recepción de materias primas a raíz de los cierres viales, así como la inseguridad en los desplazamientos de los empleados dado a las alteraciones del orden público. Todos coinciden en la defensa de la protesta pacífica como derecho constitucional, pero rechazan al unísono las vías de hecho y el vandalismo que incluyen el saqueo y daño a bienes públicos y privados. También reconocen la necesidad del diálogo para implementar una hoja de ruta que permita solución a los reclamos justos que hacen desde diferentes sectores. Por otro lado, Fernando Lasso, trabajador del sector azucarero afirma que “en las protestas nos encontramos ciudadanos de bien, ciudadanos que queremos a nuestro país, la violencia que dicen que generamos desde los puntos de resistencia no es otra cosa que reclamos a este Gobierno que ha sido desigual”. Entre tanto el senador Eduardo Pacheco (Colombia Justa Libres) manifestó: “Hemos escuchado a los actores del paro, empresarios, gremios y creo que se hace necesario como Comisión podamos hablar con el Gobierno y poder cumplir la función que tenemos como mediadores legislativos”.  Asimismo, la senadora Angélica Lozano (Alianza Verde) reitera su apoyo a la protesta legítima y dice que “la acompañamos, la respaldamos, pero, los bloqueos, el deterioro y el grave daño que se está ocasionando a la salud y el trabajo no pueden ser dignos de respaldos”, a lo que se sumó el Senador Temístocles Ortega (Cambio Radical) hizo un llamado a los integrantes de la Comisión, “para que se unan y busquen hacer que las partes en discusión puedan llegar a un acuerdo que beneficie a todos”. Para el Senador Julián Gallo (Partido Comunes) esta situación “se torna ante un estallido social que tiene unas características más allá del paro y que es el producto de un acumulado de una problemática social muy profunda que viene de hace años”. La senadora Paloma Valencia (Centro Democrático) dijo, “vivo muy cansada de la corrupción de este país, me duele ver como se roban la plata en la politiquería, uno quisiera que la pobreza en este país se superara de una manera más efectiva, pero yo no creo que la solución sea dañando lo poquito que tenemos, uno debería cuidar y respetar las poquitas cosas que están saliendo bien”. Cortesía del Senado. 

Como primer paso, dentro del proceso que por Ley corresponde al Senado de la República, la Comisión Segunda Constitucional, escuchó al ministro de Defensa Nacional, Diego Molano Aponte y a seis oficiales de la Policía y la Armada Nacional que serán ascendidos próximamente, una vez surtidos los respectivos debates. Ante los integrantes de la célula legislativa estuvieron el Mayor General de la Policía, Jorge Luis Vargas Valencia; los Contraalmirantes Francisco Hernando Cubides Granados y John Fabio Giraldo Gallo; los Capitanes de Navío Camilo Ernesto Segovia Forero y Carlos Andrés Escobar Silva y el Coronel de Infantería de Marina, Adolfo Enrique Hernández Ruíz. Los oficiales serán ascendidos a General, Vicealmirante y Brigadier General de Infantería de Marina o Contraalmirante, respectivamente. Intervenciones El presidente de la Comisión Segunda, senador Juan Diego Gómez (Partido Conservador) destacó que, “en cumplimiento del mandato Constitucional, que otorga el artículo 173, numeral 2, esa corporación recibió las hojas de vida de los oficiales que aspiran a ser ascendidos y procederá a avocar su estudio”. La presentación de los candidatos fue realizada por el ministro de Defensa, Diego Molano Aponte quien destacó que “es para el Gobierno un honor presentar estas hojas de vida que cumplen con los requisitos para ser valoradas por esta Comisión”. Por su parte el Mayor General, Jorge Luis Vargas Valencia, director de la Policía Nacional, resaltó que “toda su vida ha tenido claro lo que significa ser policía. Una experiencia de más de 37 años al servicio de la ciudadanía y de la institucionalidad”. Proposición En desarrollo de la sesión la Corporación negó con ocho votos contra tres una proposición de los senadores Antonio Sanguino (Alianza Verde), Iván Cepeda Castro (Polo Democrático) y Feliciano Valencia (Mais) en el sentido de adelantar una audiencia pública a realizarse antes del ascenso del Mayor General de la Policía Jorge Luis Vargas Valencia, actual director de la Policía Nacional, para escuchar a las víctimas de abuso policial y a las organizaciones de derechos humanos sobre el mecanismo de ascenso y garantías de no repetición. Por su parte los senadores José Luís Pérez (Cambio Radical), Juan Diego Gómez (Conservador) Berner Zambrano (La U), Jaime Durán Barrera y Lidio García Turbay (Liberal); Paola Holguín, Ernesto Macías y John Harold Suárez (Centro Democrático) votaron negativamente la proporción al considerar que legalmente era contraria al reglamento del Congreso (Ley 5 de 1991). El secretario general de la Comisión Segunda, Juan Diego González, explicó “que la Junta Directiva del Congreso, con base en las atribuciones que le confiere artículo 41 de la Ley 5 de 1992, expidió la Resolución 079 de 2015 que fijo el procedimiento para adelantar los ascensos, por lo cual modificarlo sería estar por fuera de la Ley”. Finalmente, el presidente de la Comisión Segunda, senador Juan Diego Gómez (Partido Conservador) dejó claro que “mal podría hacer esa célula legislativa en tratar de establecer un nuevo procedimiento en la reglamentación para los ascensos, cuando la Ley ya lo estableció”. Cortesía del Senado. 

En el amplio debate del proyecto de Ley No. 010 del 2020, “Por medio de la cual se dictan disposiciones orientadas a garantizar el Derecho Fundamental a la Salud dentro del Sistema General de Seguridad Social, de conformidad con la ley 1751 de 2015, y la sostenibilidad del Sistema de Salud”, asistieron diferentes partidos, gremios de salud, instituciones sociales, representantes de pacientes, entre otros. Este martes 18 de mayo de 2021, la Comisión Séptima del Senado dio continuidad al Foro Nacional del Proyecto de Reforma a la Salud; con llamado a lista de invitados y verificación de quorum senadores y representantes de esta célula legislativa, iniciaron con llamado a lista y orden del día, el cual contempló la participación de diferentes gremios y ciudadanía. Es importante mencionar que este foro se realizó con la finalidad conocer aspectos que esenciales de la iniciativa propuesta y que, además, la ciudadanía manifestara sus apreciaciones y posiciones frente al cambio que se busca en el sistema de salud del país. En la participación y diálogo, una de las primeras que sentó su posición fue la senadora Aída Avella (Decentes-UP) quien manifestó que, “el Congreso ha hecho lo que tiene que hacer, escuchar a los ciudadanos. El Congreso no puede estar de espaldas a los reclamos de los ciudadanos. Hay necesidad de mirar hacia dónde vamos.”, y explicó que “hoy la exigencia va más allá del retiro del proyecto, sino que se requiere y necesita un sistema único colombiano de salud público, de acceso universal y gratuito, equitativo, preventivo, por eso su partido pide archivar el proyecto” Por su parte el presidente de La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) William Velandia, solicitó el archivo de esta iniciativa, al considerar que en consonancia con las expresiones ciudadanas y principalmente de las organizaciones del sector, las propuestas no resuelven sus problemas. Estefany Barreto, representante de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), sostuvo que “creemos que es momento de pasar a una votación negativa, hundir este proyecto y de nuevo empezar con las organizaciones de salud, de trabajadores, para construir una nueva reforma que reformule lo que está pasando en el sistema de salud”. El médico Agamenón Quintero, secretario General de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, indicó que el derecho fundamental a la salud comprende el derecho de las personas a participar en las decisiones adoptadas por los agentes del sistema que lo afecten o le interesen. Entre tanto, el senador Gustavo Petro (Colombia Humana) indicó que el proyecto de ley que está en discusión profundiza el modelo que está en la Ley 100, más no lo cambia. Añadió que “Lo que tenemos en la Ley 100 es un mercado de la salud lo cual significa que los servicios de salud se transforman en mercancía, tienen un precio, hay una utilidad esperada”. Asimismo, Yesid Camacho, delegado de Asociación Nacional Sindical de Trabajadores y Servidores Públicos de la Salud y Seguridad Social Integral y Servicios Complementarios de Colombia (ANTHOC) sostuvo por su parte que Colombia lo que necesita hoy es modelo de salud que realmente atienda las necesidades de salud de la población, que resuelva los problemas, que llegue a todos los colombianos y se garantice el derecho a la salud como manda la Ley estatutaria. Otra de las participantes en este amplio debate público fue la presidenta del Partido de la U, Dilian Francisca Toro, quien consideró que esta propuesta no es una reforma estructural, porque para la dirigente, “esta no garantiza el derecho fundamental a la salud, no resuelve la fragmentación, continúa el manejo de los dos regímenes. No logra la unificación de otros sectores como la ARL, que tiene recursos y no soluciona el problema de financiación”.  El instituto Nacional de Cancerología, que ha estado a favor que el proyecto salga adelante, también tuvo un espacio en esta amplia agenda; su directora Carolina Wiesner Ceballos, en su intervención aseguró que el proyecto no busca acabar con el Instituto; añadió “somos una Empresa Social del Estado y de las 16 funciones que tenemos, solamente una es prestación de servicios de salud, entonces hemos propuesto ser un verdadero instituto público de investigación y de salud pública”. Por otra parte, Víctor Castillo, de la Fundación Cardio Vascular, indicó que hoy la calidad de la salud no depende del sistema, pues él considera que va más allá y es un problema de actores. “Hay que fortalecer la gobernanza, apoyar el sistema de información”.   Agenda legislativa Hoy miércoles 19 de mayo, a las 9:00 de la mañana, a las comisiones VII conjuntas de Senado y Cámara de Representantes, continuarán con el tramite legislativo del proyecto de ley “Por medio de la cual se dictan disposiciones orientadas a garantizar el Derecho Fundamental a la Salud dentro del Sistema General de Seguridad Social, de conformidad con la ley 1751 de 2015, y la sostenibilidad del Sistema de Salud”. Cortesía del Senado.