Senado

Temas como un mayor presupuesto para la justicia y la justicia digital, entre otros, componen esta Reforma a la Justicia, “por medio de la cual se modifica la Ley 270 de 1996 – Estatutaria de la Administración de Justicia”, ponencia que fue liderada por el senador Miguel Ángel Pinto. Este proyecto de ley, que pasó a sanción presidencial, había quedado pendiente de aprobación en la pasada plenaria del Senado y siguió su debate con posiciones a favor y en contra. La senadora Paloma Valencia (Centro Democrático) pidió que, dada la crisis económica y social generada por la pandemia y el Paro Nacional, “se declare que no se van a crear más cargos burocráticos para el Estado, porque sería un despropósito”, refiriéndose a la ampliación de la cobertura al contratar más jueces, contemplado en el proyecto. Al respecto, el senador Armando Benedetti enfatizó que “garantizar el 3% del presupuesto nacional para la Justicia es una propuesta consensuada con las Cortes. Esto generaría una verdadera independencia y autonomía de la Rama judicial”. Para Fernando Castillo, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, “la rama judicial, para brindar la justicia adecuada, requiere tener presencia de jueces en todo el territorio nacional. Actualmente existen 11 jueces por cada 100 mil habitantes en Colombia, mientras que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) recomienda 67 por cada 100 mil. Con esta reforma llegaríamos a 28 jueces por cada 100 mil habitantes”. El ministro de Justicia Wilson Ruiz Orejuela, valoró que después de 25 años “lográramos darle trámite y aprobación a la reforma. La justicia digital que acaba de ser aprobada es lo que Colombia estaba esperando para una justicia más rápida, y poder acabar con tanta congestión judicial. La aprobación de convertir la justicia en servicio público esencial significa que tendremos un servicio más continuo en beneficio de todos los colombianos”. Cambios en el orden de los apellidos Respecto al proyecto de ley que “establece nuevas reglas para determinar el orden de los apellidos” (298 de 2020 Senado), cuyo ponente fue el senador Gustavo Petro Urrego (Colombia Humana) fue aprobado con 59 votos por el Sí, 2 por el No, en la plenaria del Senado de la República. Esta iniciativa establece que el orden de los apellidos se determinará por el consenso entre el padre y la madre. Si no se logra el acuerdo, el funcionario encargado del registro lo elegirá por sorteo. Este proyecto revierte la “norma discriminatoria contra la mujer, que privilegiaba el apellido del padre. Esto representa un cambio en este tipo de costumbre y compaginará con el principio de no discriminación contra la mujer”, explicó Petro Urrego. La senadora Aída Avella (Partido Decentes) celebró la aprobación porque las mujeres “reclaman precisamente esta normatividad. Es un reconocimiento a todo lo que se le ha negado como sociedad. Este proyecto de ley es importante, además, porque la Corte Constitucional la está solicitando. Es un reconocimiento a lo que las mujeres le han aportado a este país”. Cortesía del Senado. 

Durante el debate se analizaron varias quejas sobre los créditos y las dificultades que atraviesan los jóvenes que los han adquirido para continuar con sus estudios de educación superior. El citante de este debate de control político fue el senador Rodrigo Lara Restrepo (Cambio Radical) quien expuso la situación de varios usuarios de los créditos otorgados por el ICETEX, y afirmó que los anuncios del Gobierno no se han hecho efectivos porque “no se han cumplido los alivios, ni auxilios para los deudores/estudiantes”. Fue así como presentó varias intervenciones de jóvenes que contaron su experiencia y la situación que atraviesan con la entidad, desde reportes a centrales de riesgo como embargos. Fueron presentados porcentajes de alcance a la población en general, evidenciando las fallas en condonación de créditos educativos, sin contar con un apoyo real a la comunidad y el manejo económico de este servicio educativo a lo que calificó como deficiente. Al debate asistió la ministra de Educación María Victoria Ángulo quien afirmó: “Este ha sido el Gobierno que más le ha invertido a la educación superior, particularmente a la educación superior pública, se han entregado más de 3 billones en recursos y más de 200 mil jóvenes han tenido gratuidad de educación y soporte de sostenimiento”. Por su parte el presidente de ICETEX Manuel Acevedo Jaramillo respondió a las observaciones siendo enfático en que para la institución: “La razón de ser son sus estudiantes, ICETEX se encuentra en transformación acompañado” y agregó: “Hemos sido oportunos, el plan de auxilios educativos por covid-19, son más de 130mil con cobertura en todos los departamentos de Colombia, solo en Bogotá más de 34 mil beneficiarios y el 95% de los beneficiarios son estratos 1,2 y 3”. Cortesía del Senado. 

Con 86 votos a favor fue aprobado en Plenaria el informe de conciliación del Proyecto de Ley 036 de 2019 Senado – 459 de 2020 Cámara-Acumulado con el Proyecto de Ley número 001 de 2019 Senado, “Por medio de la cual se establecen las definiciones, principios y lineamientos para la reglamentación y orientación de la Política Integral Migratoria del Estado Colombiano PIM, y se dictan otras disposiciones”. La Comisión Accidental conformada por las senadoras Emma Claudia Castellanos (Cambio Radical) y Ana Paola Agudelo (Partido Mira) presentó el informe de conciliación sobre este proyecto, que establecen las definiciones, principios y lineamientos para la reglamentación y orientación de la Política Integral Migratoria del Estado Colombiano. En su intervención, la senadora Emma Claudia Castellanos de Cambio Radical, precisó que se acogió un lineamiento nuevo sobre el establecimiento de medidas para prevenir toda forma de racismo, xenofobia y discriminación. De igual manera, solicitaron dos nuevos insumos de política que son los informes que darán al Ministerio de Ciencia y Tecnología, con relación a los becarios colombianos de los programas de formación de alto nivel; y los informes del Departamento Nacional de Planeación (DNP) respecto de la migración. Sobre el retorno productivo, se incluyó el de los deportistas con una ruta establecida por el Ministerio del Deporte; además un parágrafo sobre emprendimiento y fortalecimiento de proyectos productivos en marcha. Asimismo, se fortaleció la gestión contra el delito de trata de personas Por su parte, la senadora Ana Paola Agudelo del movimiento MIRA aseguró que se tuvo una amplia participación de la sociedad civil a través de foros y audiencias que se adelantaron antes de que comenzará la discusión del proyecto de ley. Debate de proyecto que reforma la Administración de Justicia  Durante la Plenaria se inició la discusión y aprobación del Proyecto de Ley Estatutaria 475 de 2021 Senado- 295 de 2020 Cámara, sobre la Administración de Justicia en la que los senadores Angélica Lozano (Alianza Verde), Alexander López (Polo Democrático) y Jorge Enrique Robledo (Partido Dignidad) presentaron una proposición de archivo, la cual fue negada con 64 votos en contra y 18 a favor. En su intervención, el senador Alexander López afirmó que “los colombianos reclaman una verdadera reforma a la justicia a través de una reforma constitucional que le permita a la justicia colombiana tener autonomía”. Dio a conocer que Colombia ocupa el quinto lugar de América Latina en el índice global de impunidad, entre otras cifras. Asimismo, la senadora Angélica Lozano manifestó que este proyecto se salta el fallo de la Corte el cual delimitó el autogobierno de la Rama y crea un Comité Interinstitucional que pasa de dar recomendaciones a tomar decisiones. Por su parte, el senador ponente Miguel Ángel Pinto (Partido Liberal), solicitó iniciar debate al proyecto de ley sobre la administración de justicia, debido a que “genera modificaciones para la transformación digital de la justicia y la adopción del expediente judicial, vamos en camino de ‘Cero Papel’ para ser más ágiles los trámites y expedientes en la Rama Judicial”. El senador Pinto dijo que “este proyecto contempla la declaratoria de la administración de justicia como un servicio público esencial, reglamenta la provisión de cargos tanto para magistrados de las Altas Cortes como para Magistrados de Tribunales y jueces, entre otros temas”. Con 66 votos a favor y 17 votos en contra, se aprobó la proposición con la que termina el informe y se dio inició al segundo debate, continuando así con la discusión del articulado del proyecto de ley. En el desarrollo de la votación, y luego de dos votaciones, con 54 votos en contra y 34 a favor, la Plenaria negó la eliminación de los artículos 2,10,12,13,14,15,67 y 25 del proyecto de ley Estatutaria de la Administración de Justicia propuesta por las senadoras Paloma Valencia (Centro Democrático) y Angélica Lozano (Alianza Verde). El magistrado Julio San Pedro, presidente de la Comisión de Disciplina Judicial en su intervención dijo “Para nosotros es muy importante que el Congreso y particularmente el Senado nos escuche, oiga nuestras inquietudes y estamos a disposición de ustedes para lo que se requiera”. Finalmente, se sometieron a votación las proposiciones no avaladas en bloque a los artículos 1, 2, 14, 35, 39, 43, 44, 46, 67, 69, 73, 87 pero por no alcanzar la votación requerida, quedó pendiente la decisión. Cortesía del Senado. 

En el marco del debate de control político sobre la situación real del peaje La Caimanera, ubicado en jurisdicción del departamento de Sucre, entre los municipios de Tolú y Coveñas, la senadora citante del debate, Ana María Castañeda, (Cambio Radical) precisó al inicio, que el principal objetivo del debate “es hallar puntos de encuentro y brindar una solución inmediata a la comunidad; ya han pasado cinco años de la ubicación del peaje La Caimanera, y dicha ubicación ha sido muy lesiva para la dinámica económica y de turismo para estos dos municipios hermanos: La reubicación de este peaje no da espera”, enfatizó.   La congresista cordobesa celebró que el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, Manuel Felipe Gutiérrez Torres, tras varios requerimientos, ha tenido la disposición para dar una salida, a través de tres propuestas a saber: La ubicación del peaje donde se encuentra, de acuerdo a la resolución 288 de 2020 expedida por mintransporte; traslado a una nueva ubicación definida a través del otrosí No. 14, firmado el 19 junio de 2019 entre la ANI y el concesionario Ruta al Mar; y la última opción, el traslado a otro sitio. “Lamentablemente, ninguna de estas opciones brinda respuesta al inconformismo de la problemática que tenemos en el departamento; la respuesta que nosotros esperamos, al daño causado, es la reubicación a la variante Coveñas, ya que está en fase de construcción”, precisó. La senadora Ruby Chagüí (Centro Democrático) también citante del debate, insistió en reubicar el peaje de La Caimanera, según ella, “este afecta a 35 mil personas que viven allí, y tampoco se ha hecho mantenimiento de la vía”; en ese sentido, propuso que se ubique en el sector Las Pitas, en donde será la nueva variante, y que se reduzca el costo del peaje los fines de semana, para poder reactivar el turismo en la región. Por su parte, el también cordobés senador John Besaile Fayad (Partido de la U) coincidió en afirmar que la ubicación de este peaje afecta la reactivación económica, el turismo, y de hecho el bolsillo de los cordobeses, e hizo un llamado al director de la ANI y el Gobierno Nacional, para que tomen medidas para bien de la población de Córdoba y Sucre. De otro lado, el senador Jorge Guevara (Alianza Verde) ve con muy buenos ojos que las fuerzas vivas de Sucre y Córdoba, se unan para mostrarle al Gobierno Nacional, la inconveniencia de este peaje, “de cómo afecta al turismo regional, y que va en contravía de lo que hemos hecho desde el Congreso y el Gobierno Nacional, para ayudar a la reactivación económica”. Griselda Lobo, senadora del Partido Comunes, argumentó en su intervención que se ha evidenciado que en las alianzas público privadas se presenta una actividad económica muy atractiva, “un solo contrato suscrito por la administración pública les proporciona una fuente de ingresos durante 25 años, ¿cuántas veces pagamos los colombianos una vía? A enero de 2021, el país cuenta con 177 casetas de peaje: De estos, 100 están a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI; 45, a cargo de Invías; y el resto, a cargo de los departamentos, distritos y municipios. Es por ello que la proliferación de peajes en las carreteras del país ha sido motivo de rechazo generalizado por los usuarios. Así mismo, las elevadas tarifas es otro reclamo generalizado; el promedio anual del recaudo por fuente de peajes es cercano a 3.5 billones de pesos. El año pasado, por la movilización de vehículos en vías concesionadas la ANI recaudó 2.1 billones de pesos. Los transportadores piden que se garantice ¡No más peajes! Hasta que no se impulse la aprobación de una ley que regule la distancia y la tarifa”, remató. En su intervención, la senadora Aida Avella, Partido Coalición Decentes, afirmó que las carreteras del país están secuestradas por cinco grandes grupos financieros y esta concesión vial del peaje La Caimanera es uno de ellos, “la ciénaga de La Caimanera no solo es turística, sino que nos enseña cómo se conserva el ambiente, trabajo hecho por nuestros campesinos. Yo quiero acompañar esta propuesta, que no puede ubicarse este peaje allí, pero sin la componenda entre el Ministerio de Transporte y los concesionarios, y que los ciudadanos no estemos como espectadores, si queremos el desarrollo de este país”.   Cortesía del Senado.    

Con la consigna “El camino es el diálogo” culminó con éxito la audiencia pública realizada en Norte de Santander organizada por la Comisión de Paz, en la que se escuchó a jóvenes y campesinos de la zona más afectados por la crisis social que sufre la región.   Durante el encuentro realizado en la Ye, corregimiento de Astilleros – Norte de Santander, se escucharon las peticiones de quienes se están movilizando en esta zona del país y a su vez se llevó a cabo la firma del acuerdo entre las organizaciones campesinas del Catatumbo, los gobiernos Nacional y departamental “Para permitir levantar los bloqueos en los puntos de las Cascadas y Agua Sal en los municipios de El Zulia y Tibú” Afirmó el senador Antonio Sanguino (Partido Alianza Verde) “En el marco de la gira que está realizando de la Comisión de Paz, hoy estamos aquí en el Santander, la tarea nuestra es servir de garantes de un acuerdo que se va a firmar entre el Gobierno Nacional, departamental y los campesinos” aseguró la senadora Griselda Lobo, (Partido Comunes). Peticiones de los campesinos La gran exigencia es el cumplimiento de la Sentencia T-052 de 2017 de la Corte Constitucional que involucra a la Asociación de Campesinos del Catatumbo (Ascamcat) y al Pueblo Barí, que ha ordenado a la Agencia Nacional de Tierras resolver el conflicto territorial desde los resguardos indígenas y la constitución de la Zona de Reserva Campesina. “Ese proceso también ha estado alterado porque el gobierno se ha excusado con el tema del Covid-19 y no lo ha vuelto a convocar. Por ende, las comunidades exigen que esa sentencia se cumpla en su integralidad para resolver los derechos campesinos y los derechos indígenas. “Los primeros se resuelven constituyendo la Zona de Reserva Campesina en el Catatumbo y los derechos indígenas se resuelven saneando, delimitando y ampliando los resguardos donde haya consensos comunitarios y donde técnicamente así sea determinado” afirmó uno de los voceros de Ascamcat. Y agregó “Nos vemos otra vez en las carreteras porque nunca cumplieron los acuerdos de los paros del 2013 y 2017, el Paro del nororiente, ni los acuerdos de las marchas cocaleras del 96 y 98, Estamos aquí reclamando lo que nuestros abuelos, padres y madres reclaman desde hace décadas”. De igual manera propusieron sobre la necesidad de derogar el Decreto 380 que le da vía libre a las fumigaciones con glifosato, insistieron en que es necesario que se suspenda esta práctica, también la de erradicaciones manuales forzadas y violentas. Que se cumpla el programa nacional de sustitución (PNIS) en los municipios de Tibú y Sardinata, pero que además se permita que el resto de municipios afectados por la siembra de cultivos ilícitos en Norte de Santander se les dé un tratamiento primordial de sustitución voluntaria. Conclusiones de la audiencia pública: 1. Distensión de los bloqueos 2. La Comisión de Paz, comunidades campesinas del Catatumbo y la institucionalidad firmaron un pacto social por el desarrollo del Catatumbo y Norte de Santander. El trabajo será por la vía del diálogo. 3. Las comunidades de Catatumbo piden la implementación del Acuerdo de Paz. 4. Las comunidades piden que el Gobierno cumpla con lo pactado en La Habana, específicamente con lo relacionado a la sustitución voluntaria de los cultivos de uso ilícito. Cortesía del Senado. 

En el marco de la sesión de la comisión sexta, la senadora Ana Maria Castañeda, Cambio Radical, ponente del proyecto de ley No. 458 de 2021 Senado, No. 019 de 2020 Cámara, “por la cual se establecen Medidas para Promover la Adquisición, Renovación y no Evasión del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), se modifica La Ley 769 De 2002 y se dictan otras disposiciones”; expuso  la ponencia en mención para primer debate, en el que sustentó que esta iniciativa le apunta a luchar contra la evasión en la adquisición del SOAT y las práctica inadecuadas al momento de siniestrar la póliza. La congresista cordobesa argumentó en su exposición, que en los últimos siete años, el SOAT (Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito) ha cubierto atenciones en salud a cerca de 5 millones de víctimas de accidentes de tránsito en Colombia, y relacionó los departamentos que tienen los más altos índices por evasión del SOAT, así: Amazonas 91%, Vichada 89%, Arauca 82%, Putumayo 80%, y Sucre 79%, “frente a este panorama esta iniciativa pretenden servir como herramienta legal que motive a un cambio de conducta de  los actores viales”, precisó.  En el mismo sentido, se refirió a otra de las bondades del proyecto, que tiene que ver con los porcentajes de descuento para los propietarios de vehículos que registren un buen comportamiento vial; en tal virtud, en caso de no reportar accidentes de tránsito dentro del año inmediatamente anterior, tendrán un descuento del 5% sobre el valor de SOAT; si en los dos (2)  años inmediatamente anteriores no hizo uso del SOAT, tendrán un descuento del 8% en el valor de la tarifa del SOAT; y por último, si en los tres (3) años inmediatamente anteriores no hizo uso del SOAT, tendrán un descuento del 10% en el valor de la tarifa del seguro de marras. En cuanto a la distribución de los recursos del SOAT, en promedio, de cada $100 pesos que paga el tomador por su SOAT, $45 pesos son destinados a contribuciones y transferencias, y quedan $55 pesos para que la aseguradora atienda siniestros y la operación del ramo. Respecto a la nueva cobertura de responsabilidad civil por daños materiales a terceros, aclaró que, en choques simples, cubre hasta por 5 salarios mínimos legales vigentes para vehículos, y 2 salarios mínimos legales vigentes para motos. Señaló además que la iniciativa propone controlar la evasión, a través de una orden de comparendo automática y la exigencia del SOAT para revisión técnico mecánica.     Entre tanto, el senador Jorge Guevara, Partido Alianza Verde, reconoció que este tipo de iniciativas le dan trascendencia a la comisión sexta, en el sentido que beneficia de primera mano a los usuarios, “casi siempre, el congreso legisla en beneficio de los empresarios; pero en esta oportunidad, esta ponencia hace modificaciones, que, sin arriesgar el tema del seguro, beneficia a los usuarios y a su vez abre el camino para controlar la evasión”, señaló. Por otra parte, el senador Iván Darío Agudelo Zapata, Partido Liberal, fue enfático en señalar que a pesar que la iniciativa se enfoca en salvar vidas, antes de llegar a la votación en plenaria se debe conformar una mesa de trabajo con las aseguradoras y el gobierno, para hacer  ajustes importantes: “En Colombia, el SOAT es un seguro de personas, por lo que al incluir daños materiales a terceros podría desnaturalizar el fin para el que fue creado, la insostenibilidad del parque automotor, la obligatoriedad de las EPS de hacer el reporte de los siniestros con cargos del SOAT”, y expresó que se debe estudiar con el ministerio de hacienda, la sostenibilidad fiscal, entre otros aspectos.  Reiteró su apoyo al proyecto.       Acto seguido, la senadora del Centro Democrático, Ruby Chagüi, coincidió en afirmar que esta iniciativa es un proyecto muy loable, que propone crear un comportamiento idóneo, sobre lo que hoy en día es conducir un vehículo, y que además es considerada una actividad peligrosa, “por esta razón, es pertinente buscar incrementar en nuestro país el aseguramiento y fortalecer el SOAT como mecanismo de protección de los actores viales”, concluyó. Finalmente, la viceministra de salud María Andrea Godoy Casadiego, celebró la aprobación por unanimidad de conformar una mesa técnica para el estudio de esta iniciativa, en los aspectos que el ministerio considera que pueden resultar inconvenientes, como el que tiene que ver con  la disminución de los descuentos para ADRES (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud), y precisar la fuente sustituta del efecto fiscal dentro del presupuesto general de la nación, entre otras, remató.   Cortesía del Senado. 

Con una participación masiva de diversos sectores de la sociedad, las comisiones conjuntas económicas (Tercera del Senado y Cuarta de Cámara) escucharon las propuestas y los planteamientos que cada uno tenía para tratar de encontrar ‘La ruta para la recuperación y reactivación económica’, nombre que llevaba el Foro que los convocó. En términos generales, los gremios concuerdan en la necesidad de terminar con los bloqueos y la violencia en las calles, pues los pequeños y grandes empresarios han sido los más afectados con la situación, especialmente con la disminución del empleo. Por ejemplo, Jaime Alberto Cabal Sanclemente, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), reveló que “las perdidas por el exceso de vandalismo y violencia asciende a más de 4 billones de pesos, a hoy. Además, se han cerrado temporalmente cerca de 40 mil establecimientos de comercio, de micro, pequeñas y medianas empresas, generando un efecto devastador de 300 mil empleos aproximadamente”. Por eso, insiste en que “la ruta pasa por el levantamiento de los bloqueos y acabar con todas las manifestaciones de violencia y criminales que se dan por todo el país, pues esto ocasiona más destrucción y pobreza en Colombia”, explicó Cabal Sanclemente, quien agregó que es necesario “un plan de reconstrucción económico, social y de empleo, especialmente en las regiones más golpeadas, y fortalecer el emprendimiento y activar un plan de reemprendimiento, no necesariamente vía créditos si no con inyección de recursos para reiniciar”. Para la presidente de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi), Rosmery Quintero Castro, “según el DANE, más de medio millón de establecimientos fueron cerrados por la pandemia, crisis a la que se le suman las manifestaciones y los bloqueos, que ha frenado el acceso a insumos y materias primas. Los costos en materia prima e insumos se han incrementado entre el 30% y el 220%. Eso dificulta la operación”. Por esta razón, Quintero Castro propone “cambios significativos como modificar los calendarios de Renta, IVA y régimen simple, además de los intereses moratorios y regímenes sancionatorios para empresas que no han podido pagar sus impuestos”. En ese mismo, Julián Domínguez, presidente del Consejo Gremial Nacional, explicó que “hicimos un esfuerzo por conservar el empleo; cerca del 63% mantuvo la nómina, pero se dio al traste con la situación del Paro Nacional. Es muy importante escuchar los anhelos de una sociedad, en cuanto a pobreza e inequidad, pero de persistir los paros, las empresas han anunciado que difícilmente podrán mantener los empleos, y poder así enganchar en esa senda de la reactivación. “Lo que no podemos aceptar es que sigan los bloqueos, porque el 34% de las firmas dice que no puede reiniciar y tendrá que hacer un cierre temporal, mientras que el 15% dice que cerrará completamente”, concluyó el líder gremial. Lo que proponen las organizaciones sociales Según Luis Francisco Maltez Tello, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), “Debe realizarse un gran debate sobre las zonas grises que están en el estatuto tributario, porque esas zonas pueden permitir que algunas empresas tributen menos de lo que deben. También el tema de los famosos capitales que hay en el exterior, donde hay más de 370 billones de pesos y ellos no están tributando. “Necesitamos que el gobierno sea serio. Se ha hecho una misión tributaria y esa misión ha hecho unas recomendaciones, entre ellas lo referente a las zonas francas, que actualmente corresponden a menos del 0.4% de las exportaciones. ¿Para qué una misión cuyas recomendaciones no se van a tener en cuenta?”, cuestionó el líder sindical. Al referirse al Paro nacional, Higinio Obispo, consejero secretario de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) aseguró que “lo del 28 de abril fue una explosión, fue un pretexto para mostrar un descontento que no fue solo por la Reforma Tributaria. La gente sigue reclamando unas necesidades que el Gobierno no ha sido capaz de resarcir”. Ante la crisis, el representante indígena enfatizó que “no podemos analizar temas sin fijarnos en lo estructural. Este Paro lo que muestra es que se deben tomar medidas estructurales y profundas, porque donde hay hambre y pobreza, siempre habrá violencia, pues el pueblo se va a levantar”. Las recomendaciones de los jóvenes y la Academia “La reactivación económica es esencial para los reclamos que estamos exigiendo en las calles. Hay interés de todos los que estamos aquí reunidos para salir de esta situación, pero falta la voluntad política del Gobierno”, señaló Jennifer Pedraza, hasta hace pocos días vocera de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior (ACREES), quien agregó que “el 42% de la población está en pobreza, es decir que ganan menos de 357 mil pesos al mes”. De ahí que “la renta básica se plantea para suplir esta necesidad y se convierte en un pilar fundamental de la reactivación económica porque estimula el consumo. No es suficiente con cubrir los parafiscales del empleo juvenil. Es una medida acertada del Gobierno, pero insuficiente”, reconoce la líder estudiantil. En su intervención, Valentina Zapata, representante estudiantil de la Universidad Tecnológica de Pereira, indicó que “no es raro que la juventud se levante y tenga una movilización masiva, pues ha sido la destinada a trabajar en call centers o plataformas como Rappi. Por eso proponemos que el Gobierno nacional invierta menos en la guerra y más en soluciones para la educación, más allá de los créditos”. Al referirse a una salida a la consecución de los recursos, el profesor asociado de la Universidad Nacional de Colombia, Jairo Orlando Villabona Robayo, quien también pertenece al grupo de Estudios Fiscales y de Equidad de la misma institución, explicó que “el país solo se financia con impuestos y con deuda, porque vendió sus negocios y con eso perdió sus rentas. Esta situación es peligrosa a largo plazo, porque sumado a esto la economía colombiana tampoco genera valor agregado”. Dicho esto, para el académico, “el estatuto tributario es una colcha de retazos y jamás se ha hecho una reforma tributaria progresiva, donde los más ricos